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Por Redacción Ecos. Foto: David H.- A partir del 7 de julio, la sustancia usada en herbicidas, ingresará en el listado de sustancias que potencialmente producen cáncer en el Estado de California. El próximo paso podría ser un etiquetado de advertencia.
Autoridades reguladoras de California tomaron un paso decisivo para convertirse en el primer estado en exigir que el popular herbicida Roundup vaya con una etiqueta advirtiendo que se sabe que causa cáncer.
Funcionarios anunciaron que, a partir del 7 de julio, el ingrediente principal del herbicida, el glifosato, aparecerá en una lista que California mantiene de sustancias químicas potencialmente cancerosas. Un año más tarde, la lista podría venir con etiquetas de advertencia sobre el producto, dijeron funcionarios. Sin embargo, no es seguro si Roundup recibirá finalmente una etiqueta de advertencia.
Monsanto, fabricante de productos químicos, presentó una apelación después de perder en el tribunal para bloquear el etiquetado, argumentando que Roundup no causa cáncer y que las etiquetas perjudicarán los negocios de la compañía.
Los reguladores estatales de salud también deben decidir si hay una cantidad suficientemente alta del producto químico en Roundup para plantear un riesgo para la salud humana. Funcionarios del Estado recibieron más de 1.300 comentarios públicos.
"No podemos decir con seguridad", dijo Sam Delson, un portavoz de la Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental de California. "Estamos revisando esos comentarios".
El glifosato no tiene color ni olor. Monsanto lo introdujo en 1974 como una forma efectiva de matar las malezas, dejando intactos los cultivos y las plantas.
Se vende en más de 160 países, y los agricultores lo utilizan en 250 tipos de cultivos en California, el principal estado agrícola del país.
El abogado Michael Baum, que representa a más de 300 personas que afirman que un ser querido se enfermó o murió por la exposición a Roundup, dice que la lucha por proteger a los californianos no ha terminado.
Dijo Baum que el fracaso del estado de establecer el nivel de riesgo apropiado socavaría las protecciones que California puso en marcha mediante la inclusión de sustancias químicas nocivas.
Prensa Vicepresidencia.- El Vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, desmintió el rumor según el cual existen compromisos en el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana, que obligan a las empresas de seguridad privada a emplear a 1.200 exguerrilleros.
“Eso no es cierto. No hay un solo compromiso, no se le ha pasado por la cabeza a nadie que nosotros afectaríamos a las empresas de vigilancia privada obligándolas a reincorporar a guerrilleros de las Farc”, afirmó el general Naranjo ante los representantes de los centros comerciales, sector que tiene una relación vinculante con empresas de vigilancia privada.
El Vicepresidente rechazó la desinformación que está circulando sobre lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc y dijo que se trata de “inquietudes que están lejos de lo acordado” y que faltan a la verdad las afirmaciones con las que se siembran inquietudes y preocupación sobre este gremio.
El general Naranjo fue categórico al señalar que el acuerdo no impone condiciones que debiliten o afecten los servicios de vigilancia privada en Colombia o que proyecten su vulnerabilidad.
Los comentarios del Vicepresidente se produjeron durante un conversatorio con más de 200 representantes de centros comerciales del país, que se reunieron en la ciudad de Cartagena.
Por Redacción Ecos. Foto: M. Bello/Reuters.- En una entrevista imperdible con el Diario Peruano El Comercio, la Fiscal General Venezolana, Luisa Ortega Díaz, señaló que el Poder Judicial se subordina ante los servicios secretos del país sudamericano, convirtiéndolo en un "Estado Policial".
Ortega, fiel al Chavismo y defensora de la Constitución de 1999, quien, desde el anuncio de la Constituyente de Maduro, adversa ese proceso, señaló contundentemente que "acá las carretas están delante de los caballos, el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado Policial".
La Fiscal Venezolana reiteró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) violentó la Asamblea Nacional, con una serie de fallos que significaron la ruptura del orden constitucional de la nación.
