Opinión

El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.

Por Amylkar D. Acosta M*. - La transición energética en Colombia no empezó ayer. El país dio un paso anticipatorio desde los años noventa del siglo pasado, cuando impulsó la masificación del gas natural con la política de Gas para el Cambio, promovida por el entonces ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio. Por sus menores emisiones de CO₂ durante la combustión frente al carbón y los combustibles líquidos, el gas se ha considerado un combustible puente de dicha transición.

Otro paso importante fue la expedición de la Ley 697 de 2001, de la cual fui ponente en el Senado de la República. Esta declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía —URE— como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Desde entonces quedó planteado un principio que hoy cobra mayor vigencia: la seguridad energética depende tanto de disponer de energía como de aprovecharla mejor.

A ello se sumaron la Ley 693 de 2001, de mi autoría, que abrió el camino a la incorporación de la mezcla del etanol en la gasolina, y la Ley 939 de 2004, que impulsó los biocombustibles para motores diésel. Se sentaron así las bases de una agroindustria que articula el campo con el abastecimiento energético y la reducción de emisiones.

Próximo a cumplir veintiún años desde el inicio de las mezclas de etanol, el 1.º de noviembre de 2005, este proceso ha contribuido a generar empleo formal e ingresos rurales y a diversificar la oferta de combustibles. Según las cifras sectoriales, los biocombustibles sustituyen alrededor de 18.400 barriles diarios de combustibles fósiles, equivalentes a unos 282 millones de galones anuales, reduciendo las necesidades de importación. Y, de contera, se les atribuye una reducción anual de 3,9 millones de toneladas de CO₂ y de 897 toneladas de material particulado.

No obstante, se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de que hablar de fuentes no convencionales de energías renovables —FNCER— equivale a hablar únicamente de energía solar fotovoltaica y eólica. El espectro es mucho más amplio. Y en él la biomasa merece un lugar destacado.

Un estudio publicado en 2022 por investigadores de las universidades Nacional y de Antioquia estimó entre 1.700 y 2.100 MW el potencial de generación eléctrica mediante la gasificación de biomasa residual agrícola, agroindustrial y forestal. Es una estimación técnica para los recursos y la tecnología evaluados, cuya materialización depende de las condiciones de cada proyecto. Aun con esa precisión, la magnitud merece atención.

En este contexto, Colombia incurre en una paradoja difícil de justificar: mientras recurre a las importaciones de gas natural para asegurar su abastecimiento, que ya superan el 40% de la demanda interna, deja sin aprovechar una parte de sus propios recursos energéticos renovables disponibles, que están al alcance de la mano.

Los ingenios azucareros demostraron hace tiempo que los residuos agrícolas pueden convertirse en electricidad, en lugar de contaminar con la quema del bagazo. Según las cifras de Asocaña, cuentan con una capacidad instalada de generación de 372,1 MW, de los cuales 179,4 MW corresponden a capacidad excedentaria susceptible de aportar al Sistema Interconectado Nacional —SIN—. En 2025 generaron 1.929 GWh y vendieron al SIN 880 GWh. Para 2028 se proyecta alcanzar una capacidad instalada de 418,2 MW.

Se colige de lo anterior que la caña es mucho más que materia prima para producir azúcar y etanol. El bagazo constituye también un recurso estratégico para el abastecimiento energético nacional. Lo propio puede afirmarse de la palma de aceite, cuyo desarrollo ha encontrado en el biodiésel un importante impulso. Sus plantas de beneficio producen fibra, cuesco, racimos vacíos y efluentes que pueden aprovecharse para generar calor, electricidad y biogás. Las estimaciones sectoriales han situado su potencial eléctrico alrededor de los 340 MW. La lección está a la vista: una parte de la energía que necesitamos puede provenir de los subproductos de nuestras propias actividades productivas. Aprovecharla permite agregar valor en el campo y diversificar aún más la matriz eléctrica.

Hagamos un ejercicio ilustrativo. Si una capacidad de 340 MW operara con un factor de utilización del 40 %, produciría aproximadamente 1,2 TWh de electricidad al año. Si esa energía sustituyera generación térmica a gas, podría reemplazar el consumo de entre 23 y 33 millones de pies cúbicos diarios, dependiendo de la eficiencia de las plantas desplazadas.

Con todo, el ejercicio permite apreciar la dimensión de la oportunidad. Bajo un supuesto de precios de entre US$10 y US$15 por MMBTU, el valor del combustible potencialmente sustituido podría superar los cien millones de dólares anuales en algunos escenarios. Ese monto es un ahorro bruto de combustible, del cual habría que descontar los costos de inversión, recolección, transporte y operación de los proyectos.

La biomasa ofrece una ventaja relevante: puede almacenarse, con las condiciones y los costos que ello exige. Cuando se asegura un suministro sostenible de materia prima, permite programar la generación y complementar las fuentes variables. Colombia necesita del sol y del viento, pero también necesita energía cuando estos recursos escasean. La caña y la palma podrían fortalecer una red de cogeneración y generación renovable distribuida entre las regiones productoras. Su desarrollo puede generar nuevos ingresos, reducir problemas asociados al manejo de residuos, crear empleo rural y fortalecer las economías regionales.

Para convertir ese potencial en electricidad se requieren proyectos viables, acceso a las redes y condiciones de contratación que permitan financiar las inversiones. También es indispensable garantizar el abastecimiento de biomasa sin comprometer la fertilidad de los suelos ni desconocer sus otros usos productivos. El potencial existe; corresponde crear las condiciones para aprovecharlo.

Bogotá, octubre 17 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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La bibliografía francesa siempre me sorprende por su actualidad y originalidad.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. -La bibliografía francesa siempre me sorprende por su actualidad y originalidad. Una mirada desordenada en una librería no sólo es placentera, sino muy sugestiva.

Un ejercicio reciente lo pone a uno en contacto con libros que parecen superficiales, y con otros, que nos remontan a situaciones históricas que no se pueden olvidar. Me llamó mucho la atención uno muy apropiado para quienes hemos tenido el privilegio de ejercer alguna vez la diplomacia. Se titula "A la mesa con los diplomáticos" y el subtítulo dice muchísimo más de lo que uno podría esperar: "La historia de Francia, contada a través de sus grandes banquetes (1520-2015)"

Se inicia con una frase de alguien que tiene la autoridad para decirlo, Talleyrand: No se hace una buena diplomacia, sin una buena cena o un buen almuerzo o un buen banquete. Es una celebración de la gastronomía francesa. Que como sabemos es un arte y bien refinado.

Es normal encontrarse al lado con otro que suena muy trascendental, "El extraño enceguecimiento, como las grandes potencias fabrican un mundo donde el derecho no existe " o uno de alto significado histórico, "La guillotina revolucionaria, pena de muerte y sensibilidades, 1789-1799".

Y luego, para tomar algo de aire "Que es la política. Una guía definitiva para entender la política en nuestro tiempo tan polarizado ". Ojalá fuera cierto. Son varios autores que le ofrecen al lector perspectivas para alcanzar una visión diferente que permita así satisfacer los deseos de entender la política y su práctica de una manera más positiva. De una tarea tan difícil se encargan varios y muy distinguidos académicos.

Y uno bien esperado. "Donald Trump, el pasado como proyecto.

El retorno de la América conservadora acompañado de otro, con un título bien diciente "La potencia sin principios, el nuevo imperio americano", una visión que se extiende también a las otras dos superpotencias China y Rusia.

Este conjunto de libros le permite a un lector juicioso formarse una idea de lo que está pasando en el mundo y de la importancia que ha tenido la diplomacia así esta sea mirada en uno de sus aspectos menos académicos.

Tan solo una muestra mínima de los numerosos libros que se publican para ayudar a los ciudadanos a comprender un mundo cada vez más complejo. Y si se va más allá, pues nos encontramos con obras eruditas y que hacen aún más difícil el entendimiento de lo que está ocurriendo. Y es asombroso verificar que al respecto se hacen diccionarios que inclusive llegan a designarse como amorosos, tal vez para animar a su lectura.

Imprescindible hacer alusión al libro que recoge los discursos y homilías del Sumo Pontífice, León XIV, durante su viaje apostólico en Francia y que se titula "Para que el mundo tenga la vida", una edición de 173 páginas que se inicia con su gran discurso en el palacio del Eliseo y culmina con su homilía en la catedral de Metz. En total quince intervenciones entre las cuales vale la pena destacar las cinco que pronunció en la gruta de la aparición de la Virgen Santísima en Lourdes y otros lugares sagrados.

Un libro que ya estaba en manos de los feligreses en los primeros días de octubre, y que encuentra, a su lado, uno realmente descomunal y bellísimo que recoge impresionantes fotografías de lo que fue una exitosa visita que mostró, quien lo creyera, un enorme fervor en la juventud francesa.

Bogotá, D. C, 17 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Con las marchas de este miércoles, sin alteraciones, la democracia queda fortalecida. Se prueba que la calle es el nuevo ágora, el lugar de vigilancia al nuevo Gobierno y el punto de encuentro de la izquierda democrática

Por Hubert Ariza*. - El pasado miércoles 14 de octubre fue el primer round de la pelea entre la nueva derecha y la oposición de izquierda por el dominio de las calles, que es el escenario donde la sociedad civil, los sindicatos, las víctimas, los estudiantes, los indígenas, afros, campesinos y los partidos de oposición comenzaron a expresar, en todo el territorio, su descontento con un Gobierno que apenas lleva dos meses en el poder.

Un Gobierno que ha pateado el tablero político, con su embestida contra las reformas que impulsó su antecesor, al que culpa de todos los males que aquejan a la nación, especialmente la consolidación territorial de las guerrillas y paramilitares, el crecimiento del narcotráfico, la corrupción y el déficit fiscal.

Más allá del show mediático de los protagonistas de la política y el embrujo de las redes sociales, impregnadas de desinformación, odio y estigmatización, es la calle el lugar donde se evidencia, una vez más, la fractura social de un país marcado por la polarización y el deseo de revancha de una izquierda que perdió el poder, en las elecciones pasadas, por una diferencia de 250 mil votos.

La calle también es el lugar donde la democracia se pone a prueba, se mide la madurez política y los aprendizajes de sesenta años de conflicto armado interno, en los que los actores armados ilegales han buscado arrebatar y suplantar los liderazgos sociales, asesinando a dirigentes y opositores a sus métodos brutales. Que de manera pacífica hayan salido a protestar decenas de miles de ciudadanos, sin levantar banderas reivindicativas puntuales o corporativas, y sin que se presentaran graves casos de violencia, es un enorme éxito de la democracia.

El presidente Abelardo dijo que apenas 62 mil personas habían marchado. Las imágenes que mostraron los medios y las redes sociales mostraron una masiva participación en varias ciudades. Más allá de si se minimizó el tamaño de la protesta, o la oposición infló las cifras, lo verdaderamente importante es que el Gobierno reconoció que fue una protesta pacífica y que solo 6 personas, en todo el país, fueron detenidas por violar el recién expedido decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social.

Es importante reconocer, asimismo, que de la marcha no salieron titulares de jóvenes víctimas de brutalidad policial, como en los graves hechos que sacudieron a la opinión pública durante el estallido social, entre abril y julio de 2021. Las cifras de esas movilizaciones son traumáticas para cualquier democracia. Según los registros de Naciones Unidas, 63 personas murieron, de ellas 46 en medio de las manifestaciones. La imagen que sacudió a la opinión pública fue la de jóvenes que perdieron los ojos, o murieron por armas de fuego de uso oficial.

Que el nuevo decreto no haya significado un desbordamiento de la Fuerza Pública expresa madurez democrática de los uniformados y respeto de la vida por parte del Gobierno nacional.

Lo que muestran los acontecimientos es que es en la calle donde se juega el futuro de la democracia. Es allí donde se medirá, de manera reiterativa, qué tan hondo cala la cruzada ideológica y religiosa de una nueva derecha empoderada, ansiosa de expandirse, multiplicarse, consolidarse y perpetuarse, que pretende guiar el país, por largo tiempo, por el sendero de la lealtad al trumpismo y a Israel, izando la bandera de la seguridad.

El restablecimiento de las relaciones con ese país, la apertura de la sede de la embajada de Colombia en Jerusalén, la salida de Colombia del Grupo de la Haya, el retiro de la intervención de Colombia en el caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, el reinicio de venta de carbón a ese país, son giros que marcan el nuevo rumbo que el Gobierno ha dado en su politica exterior. Durante el cuatrienio del Tigre, Israel es, más que un aliado, un soporte vital de la nueva derecha colombiana. Palabras como genocidio o solidaridad con Gaza están desterradas del vocabulario oficial.

Y en la calle, ese giro ideológico se siente. Miles de marchantes del pasado 14 de octubre alzaron de manera retadora las banderas de Palestina, mientras Israel guía la acción de una Cancillería que borró la agenda internacional de Petro.

La calle es el lugar, además, donde la izquierda mantendrá activos a sus millones de votantes de 2026, pensando en las próximas elecciones de 2027, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y se reconfigurará el poder territorial con la mirada puesta en las presidenciales de 2030.

Si la izquierda no pasa de la calle al poder territorial, retomando las riendas de la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, será incierta cualquier posibilidad de regreso al poder nacional. Lo que está en juego no es solo quién llena más calles, sino quién llena más urnas y pone más mandatarios en espacios de poder regional. Por ello, la opción de que Petro sea alcalde de Bogotá no suena a cuento chino. Con casi trece millones de votos obtenidos en la segunda vuelta, la izquierda tiene razones para soñar con construir escenarios de poder en alcaldías y gobernaciones.

Defensores de la Patria compite por ese mismo escenario, para pasar de un partido con cero credenciales regionales a una fuerza regional que consolide la doctrina de seguridad del presidente.

El gran reto que tiene la izquierda es superar la crisis de la derrota, construir una plataforma que movilice a sus electores y posicionar una narrativa que deje atrás el canibalismo y avizore un nuevo activismo, más propositivo y conectado con las necesidades de la gente, incluso la de impedir que el país se desbarate en medio del fanatismo y triunfe la batalla presidencial por blanquear la cultura y reescribir la historia.

Y es en la calle, asimismo, donde se sentirá el ímpetu de la oposición, que “no copea”, como gritaba la muchedumbre en la Plaza de Bolívar el 14 de octubre pasado, y tiene el liderazgo de un Petro decidido hoy, como siempre, a inmolarse y convertirse en mártir. Un exmandatario elegido por unanimidad jefe del Pacto Histórico, con el propósito de alinear a su fuerza parlamentaria y a sus bases populares en todo el país, para enfrentar a la nueva derecha, desafiar al presidente Abelardo y su guerra contra el comunismo y la cultura woke, un concepto que no le dice nada a la mayoría de los colombianos. Se trata de una teoría importada de la política norteamericana, del corazón de la narrativa trumpista contra el Partido Demócrata, que en Colombia solo entiende una minoría.

En conclusión, la calle es el nuevo ágora, el lugar de encuentro de la izquierda democrática, que deberá estar blindada contra la indebida intromisión de los actores armados ilegales. Y la liderará, desde la oposición, un Petro al que no lo frenan los truenos ni los aguaceros. Es la calle, además, el lugar donde se validará la agenda de seguridad y anticorrupción del Tigre y su discurso de respeto a la protesta social y repudio a la violencia, que justifica la expedición del decreto 1525.

La democracia sale fortalecida cuando los manifestantes regresan a casa sin un rasguño, y el Gobierno se fortalece cuando aplica la ley y respeta la protesta social.

Bogotá, D. C, 16 de octubre 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Siempre he sostenido que la paz de Colombia pasa por el desarrollo del campo.

Por:   José Félix Lafaurie Rivera* -La encrucijada fiscal de Colombia no se resolverá solamente con más impuestos o recortes del gasto. Sin crecimiento no habrá recaudo suficiente, empleo ni bienestar. Por eso celebro Misión Crecer, la iniciativa del vicepresidente José Manuel Restrepo que propone llevar la economía a una senda de crecimiento del 6 %, mediante inversión privada, productividad y coordinación institucional.

Comparto esa visión, pero agregaría una reflexión que he sostenido durante años: Colombia ha construido buena parte de su desarrollo de espaldas a sus ventajas comparativas como país tropical, con dos océanos y enormes posibilidades agropecuarias.

El modelo de sustitución de importaciones, promovido por la CEPAL, orientó los incentivos hacia la industrialización urbana, mientras el campo quedaba rezagado en capitalización, infraestructura y tecnología. Pretendimos industrializarnos sin aprovechar suficientemente nuestra capacidad de producir alimentos para el mundo.

Las cifras históricas son reveladoras. En 2005, de cada cien pesos de formación bruta de capital fijo, la industria recibía 33,6 y el agro apenas dos. Sin embargo, en 2006 sus participaciones en el PIB eran del 15,3 % y 12,6 %, respectivamente. Esa desproporción exige revisar una política de inversión que no ha correspondido a nuestro potencial rural. En 2024 el agro creció 6,1 %. ¿Cuánto más podría aportar con una capitalización decidida?

La formación bruta de capital fijo no es una abstracción estadística. En el campo se traduce en infraestructura productiva, sistemas de riego, equipos, instalaciones, mejoramiento de praderas y capacidad para incorporar tecnología. Son inversiones cuyos frutos no aparecen, pero elevan la capacidad de producir. Por eso el crédito de corto plazo, pensado para financiar operaciones corrientes, difícilmente puede reemplazar la financiación de proyectos que maduran. Necesitamos instrumentos que acompañen los ciclos de la actividad rural y permitan a pequeños y medianos productores acceder a capital. El desafío no consiste en enfrentar agricultura e industria, sino en corregir una asignación de recursos que ha limitado el potencial de encadenamientos entre ambas. Cuando el campo se capitaliza, crecen el transporte, la transformación de alimentos, el comercio y los servicios.

La ganadería ilustra esa oportunidad. La OCDE y la FAO proyectan que el consumo mundial de carne bovina aumentará cerca del 13 % hacia 2034. Colombia, con un hato cercano a 30 millones de bovinos, tiene condiciones para responder a esa demanda creciente.

He sostenido que podemos duplicar el inventario hasta 60 millones de animales y, simultáneamente, reducir de 34 a 20 millones las hectáreas dedicadas a ganadería. Es decir, elevar la carga promedio de 0,88 a tres bovinos por hectárea y liberar 14 millones de hectáreas para usos compatibles con su vocación productiva y ambiental.

Esa transformación exige capital, mejoramiento genético, nutrición, pasturas, sanidad y sistemas silvopastoriles. Exige también crédito de largo plazo que mejore la FBCF, infraestructura, industrialización y acceso real a los mercados.

Ahí encuentro uno de los mayores aciertos de Misión Crecer: reconocer que el crecimiento económico requiere una acción coordinada de las instituciones públicas, capaz de generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo productivo. Desde FEDEGÁN queremos contribuir a ese propósito con una propuesta técnica que aporte los elementos necesarios para incorporar esta deseable transformación de la ganadería colombiana a los objetivos de Misión Crecer.

Y hay una razón adicional: muchos territorios ganaderos soportan todavía la violencia de los grupos armados. La seguridad exige presencia de la Fuerza Pública, pero su consolidación necesita oportunidades productivas y bienestar.

Siempre he sostenido que la paz de Colombia pasa por el desarrollo del campo. Misión Crecer tiene allí una oportunidad que el país no debería desperdiciar y los ganaderos la haremos propia.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

La CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho

Por José G. Hernández*. - El Premio Nobel de la Paz 2026 fue conferido a la abogada sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera magistrada de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Desde 2021 hasta 2025, Pillay presidió la Comisión Especial de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo propósito esencial consistió en examinar las causas del conflicto existente entre Israel y Palestina.

