Opinión
Con este paso que ha dado el Presidente Trump pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos, el que firmó con Colombia
Por Amylkar D. Acosta M*. - Paradójicamente el “Día de la liberación”, como fue como catalogó el Presidente Donald Trump el 2 de abril fue la ocasión propicia para anunciar las más drásticas medidas de protección al mercado interno de los EEUU. Adujo que “ante la implacable guerra económica que enfrentamos, nuestro país ya no puede continuar con una política de rendición económica unilateral. En mi opinión este es uno de los días más importantes de la historia porque es nuestra declaración de independencia económica”. Y a su juicio ello atentaba contra la estabilidad económica, el empleo y la seguridad nacional, razón que esgrimió para la declaratoria de la Emergencia Nacional y amparado en esta echó mano de la Ley de poderes económicos (Ieepa), que inviste al Presidente de las facultades para expedir ordenes ejecutivas tendientes a conjurar los daños que ello podría infligirle a la Nación.
Procedió, entonces, el Presidente a expedir la orden ejecutiva mediante la cual procedió a gravar las importaciones a los EEUU con aranceles de un 10% como tarifa general y global, al tiempo que impuso otros denominados “recíprocos” o “equivalentes”, lo que en la práctica no es más que un arancel punitivo, aplicable a aquellos países con los que la balanza comercial es deficitaria o le han establecido barreras al acceso de sus exportaciones, destacándose entre ellos China y Vietnam, que han sido los países que han llevado la peor parte, con gravámenes del 54% y 46%, respectivamente. Según él, con ello se propone cerrar la brecha del desbalance comercial en su contra, la cual supera los US $1.3 billones!
Ha sido enfático el Presidente Trump al afirmar categóricamente que con esta ofensiva arancelaria, “empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado y violado. Hace 4 años no se oía hablar de nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años, pero no va a suceder más”. Desde luego, es claro que las barreras arancelarias impuestas son un arma de doble filo, ya que, como lo establece la tercera Ley de Newton, toda acción da lugar a una reacción igual y en sentido opuesto, de tal suerte que esta confrontación de los EEUU con sus socios comerciales puede conducir a lo que dijo Gandhi de la ley del talión: “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.
Es claro que con este paso que ha dado el Presidente Trump este pateó el tablero y de contera está transgrediendo y violando los TLC suscritos, entre ellos el que firmó con Colombia, lo que le valdrá, muy seguramente denuncias ante una Organización Mundial de Libre Comercio (OMC), totalmente inoperante, por parte de los países afectados. Según Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rimón, las demandas por violación a los tratados internacionales de comercio y la controversia que ello puede suscitar difícilmente prosperarán, dado que “el órgano de apelaciones (Ciadi) quedó bloqueado porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento y reemplazo de los miembros del órgano en la medida en que se han ido venciendo los períodos”. De manera que esta vía está bloqueada.
Pero, ello no es óbice para que China y la Unión Europea, especialmente contemplen medidas retaliatorias en respuesta a la ofensiva proteccionista del Presidente Trump. China, además de establecer un arancel a las importaciones provenientes de los EEUU del 34% ha ordenado restringir sus exportaciones de minerales raros y críticos, como también sobre cinco metales críticos, como lo son el tungsteno, el telurio, bismuto, indio y molibdeno, esenciales para la y asumió además el control de las tierras raras, poniendo en aprietos a la industria tecnológica.
Por su parte Úrsula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, dejó en claro que “los aranceles universales anunciados por el Presidente Trump son un duro golpe a la economía mundial. Lamento profundamente esta opción”, el bloque de los europeos está “preparado para responder…Nos estamos preparando para más contramedidas, para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si las negociaciones fracasan”. La tensión en sus relaciones con EEUU viene escalando y ahora con más veras y su esperada respuesta la exacerbará aún más.
A Colombia, no obstante que sólo la cobija la tarifa general de un arancel del 10%, según estudio de Corficolombiana sobre su impacto, en el Índice de vulnerabilidad comercial frente a EEUU, se ubica en el segundo lugar (54.5) después de México (66.7). Y no es para menos, ya que el 33.7% de sus exportaciones tiene a los EEUU como destino y el 26.8% de las importaciones provienen de la potencia del Norte.