En ese sentido, "de consolidarse la (Asamblea) Constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia", sentenció la titular del Ministerio Público de Venezuela.
“El procedimiento de convocatoria a la Constituyente es totalmente inconstitucional por no haber sido consultada al pueblo” afirma enfática la Fiscal Venezolana. “Además, el 90% de la población rechaza esta Constituyente, porque sabe que ella no va a resolver la crisis. Dime de qué forma los venezolanos podrán adquirir medicamentos y alimentos con normalidad con la Constituyente. Parece que la calidad de vida del pueblo no les importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo”.
La Fiscal Ortega sentenció que el asunto no es cambiar la Constitución actual sino cumplirla. ¿Será por eso que el Gobierno no consulta al pueblo, a través de un referéndum, si quiere o no una Constituyente?
En 1999, recuerda Ortega, el Presidente Hugo Chávez consultó al pueblo y allí vemos cuánta diferencia con quienes ahora detentan el poder.
Asimismo, agregó que "imponer la Constituyente es un error y pudiera abrir las puertas a más violencia", “porque significaría que un sector "aniquile" al resto del país”.
Del mismo modo, la fiscal general señaló que le preocupa "enormemente que muchos militares se presten para la violación de DD.HH. y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar".
La Jefe del Ministerio Público Venezolano se manifestó en contra de una salida militar a la crisis en su país y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro "si me ocurriera algo a mí o a mis familiares".
Luisa Ortega Díaz, como señaló su entrevistador peruano, es la mujer del momento en Venezuela. Desde que el 31 de marzo denunció públicamente que las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional suponían una ruptura del orden constitucional, cualquier gesto y acción de la Fiscal General acapara la atención del país.
Su rol en este momento histórico de Venezuela es relevante. Es la única que está facultada para intervenir en la proletarización del estado de derecho.
Comunicaciones ANH.- La Agencia Nacional de Hidrocarburos socializó el Acuerdo 02 de 2017 con los representantes y altos ejecutivos de compañías nacionales e internacionales de petróleo y gas, gremios y asociaciones de la industria en Colombia, en relación con los futuros contratos de hidrocarburos en Colombia.
El Presidente de la ANH Orlando Velandia Sepúlveda, explicó la estructura general del Nuevo Reglamento de Administración y Asignación de Áreas, y sus lineamientos generales respecto al futuro en materia de contratación con las compañías petroleras.
Presentó el contenido de todos los capítulos del Acuerdo 02 de 2017, detallando i) Reglas y principios generales, ii) áreas, iii) registro de interesados, iv) programas exploratorios, v) asignación de áreas y selección de contratistas, vi) evaluación y adjudicación de propuestas, vii) contratos, viii) yacimientos en rocas generadoras, ix) aspectos sociales y ambientales, x) derechos económicos, xi) seguimiento, control y vigilancia, xii) liquidación, xiii) Medidas para mitigar los efectos adversos de la caída en los precios internacionales y su impacto en la renta petrolera, xiv) Disposiciones finales.
“Nunca un Acuerdo había sido tan integral, consultado y discutido como el Acuerdo 02 de 2017”, aseguró Orlando Velandia. De igual forma, se expuso el funcionamiento del mecanismo de evaluación y clasificación de áreas, a través del sistema de puntaje vinculado a los precios internacionales del petróleo. En el evento de socialización, el Presidente de la ANH dio respuesta a las inquietudes planteadas por los diferentes asistentes.
Redacción y foto: Ecos.-Por considerar que existen irregularidades procedimentales en el decreto por medio de la cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le pidió a la Corte Constitucional declararlo inconstitucional.
El jefe del Ministerio Público conceptuó que si bien es importante dicho programa, que además es conexo con los acuerdos de paz, no cuenta con la participación directa del Ministerio de Agricultura, actor indispensable para el desarrollo rural que se promueve en estos compromisos.
“La ausencia de la firma del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también implica un desconocimiento de los principios de la función administrativa, contenidos en el artículo 209, comprometiendo así la posibilidad del éxito del programa de sustitución de cultivos”, conceptuó Carrillo.
