Opinión

Si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.

Por José G. Hernández*.- ¿Las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos -en especial los domiciliarios- están por fuera del control estatal?

Definitivamente, no. El Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, que tiene la obligación de garantizar que, en condiciones de igualdad real y efectiva, todas las personas y familias tengan acceso a los servicios públicos, que se deben prestar con eficiencia y continuidad. Desde luego, deben ser pagados por los usuarios, pero las correspondientes tarifas no pueden ser fijadas de manera arbitraria por las empresas prestadoras, sino que han de ser establecidas según costos justificados y con arreglo a fórmulas de cálculo autorizadas por los organismos oficiales competentes, como lo son las comisiones de regulación legalmente previstas.

Además, la Corte Constitucional ha advertido que tales servicios serán prestados "en beneficio de la comunidad", entendida como un todo. Según la jurisprudencia, se consagra un principio de solidaridad que impone “tomar en cuenta los distintos estratos sociales que participan como usuarios de los servicios públicos, según su capacidad económica, para establecer un régimen tarifario diferencial, que consulta una función redistributiva del costo de los servicios, de acuerdo con la capacidad económica del usuario del servicio, para evitar que sea igual la tarifa para los sectores más ricos de la comunidad que para los más pobres, con lo que se impide que una mayor proporción de la riqueza se concentre en pequeños segmentos de la población, mientras que las grandes mayorías asumen el mayor costo de los servicios”. (Sentencia C-580 de 1992).

El artículo 78 de la Constitución dispone: “El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos”.

Por otra parte, al tenor del artículo 370 de la Constitución, “corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Lo propio señala el artículo 189, numeral 22: “Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.

La Ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y dispuso: “El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política”. Entre otras finalidades, para “establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos, de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”.

El artículo 9 de dicha normatividad legal señala que los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a “obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora”.

Y, sin duda alguna, si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.

Bogotá, D. E, 19 de febrero de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

¡Que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!

Por Amylkar D. Acosta M*. - “Luz, más luz!: Goethe.                                                                                               

Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa esta que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata, entonces de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.

Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo. Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era la Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.

Aunque el concepto de energía es genérico se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables, como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan, podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.

La energía se rige por dos principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el principio de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.

El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa o consume y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).

Desde luego la electricidad tiene una gran relevancia  y representa el 20% del consumo final  de la energía a nivel global y se estima, según la Agencia internacional de energía, que representará el 27% hacia el año 2030, con tendencia a ganar en participación en la matriz energética merced a la Transición energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Bien dijo el profesor de Historia económica de The University of Sydney Robert Gordon, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”. Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una 1 hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º  día morirían los pacientes que requieren diálisis.

Y volviendo a la energía, no le falta razón al reputado economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!

Bogotá, febrero 15 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Cali ha venido perdiendo varios de los elementos del civismo que la caracterizaba. Esa es la conclusión de la quinta medición del capital social realizada en 2023 por la Corporación para el Control Social (CONTRIAL) con la metodología del Barómetro de Capital Social (BARCAS), con la cual desde 1997 se han hecho 5 mediciones del Capital Social en 6 ciudades colombianas -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

En sociología se define el capital social como el conjunto de redes, normas, valores y relaciones de confianza que existen dentro de una sociedad y facilitan la cooperación y la acción colectiva. Es un conjunto de recursos intangibles que permiten a las personas y los grupos trabajar juntos y generar beneficios tanto individuales como comunitarios, promoviendo la cohesión social y el desarrollo económico.

El BARCAS incluye cuatro componentes: uno, el Tejido Social que se refiere a los vínculos sociales que unen a los ciudadanos y a la organizaciones que articulan a la sociedad; dos, el Capital Público, es decir las formas de participación cívica y política; tres, la Confianza Institucional y el Control social sobre el Estado; cuatro, la Fe en Fuentes de información no validadas (que es un elemento negativo).