No se puede perder de vista tampoco que el 27% de los insumos del aparato productivo de Colombia viene de los EEUU y ellos, muy seguramente se encarecerán tanto por cuenta de la devaluación del peso con respecto al dólar que se ve venir a consecuencias de la guerra arancelaria, sino porque los aranceles aplicados a las importaciones estadounidenses, además de desacelerar el crecimiento de su economía disparará de nuevo la inflación, con un alto riesgo que ello derive en una estanflación generalizada, afectando de paso la demanda por los productos exportados desde Colombia. De hecho, según el Banco J P Morgan Chase, la posibilidad del advenimiento de una recesión global pasó del 40% al 60% a consecuencia de los desvaríos de la agresiva política comercial de la administración Trump. Este es un gran desafío para Colombia!
Cota, abril 5 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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La carga de la prueba la tiene la acusación, no el procesado. Nadie tiene que probar su inocencia. Se la tienen que desvirtuar con pruebas.
Por José G. Hernández*. - La semana pasada, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -España- revocó por unanimidad una sentencia mediante la cual se había condenado al futbolista Dani Alves a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de agresión sexual a una joven, a finales de 2022, y, en consecuencia, lo absolvió.
A propósito de ese fallo, según el cual, de las pruebas examinadas no se pudo concluir la comisión del delito, ni que se hubiesen superado los estándares necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, se ha generado un debate por parte de líderes feministas, quienes afirman que los magistrados ignoraron el derecho a la credibilidad de la mujer denunciante.
En discurso público, la primera vicepresidenta del gobierno español, María de Jesús Montero, no tuvo inconveniente en una infortunada afirmación: “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres…”.
Sin entrar en el caso concreto, ni afirmar una u otra cosa sobre los acontecimientos materia de proceso, sí vale la pena insistir en que la administración de justicia no puede condenar a nadie sin haber aplicado a cabalidad el debido proceso; sin haber examinado las pruebas correspondientes, ni partiendo del supuesto de la culpabilidad, llevando al sindicado a tener que demostrar su inocencia.
La presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de Derecho. No se puede ignorar con argumentos políticos o ideológicos.
La carga de la prueba la tiene la acusación, no el procesado. Nadie tiene que probar su inocencia. Se la tienen que desvirtuar con pruebas.
Según el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.
El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
El artículo 29 de la Constitución colombiana, que consagra el derecho fundamental al debido proceso, proclama expresamente este principio: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.
Son garantías que se deben preservar en toda democracia, para la realización de una verdadera justicia, sin interferencias políticas ni ideológicas.
Bogotá, D. C, 2 de abril 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional
No castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades. Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - “Denunciamos enfáticamente la campaña comunicativa que busca estigmatizar y denigrar a nuestra senadora Sandra Ramírez, a partir de señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte de Caracol Radio”. Así reza el comunicado del Partido Comunes, frente a la entrevista que Saray Giraldo le hizo a Daisy, quien hoy tiene 38 años, pero cuando era una niña fue reclutada por las Farc y abusada durante tres años.
¿Señalamientos y acusaciones sin fundamento? Así califican los honorables senadores sin votos el testimonio desgarrador de una mujer que, siendo niña y sin recuperarse del dolor por la separación de su familia, en su primera noche en las Farc, ¡a los 11 añitos!, le fue implantado por la fuerza un dispositivo intrauterino, la “T de cobre”; y sin recuperarse del dolor físico de semejante intervención, días después empezó a ser violada por los comandantes.
“Venimos por la muchacha…, o la entrega o le pegamos un tiro” fue la amenaza de Jair, comandante del frente 28. Es el último recuerdo de niñez de Daisy, y el comienzo de una vida que, en sus palabras, las Farc le destruyeron; una vida de privaciones, de frustrante indignación por la falta de reconocimiento como víctima y de una justicia que castigue a sus victimarios; una vida sin verdad ni reparación alguna. Sus abusadores están en el Congreso…, ella es empleada doméstica, bregando por sacar adelante a cinco hijos, sufriendo la peor revictimización, la del olvido…, la del abandono de una sociedad indolente.