El decreto que creó dicho programa está contemplado dentro de las facultades especiales que el Congreso le dio al Presidente Juan Manuel Santos para la implementación de los acuerdos de paz.
Por Redacción Ecos. Foto: Twitter SG/OEA.- "Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela", aseguró el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en un vídeo, divulgado por la misma Organización de Estados Americanos.
El ex canciller uruguayo respondió así a la petición que esta semana hizo Maduro de que renuncie a la Secretaria General de la OEA "por inmoral" y como condición para que el Gobierno Venezolano evalúe el retorno de su país a este organismo, del que anunció su salida hace dos meses.
"Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales libres y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se amnistíe a los exiliados", dijo Almagro.
"Cuando -continuó- se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional, cuando se abra un canal humanitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos más desprotegidos y cuando se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando". En este punto, Almagro ofreció su puesto en el organismo "a cambio de libertad en Venezuela".
"Lamentablemente, son muchas las cosas necesarias para la libertad de Venezuela. Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela. Porque nunca vamos a renunciar, jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela", subrayó Almagro, que en el vídeo aparece en la sede de la OEA, en Washington.
En su reunión de cancilleres, previa a la 47 Asamblea General, celebrada esta semana en Cancún (México), la OEA no consiguió consensuar una declaración sobre Venezuela.
Veinte naciones, entre las que se encuentran México, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Brasil, respaldaron un proyecto de resolución que pedía al Gobierno de Maduro reconsiderar una Asamblea Constituyente, liberar a los presos políticos y establecer un calendario electoral, entre otras demandas. Pero, al grupo le faltaron tres votos para alcanzar los 23 necesarios, dos tercios de los 34 estados representados en ese encuentro, para prosperar. Por tanto, la resolución falló en el último minuto.
Por Redacción Ecos. Foto: Taiwan Press.- La Corte Suprema de Justicia de Taiwán declaró inconstitucional la restricción del matrimonio a uniones de personas de distinto sexo y exigió la legalización del matrimonio homosexual, lo que convierte a esta isla en el primer país de Asia en permitirlo.
El máximo tribunal taiwanés declaró inconstitucional la parte de la ley matrimonial que afirma que "personas del mismo sexo no pueden entrar en un matrimonio legal" y se exigió su enmienda en el plazo de dos años, anunció el secretario de la Corte, Lu Tai-lang.
La declaración de los 14 Jueces de la Corte Suprema responde a consultas sobre la constitucionalidad de la actual ley matrimonial presentadas por el veterano activista de los derechos de los homosexuales Chi Chia-wei y el Gobierno Municipal de Taipei.
"Se ha hecho realidad un sueño que llevo esperando más de 16 años", dijo Chi, tras conocer la decisión, en medio de la algarabía de numerosos grupos a favor del matrimonio homosexual que esperaban expectantes la sentencia.
En 1986, en un momento clave de la ley marcial de Taiwán, Chi hizo lo que para muchos era impensable en esa época, declarase públicamente como homosexual, lo que le costó 162 días de cárcel. Hace 16 años, en un nuevo asalto a las convenciones sociales, Chi fue el primero en desafiar las leyes que impedían el matrimonio a personas del mismo sexo y pidió -sin éxito- el registro legal de su unión desde 1988 con su pareja.
En 2015, tras un nuevo intento fallido, Chi elevó una consulta de interpretación al Supremo por considerar que la prohibición violaba los derechos de los artículos 7 y 22 de la Constitución, que establecen que todas las libertades y derechos del público que no perjudiquen el orden social o el bienestar público están garantizados. Por el contrario, grupos religiosos y conservadores recibieron con protestas y consternación la decisión, que según ellos asesta un duro golpe a la tradición china de la isla, la familia tradicional y la moralidad social.
En el campo político, tanto la Presidenta, Tsai Ing-wen, como la mayoría de los legisladores del gobernante Partido Demócrata Progresista, se han manifestado a favor del matrimonio homosexual.
Ya a finales del 2016, cuando se introdujo un proyecto de enmienda de la Ley Matrimonial en el Parlamento, se registraron multitudinarias manifestaciones a favor y en contra, pues en la sociedad hay una fuerte división de opiniones.
Grupos religiosos y conservadores, como la Alianza de los Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, han pedido que la cuestión se someta a referéndum y han advertido de los efectos nocivos de la legalización, que presenta un modelo sexual y familiar en conflicto con la tradición.
Por redacción Ecos. Foto: El Heraldo.- Así lo aseveró el Presidente del Partido de la U Armando Benedetti, quien fue categórico en señalar que las recientes posiciones negativas de Cambio Radical en el Congreso, respecto a proyectos que tienen que ver con implementar la paz, han generado molestias en los partidos de la llamada Unidad Nacional.
Benedetti enfatizó que es necesario recomponer esa alianza de cara al proceso electoral que se inicia y donde los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República y al Presidente de Colombia en marzo y mayo del 2018 respectivamente.
"Lo que pasó en esta legislatura que acabó es la prueba de que Cambio Radical no está con la paz y no podemos seguir durmiendo con el enemigo, es necesario que se recomponga esta unidad (...) Es una decisión que toma el presidente pero pues ya vemos de qué lado esta Vargas y su gente", sostuvo el senador Benedetti.
Además de las declaraciones frente al tema del congresista barranquillero, se suma la afirmación del director de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, quien aseguró durante un foro de tierras en Valledupar, que “el 90% de los decretos firmados por el presidente Santos para implementar el acuerdo de paz son inconstitucionales”.
En el cierre de las sesiones del Congreso se empezó de esta forma a mover el ambiente entre todos los partidos y se inicia la partida del ajedrez político entre las diferentes fuerzas electorales con miras a alcanzar el poder en las próximas elecciones.
Por Redacción Ecos. Foto OEA Press. En la declaración de este lunes, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, EE. UU., Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú exigieron que se respete el orden constitucional en Venezuela, en el marco de la 47 Asamblea General de OEA, tras no lograr acuerdo en una reunión de cancilleres.
Esas naciones, entre ellas las más potentes de la región como EE.UU., Canadá o Brasil, tratan de convencer a, al menos, 3 países para que se sumen a los 20 que este lunes apoyaron su propuesta y así lograr una mayoría incontestable de dos tercios, según explicaron varias fuentes diplomáticas.
De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea solo necesitarían 18 votos, pero quieren mostrar que tienen los apoyos que requería la reunión de cancilleres, dos tercios de los 34 estados representados en ese encuentro.
Entre algunas de las condiciones que se mencionan en la declaración, firmada este lunes están, por ejemplo, el cese de la Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia, el respeto del orden constitucional, incluyendo la restitución de los plenos poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral y la apertura de un canal humanitario.
La declaración recoge los puntos de la propuesta de resolución presentada por Canadá, México, EE. UU., Panamá y Perú en la Primera Reunión de Cancilleres sobre Venezuela, celebrada en Washington, el pasado 31 de mayo y que también tuvo que suspenderse por falta de acuerdo.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, repudió las declaraciones "destempladas e impertinentes" de su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, al que acusó de entrometerse en los asuntos internos de su país.
En su cuenta de Twitter, Rodríguez arremetió contra Muñoz, quien este lunes fue el encargado de leer una dura declaración sobre la crisis venezolana que suscribieron once países de América ante la falta de consenso regional en la Reunión de Cancilleres celebrada en Cancún sobre la situación del país caribeño.
Rodríguez, respondió con tres tuits, en los que acusó al Gobierno chileno de ser "incapaz de derogar leyes pinochetistas, pero pretende intervenir en poderes constituyentes del pueblo venezolano".
"Exijo a canciller @HeraldoMunoz en nombre del pueblo de Allende, promover en su país una Constituyente que derogue Constitución de Pinochet", aseveró.
Por Enrique Krauze. Foto: France Press (AP).- Vivir en los extremos de opresión y libertad ha sido el destino de Venezuela. Hace doscientos años, en su guerra de independencia (las más larga del continente), los venezolanos se mataban entre sí con indecible ferocidad: friendo las cabezas de sus enemigos, asesinando niños, ancianos, mujeres y enfermos, hasta perder la cuarta parte de su población y casi toda su riqueza ganadera. Pero extremas también, en su ambición e intensidad, fueron las hazañas de Simón Bolívar, libertador de futuras naciones (Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia). Y no menos notable fue su contemporáneo Andrés Bello, quizá el mayor pensador republicano del siglo XIX en América Latina.
Venezuela padeció largos periodos de dictadura hasta bien entrado el siglo XX y por ello arribó muy tarde al orden constitucional, en 1959, de la mano de otro personaje extraordinario, sin precedente: Rómulo Betancourt (1908-1981), el primer converso latinoamericano del comunismo a la democracia y, acaso, nuestro más esforzado demócrata del siglo anterior. Por desgracia, el periodo democrático tendría fecha de caducidad: en 1998, cansada de un régimen bipartidista manchado por la corrupción y las desigualdades sociales, Venezuela encumbró al redentor mediático Hugo Chávez.
La tensión continúa. Un sector amplísimo de la sociedad lleva meses volcado en las calles de todo el país reclamando su libertad y sus derechos confiscados por un régimen tiránico que la condena al hambre, la escasez, la desnutrición y la insalubridad. Las miles de imágenes de la represión por parte de los contingentes de la Guardia Nacional que pueden verse en las redes sociales son estremecedoras: disparos a mansalva, emboscadas mortales, decenas de jóvenes asesinados, asaltos a ancianos, vejaciones a mujeres, tanques contra manifestantes. Un Tiananmén diario mientras Maduro baila salsa. No podemos esperar el desenlace de ese drama como esperamos el final de una serie de televisión: Venezuela necesita una solución sin precedentes.
Me tocó presenciar de cerca el penúltimo ciclo de la antigua tensión. Me refiero a la era de Hugo Chávez, antecedente y responsable directo del drama actual. A fines de 2007, viajé por primera vez a Venezuela. Acababa de ocurrir el referendo (el único que perdió Chávez) en el que la mayoría de los votantes se manifestó de manera contraria a la propuesta de reelección indefinida y la conformación de un Estado socialista, lo que habría significado la fusión de Cuba con Venezuela en un solo Estado federal.
Volví varias veces. Hablé con numerosos chavistas, desde altos funcionarios e intelectuales afines al gobierno hasta líderes sociales. Me impresionó el testimonio espontáneo, en barriadas populares, de la gente agradecida con el hombre que “por primera vez”, según me decían, “los tomaba en cuenta”. Sentí que la vocación social de Chávez era genuina pero para ponerla en práctica no se requería instaurar una dictadura. El entonces ministro de Hacienda, Alí Rodríguez Araque, me contradijo: “Acá estamos construyendo el Estado comunal, como no pudieron hacerlo los sóviets, los chinos ni los cubanos”. “¿En qué basa su optimismo?”, le pregunté. “En nuestro petróleo. Está a 150 dólares por barril y llegará a 250”. “¿Y si se desploma, como en México en 1982, quebrando al país?”, insistí. “Llegará a 250, no tengo duda”, me dijo.
En el bando de la oposición hablé con estudiantes, empresarios, escritores, líderes sindicales, militares, políticos y exguerrilleros. Aunque los alarmaba el desmantelamiento de PDVSA (la productiva empresa petrolera nacionalizada en 1975), así como los niveles –una vez más, sin precedente en América Latina– de despilfarro y corrupción con los que el gobierno disponía de la riqueza petrolera, su principal preocupación era la destrucción de la democracia: la reciente confiscación de RCTV (la principal cadena privada de televisión) y el creciente dominio personal de Chávez sobre los poderes públicos presagiaban una deriva totalitaria. Chávez lo había anunciado desde su primer viaje a La Habana, cuando declaró que Venezuela se dirigía hacia el mismo “mar de la felicidad” en el que navegaba Cuba. La presencia de personal militar y de inteligencia cubano en Venezuela y la voluntad expresa de Chávez en volverse “el todo” de su país (como Castro lo era de Cuba), parecían confirmar esos temores.
Pensé que el daño más serio que Chávez infligía a Venezuela era el feroz discurso de odio que practicaban él y sus voceros. Quienes no estaban con él estaban contra “el pueblo”: eran los “escuálidos”, los “pitiyanquis” aliados al imperio, los conspiradores de siempre, los culpables de todo. Había que denigrarlos, expropiarlos, doblegarlos, acallarlos. Concluí que Chávez quería ser Castro, pero el tránsito hacia el “mar de la felicidad” no le sería fácil por el temple de libertad de los venezolanos.
Una historia sin precedentes tenía que desembocar en situaciones sin precedentes, como la súbita enfermedad mortal del caudillo que se imaginaba inmortal y el ungimiento monárquico de su sucesor. Pero nada preparó a los venezolanos para la tragedia que ahora viven. Junto con los ensueños petroleros han caído las máscaras ideológicas. El balance de la destrucción económica y social es terrible, y tardará decenios en asimilarse: tras despilfarrar en quince años cientos de billones de dólares de ingreso petrolero, el país más rico en reservas de América ha descendido a un nivel de pobreza de 80 por ciento y enfrenta una inflación estimada de 720 por ciento para 2017.
Venezuela es el Zimbabue de América. Una descarada alianza de políticos y militares corruptos, obedientes a los dictados de Cuba e involucrados muchos de ellos en el narcotráfico, ha secuestrado a una nación riquísima en recursos petroleros e intenta apropiarse de ella a cualquier costo humano, y a perpetuidad.
Los asesinatos del gobierno de Maduro no son todavía comparables a los de las dictaduras genocidas de Chile y Argentina en los años setenta. Pero conviene recordar que estas no provenían de un orden democrático (y, en el caso de Pinochet, cedieron el poder tras un plebiscito). Tampoco es una copia del régimen de Castro, que acabó de un golpe con todas las libertades y las instituciones independientes y es la dictadura más longeva de la historia moderna.
Se trata, en todo caso, de una cubanización paulatina, el plan original de instaurar el “Estado comunal” a través de una asamblea constituyente espuria y liquidar las elecciones presidenciales de 2018. Pero este designio totalitario se topa con una resistencia masiva sin precedentes en nuestra historia latinoamericana, una participación cuyo heroísmo recordaría los mejores momentos de Solidaridad en Polonia o la Revolución de Terciopelo en Praga, si no fuera por la sangre que diariamente se derrama.
Es imposible predecir el desenlace. Pero para la comunidad internacional hay una salida. Se trata de la doctrina que el propio Rómulo Betancourt formuló en 1959 y que hoy ha retomado el valeroso Luis Almagro, quien con su liderazgo ha rescatado la dignidad e iniciativa de la OEA. El Derecho Internacional la conoce con el nombre de Doctrina Betancourt.
“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.
Nada cabe esperar de gobiernos dictatoriales: Rusia, China, Cuba, Corea del Norte. Tampoco de los serviles satélites de Maduro en la región. En cuanto a Estados Unidos, quizá Obama hubiese logrado la intercesión cubana, pero tratándose de Trump, carente de toda legitimidad moral, sería mejor que en nada intervenga. Quedan Europa, América Latina y el Vaticano. En solidaridad con el bravo pueblo de Venezuela, la Unión Europea y los países principales de América Latina deben tender el “cordón sanitario” –diplomático, financiero, comercial, político– al régimen forajido de Maduro, persuadir al papa Francisco de ser más agresivo en este esfuerzo y presionar juntos a Raúl Castro para aceptar la salida democrática: cese a la represión, elecciones inmediatas, respeto a las instituciones, libertad a los presos políticos.