Los resultados de la medición de esos factores en la ciudad de Cali a mediados de 2023 muestran tendencias que merecen ser analizadas. El más preocupante es la caída del indicador de Tejido Social, que comparado con la medición de 2017 pasó de tener un valor positivo de 0,22 a uno negativo de -0,21, mientras que a nivel nacional tuvo una ligera mejoría en los mismos años. En 2023 solo Bogotá registraba un valor más bajo para su tejido social, mientras que 6 años antes Cali superaba a las otras 5 ciudades

El estudio de CONTRIAL explica esta caída por “la pérdida de Solidaridad general y el aumento de Oportunismo, con la expresión “en lugar de preocuparse porque las reglas se apliquen a todos por igual, uno mejor ve cómo salirse con la suya”. También hay una pérdida de Solidaridad horizontal (ayuda de amigos, parientes, vecinos, la disminución de la frecuencia en que las personas se reúnen con los vecinos, y la pérdida de Solidaridad vertical y el aumento de la Atomización”.

Otro resultado interesante es el aumento de la confianza en los medios y en las instituciones que hacen control sobre el Estado, pero se da junto con unos valores muy bajos en la confianza en los gobiernos departamental y municipal, en la administración pública, en el sistema legal y en las cortes, en el Congreso y los partidos políticos.

No hay espacio para comentar todos los resultados de la medición de Capital Social, pero el estudio es público y debería ser objeto de análisis de académicos y políticos para entender qué ha pasado en Cali, y sobre todo buscar soluciones que permitan continuar el proceso de mejoría que ya se siente en la ciudad.

Cali, 16 de febrero de 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva?

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Hablar del poder regulador del libre mercado es sacrilegio para la izquierda, como hablar de economía centralizada por el gobierno es sacrilegio para quienes defendemos la libertad de emprendimiento dentro de unas normas compartidas. De ahí la importancia de que esas normas conserven el equilibrio entre la regulación necesaria y la mayor libertad posible.

En esa delicada línea se mueven las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, creadas en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, modificando el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.

Como dicen por ahí, “nada tiene que ver el caldo con las tajadas”, y una cosa es el ordenamiento territorial, que obliga y es competencia de los municipios desde 1997, y otra muy diferente el ordenamiento del uso del suelo dentro de la frontera agrícola, que se incluye como nuevo determinante de los POT, con carácter de “norma de superior jerarquía”, obligatoria para los municipios y los privados.

El revuelo se armó en el suroeste antioqueño, al punto que el gobernador anunció demandas a la resolución que vulnera la autonomía local y regional. Si me preguntan, lo que debería demandarse es el artículo 32 del Plan de Desarrollo, porque vulnera, además, la libertad de emprendimiento, uno de los fundamentos de la economía de mercado.

¿Qué pasa si tengo un predio en una APPA, pero no quiero sembrar alimentos, sino flores, o establecer una cría de caballos, porque me gustan y son un buen negocio? ¿Qué pasa si una APPA establece limitaciones a la ganadería? No es imposible, dadas las narrativas tendenciosas en su contra: que es causante del cambio climático, que el uso de tierra en ganadería es improductivo y debería orientarse a sembrar alimentos -la preferida del presidente Petro-, o simplemente, que hay mucha tierra en ganadería.

¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva? Es el mercado, estúpido, como diría Clinton. Hace 60 años la Sabana de Bogotá estaba sembrada de cebada hasta que el precio y la calidad de la importada desplazaron la producción nacional y hoy tiene flores… y ganadería de leche. El sur del Cesar y Bolívar estaban sembrados de algodón, hasta que fue desplazado por el “COTTON USA” y hoy esas tierras… son ganaderas. En inmensas extensiones de la Orinoquia, a las grandes carencias del abandono se suma la baja calidad de la tierra, que no permite sino… ganadería extensiva, y la reconversión requiere de inmensas inversiones, imposibles sin una política seria de adecuación de tierras.

Además de la libertad, por supuesto… ¡es el mercado! Por eso las APPA no pueden incidir por norma obligatoria en la vocación productiva de una región, de un municipio o de una persona, que tome decisiones de uso de la tierra en el marco de la legalidad y dentro de la frontera agrícola.

En un campo sin las enormes carencias que hoy sufre, otra cosa sería que el Gobierno promoviera, no impusiera, la creación de clústeres, como los frutícolas en California o Chile, o para no ir tan lejos, como los lecheros en el oriente antioqueño y el altiplano cundiboyacense, que existen a pesar de un difícil mercado imperfecto de muchos vendedores y pocos compradores, que podría neutralizarse si el Gobierno, entre otras medidas, fomentará la ampliación de la capacidad pulverizadora.

Para 2026, cuando se liberen las importaciones de leche desde Estados Unidos, con APPA o sin APPA, y sin que el gobierno haya tomado medidas para evitarlo, habrá un desplazamiento hacia otras actividades en las regiones lecheras.

¡Dios no lo quiera!, pero al final… es el mercado.

Bogotá D, C. 15 de febrero de 2025

Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero.

Por Gabriel Ortiz*. -El presidente Petro ha patentado las crisis, de las cuales es campeón mundial, razón por la cual nadie sabe hoy, dónde se encuentra, ni qué piensa, quiénes lo acompañan, lo siguen, lo entienden y mucho menos hacia dónde conduce este país atónito, perplejo y patidifuso.

Su permanente desorientación lo despierta, cada mañana, con una X volantona, que le “martilla” la mente hasta el paroxismo y el arrebato para odiar, insultar, desconocer virtudes y rectitudes.

Hace 29 meses los colombianos que lo eligieron, y aquellos que se abstuvieron, pero respetaron el mandato de las mayorías, abrigaban la esperanza de gozar y vivir en un país en paz, prosperidad, equidad, respeto y grandes desarrollos colectivos. Esos anhelos se ven cada vez más lejanos, porque su mandatario y quienes lo acompañan en las alturas del poder, no han entendido el clamor de 50 millones de compatriotas.

Se invierten millonadas en “bodegas”, medios super controlados, equivocadas peroratas ante pocos o muchos manifestantes y las últimas apariciones en TV frente a sus ministros en las que pueden observarse las acciones de un mandatario y sus subalternos con caras tétricas y horripilantes. El desbarajuste deja al descubierto claras divisiones entre quienes manejan el poder.

Este pueblo, estos habitantes, petristas y no petristas, que habitan -si pudiera decírsele a esto habitar- en Colombia, están hastiados de la situación que soportan todas las arbitrariedades y transgresiones desaforadas ahora por la invasión de las guerrillas que manejan más de la mitad del territorio nacional.

Hoy no se sabe si hay gobernante, pues el elegido se mantiene en el aire. Es un viajero incansable a costos estrambóticos, mientras su gabinete está sin brújula y al garete. El último periplo, el de Dubai, según los expertos fue de poca monta, prescindible, innecesario y aburridor.

Por todo ello, nuestro desarrollo y progreso están por el suelo, debido al despilfarro, la tolerancia y flameante corrupción, ante la ausencia de controles y controladores.

Se calcula que los desplazados y confinados alcanzan a 8 millones de habitantes, que deben obedecer al ELN, Clan, disidencias, Marquetalias y pequeños grupúsculos que aparecen a diario asesinando población civil, niños y líderes. Destruyen escuelas y cuanto encuentran.

Entre tanto las tropas de nuestro ejército están solas y desfinanciadas, mientras las guerrillas reciben millones por producción de coca, oro, vigilancia de cultivos ilícitos y mantenimiento de los corredores para enviar al mundo la coca del “cartel de los soles”, del ejercito venezolano.   

El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero. Pero entre tanto solo se piensa en tributos extraordinarios para atender a la conmoción interior decretada para el Catatumbo. Son urgentes esos recursos, pero deben atender al resto de zonas que se encentran en iguales condiciones, como las del Chocó, Cauca, Nariño y parte del Valle.

Y ahora, antes de regresar del lujoso viaje a Dubai, tiene trabajando a su ¿ministro? de Hacienda sobre una nueva reforma tributaria para atender los derroches.

Esta democracia, estas libertades y este deseo de patria decorosa, digna, equitativa y próspera, reclaman un verdadero cambio.

BLANCO: Con todo éxito el CPB celebró y premió a los periodistas en su día. José María Bolaño el Presidente de la entidad, se lució con un evento que reunió a destacadas personalidades y a lo más destacado del gremio. Felicitaciones.

NEGRO: Nadie entiende los cambios en la dirección de la policía, por oficiales retirados. Es un completo despropósito con quienes van cumpliendo con sus ascensos.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.        

Pretenden obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria, y por eso los recortes que el gobierno presentó fueron inconvenientes y dolorosos.

Por Paloma Valencia Laserna*. -El Comité de la Regla Fiscal alertó, con cálculos preliminares, que el gobierno de Petro rompió la regla fiscal. Es una noticia grave para Colombia, pues puede significar nuevas caídas en la calificación de la deuda, y anuncia peligrosas consecuencias para la nación. Podríamos enfrentar inclusive problemas de caja.

Para el año 2024 el gobierno sobrepasó el gasto primario en más de 9,7 billones sobre lo estimado en el marco fiscal. Además, habría proyectado más de 10,8 billones de ingresos tributarios que nunca se obtuvieron. El gobierno acumuló un déficit del 6,8% del PIB. Además para ocultar un gasto de 32 billones, el gobierno usó las “transacciones de única vez” de una manera abusiva.

La regla fiscal tiene flexibilidad para atender situaciones exógenas que alteren la economía. Por ejemplo, tiene en cuenta el “ciclo petrolero” que permite mayor gasto cuando el precio del petróleo es bajo en comparación con años anteriores y tiene en cuenta el “ciclo económico” cuando el crecimiento de la economía afecta los ingresos del país. La regla también se flexibiliza cuando situaciones únicas suceden. Por ejemplo, en 2023, cuando la Corte Constitucional tumbó “la no deducibilidad de regalías”, los 2,3 billones entraron como “gastos de única vez”.

Sin embargo, el gobierno ha pretendido abusar de esta flexibilidad. En 2024, el gobierno clasificó 31,6 billones como “transacciones de única vez”; 25,7 billones por una “caída no anticipada del recaudo”. Sin embargo, los expertos consideran que no es justificado. El ciclo económico ya tiene en cuenta la caída de los ingresos, más aún cuando fue una decisión de gobierno aumentar los anticipos.

Hemos alertado desde 2023 sobre el derroche burocrático del gobierno. El presupuesto para 2025 que el gobierno sacó por decreto (pues el Congreso lo rechazó) tiene la misma línea y el gasto burocrático siguió creciendo. Sin embargo, el gobierno no quiere cortar burocracia. El recorte presupuestal de 12 billones que tuvo que hacer (porque el Congreso le rechazó los nuevos impuestos de la reforma tributaria) no toca los excesos de gasto en burocracia.

Los recortes fueron hechos con un criterio extorsivo. Pretenden obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria, y por eso los recortes que el gobierno presentó fueron inconvenientes y dolorosos. Petro decidió quitarle 785 mil millones a nuestras Fuerzas Armadas (en medio de la crisis del ELN y las disidencias en el Catatumbo). Le quitó 211 mil millones al sistema de salud para agravar el déficit de más de 18 billones. Quitó más de 2 billones a proyectos de inversión de infraestructura como el metro de Bogotá, el RegioTram de Cundinamarca y mantenimiento de carreteras como Cúcuta-Alguaclara o Huila-Cauquetá.

Si nos quejamos de esos recortes, nos dicen que debemos aprobar una nueva reforma tributaria. Más grave aún, la CARF estima que hace falta un recorte adicional por 50 billones.

No logro entender cómo un gobierno que ha tenido los presupuestos más grandes de la historia, que sacó una reforma tributaria de más de 17 billones que se pagan cada año, se encuentre corto de recursos. Solo ejecutó el 57% de su presupuesto en inversión (2024), y así, sin inversión, Colombia tiene hoy el mayor déficit de su historia (sin contar con los años de pandemia).

Hace un par de semanas, el gobierno sancionó su acto legislativo para que en los próximos 12 años los recursos que reciben las regiones del presupuesto general de la nación pasen del 23,8% al 39,5%. Esto genera la mayor preocupación. Se romperá el ancla de deuda pública del 55% del PIB. Es una irresponsabilidad fiscal. Es por esta razón que lo demandé ante la Corte Constitucional, con la esperanza de que esta locura fiscal no siga propagándose.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2025

*Senadora del Centro Democrático.

Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa.

Por José G. Hernández*. -Los avances de la tecnología, siendo muy útiles para la comunicación entre las personas, no pueden sustituir o hacer inútiles las normas constitucionales o legales, ni reemplazar a los jueces en el ejercicio de su función. Es decir, un “trino” -como se llamaba antes- o un “post” -como ahora se denomina- no son sentencias, ni pueden tenerse como tales, ni condenar a una persona sin que medie sentencia judicial, ni tampoco afectar sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a su prestigio y reconocimiento social. Infortunadamente, hay “condenas” en muchos casos, y se han convertido en “definitivas”, de manera pública y palpable.

Uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo señala el preámbulo de la Constitución, es la justicia, que, en un Estado de Derecho, debe ser impartida de conformidad con las garantías y derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, al que alude el artículo 29 de la Constitución. Señala ese precepto que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Subrayamos: la declaración que desvirtúa la presunción de inocencia debe provenir de la administración de justicia. De un juez o tribunal competente. No de uno o de muchos mensajes en redes sociales, ni de la inteligencia artificial.

El derecho fundamental a un debido proceso incluye el derecho de defensa y el derecho a la prueba, a la luz y con plena aplicación de las leyes. Debe darse un debate ante el juez o tribunal competente, siempre rodeado el procesado de todas las garantías.

Por otra parte, el artículo 15 superior garantiza el derecho al buen nombre, y en el 21 se asegura el derecho a la honra.

Ha expresado la Corte Constitucional:

“Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a que, en caso de sindicaciones en su contra, no se deduzcan sus responsabilidades sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya podido, cuando menos, exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que la favorecen y controvertir aquellas que la condenan.  La presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones. Es imprescindible esa garantía en orden a preservar otros derechos fundamentales como el de la educación”. (Sentencia T-500 de 1992)

Añade la Corte que la garantía del debido proceso exige “la competencia de la autoridad judicial (…), la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso”. (Sentencia T-520 de 1992)

Así que, en tratándose de procesos penales, tanto el texto constitucional como la jurisprudencia insisten en el carácter esencial e indispensable de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa. Sin garantía judicial alguna. Se violan los derechos.

Bogotá, D. C, 13 de febrero 2025

Expresidente de la Corte Constitucional.

Demasiadas ilusiones rotas deja el fracaso de Petro en la Presidencia. La implosión descontrolada de su Administración es un duro golpe para la izquierda

Por Huber Ariza*. -El 4 de febrero de 2025 marcará la historia política de Colombia como el día en el que el primer presidente de izquierda en 200 años decidió correr las cortinas de la Casa de Nariño, transmitir por televisión, radio y redes sociales un Consejo de Ministros, y mostrarle sin filtros al país y al mundo la opacidad de su mandato, las enormes fracturas de su equipo de trabajo, los resentimientos de la vicepresidenta y varios altos funcionarios con los dos consentidos del mandatario, y, al mismo tiempo, creó la percepción de liviandad de una Administración de ineficientes, despistados e irrespetuosos aprendices, sin dirección ni norte, que han reducido a escombros cualquier posibilidad de reelección de la izquierda democrática en 2026.

Con esa decisión, incomprensible, absurda y hasta ilegal, el presidente Petro ha ratificado su inconmensurable capacidad de autoinfligirse daño, marchitar su prestigio, erosionar la confianza en su Gobierno y someter el resto de su mandato a una interinidad permanente, que en plena campaña presidencial tendrá muy difícil la tarea de liberarse de las etiquetas que él mismo se ha impuesto.

La renuncia del reciente posesionado director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Jorge Rojas, uno de los más afectos amigos de Petro, apenas terminó el Consejo de Ministros, ratifica que el ambiente tóxico político-laboral hace imposible que sobreviva la sindéresis y que todo aquel que intente entrar en razón al jefe tiene como alternativa la calle, a menos que se llame Laura Sarabia, la recién nombrada Canciller, quien con 30 años, sin mayores títulos ni experiencia diplomática, tendrá que enfrentar la etapa más turbulenta de las relaciones internacionales de Colombia en la era de Trump y su política de fuerza, garrote, aislacionismo e imposición de su agenda xenófoba e imperialista.

Durante las seis horas de transmisión del mencionado evento, Petro gastó todo su capital político defendiendo a alguien en problemas con la justicia y sin ningún capital político como Armando Benedetti, su entrañable coequipero de origen santista, a quien puso a su lado por encima de la vieja militancia petrista, comparándolo, incluso, con el fundador del M-19, Jaime Bateman. Un oprobio para la militancia del Eme.

La defensa suicida de Petro a Benedetti ocupará un lugar privilegiado en la memoria de este cuatrienio, y será tema de análisis en las clases de crisis y comunicación política, ocupará un capítulo especial en un manual para matar el sueño de un Gobierno progresista, y alcanzará el nivel de mito urbano, que se enriquecerá cada día con la malicia ciudadana y el veneno de los enemigos del mandatario.

A la dimisión de Rojas le siguieron otras y el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, además, invitó al gabinete a presentar su renuncia para dejar en libertad al jefe de Estado de armar su equipo para enfrentar lo que queda de su período. Con semejante crisis sin resolver se esperan más dimisiones con sabor a destituciones.

Pocas veces en esta Administración ha existido tal avalancha de memes, caricaturas, comentarios e interpretación de lo acontecido. Hay demasiadas aristas de un acontecimiento inédito que ha despertado toda clase de morbosidades y calificativos, y sacudido el tablero político.

Después de la crisis diplomática con Trump, por el episodio de los colombianos deportados de Estados Unidos, que se resolvió con rapidez gracias al excanciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña, quienes evitaron una catástrofe política, social y económica de incalculables consecuencias, no existe hoy un hecho político más sobresaliente en Colombia que el tsunami político generado por el propio presidente, cuyos efectos devastadores se sentirán por décadas, porque se convertirán en esencia de la narrativa demoledora de la derecha, aumentando el desencanto en la izquierda y la polarización interna en tiempos de discursos de odio y xenofobia promovidos por la agenda internacional de Trump, Bukele, Milei, Musk y la caterva de extrema derecha que sacude el planeta.

La tragedia política de la izquierda en Colombia se ha resumido en su canibalismo político, su radicalismo e infantilismo, la incapacidad de gestionar el éxito, y el peso de la guerra interna que durante más de 60 años ha convertido gran parte del país en tierra arrasada, con cientos de fosas comunes, miles de desaparecidos forzados, millones de desplazados internos, miles de ejecuciones extrajudiciales. El exterminio de la Unión Patriótica y los 6.402 falsos positivos son el sello de la tragedia humanitaria colombiana.

La mala hora de Petro es un duro golpe para la izquierda democrática. Su elección significó una luz de esperanza para la modernización democrática, la reconciliación, la justicia social y la lucha contra la corrupción en un país dominado por décadas por la derecha, anclado en la inequidad, la cleptocracia y la guerra, incapaz de cumplir los acuerdos de paz suscritos con las FARC en 2016.

El reconocimiento del incumplimiento de sus promesas de campaña y de su Plan Nacional de Desarrollo, en el mencionado Consejo de Ministros, ratifica que una cosa es hacer oposición y movilizar el país en el estallido social, durante el Gobierno de Duque, o denunciar el paramilitarismo en el Congreso, y otra muy diferente es ejercer el poder, liderar, hacer equipo, convocar el país a la unidad nacional, planificar, actuar, evaluar y demostrar resultados. El Petro opositor, firmante de paz, ideológicamente nunca se ha desmovilizado, se ha radicalizado en su doctrina y desde la Casa de Nariño, como presidente, ha inmovilizado a su propio Gobierno, minando la confianza ciudadana y cerrando espacios electorales de cara al 2026. Pensar hoy en la unidad nacional alrededor de la agenda de Gobierno es, sencillamente, una utopía.

Demasiadas ilusiones rotas deja el fracaso de Petro en la Presidencia. La implosión descontrolada de su Administración es un duro golpe para la izquierda y la antesala de una campaña presidencial marcada por el radicalismo de mandatario, retando a Trump, marchando en contravía como el último Aureliano, buscando martirizarse como Allende o encarnar el pueblo como Gaitán, tratando de imponer su ideario con un nuevo equipo sumiso a sus caprichos. En su camino encontrará a una derecha revanchista impulsada por los nuevos aires del trumpismo, y un centro político que aún no reacciona ni define el liderazgo capaz de asumir las riendas del reto electoral de 2026. A más de un año de las elecciones del Congreso y las presidenciales, el panorama político es demasiado incierto y hay mucha arena movediza en el camino hacia el poder.

El ganador de las próximas elecciones pareciera aún no estar en campaña, porque quienes gravitaban en las encuestas hasta el 20 de enero pasado, día de la posesión de Trump, tendrán que replantear sus estrategias ante la avalancha de acontecimientos globales que impactan la agenda nacional, lo que demuestra que nada está definido, que falta demasiada agua por correr debajo del puente y que los temas que decidirán el voto en Colombia cambian día a día. Hasta hace unos días era la economía, luego la guerra, ahora la defensa de la democracia, amenazada desde muchos frentes.

Nada garantiza el regreso de la derecha, pero tampoco se ve un milagro que resucite a la izquierda. Con un mundo agitado en el que Trump cada día se inventa una nueva guerra comercial, quiere rediseñar un nuevo orden internacional a su imagen y semejanza, y la estabilidad del vecindario tambalea, es imposible anticipar cuál será el ambiente político que definirá el voto de los colombianos. Lo que sí es seguro es que el eco de la implosión no controlada del petrismo se escuchará por largo tiempo.

Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente con dramáticas hambrunas en los regímenes comunistas que la impusieron?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. -Los lectores habrán quedado “en Babia” con el título de esta columna, y aún más si les cuento que las APPA hacen parte de las AEIPDHA, que son, para empezar a desenredar, las “Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación”, en tanto que las APPA son las “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos” y las ZPPA, “Zonas de Protección para la Producción de Alimentos” son apenas una etapa preliminar de las anteriores. Un galimatías…, ganas de enredar, dirían las abuelas.

Pues bien, más allá del rifirrafe divulgado por los medios, entre el gobernador Rendón y las ministras Carvajalino y Muhamad, por el lanzamiento de la ZPPA del Suroeste antioqueño, cabe recordar que la creación de estas “Áreas” hace parte del compromiso del presidente con el Acuerdo con las Farc, germen de muchos de nuestros males de hoy, para lo cual utilizó nuevamente la Ley del Plan, como hizo con el famoso artículo 61, en un primer intento -ya van tres- por despojar a los propietarios de recursos judiciales en procesos de expropiación de tierras y extinción de dominio.

En este caso el Gobierno modificó la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para el Ordenamiento Territorial, para incluir las APPA como uno de ellos, aunque es claro que su objetivo no es el ordenamiento territorial, sino el de la producción agropecuaria, lo cual no solo lesiona la autonomía local y regional, sino la libertad del individuo para elegir la orientación de su actividad productiva dentro de los límites de la frontera agrícola.

Ese era el alegato del gobernador, mientras las ministras insistían en que el objetivo es la protección de los suelos y la Resolución de la ZPPA no es un determinante ambiental ni productivo, sino apenas un referente, lo cual es cierto durante dos años máximo, después de los cuales el Ministerio establece oficialmente la APPA, que sí es vinculante para los municipios, los departamentos y los individuos, e incorpora “dentro las categorías de protección del suelo rural las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales”.

En una lectura rápida del documento de la UPRA que soporta la resolución -casi 600 páginas- me quedaron preguntas: ¿Es confiable su determinación de áreas si 14 de los 22 municipios tienen retrasos catastrales superiores a 10 años? ¿En un entorno de satanización de la ganadería desde el Gobierno mismo, como un uso improductivo de la tierra, será objetiva la determinación de uso si en la mayoría de los municipios la destinación en pasturas es del orden del 50%? De hecho, la ministra Carvajalino descalificó a la ganadería con acusaciones infundadas de deforestación, cuando dijo que “…tienen que invertir millones de pesos en talar una hectárea para poner una vaca”. Finalmente, si un productor cambia de actividad agropecuaria atendiendo los designios de la APPA y fracasa, ¿quién responde?

En una reciente mesa de expertos, la ministra invitaba a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras para distribuir y el Acuerdo con Fedegán para compra directa está quedando atrás por falta de recursos. ¿Qué le queda? La expropiación administrativa y la extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra, calificado fácilmente a partir de las determinaciones de uso de las APPA. No son en vano los intentos para dejar sin recursos judiciales a los propietarios y facilitar, sobre todo, la extinción de dominio, que le saldría gratis al Gobierno.

Más grave aún: ¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente con dramáticas hambrunas en los regímenes comunistas que la impusieron?

Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2025

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

La dignidad de toda Colombia fue arrastrada hasta el infinito por un presidente que aún no sabe a qué lo pusieron.

Por Gabriel Ortiz*. - El 4 de febrero, Petro quedó retratado de cuerpo entero y desprestigiado ante quienes llamaba “su pueblo”, que ahora lo considera “un promesero sin preparación, ni conocimientos para dirigir los destinos de nuestra patria”.

Fue uno de los alumnos que escogió Chávez para introducir dictaduras y mandatos que llamaba “progresistas”, en todo este continente.

El presidente Petro, tras su salida en falso y arrodillada ante Trump, despertó al sueño o desquicio. Entre tanto Laura, Murillo y García-Peña, le dieron “golpe blando noble y leal”. Gracias esfuerzos infrahumanos lograron atenuar, mas no superar las sanciones anunciadas. Esa crisis nos llevaría al abismo, pero ellos rogaron a las fuerzas políticas, diplomáticas y gremiales, intervenir para guarecer al gobierno y redimirlo.

El gobernante demostró nuevamente su carencia de equilibrio, cuando echó mano a la X, para desacreditar la acción de sus salvadores y con toda terquedad atizar la crisis.

Así continuó su acción camorrista por todas partes y contra todo lo que se le ocurra.

Este martes mancilló la dignidad del país, cuando convocó un improvisado consejo de ministros. Como cualquier “matrona” regañona empezó la sesión regañando y vituperando a los ministros asistentes que llegaron tarde. Nadie iba preparado, ante la premura del evento. Luego reveló a su pueblo, que su gobierno solo había cumplido 45 de las 195 que prometió cuando fue elegido. Luego se dirigió con el mayor desprecio a las negritudes, como lo hizo con el Presidente de la Corte a quien descalificó por ser conservador. Dijo que muchas obras, solo se practicaban a las regiones de los blancos, que para los negros no había nada. Igual se refirió a los indígenas y desde luego a los pobres, a quienes inunda con los mensajes y promesas a través de las 5.000 y más bodegas que paga su gobierno.

A cada ministro le fue tomando la lección y reclamándole por no cumplir sus órdenes. Ellos, hasta la Vicepresidenta, explicaron sus gestiones, que Petro desconocía. Quedó como cualquier ignorante, incapaz e inepto.

Entre tanto, se agitaba una crisis, malestar e incomodidad en el recinto, por la presencia de Laura, la nueva Canciller y Armando Benedetti, nuevo “mandamás” de ministros. Todos los presentes repudiaron a estos funcionarios. El de salud, culpable de la recesión y ruina de la salud, pasó de agache. Durante las seis horas, el presidente Petro, no ahorró vocablos, querellas e insultos a quien se le ocurría, más en ningún momento demostró sabiduría o conocimiento de lo que ha adelantado su gobierno, “porque nada ha hecho”, expresaron los asistentes. Prueba de ello, son los 100 billones del presupuesto que no se utilizaron en el 2024.

La dignidad de toda Colombia fue arrastrada hasta el infinito por un presidente que aún no sabe a qué lo pusieron. La situación general, la guerra que amenaza a todos sus habitantes, el fracaso de paz total y multiplicación de la guerrilla, el reclutamiento de niños, las obras de mala calidad y a medio empezar, la aplastante corrupción y todo lo que nuestra vista alcance, constituyen los alcances de tres años del gobierno Petro. Pero ya el pueblo, según él, lo adora, lo está es, midiendo.

BLANCO: El fallecimiento del político, abogado y amigo, Gabriel Melo Guevara. Dios lo tiene en su gloria.

NEGRO: El duro golpe de Petro a Ecopetrol, con venta de operación Fracking.     

Bogotá, D. E, 8 de febrero 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.