A juicio de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, hay un hilo conductor común que va desde el trabajo inicial de Pillay en defensa de Nelson Mandela y de los opositores al apartheid hasta su labor como juez en algunos de los casos internacionales clave de nuestro tiempo. Destacó que ella, en su gestión judicial, ha trabajado para que los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido esperanza a las víctimas de los crímenes cometidos.

En criterio de Frydnes, el Derecho Internacional está sometido a una enorme presión, pues cada vez gana más terreno una "política de poder". Ante ello, afirmó: "Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad".

Téngase en cuenta que, en torno a lo que acontece en la Franja de Gaza, Pillay ha sostenido: “Está claro que existe una intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Las reacciones al mencionado reconocimiento han sido mayoritariamente favorables en el mundo, habida consideración de los grandes aportes de la jurista a la paz, a la justicia y a la eficaz defensa de los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres expresó: “Navi Pillay ha demostrado que la fuerza de la ley debe prevalecer sobre la ley de la fuerza”.

Desde luego, Benjamín Netanyahu ha rechazado la decisión del Comité noruego, y Donald Trump -quien reclamaba el Nobel para sí, aunque, en vez de la paz, ha impulsado la guerra- expresó: "Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras”.

Dentro de ese equivocado criterio -contrario a la paz y a los derechos fundamentales-, el gobierno de Estados Unidos anunció “sanciones” contra la Corte Penal Internacional (CPI) y sus magistrados. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, buscan "defender la soberanía de Estados Unidos". Se propone -dijo-"desmantelar" a una institución que considera "rebelde".

Por su parte, la CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho y contra el orden jurídico internacional. La magistrada Tomoko Akane, su presidenta, declaró: “La Corte Penal Internacional continuará con su labor, sin dejarse intimidar, con la firme determinación de que la justicia debe prevalecer”. Un acertado criterio.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y reconoce la diversidad del país, puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo.

Por Amylkar D. Acosta M*. -Por deferencia de las ONG ECOS y GDIAM, hice de “pluma”, una especie de relator y redactor del texto del Documento Derechos humanos, minería y competitividad territorial, fruto de una amplia deliberación con quienes las integran, cuyos apartes me permito compartir. Como es bien sabido, la minería en Colombia tiene un papel relevante en la economía nacional y en la vida de numerosos territorios. Su contribución al desarrollo, sin embargo, depende de las condiciones en las que se realiza y de su capacidad para generar bienestar, proteger el medioambiente y respetar los derechos de quienes participan en ella o reciben sus impactos. Desde esta perspectiva, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, plantea que los derechos humanos constituyen una base indispensable de la competitividad territorial.

Esta visión amplía la manera de entender el desempeño del sector. La productividad, los costos y la rentabilidad son necesarios para la viabilidad de la actividad minera, pero resultan insuficientes para valorar su aporte al desarrollo. También es preciso considerar la seguridad de las personas, la estabilidad de las reglas, las condiciones laborales, la protección de los ecosistemas y la participación de las comunidades. Estos factores inciden directamente en la posibilidad de atraer inversión formal, sostener las actividades económicas y construir relaciones de confianza.

Se reconocen los avances de Colombia en la construcción de un marco normativo de protección de derechos. Al mismo tiempo, se advierte una brecha persistente entre esos instrumentos y su aplicación. En distintos territorios mineros continúan la violencia contra líderes sociales y ambientales, las desigualdades de género, la precariedad laboral, el trabajo infantil y las afectaciones a comunidades étnicas. La degradación ambiental y la expansión de la extracción ilícita de minerales agravan este panorama.

El desafío de sortearlos y gestionarlos exige una presencia estatal integral y sostenida. Allí donde las instituciones carecen de capacidad para garantizar seguridad, administrar justicia, ejercer control ambiental y acompañar las actividades productivas, los actores armados encuentran condiciones para imponer sus propias reglas. Su intervención compromete la vida y la integridad de las comunidades, somete a trabajadores y pequeños mineros a distintas formas de coacción y coerción y afecta la viabilidad y la actividad misma de las empresas que operan dentro de la legalidad.

Abordar esta realidad requiere reconocer las diferencias entre las distintas formas de minería. La minería empresarial, la artesanal, la ancestral y la de pequeña escala tienen condiciones, capacidades y necesidades diversas. La informalidad, por su parte, demanda respuestas que permitan identificar qué actividades pueden avanzar hacia la formalización y qué apoyos necesitan para hacerlo. Confundir estas realidades con las estructuras criminales dificulta el diseño de políticas pertinentes y puede profundizar la exclusión de poblaciones que dependen de la actividad minera para su subsistencia.

La formalización debe ofrecer una ruta viable hacia la legalidad. Además de trámites y permisos, requiere acompañamiento técnico, organización productiva, acceso a financiación y comercialización, seguridad social y mejores prácticas ambientales. También debe reconocer las particularidades culturales de los territorios y promover la coexistencia entre escalas de producción. Para muchos pequeños mineros, estas condiciones determinan la posibilidad real de trabajar de manera segura y mejorar sus ingresos.

De igual manera, combatir la extracción ilícita exige comprender toda la cadena de valor. Una estrategia concentrada en sus eslabones más vulnerables deja intactas las redes que financian, comercializan y aprovechan el negocio. Se propone, entonces, identificar dónde se genera la violencia y actuar sobre todos los eslabones y los vínculos entre extracción, distribución, lavado de activos y mercados internacionales, con respuestas ajustadas a las dinámicas de cada territorio.

La garantía de derechos también exige reconocer que los riesgos y beneficios de la minería se distribuyen de manera desigual. Las mujeres enfrentan barreras de acceso al empleo formal, brechas salariales, limitaciones para participar en las decisiones y exposición a violencias. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras requieren garantías efectivas de sus derechos colectivos, culturales y territoriales. Los niños, niñas y adolescentes necesitan protección especial frente al trabajo infantil, la explotación y el reclutamiento. Estas diferencias deben incorporarse en las políticas públicas, los procesos de formalización y la gestión empresarial.

La protección del medioambiente forma parte de la misma responsabilidad. El cuidado del agua, la reducción de la contaminación, la restauración de áreas intervenidas y la gestión de pasivos ambientales inciden en la salud, los medios de vida y las posibilidades futuras de los territorios. Por ello, se necesitan autoridades con capacidad técnica, información accesible y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y corregir los impactos.

Todo esto requiere participación efectiva. Las comunidades deben poder intervenir oportunamente en las decisiones, expresar sus prioridades y hacer seguimiento a los compromisos. Se impone la necesidad de fortalecer espacios permanentes de diálogo y coordinación territorial que articulen al Estado, las empresas y las comunidades. La confianza depende de la calidad de esa relación y, especialmente, del cumplimiento de los acuerdos.

La competitividad territorial se construye cuando existen condiciones para producir dentro de la legalidad, ejercer los derechos y compartir los beneficios del desarrollo. Una minería que fortalece las capacidades locales, genera empleo digno, protege el capital natural y reconoce la diversidad del país puede contribuir a la paz y al bienestar colectivo. Alcanzar ese propósito demanda coherencia institucional y una responsabilidad compartida que se traduzca en resultados verificables en los territorios.

Miami, octubre 10 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

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Sumo Pontífice toca el tema del papel de las máquinas y ahora de la revolución de la inteligencia artificial para señalar la importancia de que los seres humanos mantengamos toda nuestra libertad.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - A raíz de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y, luego, por algunas expresiones suyas, al terminar sus alocuciones como “Viva Cristo Rey”, algunos han planteado, inclusive ante instancias judiciales que así se está rompiendo la norma que separa la Iglesia y el Estado. Una norma constitucional que se introdujo en 1991.

El tema no se plantea únicamente en Colombia. En la visita del Sumo Pontífice a Francia, 25-28 de septiembre de 2026 este asunto forma parte principalísima del discurso pronunciado ante la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el palacio del Eliseo, el viernes 25 de septiembre. En razón de un auditorio tan calificado, me atrevo a decir que fue un discurso para el mundo y vale la pena recoger algunas de sus afirmaciones que pronunció luego de hacer un amplio elogio de Francia y de sus contribuciones a la civilización occidental.

Reconoció la rica, tradición cristiana francesa. Se remontó a Santa Irene y al bautismo de Clodoveo, y la tremenda influencia ejercida desde entonces. Mencionó a los célebres pensadores del renacimiento. Luego a los del Gran Siglo para concluir que Francia había aportado al mundo verdaderas conquistes, entre ellas Los derechos del Hombre, inscritos en la naturaleza de la persona humana, en particular, la libertad religiosa. Que el lema francés, libertad, igualdad y fraternidad no son simples palabras grabadas en las fachadas de los edificios públicos, sino que recogen exigencias éticas universales que se encuentran también en los mensajes evangélicos, una fuente inexpugnable de inspiración.

Hizo entonces una exaltación de esta importante Declaración universal de los derechos humanos y recogió la interpretación que de ellos hizo el Papa Juan Pablo II ahora santificado, para establecer que ella se refiere a derechos innatos tanto en el marco de los bienes materiales como de los bienes espirituales, y que es igualmente peligroso para la paz, porque ella toca siempre al hombre en su integridad. Fue parte del discurso de Juan Pablo II, ante la Asamblea General de la ONU, el 10 de octubre de 1979.

Y así, el Sumo Pontífice toca el tema del papel de las máquinas y ahora de la revolución de la inteligencia artificial para señalar la importancia de que los seres humanos mantengamos toda nuestra libertad y responsabilidad en el ejercicio de nuestros actos. Y entonces precisa que una sociedad libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias. Y reafirma que la solidaridad en la tradición cívica francesa y la caridad, recordando a San Vicente de Paul, muestran que el derecho a la vida es el fundamento insuperable de todos los derechos.

Para concluir recojo, literalmente, haciendo una traducción de la versión francesa del discurso, el párrafo que me parece más contundente sobre el tema: "una justa situación laica no consiste entonces en excluir la religión del espacio público o de la educación, sino en trabajar para que el Estado y las instituciones religiosas dialoguen juntas y unan sus fuerzas al servicio del bien común, para que el mundo tenga la vida".

Bogotá, D. C, 11 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado. 

Tenemos mucho que aprender del mundo, pero también mucho que enseñarle.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Colombia tiene razones para sentirse orgullosa de su ganadería. Durante más de dos décadas hemos demostrado que producir carne y leche, conservar la biodiversidad y recuperar los recursos naturales son propósitos compatibles. Hoy esa experiencia nos permite participar con autoridad en los grandes escenarios internacionales de la ganadería sostenible.

Esa fue la razón de mi invitación especial al Sommet de l’Élevage 2026, celebrado en Clermont-Ferrand, Francia, una de las ferias ganaderas más importantes del mundo, con 1.800 expositores, 2.000 animales de 70 razas y una asistencia prevista de 120.000 visitantes.

En esta edición, dedicada especialmente al pastoreo y al pastoralismo, Colombia tuvo un lugar destacado. No llegamos solamente a conocer los avances europeos, sino a compartir experiencias desarrolladas en nuestras condiciones tropicales.

Participé como presidente de Fedegán y como productor que durante más de veinte años ha impulsado los sistemas silvopastoriles, convencido de que es posible producir más y mejor, en armonía con la naturaleza.

No hablamos de promesas, sino de resultados. El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, liderado por Fedegán con aliados nacionales e internacionales, benefició a 4.100 familias, intervino cerca de 160.000 hectáreas y estableció más de 34.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles, con incrementos del 23 % en capacidad de carga y del 36,2 % en producción de leche.

Estas cifras desvirtúan el señalamiento de quienes presentan la ganadería como enemiga del medio ambiente. Los sistemas silvopastoriles permiten recuperar suelos, incorporar árboles y arbustos forrajeros, favorecer la biodiversidad y elevar la productividad. Son tecnologías probadas que Colombia puede mostrar al mundo.

Francia también nos deja enseñanzas. Su tradición agropecuaria se ha convertido en una poderosa cadena de valor mediante genética, investigación, asociatividad, transformación industrial y denominaciones de origen.

Me llamó especialmente la atención la organización de productores mediante las agrupaciones agrícolas de explotación en común —GAEC—, que permiten compartir maquinaria, instalaciones y recursos, generando economías de escala. Lo podríamos ensayar con los ganaderos vecinos de nuestras fincas, de la misma manera como logramos organizar las Brigadas Solidarias o los Frentes de Seguridad.

Las cifras ilustran otra diferencia. Mientras el agro representa cerca del 9,3 % del PIB colombiano, en Francia apenas alcanza el 1,3 %. Sin embargo, su industria agroalimentaria produjo más de 203.000 millones de euros en 2024. Francia ha sabido transformar su producción primaria en industria, marcas y mercados.

¡Qué lección para Colombia! No necesitamos copiar su modelo, sino aprovechar nuestras ventajas tropicales y convertirlas en productividad y valor agregado.

Pero hay una condición: no podemos exigirles a nuestros ganaderos estándares internacionales sin ofrecerles instrumentos para alcanzarlos. La modernización requiere financiación, asistencia técnica, investigación, infraestructura y políticas públicas de largo plazo.

El Sommet de l’Élevage me ratificó que sostenibilidad y competitividad no son objetivos contrapuestos. Y me dejó la satisfacción de comprobar que los esfuerzos impulsados desde Fedegán, y que personalmente he desarrollado como ganadero, tienen reconocimiento internacional.

Tenemos mucho que aprender del mundo, pero también mucho que enseñarle. Porque no basta con que Colombia marque el camino de la ganadería sostenible ante el mundo. Tenemos que lograr que nuestros ganaderos puedan recorrerlo. Esa es la verdadera transformación: convertir conocimiento en productividad y productividad en bienestar para la Colombia rural.

Bogotá, D. C, 11 de octubre 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos.

*Por Gabriel Ortiz. - Parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando, y así mismo las esperanzas de quienes cobijaban y abrigaban cambios constructivos, amables, renovadores y tranquilizantes, que llevarán a Colombia por las rutas de la paz, el progreso, el desarrollo y la confraternidad.

Veníamos del desconcierto total, de continuar, nos habría conducido al desenfreno que nos convertiría en una nación inmanejable en los campos económico, político, social, sin constitución, ni poderes judicial y legislativo. No quedaría norma alguna que frenara lo que nos iban a imponer. Tendríamos que olvidarnos de procesos electorales y acostumbrarnos al partido único de gobierno. No habría derecha, izquierda o centro, porque solo existiría partido estatal.

Las libertades quedarían en el pasado y solo se admitirían los caprichos de Petros, Cepedas, “emes 19” y nuevos amos que impondrían su voluntad y la de quienes tomaran las riendas del nuevo y único ejecutivo.

Así pensaron los millones de colombianos que fueron a las urnas en junio 21, para impedir la tenebrosa continuación que estuvo a punto de implantar Petro con quienes gobernó durante 4 años y planteaba seguir hasta el final de sus días.

Ni Paloma, ni los otros 20 candidatos de izquierda, derecha y centro que se lanzaron a la presidencia en la primera vuelta, lograron ganarle a De La Espriella, pese a los temores e investigaciones que se ventilaban sobre él.

Había un clamor popular que impedía la repetición del desastre que aún vivía Colombia y que le impusieron durante   los últimos 4 años.

Hoy llegamos a 2 meses y dos días con De La Espriella, que como presidente recorre Casas de Nariño nuevas y usadas. Ha cumplido muchas de las promesas que ofreció durante la campaña y que gran parte de su electorado anhelaba. Ha golpeado duro a todos los movimientos guerrilleros que impiden a esta nación y a sus habitantes ricos, pobres, indígenas y afros vivir en paz y tranquilidad.

No todo lo ha recibido con mieles. Le cayó el terremoto del 10 de agosto y la parálisis de Santa Marta con toque de queda subversivo, que superó a tiempo. Desde entonces Abelardo, usa pistola al cinto y se pasea entre cadáveres enfundados, destituye sin pena ni gloria a quien le cae mal, ha sido su enemigo o propiciado alguna investigación en su contra… es decir: se ha ido por esa absurda calle del medio para beneficiar a sus amigos, ganar adeptos y refundar la patria milagro. Los odios, que no son buenos consejeros, los utiliza para fustigar y sacar a gorrazos a valientes periodistas y directores de gremios, a los que no perdona haberlo cuestionado.

Se ha apartado del Centro Democrático, que mucho aportó para elegirlo, ha descubierto con éxito personal, el desastre económico que recibió, tiene quietos a los políticos sin necesidad de prebendas, ni visas a Estados Unidos. Todo, dentro de este contexto le va saliendo bien, pero hay sectores, inquietos y dudosos, a pesar de lo tempranero del mandato. Ya hay insatisfechos a hurtadillas, expresan malestar que seguramente aflorará cuando empiecen a cumplirse las exigencias del Fondo Monetario: impuestos y normas económicas que tallarán, despidos de dirigentes gremiales y aparición de descontentos en muchos sectores. Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos. “Todos piden, nadie pone”, dice la pirinola. Eso causa soberbia si no existe preparación para soportarlo, antes de que llegue la Patria Milagro.

BLANCO: Congelar precios de la gasolina, da votos y permite alivio para el grueso de la población.

NEGRO: El gran amigo Victo Hugo Ayala, se nos fue, pero dejó la gran herencia de su voz. Con mi gran amigo, Javier Ayala, lo disfrutamos en esas inolvidables tertulias con las que nos deleitaba durante sus visitas al Noticiero Nacional. Dios lo tiene en su gloria.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Por José G. Hernández*. - Se ha generado justificada polémica sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, mediante las cuales invitó a los agricultores a no sembrar arroz -porque es mal negocio- y a preferir cultivos como el marañón.

El arroz es uno de los productos esenciales para la alimentación y la dieta diaria de millones de colombianos. Es alimento básico, muy difícil de sustituir en el seno de los hogares y la colectividad. Pero quien esto escribe no quiere referirse al tema propiamente alimenticio, ni tampoco a la cuestión económica planteada desde muchos frentes, en especial los sectores de productores, intermediarios y consumidores. Prefiero entrar de nuevo en el ámbito jurídico, para aludir a las reglas superiores sobre el ámbito de atribuciones del Gobierno y, en especial, de los ministros.

Dentro de un esquema de libertad -como corresponde al Estado Social de Derecho-, el papel de un funcionario público, por alto que sea, no es el de señalar a los agricultores si deben cultivar uno u otro producto alimenticio o de otro orden. Hablamos -claro está- de productos lícitos, pues los ilícitos deben ser abiertamente rechazados y erradicados.

El artículo 2 de la Constitución manifiesta que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en el ejercicio de sus derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Los ministros, junto con el presidente de la República y los directores de departamentos administrativos, constituyen el Gobierno, la Rama Ejecutiva del poder público. Al tenor del artículo 208 de la Constitución, ellos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del presidente, les corresponde formular “las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. Se deben mover en el campo de las atribuciones expresamente señaladas en las normas, en el terreno propio de la administración pública, no en el ámbito interno de la actividad productiva ni en la toma de decisiones empresariales.

Aunque el Estado es director general de la economía y debe intervenir en las distintas etapas del proceso económico, lo hace con el fin de alcanzar los propósitos previstos en el artículo 334 de la Constitución: racionalizar la economía y conseguir, en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Y, de manera especial, para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar “que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”, así como “para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

El artículo 64 de la Constitución -reformado por Acto Legislativo 1 de 2023- dispuso: “El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales”.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional