Opinión

Empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales de este servicio. Finalizando el año anterior la CREG expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad. Ello, con el fementido propósito de bajar las tarifas de energía.

El ex ministro Andrés Camacho prometió y se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma y sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 - 2028. No obstante, alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptarla expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5 por ciento del total de la generación”, manifestó el Presidente Petro.

Según manifestó “el Decreto se expide, van a demandarlo y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto al mismo tiempo y la resolución debe ser rápida en la CREG”. Seguramente dicho Decreto será objeto de demandas por transgredir la norma legal, toda vez que él no está investido de la facultad para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 a través del cual intentó “reasumirlas”.

Lo que se propone el Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores en Bolsa del 5%. Ello, en teoría, es bueno pues garantizaría precios más razonables y estables.

Pero, en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado, comprometiendo su estabilidad financiera, lo que contraviene el principio de la suficiencia financiera contemplado en la Ley de servicios públicos. 

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente. Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones. 

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en las sábanas. Lo que viene presionando al alza tanto de los precios en Bolsa como de las tarifas de energía es el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema SIN debido a la estrechez de la Oferta de energía, a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión.

Santa Marta, abril 12 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

Lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - La revista Forbes acaba de publicar su lista anual del club de “billonarios”, que son aquellas personas que tienen un fortuna superior a mil millones de dólares (un billón en la terminología gringa, o un millardo para nosotros), y tiene información muy interesante sobre los superricos del mundo.

Con los precios de las acciones registrados el pasado mes de marzo, 3.023 personas clasificaron para este exclusivo club , y su riqueza total alcanzó el valor récord de USD 16.100 millardos, con un crecimiento de 14% respecto del año anterior. Para dimensionar qué significa esta cifra con tantos ceros, puede decirse que equivale a 50 veces el PIB de Colombia, y todo en manos de solo 3.000 personas, que tienen más riqueza que el 60% de la población mundial.

Por Colombia, 6 personas clasificaron para el club: Jaime Gilinski (Nutresa) y David Vélez (Banco NU) empatados en el puesto 236 con USD 10.7 millardos cada uno. Los sigue en el puesto 369 Luis Carlos Sarmiento con U$ 8. millardos, y más lejos la viuda y los dos hijos de Julio Mario Santodomingo, con fortunas de USD 4.4, 3.3 y 1.8 millardos respectivamente.

El top del ranking del club lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos. Son los propietarios de 3 empresas tecnológicas cuyas acciones se han valorizado enormemente después de la elección de Trump: Elon Musk de Tesla (342 millardos), Mark Zuckerberg de Facebook (216 millardos) y Jeff Bezos de Amazon (215 millardos). De nuevo para comparar, la riqueza de Musk era similar al PIB de Colombia.

A estos 3 personajes se les reconoce que empezaron desde cero sus empresas, y por lo tanto sus fortunas. Pero esta no es la regla general. Según la información del banco UBS, de 137 personas que ingresaron al club el último año, y cuya riqueza es de USD 229 millardos, 53 recibieron herencias por valor de USD 151 millardos. Se destruye el mito de la meritocracia y el esfuerzo personal para amasar fortunas.

En esta misma dirección, según los datos de la ONG OXFAM, el 60% de las mayores fortunas del mundo provienen de herencias (36%), de monopolios (18%), o de conexiones políticas y corrupción (6%). La frase de Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un delito” es una generalización exagerada, pero algo tiene de cierto.

El impacto de las conexiones políticas para el crecimiento de la riqueza de unos cuantos es mucho mayor del estimado de OXFAM. La fortuna de Donald Trump, por ejemplo, creció 121% en el último año, pasando de USD 2.3 a 5.1 millardos. La de Elon Musk creció 149% llegando a un máximo de USD 486. millardos en diciembre pasado. Pero, con el colapso de los precios de las acciones en Wall Street provocado por la subida de aranceles de Trump, su riqueza ha caído a menos de USD 300 millardos. Lo que sube como palma cae como coco.

Cali 6 de abril de 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

Tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.

El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.

La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.

Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.

Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.

Tercero: las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.

En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.

Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.

Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.

Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista.

Bogotá, D. C, 6 de abril de 2025

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Las encuestas muestran que la derecha tiene opciones, pero aún no tiene la suficiente fuerza para amenazar con un candidato sólido las posibilidades de que Petro reelija su proyecto político.

Por Hubert Ariza*. - Con la llegada de la exministra uribista Alicia Arango como jefe de debate de la campaña presidencial de 2026 de la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, la derecha radical comienza a alinearse alrededor de una propuesta que busca ser un híbrido entre Milei, Bukele y Trump, tratando de colombianizar las doctrinas que han hecho de Argentina, El Salvador y Estados Unidos tierra de motosierras, megacárceles y aranceles.

Arango es una reconocida dirigente que inició su carrera política al lado del alcalde Enrique Peñalosa y, luego, ascendió a secretaria privada del presidente Álvaro Uribe en su primer mandato. De ahí pasó a la Embajada ante las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). A pesar de la férrea oposición de Uribe a Juan Manuel Santos, este le garantizó su permanencia en Ginebra, durante su primer mandato. Su carrera política se consolidó cuando actuó como jefe de debate de Iván Duque, entonces senador del Centro Democrático, a quien llevó a la Presidencia de la República. En el Gobierno del Pacto por Colombia, pacto por la equidad, fue primero ministra de Trabajo y, unos meses después, del Interior.

Después de un largo retiro, Alicia Arango ha regresado a la arena políticapara impulsar la candidatura de Vicky Dávila, quien convirtió a la revista Semana en vocera de la extrema derecha, en una especie de Fox colombiana. Allí se posicionó como una radical opositora del presidente Petro, en sincronía con la Fiscalía de Francisco Barbosa, quien la hizo depositaria de exclusivas judiciales tendientes a menoscabar la credibilidad y estabilidad del Gobierno de Petro.

Vicky ha sufrido en los últimos meses una mutación política considerable, mostrando una enorme capacidad de acomodarse al cambiante escenario electoral. Después de meses de negar que saltaría a la arena política se lanzó e inicialmente pretendió jugar como una outsider, copiando con estridencia el estilo de Milei, aunque sin los títulos académicos, la locura mediática, ni el magnetismo internacional del argentino en los círculos de poder de la derecha. Para ello, presentó con gran orgullo a su equipo económico integrado por libertarios adoctrinados por el jefe de la Casa Rosada. Pero ante el escándalo de las criptomonedas, que afectó la credibilidad de Milei, la candidata dio un giro hacia el Ubérrimo y ha incorporado a Alicia Arango y al duquismo a su estrategia electoral.

Este suceso se da cuando el Centro Democrático, el partido de Uribe, vive una consulta interna para escoger un candidato único que llegue al tarjetón en 2026, y el expresidente atraviesa tierra árida y llena de espinas con una enorme cruz a cuestas, en el juicio que se le sigue por soborno y manipulación de testigos. Cada capítulo de ese proceso, único en la historia política de Colombia, se transmite por redes sociales y en el mismo han desfilado toda clase de personajes del bajo mundo judicial, que como testigos a favor o en contra del exmandatario, muestran el hedor de la política y, al mismo tiempo, el valor de una jueza decidida a hacer justicia.

Pero Uribe, un viejo chalán y domador de caballos de paso fino, confía en la estrategia de sus abogados, pesos pesados del derecho penal y sabedores de todos los laberintos por donde sacar a su cliente sin mayores rasguños. A pesar de las audacias, y más allá de las cábalas sobre si lo condenan o no, Uribe tiene los ojos puestos en 2026 y su obsesión es poner en la Presidencia, como en 2010 o 2018, a uno de los suyos. Esta vez, como en las otras, juega con varios caballos. Mientras sus alfiles del Centro Democrático hacen calistenia electoral en una consulta interna, Alicia Arango se empodera con Vicky, y la fila de quienes desde el centro político buscan pescar en el río de la derecha no deja de crecer.

La derecha radical lleva tres años tratando de encontrar una narrativa que le permita regresar al poder luego del desierto que han significado los tres años del mandato de Petro, quien ha impuesto la agenda y mantenido la iniciativa en busca de la reelección de su proyecto en 2026.

Las encuestas muestran que la derecha tiene opciones, pero aún no tiene la suficiente fuerza para amenazar con un candidato sólido las posibilidades de que Petro reelija su proyecto político. Vicky empezó con ímpetu en los sondeos, pero ha ido descendiendo con el paso de los días. Ya no es novedad. Y no ha propuesto nada. Su discurso tiene como eje el odio a Petro, la evocación a Milei y los ídolos de la extrema derecha y el desprecio por la agenda de la izquierda.

El presidente ha mantenido la iniciativa política y obligado a la derecha a ser reactiva a sus estrategias, sin ninguna iniciativa. La propuesta de la consulta popular, para aprobar las reformas sociales bloqueadas por el Congreso, ha servido para movilizar las bases de la izquierda democrática y conformar grupos de impulsores en las regiones. Pero esa idea no es hoy un tsunami político que movilice a la opinión pública, como no lo ha sido ninguna similar en Gobiernos recientes. Los mecanismos de participación ciudadana siguen siendo un poema democrático que no se traduce en normas constitucionales que transformen la vida de la nación. Bastante imaginación y trabajo en equipo se necesita para hacer el milagro.

La transmisión de los consejos de ministros se ha convertido en un escenario de pedagogía política, económica y social para impulsar la agenda oficial e incentivar la organización territorial de las bases petristas. Pero sobre todo, en un enorme reto para la derecha, que ha acelerado su decisión de rodear a Vicky, como lo hicieron con Duque hace ocho años, o hace cuatro años con Fico Gutiérrez, primero, y con Rodolfo Hernández, después, demostrando un enorme vacío de liderazgo. Ambos candidatos fueron aplastados por la ola del cambio.

El pragmatismo de Uribe lo tiene con un pie en los juzgados y la cabeza en la plaza pública, apostándole a los caballos que galopan en las encuestas por la tierra derecha. El pragmatismo de Petro lo tiene volando en los aviones suecos, fidelizando a su electorado, radicalizado en su programa de reformas y decidido a pasar una consulta que amplifique el poder de la Constitución de 1991 y proyecte al petrismo hacia el poder en 2026. La sociedad sigue polarizada, sin mayor espacio para el centro. Aún es temprano para saber qué candidato hará la V de la victoria en 2026. Las encuestas muestran que, por ahora, ninguno genera pasión y solo hay ilusiones en el corazón de un largo listado de candidatos.

Bogotá, 24 de marzo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Con este paso que ha dado el Presidente Trump pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos, el que firmó con Colombia

Por Amylkar D. Acosta M*. - Paradójicamente el “Día de la liberación”, como fue como catalogó el Presidente Donald Trump el 2 de abril fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU. Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”. Y a su juicio ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de poderes económicos (Ieepa), que inviste al Presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.

Procedió, entonces, el Presidente a expedir la orden ejecutiva mediante la cual  procedió a gravar las importaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente. Según él, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera los US $1.3 billones!

Ha sido enfático el Presidente Trump al afirmar categóricamente que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”. Desde luego, es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

Es claro que con este paso que ha dado el Presidente Trump este pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente  denuncias ante una Organización Mundial de Libre Comercio (OMC), totalmente inoperante, por parte de los países afectados. Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra  Rimón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio y la controversia que ello puede suscitar difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.

Pero, ello no es óbice para que China y la Unión Europea, especialmente contemplen medidas retaliatorias en respuesta a la ofensiva proteccionista del Presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34% ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y críticos, como también sobre cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, esenciales para la y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica.

Por su parte Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados por el Presidente Trump son un duro golpe a la economía mundial. Lamento profundamente esta opción”, el bloque de los europeos está “preparado para responder…Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si las negociaciones fracasan”. La tensión en sus relaciones con EEUU viene escalando y ahora con más veras y su esperada respuesta la exacerbará aún más.

A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.

No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo de Colombia viene de los EEUU y ellos, muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia. De hecho, según el Banco J P Morgan Chase, la posibilidad del advenimiento de una recesión global pasó del 40% al 60% a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia!

Cota, abril 5 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

La carga de la prueba la tiene la acusación, no el procesado. Nadie tiene que probar su inocencia. Se la tienen que desvirtuar con pruebas.

Por José G. Hernández*. - La semana pasada, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -España- revocó por unanimidad una sentencia mediante la cual se había condenado al futbolista Dani Alves a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de agresión sexual a una joven, a finales de 2022, y, en consecuencia, lo absolvió.

A propósito de ese fallo, según el cual, de las pruebas examinadas no se pudo concluir la comisión del delito, ni que se hubiesen superado los estándares necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, se ha generado un debate por parte de líderes feministas, quienes afirman que los magistrados ignoraron el derecho a la credibilidad de la mujer denunciante.

En discurso público, la primera vicepresidenta del gobierno español, María de Jesús Montero, no tuvo inconveniente en una infortunada afirmación: “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres…”.

Sin entrar en el caso concreto, ni afirmar una u otra cosa sobre los acontecimientos materia de proceso, sí vale la pena insistir en que la administración de justicia no puede condenar a nadie sin haber aplicado a cabalidad el debido proceso; sin haber examinado las pruebas correspondientes, ni partiendo del supuesto de la culpabilidad, llevando al sindicado a tener que demostrar su inocencia.

La presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de Derecho. No se puede ignorar con argumentos políticos o ideológicos.

La carga de la prueba la tiene la acusación, no el procesado. Nadie tiene que probar su inocencia. Se la tienen que desvirtuar con pruebas.

Según el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

El artículo 29 de la Constitución colombiana, que consagra el derecho fundamental al debido proceso, proclama expresamente este principio: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Son garantías que se deben preservar en toda democracia, para la realización de una verdadera justicia, sin interferencias políticas ni ideológicas.

Bogotá, D. C, 2 de abril 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

No castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades.  Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.

Por José Felix Lafaurie Rivera*. - “Denunciamos enfáticamente la campaña comunicativa que busca estigmatizar y denigrar a nuestra senadora Sandra Ramírez, a partir de señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte de Caracol Radio”. Así reza el comunicado del Partido Comunes, frente a la entrevista que Saray Giraldo le hizo a Daisy, quien hoy tiene 38 años, pero cuando era una niña fue reclutada por las Farc y abusada durante tres años.

¿Señalamientos y acusaciones sin fundamento? Así califican los honorables senadores sin votos el testimonio desgarrador de una mujer que, siendo niña y sin recuperarse del dolor por la separación de su familia, en su primera noche en las Farc, ¡a los 11 añitos!, le fue implantado por la fuerza un dispositivo intrauterino, la “T de cobre”; y sin recuperarse del dolor físico de semejante intervención, días después empezó a ser violada por los comandantes.

“Venimos por la muchacha…, o la entrega o le pegamos un tiro” fue la amenaza de Jair, comandante del frente 28.  Es el último recuerdo de niñez de Daisy, y el comienzo de una vida que, en sus palabras, las Farc le destruyeron; una vida de privaciones, de frustrante indignación por la falta de reconocimiento como víctima y de una justicia que castigue a sus victimarios; una vida sin verdad ni reparación alguna. Sus abusadores están en el Congreso…, ella es empleada doméstica, bregando por sacar adelante a cinco hijos, sufriendo la peor revictimización, la del olvido…, la del abandono de una sociedad indolente.

“La conocí en San Vicente del Caguán (…) hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba, nos mandaba amarrar y hacía consejo de guerra a la niña que no quisiera”. ¿A quién se refiere Daisy? A Griselda Lobo, la honorable Sandra Ramírez, por quien el Partido Comunes se rasga las vestiduras y sale en indignada defensa.

“Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado… Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba las niñas, los domingos y los miércoles…, porque esos días eran los de tener sexo”. ¡Qué organización la de las Farc!

Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.

Indolente sociedad la que no hace de este testimonio, de los cientos de la Corporación Rosa Blanca y de los miles de historias como la de Daisy, 18.677 según la propia JEP, un motivo de rechazo multitudinario, sino que los deja pasar como una noticia más, en la era de los derechos de los niños, convertidos con indolencia en bandera política y nada más.

Indolente sociedad la que sigue tragándose el cuento de Santos y las Farc, jurando que las víctimas eran el centro de las negociaciones y del Acuerdo. Pregúntenle a Daisy. Indolente sociedad que no castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades.  Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.

Como desgarrador es el testimonio de Daisy, cínica es la reacción de estos criminales en defensa de la “honorable Griselda”. “Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso”. No lo digo yo…, lo dice Daisy.

Bogotá, D. C, 31 de marzo 2025

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

¿Qué la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Se habla mucho del mandato popular que se le confiere al presidente o a los congresistas. Pero no se encuentra en la Constitución ninguna norma que así lo indique. En la de 1886, el artículo 105, era muy claro en asegurar la independencia de los miembros del Congreso y en establecer que en sus votaciones solamente deberían consultar la justicia y el bien común. Expresamente se negaba la existencia de un mandato. La Constitución de 1991 en su artículo 133 mantuvo este principio. La ley de bancadas permite que los partidos establezcan en casos puntuales un mandato a sus congresistas.

La consulta nacional puede llegar a generar un mandato para el Congreso y para el presidente, lo cual confirma que no existe el mandato del cual una y otra vez se habla. El obtener la mayoría en una segunda vuelta no confiere un mandato limitado ni ilimitado. Otorga si un cargo que es el de Presidente de la República, jefe de Estado, jefe de la administración pública con unas funciones especificadas en la misma Constitución. Su ejercicio está controlado por diversos órganos del poder público, principalmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y por algunos organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República o el propio Congreso.

En esencia, todo esto quiere decir que no hay sino un mandato que es el de respetar la Constitución y las leyes de la República. Y el presidente al posesionarse jura públicamente cumplir ese mandato. Y lo propio hacen todos los demás funcionarios en todos los niveles de la administración pública. Ese es el mandato en una democracia. Un mandato que está escrito, que tiene organismos que vigilan su cumplimiento, que impiden que se abuse de los poderes que confiere y que va estableciendo una jurisprudencia y unas costumbres que todos los funcionarios tienen que respetar.

¿Que la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera. El mandato de legislar lo tiene el Congreso de la República y la Constitución le otorga al presidente e inclusive a los ciudadanos el derecho de participar en ese proceso legislativo de diferentes maneras, pero jamás el de subyugar ese poder legislativo, intimidarlo, amenazarlo y/o denigrarlo. A su turno los congresistas, que son los legisladores, no tienen el poder de interferir las decisiones que puede tomar el presidente de la República constitucionalmente. Y los desacuerdos se resuelven en las instancias debidamente contemplados en la Constitución o, como en el caso de la consulta nacional, por una propuesta que hace el presidente y que el Senado de la República decide si aprueba o no, porque se requiere su voto favorable para que ésta se pueda realizar y entonces si viene la oportunidad para que el pueblo, con una participación que establece la propia Constitución y una mayoría también allí establecida otorgue un mandato, ese sí, preciso, concreto para que el Senado proceda de una cierta manera con respecto a una política pública y, en caso de qué así no lo haga, el presidente de la República asuma, entonces, la ejecución de ese mandato popular.

Es bien claro. Tan cierto es que no hay un mandato general sino unas funciones claramente establecidas en la Constitución que existen mecanismos como el de la consulta nacional que otorgan precisamente un mandato concreto. La Constitución y la ley estatutaria correspondientes establecen la forma, la oportunidad, los términos, los requisitos electorales de participación popular y la manera como se ejercería ese mandato concreto. Insisto. Una mayoría popular en una segunda vuelta no otorga ese mandato y por eso, como ha ocurrido en este caso, el presidente busca que el Senado concurra en buscar que el elector, respetando unas reglas, confiera ese mandato.

Bogotá, D. C, 31 de marzo 2025

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.

Para los economistas el fenómeno de la “ilusión monetaria” es la tendencia a confundir un aumento en la cantidad de dinero disponible con un aumento real en la capacidad de compra, sin tener en cuenta el aumento de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero.

Con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) es muy probable que los mandatarios locales y los congresistas estén sufriendo de un fenómeno parecido pues hacen cuentas alegres con la mayor cantidad de recursos que van a recibir, sin tener en cuenta que van a tener igual cantidad de nuevas obligaciones que atender.

La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.

La reforma va a transferir mucha plata a departamentos y municipios, pues en 12 años el monto del SGP pasaría del 25% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. En pesos de hoy las regiones pasarían de recibir $73 billones a $113 billones. Todos los mandatarios locales ya deben estar pensando en que van a invertir y gastar esos $40 billones adicionales.

La desilusión va a llegar cuando se presente la Ley de Competencias que debe redistribuir las obligaciones de gasto entre la Nación y los entes territoriales, pues la reforma estableció que el traslado de recursos a las regiones debe ir de la mano con traslado de competencias, de manera que se disminuya el gasto de la Nación. Es un juego de suma cero: lo que reciben unos lo deja de gastar el otro.

Además de la desilusión, se va a presentar un conflicto difícil de resolver cuando se definan los criterios de distribución territorial de los recursos, pues uno de los objetivos de la reforma es que las regiones más atrasadas y pobres tengan más recursos para atender las necesidades de su población.

El conflicto surge porque, de nuevo, es un juego de suma cero: la torta para distribuir (en términos de recursos nuevos de libre disponibilidad) no va a crecer, de manera que para que departamentos como Vichada, Vaupés o la Guajira tengan más recursos libres, otros departamentos deben aceptar que les disminuyan los de ellos, es decir que les asignen más nuevas competencias que recursos. ¿Los congresistas de Antioquia, Bogotá o el Valle van a aceptar esa disminución?

Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal, es decir que no aumente la deuda del gobierno central para pasarle plata a las regiones. Y difícil la tarea del gobierno para que en un Congreso donde hay tantos intereses regionales se supere la ilusión monetaria y se apruebe una redistribución de recursos en la que unos van a ganar y otros a perder. Más difícil aún en un año electoral.

Cali 30 de marzo de 2025

*Filósofo. Economista. Consultor.

Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces  el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.   

El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas. 

Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022  a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante.

La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB  per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y  $9.127.210.

Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND  y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!

El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.

Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.

En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones. 

Cota, marzo 29 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net