“La conocí en San Vicente del Caguán (…) hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba, nos mandaba amarrar y hacía consejo de guerra a la niña que no quisiera”. ¿A quién se refiere Daisy? A Griselda Lobo, la honorable Sandra Ramírez, por quien el Partido Comunes se rasga las vestiduras y sale en indignada defensa.
“Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado… Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba las niñas, los domingos y los miércoles…, porque esos días eran los de tener sexo”. ¡Qué organización la de las Farc!
Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.
Indolente sociedad la que no hace de este testimonio, de los cientos de la Corporación Rosa Blanca y de los miles de historias como la de Daisy, 18.677 según la propia JEP, un motivo de rechazo multitudinario, sino que los deja pasar como una noticia más, en la era de los derechos de los niños, convertidos con indolencia en bandera política y nada más.
Indolente sociedad la que sigue tragándose el cuento de Santos y las Farc, jurando que las víctimas eran el centro de las negociaciones y del Acuerdo. Pregúntenle a Daisy. Indolente sociedad que no castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades. Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.
Como desgarrador es el testimonio de Daisy, cínica es la reacción de estos criminales en defensa de la “honorable Griselda”. “Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso”. No lo digo yo…, lo dice Daisy.
Bogotá, D. C, 31 de marzo 2025
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
¿Qué la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Se habla mucho del mandato popular que se le confiere al presidente o a los congresistas. Pero no se encuentra en la Constitución ninguna norma que así lo indique. En la de 1886, el artículo 105, era muy claro en asegurar la independencia de los miembros del Congreso y en establecer que en sus votaciones solamente deberían consultar la justicia y el bien común. Expresamente se negaba la existencia de un mandato. La Constitución de 1991 en su artículo 133 mantuvo este principio. La ley de bancadas permite que los partidos establezcan en casos puntuales un mandato a sus congresistas.
La consulta nacional puede llegar a generar un mandato para el Congreso y para el presidente, lo cual confirma que no existe el mandato del cual una y otra vez se habla. El obtener la mayoría en una segunda vuelta no confiere un mandato limitado ni ilimitado. Otorga si un cargo que es el de Presidente de la República, jefe de Estado, jefe de la administración pública con unas funciones especificadas en la misma Constitución. Su ejercicio está controlado por diversos órganos del poder público, principalmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y por algunos organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República o el propio Congreso.
En esencia, todo esto quiere decir que no hay sino un mandato que es el de respetar la Constitución y las leyes de la República. Y el presidente al posesionarse jura públicamente cumplir ese mandato. Y lo propio hacen todos los demás funcionarios en todos los niveles de la administración pública. Ese es el mandato en una democracia. Un mandato que está escrito, que tiene organismos que vigilan su cumplimiento, que impiden que se abuse de los poderes que confiere y que va estableciendo una jurisprudencia y unas costumbres que todos los funcionarios tienen que respetar.
¿Que la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera. El mandato de legislar lo tiene el Congreso de la República y la Constitución le otorga al presidente e inclusive a los ciudadanos el derecho de participar en ese proceso legislativo de diferentes maneras, pero jamás el de subyugar ese poder legislativo, intimidarlo, amenazarlo y/o denigrarlo. A su turno los congresistas, que son los legisladores, no tienen el poder de interferir las decisiones que puede tomar el presidente de la República constitucionalmente. Y los desacuerdos se resuelven en las instancias debidamente contemplados en la Constitución o, como en el caso de la consulta nacional, por una propuesta que hace el presidente y que el Senado de la República decide si aprueba o no, porque se requiere su voto favorable para que ésta se pueda realizar y entonces si viene la oportunidad para que el pueblo, con una participación que establece la propia Constitución y una mayoría también allí establecida otorgue un mandato, ese sí, preciso, concreto para que el Senado proceda de una cierta manera con respecto a una política pública y, en caso de qué así no lo haga, el presidente de la República asuma, entonces, la ejecución de ese mandato popular.
Es bien claro. Tan cierto es que no hay un mandato general sino unas funciones claramente establecidas en la Constitución que existen mecanismos como el de la consulta nacional que otorgan precisamente un mandato concreto. La Constitución y la ley estatutaria correspondientes establecen la forma, la oportunidad, los términos, los requisitos electorales de participación popular y la manera como se ejercería ese mandato concreto. Insisto. Una mayoría popular en una segunda vuelta no otorga ese mandato y por eso, como ha ocurrido en este caso, el presidente busca que el Senado concurra en buscar que el elector, respetando unas reglas, confiera ese mandato.
Bogotá, D. C, 31 de marzo 2025
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.
Para los economistas el fenómeno de la “ilusión monetaria” es la tendencia a confundir un aumento en la cantidad de dinero disponible con un aumento real en la capacidad de compra, sin tener en cuenta el aumento de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero.
Con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) es muy probable que los mandatarios locales y los congresistas estén sufriendo de un fenómeno parecido pues hacen cuentas alegres con la mayor cantidad de recursos que van a recibir, sin tener en cuenta que van a tener igual cantidad de nuevas obligaciones que atender.
La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.
La reforma va a transferir mucha plata a departamentos y municipios, pues en 12 años el monto del SGP pasaría del 25% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. En pesos de hoy las regiones pasarían de recibir $73 billones a $113 billones. Todos los mandatarios locales ya deben estar pensando en que van a invertir y gastar esos $40 billones adicionales.
La desilusión va a llegar cuando se presente la Ley de Competencias que debe redistribuir las obligaciones de gasto entre la Nación y los entes territoriales, pues la reforma estableció que el traslado de recursos a las regiones debe ir de la mano con traslado de competencias, de manera que se disminuya el gasto de la Nación. Es un juego de suma cero: lo que reciben unos lo deja de gastar el otro.
Además de la desilusión, se va a presentar un conflicto difícil de resolver cuando se definan los criterios de distribución territorial de los recursos, pues uno de los objetivos de la reforma es que las regiones más atrasadas y pobres tengan más recursos para atender las necesidades de su población.
El conflicto surge porque, de nuevo, es un juego de suma cero: la torta para distribuir (en términos de recursos nuevos de libre disponibilidad) no va a crecer, de manera que para que departamentos como Vichada, Vaupés o la Guajira tengan más recursos libres, otros departamentos deben aceptar que les disminuyan los de ellos, es decir que les asignen más nuevas competencias que recursos. ¿Los congresistas de Antioquia, Bogotá o el Valle van a aceptar esa disminución?
Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal, es decir que no aumente la deuda del gobierno central para pasarle plata a las regiones. Y difícil la tarea del gobierno para que en un Congreso donde hay tantos intereses regionales se supere la ilusión monetaria y se apruebe una redistribución de recursos en la que unos van a ganar y otros a perder. Más difícil aún en un año electoral.
Cali 30 de marzo de 2025
*Filósofo. Economista. Consultor.
Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.
El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante.
La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.
Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!
El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.
En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.
Cota, marzo 29 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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La salud en Colombia, es un desastre total
Por Gabriel Ortiz*. - El país quedó notificado: todos deben prepararse para morir. Es obligatorio. El gobierno no pagará los servicios de la salud. Se han montado tremolinas, falsedades y engaños, para justificar la mortandad que se nos viene encima.
Los consejos de ministros del no, no y no que han montado, dejan a los 50 millones de colombianos desamparados y en poder de un gobierno que solo busca esconder la plata del pueblo, para comprar votaciones y resultados de unas elecciones que impongan el M19 de Petro.
Nuevamente el presidente denunció golpe de estado, esta vez por parte del Congreso, quien en ejercicio de su función legislativa, desecha por inconveniente la reformitis aguda de Petro, Benedetti y sus jaurías.
Esta vez el gobernante, quiso sacar el espejo retrovisor, para endilgarle el desastre que hoy exhibe la salud de los colombianos, a los gobiernos que lo antecedieron. Nunca se habían registrado tantas reclamaciones por el desastre de la salud. Ni servicios médicos, hospitalarios y restricción de medicamentos amenazan de muerte a nuestro pueblo, y a toda nuestra comunidad. