Opinión

Las inhabilidades electorales son una herramienta fundamental para preservar la integridad de la democracia y la justicia en los procesos electorales del país.

Por Humberto Méndez Rojas*. -Las inhabilidades electorales son un conjunto de restricciones legales que buscan garantizar la transparencia, equidad y legitimidad en los procesos electorales. Estas inhabilidades se encuentran profundamente ligadas a la estructura política del país, que ha evolucionado a lo largo del tiempo desde la lucha por el poder político hasta la consolidación de la democracia moderna.

El poder político, según la teoría clásica, se origina del pueblo, pues en una democracia el acceso al poder debe ser el reflejo de la voluntad popular, representada en las urnas. En este contexto, los derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, son fundamentales para la participación en la toma de decisiones del Estado.

De acuerdo con el filósofo y sociólogo Norberto Bobbio, la democracia se basa en la igualdad de derechos políticos, donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en el destino de su nación. En este sentido, los derechos políticos no solo incluyen el derecho a elegir a los gobernantes, sino también el derecho a ser elegido, lo que implica un acceso justo y transparente al poder. Sin embargo, el acceso al poder no puede ser absoluto ni sin restricciones, ya que deben existir mecanismos que prevengan el abuso de poder, el clientelismo y las malas prácticas que podrían distorsionar la democracia.

En Colombia, las inhabilidades electorales cumplen un rol crucial dentro de este marco. Estas inhabilidades son medidas preventivas para evitar que personas con conflictos de interés o con comportamientos éticamente cuestionables lleguen a ocupar cargos públicos.

En los artículos 126 y 179 de la Constitución Política de Colombia y en las leyes 136 de 1994 y 1475 de 2011, por mencionar solo estas, se establecen un conjunto de inhabilidades que prohíben, entre otras cosas, que servidores públicos en ejercicio se postulen para ciertos cargos, y que personas condenadas por ciertos delitos accedan a cargos de elección popular. La razón detrás de estas inhabilidades es clara: garantizar que quienes ejerzan funciones públicas lo hagan de manera íntegra, sin que existan conflictos de interés que puedan afectar la toma de decisiones o el bien común.

Desde una perspectiva jurídica, las inhabilidades han sido definidas por la Corte Constitucional[1] como “circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan a una persona acceder a un cargo público”. Es decir, son los requisitos o impedimentos expresamente establecidos que determinan quiénes están excluidos de desempeñar ciertos cargos dentro del Estado. En esta misma línea, García Figueroa (2018) explica que las inhabilidades pueden entenderse como circunstancias o hechos específicos que califican a una persona y le impiden participar en un proceso electoral determinado. Estas restricciones pueden derivarse de una condición individual, como lo establece el artículo 126 de la Constitución, o de una sanción impuesta por organismos de control o judiciales del Estado.

El objetivo de las inhabilidades no es limitar el acceso al poder, sino asegurar que este se ejerza con responsabilidad, moralidad, probidad, imparcialidad y respeto a la ley, manteniendo la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. De esta manera, la democracia colombiana busca evitar que las instituciones sean capturadas por intereses particulares y garantizar que el poder no sea utilizado en beneficio propio, sino en beneficio de la sociedad. Así, las inhabilidades electorales son una herramienta fundamental para preservar la integridad de la democracia y la justicia en los procesos electorales del país.

No obstante, las inhabilidades en materia electoral se han convertido en un dolor de cabeza para quienes aspiran a acceder al poder mediante la elección popular, debido a la falta de seguridad jurídica generada, entre otros factores, por la dispersión normativa del régimen de inhabilidades; el escaso rigor jurídico del Consejo Nacional Electoral al resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas por razones de inhabilidad; y la abundante, y en ocasiones contradictoria, jurisprudencia que se profiere desde la jurisdicción Contencioso Electoral[2], la cual, además, últimamente ha sido controvertida desde la Corte Constitucional con polémicos fallos de tutela.

Estas situaciones han generado incertidumbre en los procesos electorales y han puesto en debate el equilibrio entre la necesidad de garantizar la transparencia electoral y el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos. En este contexto, surge una pregunta más que pertinente: ¿se está garantizando de manera efectiva el derecho fundamental a elegir y ser elegido en Colombia, o las inhabilidades han terminado por convertirse en una barrera desproporcionada para la participación democrática?

Bogotá, D. C, 27 de febrero 2025

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral

[1] Corte Constitucional, sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

[2] Tribunales administrativos y la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Las normas constitucionales fueron mucho más claras que las aludidas sentencias:

Por José G. Hernández*.- Vale la pena insistir en la necesidad de distinguir entre los derechos y su abuso. Se está convirtiendo en costumbre el alegato de estar ejerciendo un derecho cuando, en su supuesto ejercicio, se afectan los derechos de las demás o el orden jurídico.

Se invoca, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía personal, consagrado en el artículo 16 de la Constitución, para portar y consumir la famosa dosis personal de estupefacientes en parques y lugares públicos, en presencia de menores de edad, con el consiguiente daño a sus derechos.

En buena parte, esos comportamientos -que, sin duda alguna, causan daño a los menores y a la comunidad- encontraron apoyo en dos confusas sentencias de la Corte Constitucional sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 -varias veces modificada- señaló, como conductas contrarias al cuidado e integridad del espacio público, las consistentes en consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos, centros deportivos o parques. La Ley 2000 de 2018 añadió “las zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio”.

En la Sentencia C-127 de 2023, referente a estas normas, la Corte expresó: “La medida que restringe el consumo, aun de la dosis personal, en parques, no es proporcionada en sentido estricto. Al respecto, la Sala advierte que la norma genera importantes beneficios en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el consumo de sustancias psicoactivas en los parques. Sin embargo, evidencia un sacrificio desproporcionado de los principios de libre desarrollo de la personalidad y de dignidad humana, así como del derecho a la salud de los consumidores de sustancias psicoactivas. Lo expuesto, porque el precepto acusado configura una prohibición absoluta, que ni siquiera concibe a la libertad como excepción, sino que la limita intensamente”.

En Sentencia C-253 de 2019 había sostenido la Corte: “El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas “en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público” (…) El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas “en parques [y en] el espacio público”.

Las normas constitucionales fueron mucho más claras que las aludidas sentencias:

El artículo 16 de la Constitución advierte que el libre desarrollo de la personalidad se ejerce “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

El 44 proclama que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Según el 95, el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y que el primer deber de toda persona consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Los ciudadanos eligen a sus alcaldes para un período de cuatro años, con la esperanza de ver materializados planes, programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida en sus territorios.

Por Horacio José Serpa Moncada*. - En política, la renuncia de un alcalde no debería ser tema de discusión. Mucho menos debería ser necesario que un mandatario de una ciudad como Bucaramanga tenga que salir a aclarar públicamente que no va a abandonar su cargo, como lo hizo Jaime Andrés Beltrán esta semana. Esa simple necesidad de desmentir una posible renuncia refleja un vacío preocupante en nuestra cultura política y democrática.

Los ciudadanos eligen a sus alcaldes para un período de cuatro años, con la esperanza de ver materializados planes, programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida en sus territorios. La responsabilidad de un alcalde no es menor: formular y aprobar el plan de desarrollo, que se convierte en la hoja de ruta para el avance de la ciudad. Cada decisión, cada política pública implementada debe tener como norte el bienestar de los ciudadanos. Y abandonar el cargo, sin una razón de peso, por una eventual candidatura futura o una fuerza mayor, sería una traición a ese mandato popular.

En el caso específico de Jaime Andrés Beltrán, así como de los alcaldes de Girón y Piedecuesta, es cierto que enfrentan un proceso por doble militancia. Una situación compleja que, para algunos, podría parecer exagerada e incluso injusta. Sin embargo, Colombia es un Estado de derecho, y las leyes, nos gusten o no, están para cumplirse. Si el Consejo de Estado decide su destitución, entonces esa será otra discusión. Pero la renuncia, de manera voluntaria, jamás debería estar sobre la mesa.

En una coyuntura política donde la confianza en las instituciones y en los líderes locales se encuentra en niveles preocupantemente bajos, lo último que necesitamos es que los mandatarios municipales comiencen a tambalear. La incertidumbre política y administrativa no solo afecta la gestión de los recursos públicos, sino que también erosiona la credibilidad de todo el sistema democrático.

El debate no debería centrarse en si Beltrán va a renunciar o no. La discusión de fondo es cómo garantizar que los alcaldes cumplan con sus responsabilidades hasta el último día de su mandato, cómo fortalecer la institucionalidad para que los procesos legales, como el de la doble militancia, se resuelvan con prontitud y claridad, y cómo devolverle a los ciudadanos la certeza de que sus votos valen y perduran por el tiempo estipulado en la ley.

La política no puede ser un juego en donde, ante el primer tropiezo, el alcalde se levanta y abandona el partido. La responsabilidad con la ciudad y con sus electores exige más firmeza, más carácter y, sobre todo, más compromiso.

Bucaramanga, 25 de febrero 2025

*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, Senador.

Tomado de Vanguardia.

En instancias formales e informales se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre.

Por Simón Gaviria*. -Supremamente odioso pensar en el proceso de certificación de la lucha contra las drogas que hace EE.UU. como una validación moral. EE.UU. es el mercado de narcóticos más grande del mundo, con costos de drogadicción estimados por el Departamento de Justicia en US$215 mil millones. Si la herramienta policiva es la mas eficaz eso es un debate para otro día, el hecho es que, con la proliferación de fentanilo, 27.2 millones de estadounidenses (9.7% de la población) enfrentaron problemas de adicción de drogas en 2024, según los centros de adicción de EEUU. Un tema que venia perdiendo relevancia durante este siglo volvió a ser prioridad electoral, EE.UU. va a dar esta batalla en todos los frentes.

La certificación fue creada en 1986 en la ley de ayuda extranjera de EE.UU., bajo la histeria de la epidemia de crack. Actualmente, solo tres países no pasan la prueba: Venezuela, Bolivia y Myanmar. La consecuencia inmediata de una descertificación sería la suspensión de la ayuda humanitaria y militar de EE.UU. hacia Colombia, que se espera en US$413 millones en 2025. Sin embargo, lo grave serian los aranceles y trabas aduaneras que podrían imponernos. Recientemente, no bajo la bandera del proteccionismo sino por no cooperar en la lucha contra el fentanilo, EE.UU. impuso aranceles del 10% a China.

En instancias formales e informales se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre. Incluso cuando se logró la certificación el año pasado, se notó favoritismo diplomático dada la falta de resultados. Se mencionó el crecimiento exponencial de las hectáreas sembradas de coca, que se estimaba en 250 mil, pero que ahora podrían superar las 300 mil. La validación de los esfuerzos era más bien una apuesta filosófica que enfrenta una respuesta holística versus la tesis del garrote.

La administración Trump no tiene paciencia ante la falta de resultados, a menos de que se realice un esfuerzo diplomático descomunal con genuinos resultados, será muy difícil revertir la situación.

Esto podría incluir el nombramiento de un nuevo embajador o un enviado especial a Washington en quien confíen los Republicanos, así como la dedicación semi-exclusiva de la Canciller y un compromiso material del nuevo MinDefensa. En complemento, las salidas oratorias como las del presidente en Naciones Unidas y Europa se deben suspender. Los problemas se pueden resolver, pero debe haber voluntad para abordarlos.

Con exportaciones a EEUU que alcanzan los US$14,337 millones, estos aranceles podrían ser destructivos. El daño seria especialmente dañino para sectores como el café, flores, aguacate, o el banano que gozan de márgenes apretados. Así el gobierno piense diferente a Trump, debe hacer lo posible para pasar la tormenta. Esa sensibilidad diplomática del gobierno para no ofender ni a Venezuela ni a Rusia, podríamos usarla en EEUU.

Bogotá, D. C, 26 de febrero 2025

*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes. 

No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Como una suerte de condena circular a la dicotomía tolstoiana entre guerra y paz, nuestro país sufre una violencia endémica que, por cuenta del ELN, amenaza con una “guerra total”, paradójicamente en el gobierno de la “paz total”.

La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.

El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.

La respuesta está en su historia y su ADN: 60 años de “violencia revolucionaria”, una bandera apenas simbólica que se resiste a arriar, pues justifica su “violencia narcoterrorista” y su reclamo al Gobierno por seguir en la lista de los Grupos Armados Organizados, porque ellos no son delincuentes, sino “luchadores por la libertad”.

Durante 50 años el ELN ha negociado con los gobiernos, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y nuevo diálogo. Hoy estamos, y de qué manera, en fase de “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean voluntad de paz y un compromiso que suena a gracejo, de no ser por el drama que encierra: “El ELN firma para cumplir”, mientras incumple descaradamente y acusa al Gobierno de ser el incumplido. Ayer nomás, Antonio García denunció que las Fuerzas Militares son aliadas del Clan del Golfo y no lo combaten en Chocó, lo cual justifica otro paro armado que paraliza a la región.

La respuesta también está en su estrategia “geopolítica”. Primero, su transformación adaptativa, de guerrilla comunista-cristiana - ¡vaya combinación! -, a grupo armado binacional, narcoterrorista en Colombia y, sin dejar de serlo, paramilitar en Venezuela, aliado del dictador, aunque lo niegue de dientes para afuera.

Segundo, su estrategia expansiva de control territorial. Se habla de luchas por control territorial como lugar común, pero, así como el iceberg nos muestra solo su punta sobre las aguas, hay una amenaza latente que permanece oculta para el país.

El iceberg, de hecho, es imagen de la estrategia elena de “lucha y acumulación”, con la lucha armada por el control territorial como punta visible, bajo la cual se esconde “el acumulado” de sus otras luchas: la social y económica, la política, la ideológica, la ambiental y la diplomática, cuyo fin último es el socialismo, para lo cual, además de sojuzgar a la población, es necesario eliminar adversarios: Fuerza Pública, grupos armados que pretendan atravesarse y todo aquel que piense diferente.

Tampoco se trata de un control localizado, no es el Catatumbo solamente, sino el corredor de frontera, desde La Guajira hasta Vichada, y no solo para tener una retaguardia del otro lado de la frontera, sino para cuidarle la frontera al régimen venezolano, como una primera línea de defensa.

Maduro padece el síndrome de invasión, y nada más peligroso que un dictador asustado con pretensiones expansionistas. De hecho, ya convocó elecciones para gobernador del nuevo Estado del Esequibo que pretende arrebatarle a Guyana.

No olvidemos que la población guajira es binacional, como el contrabando, el narcotráfico en el Catatumbo y hasta la cultura llanera en el resto de frontera. No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo.

Bogotá, D. C, 23 de febrero 2025

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

La energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere.

Por Amylkar D. Acosta M*. -El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.

La Superintendencia de servicios públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.

Es más, en el caso del impuesto al alumbrado público, es una Ley 352 de 2016, de la que establece que en su artículo 352, que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo. Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá además en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades!

Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de

1 Miembro de Número de la ACCE

2 “Defender” al usuario, como aduce el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”.

Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere. Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superintendencia de servicios públicos se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el Mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado nacional (SIN).

Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.

Esa deuda, que asciende a los $2.8 billones al corte de diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos. Después varios meses después que el Ministro Camacho manifestó que ya su Despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.

Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual Ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del Ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor.

Pasará de los 2.8 billones a los $3 billones. Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción tarifaria, que asciende aproximadamente a los $2.5 billones y que el propio Presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación, no se ha vuelto a hablar. Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones!

Bogotá, febrero 22 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

En plena campaña de cara al 2026, la clase política se presenta insaciable, la negociación política se hace más sensible y cada jugada se mide con precisión de relojero

Por Hubert Ariza*. -A 15 meses de que Colombia cumpla el calendario electoral y se convoque la primera vuelta presidencial para elegir el sucesor del presidente Gustavo Petro, el país vive en un estado de permanente ebullición política, inseguridad en las regiones, envalentonamiento de los grupos armados ilegales, fracaso de la paz total, aumento de la percepción de caos institucional y disminución de la transparencia de la administración pública. Mientras, el Gobierno nacional siente los efectos de la implosión autoinfringida, enfrenta diversos frentes de batalla, una aguda crisis de gobernabilidad y el ataque permanente de fuego amigo que tiene contra las cuerdas la sobrevivencia del primer mandato de la izquierda democrática y sin oxígeno hoy cualquier posibilidad de reelección del proyecto político del petrismo.

La implosión descontrolada del Gobierno, promovida por el propio presidente Petro con su decisión de transmitir, el pasado 4 de febrero, un Consejo de Ministros que se convirtió en una sublevación interna del ala más radical del Gobierno contra la llegada de Armando Benedetti, como jefe de Gabinete, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez y secundada por varios ministros, sigue teniendo efectos en la reconstrucción de la gobernabilidad perdida. Es como si después de un gran movimiento telúrico las placas tectónicas siguieran sin acomodarse, la falla geológica continuara creciendo y nada lograra estabilizarse, impidiendo el regreso a la normalidad, afectando la vida democrática de la nación y la confianza en la institucionalidad.

Después de propiciar un tsunami político, pedir la renuncia de todo su gabinete y luego tratar de calmar las aguas diciendo que solo se irían quienes tuvieran aspiraciones electorales, el presidente sigue sin resolver la interinidad de su equipo. Las renuncias irrevocables y protocolarias llegaron en cascada, pero los reemplazos han aparecido a cuentagotas.

En ese último período de crisis quedaron lesionadas las aspiraciones presidenciales del excanciller Luis Gilberto Murillo y del exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Aún no se sabe qué pasará con la vicepresidenta Francia Márquez, cuya permanencia en el Gobierno y futuro electoral son fuente de toda clase de conjeturas. Lo evidente es que reconfigurar el Gabinete no parece tarea fácil, porque aceptar ministerios en la recta final de un gobierno en turbulencia, con el sol a las espaldas, las encuestas en contra y Trump respirándole en la nuca a Petro y demás mandatarios de izquierda, amenazando con quitar visas a los amigos y aliados de estos, no parece estar de moda. Ser ministro, ahora, semeja un acto de arrojo, lealtad y valentía.

Para superar la crisis, lo que ha hecho el mandatario es tratar de organizar una especie de gabinete de cierre, a 18 meses de entregar el mandato, cuando su Gobierno padece una campaña brutal de guerra sucia por parte de la oposición, que incluso en redes sociales ha cruzado todos los límites éticos y lanzó, el pasado domingo, el perverso e irresponsable bulo de la supuesta muerte por sobredosis de Petro. El presidente soporta, además, la creciente inconformidad de los gobernadores por la caótica situación de orden público, en especial en Chocó y Norte de Santander, y el incandescente fuego amigo por la financiación de la campaña electoral y las relaciones con el llamado zar del contrabando, conocido con el alias de Papá Pitufo, y su relación con el catalán Xavier Vendrell, amigo personal del jefe de Estado, quien recibió 500 millones de pesos del mencionado delincuente, los cuales, supuestamente, devolvió por orden de Petro.

La truculencia del escándalo de la financiación de la campaña presidencial ha mantenido al país siguiendo cada denuncia como si fuera un programa de telerealidad. Que el funcionario más cercano de Petro haya denunciado la entrega de ese dinero ilegal a un asesor de campaña extranjero, con la presencia de Benedetti, y que el candidato se haya reunido con ese oscuro personaje, son temas que desmoronan la columna vertebral de la narrativa con la que se eligió Petro. La lucha contra la corrupción ha sido demolida por el propio petrismo. La batalla interna por el poder ha dejado sin aire a un Gobierno que se hizo elegir para derrotar a la cloaca política y, hoy, ante los ojos del mundo, pareciera hundido en esa cloaca, colapsado por la tragedia de la deslealtad, ineficacia y falta de resultados.

Nada garantiza que de verdad este sea el Gabinete que acompañe a Petro hasta el final. El carácter explosivo del presidente, su inclinación a no soportar críticas ni reparos a sus órdenes, su desdén por las opiniones contrarias, la terquedad en sus objetivos y su obsesión con escenarios catastróficos de golpes de Estado, atentados, inmolaciones heroicas y sucesos extraordinarios que lo martiricen y conviertan en símbolo inmortal de resistencia, hacen que cada día a su lado sea una gran victoria para sus colaboradores, o un suplicio, dependiendo de cómo se perciba el nivel de sacrificio en el servicio público. Conocedores del estilo de toma de decisiones de Petro, es posible que haya nuevas crisis ministeriales y más recambios antes de que suene el pitazo final de su gestión.

Frente a la tormenta, el jefe de Estado parece estar decidido a jugársela con una nueva generación de jóvenes dispuestos a servirle a su proyecto de país, procedentes de diferentes escenarios y con formación técnica, excepto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, firmante de paz en el Gobierno de César Gaviria, como disidente del ELN. Su nombramiento es un guiño a un sector más pragmático de la izquierda democrática, cercano a Claudia López.

Los primeros nombres del nuevo equipo parecen mostrar la voluntad de Petro de formar una nueva élite de jóvenes progresistas, entre quienes se cuenta el ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, nariñense de origen liberal y excelente trayectoria. El Mininterior tendrá un camino lleno de espinas, con una oposición obsesionada con frenar la agenda legislativa gubernamental y dinamitar la campaña presidencial de la izquierda.

En plena campaña de cara al 2026, la clase política se presenta insaciable, la negociación política se hace más sensible y cada jugada se mide con precisión de relojero. Lograr consensos, convertir proyectos en leyes, y limpiar de nubarrones el futuro de la Administración son tareas de altísima complejidad política, que el ministro del Interior deberá cumplir en cohabitación permanente con el todopoderoso e inamovible jefe de Gabinete, Armando Benedetti.

La gran sorpresa del relevo ministerial ha sido el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, que envía un fuerte mensaje sobre el reconocimiento de Petro a la trayectoria de un militar respetuoso de la vida y los derechos humanos, dejando atrás 30 años de civiles en Mindefensa. La gran paradoja es que un firmante de paz como Petro devuelva al país a las épocas anteriores a la Constituyente de 1991, cuando el M-19 exigía que un civil definiera los asuntos de la defensa nacional.

Qué tanto significará esta jugada en el fortalecimiento de la democracia está por verse, pero sin duda Petro se está blindando con un general de su entera confianza, de probada lealtad, en tiempos en que denuncia públicamente que hay un complot para asesinarlo y que la ilegalidad compró dos misiles antiaéreos para derribar la aeronave en que se desplaza. También, consolida una línea de comunicación con la tropa para retomar el control territorial y detener la agresividad de los ejércitos irregulares y bandas criminales, que como denunció la valiente gobernadora del Chocó, tiene sitiados a los colombianos en las regiones.

En conclusión, el 2025 ha sido un tsunami de hechos políticos que han descuadernado la Administración, desmoronado su narrativa de transparencia y eficiencia, y mostrado, a la vez, la poca capacidad de respuesta de la derecha, que se ha conformado con sentarse a mirar desde el andén la implosión del Gobierno del cambio sin ofrecer una alternativa diferente a insultar al presidente y viralizar bulos llenos de odio.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.

Por Paloma Valencia*. -Defender la institucionalidad es defender la ley, es hacer cumplir la Constitución. Este gobierno todo, pero en especial el Presidente Petro considera que están por encima de la ley. Es evidente que preferiría ser un emperador. El desdén con el que afrontan los límites legales es desconcertante. Por eso, en varias ocasiones le he pedido a la rama judicial que derogue actos abiertamente ilegales. Demandé el Ministerio de la Igualdad, el nombramiento del Embajador de México, los decretos de emergencia de la Guajira, la hostil toma de la Universidad Nacional, la reforma pensional, entre otros.

La Corte Constitucional evaluará en los próximos días mi demanda sobre la reforma pensional que fue aprobada violentando la ley 5 y eliminando el derecho de los congresistas a discutir y proponer modificaciones al proyecto. Es un vicio mayúsculo. En los 10 años que llevo como senadora solo había visto un atropello igual durante el llamado “fast track” que fue una habilitación legal para obviar las proposiciones de los congresistas y cabe recordar que la Corte declaró inexequibles varios apartes. No es menor que más de 500 proposiciones quedaran sin discutirse en la pensional, que no permitieran intervenir a nadie decretando ilegalmente una suficiente ilustración.

El petrismo ha decretado un tremendo ataque basado en mentiras en mi contra, liderado por Gustavo Bolívar y seguido por Petro y sus bodegas. Mentirosamente afirman que busco eliminar el subsidio al adulto mayor; que quiero quitarle el pan de la boca a los viejitos pobres de Colombia. Incluso han citado a protestas y el Presidente dice que no entiende que existan personas como yo.

Todos sus argumentos son mentiras. El subsidio a los adultos mayores no lo crea la reforma pensional; lo creó la ley 100 de 1993. Era para pobreza extrema e indigencia, y preveía que el subsidio puede llegar hasta medio salario mínimo. La ley ha cambiado desde entonces. En los años 2000 se reorganizó con el SISBEN III y cobijó adultos de las categorías 1 y 2. En 2021 el Presidente Duque, mediante una resolución amplió su cobertura a pobreza y vulnerabilidad usando el SISBEN IV en categorías A, B y C (hasta el subgrupo C1).
Lo que contradice las mentiras de Bolívar, que sostiene que sin la reforma pensional no pueden dar los 230 mil pesos o que no pueden llegar sino hasta adultos mayores en extrema pobreza. Hoy el gobierno paga subsidios de 225 mil pesos mensuales sin reforma, pues la ley 100 como lo expliqué, permite un pago de hasta el 50% del salario mínimo - 700 mil pesos.

El petrismo no está creando nada nuevo con la reforma pensional. Solo le ponen el nombre de “renta básica solidaria” al programa de “Colombia Mayor”. Cómo lo hace en general toda la reforma pensional, cambiar los nombres. El sistema BEPS pasa a llamarse pilar semicontributivo.

Hoy en “Colombia Mayor” se benefician 1,7 millones de adultos mayores y tiene un costo de 1,4 billones de pesos. Si un gobierno quisiera llegar a 3 millones de adultos beneficiarios podría, pero necesita recursos, por eso ningún gobierno ha podido hacerlo. Pero la reforma pensional tampoco aumenta los recursos. Hoy el programa se sostiene con recursos del Presupuesto de la Nación, y una parte minoritaria con el Fondo de Solidaridad Pensional, todo queda igual en la pensional. Y el artículo 11 de la reforma pensional destruye cualquier duda: expresamente prohíbe que los recursos de ahorro pensional se utilicen para subsidios.

El país tiene una bomba pensional, pero con la reforma de Petro se convertiría en una bomba atómica. El pasivo pensional aumentaría a más del 190% del PIB. Además, por un articulito que metieron a última hora, el 41% de la población entraría en un régimen especial donde no está claro ni la edad ni las semanas necesarias para pensionarse. Es una habilitación para que el gobierno, en su infinito populismo, aumente aún más la deuda; todos conocemos su forma irresponsable de pensar que las deudas del futuro no hay que pagarlas.

Esta demanda defiende sobre todo a las nuevas generaciones de colombianos, los recién nacidos, los pocos que están por nacer (pues la tasa de fertilidad está cayendo dramáticamente). Ellos no tienen voz, pero heredarán una tremenda deuda. En ellos deberá pensar la Corte Constitucional al decidir sobre esta demanda. Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2025

*Senadora del Centro Democrático

Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos.

Por José Manuel Restrepo*. -Pensando en construir con unidad y de esperanza, e invitando desde la academia a sumarnos en propuestas, más allá de la agotadora “petrificación”, una primera invitación es a diseñar caminos para que Colombia crezca al 6 o 7%. Una forma para lograrlo es reconocer que los emprendedores, negocios y ciudadanos están “mamados” de tantas trabas, trámites, permisos, certificados o autenticaciones, que cuando los comparan con otros países del mundo, nos ponen como uno de los más enredados para invertir o crecer y que además fomentan la corrupción.

El nuevo gobierno en 2026 tiene la oportunidad de cambiar esta realidad desde el primer día con una reforma regulatoria ambiciosa. Países como Reino Unido o Canadá, han implementado estrategias como la política “One-In, Two-Out”, que obliga a eliminar dos regulaciones por cada nueva aprobada.

En nuestro caso la cosa debe ser más ambiciosa. Urge que la Dian unifique en declaraciones semestrales o anuales impuestos, más allá del régimen simple. Que Invima convierta la aprobación de medicamentos en un trámite de semanas y no años, incluso cuando estos ya han sido validados en mercados avanzados. Que ICA avance en facilitación de comercio internacional, que las notarías no sigan cobrando por autenticar documentos que podrían verificarse digitalmente, y que las superintendencias y cámaras de comercio no encarezcan y entorpezcan la labor empresarial con trabas muchas veces innecesarias.

Los permisos de construcción pueden tardar hasta dos años, frenando proyectos claves, mientras que la importación de maquinaria y tecnología se ve afectada por papeleo excesivo que no agrega valor. Un caso emblemático es el registro de proponentes en las Cámaras de Comercio, que, en teoría, certifica la idoneidad de las empresas para contratar con el Estado, pero en la práctica solo impone costos adicionales sin garantizar transparencia ni eficiencia. Súmele la inflación de reglamentos técnicos o la demora de más de un día en crear o cerrar empresas.

Otro obstáculo absurdo es la obligación de actualizar documentos sin cambios reales, como el RUT generando filas y trámites innecesarios. Con tecnología, estos procesos deberían ser automáticos o eliminarse.

A todo este letargo agréguele nuestra creatividad legislativa inagotable con más de 7,000 regulaciones nuevas cada año. O usted ve necesario 20 nuevas normas diarias entre leyes, decretos, resoluciones o circulares. No se trataría de eliminar controles esenciales, sino de hacerlos más eficientes e incluso ante más libertad de permisos, fortalecer el control ex post de obligaciones con sanciones más severas a quienes incumplan.

Dos casos exitosos recientes, de los cuales aprender, son el que lidera Elon Musk en USA, quien ha advertido sobre el peligro de sobre-regulación, argumentando que muchas normas deberían tener una fecha de expiración para evitar su acumulación innecesaria. Y de otro lado el Ministerio de Desregulación y transformación productiva en Argentina que ya logró reducir los ministerios a la mitad, reducir 10% el empleo público, derogar 300 leyes obsoletas y de trabas y eliminar monopolios estatales como el postal.

Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos. Esta podría ser una primera propuesta para liberar al país de la pesada burocracia y allanar el camino hacia una mayor competitividad.

Bogotá, D. C, 21 de febrero 2025

*Rector Universidad EIA

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El panorama está agrietado y sin cambio alguno.

Por Gabriel Ortiz*.- El F4 ha traído funestas consecuencias al establecimiento, que con muchas dificultades lucha contra la marea que provoca un anunciado cambio que muy pocos han podido ver, sentir, entender y mucho menos, aprovechar para su beneficio.

Ese 4 de febrero (F4) cuando al mandatario se le ocurrió convocar un consejo de ministros televisado en vivo y en directo, dejó al descubierto las improvisaciones de un gobierno sin unidad ni derrotero confiables. Pero fue allí donde apareció el fantasma del desastre. Casi todos los asistentes estaban contra Benedetti, a quien descalificaban con serias acusaciones. El Director de la Unión Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, tomó la palabra para dar inicio al Gran Escándalo que introdujo al contrabandista Papá Pitufo en la campaña Petro. “El tema del señor Pitufo comenzó con Benedetti”, afirmó en la reunión pública. 

Aunque el presidente Petro, había considerado uno de los mayores éxitos de su gobierno ese Consejo de Ministros, hoy lo lamenta, aunque muchos dicen que lo repetirá.

A este gran escándalo se suman todos los que se van conociendo minuto a minuto, con las kilométricas listas de políticos que quisieron, al igual que Papá Pitufo -y Juan Fernando, hermano del presidente- usufructuar el nuevo gobierno.

Es casi normal en Colombia que las campañas políticas reciban apoyos monetarios, legales e ilegales, siempre y cuando estos lleguen al candidato, y este se entere de quién fue ese benefactor, que luego cobrará dividendos. Sin embargo, el presidente Petro ha dicho, jurado y repetido, primero que desconocía la procedencia de 500 millones de pesos de Papá Pitufo, a quien no conoció y al que finalmente le fue devuelto ese dinero. Dicen que hay fotos o videos que lo corroboran, pero que no han aparecido.

Los escándalos se mantienen, para darle sepultura al tema del narco traficante y contrabandista Papá Pitufo, y otros se avivan para ocultar tantas cosas a las grietas del establecimiento.

Por ejemplo, los misiles para atentar contra el jefe de Estado, el tal golpe blando de la Corte, si declara inconstitucional la reforma pensional, disimular, solapar y camuflar los duros golpes de la subversión a la tercera parte del país que tiene amenazada, la crisis ministerial, los viajes placenteros a lejanos países, mientras el país se desbarajusta. Y hay muchas cosas más,

Hay, por ejemplo, que analizar lo que pasa con la salud. Las largas colas para recibir atención, cosa que no se registraba antes, aunque se quiera “retroespejiar” a gobiernos anteriores.

Ocultar la arrodillada que aplicó la Corte Constitucional a Petro y a su consejero Jaramillo, a quienes obligó obedecer sus órdenes de girar los dineros que tienen que devolver a la salud, para salvar vidas y aliviar a millones de colombianos. Ya van más de 48 horas y aún se han cumplido los plazos que les dio la Corte. “Le están mamando gallo”, como decía Gabo. Están “capando cárcel”, dicen otros.

El panorama está agrietado y sin cambio alguno.

NEGRO: Nadie entiende a Petro con eso de eliminar la exploración de hidrocarburos, si pudo ver en los Emiratos, como un pueblo puede vivir rico y feliz con esos ingresos. 

NEGRO: El auxilio de $223.000 para 3 millones de adultos mayores pobres, no fue creado por el “cambio”, está desde la ley 100.      

Bogotá, D. C, 20 de febrero 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.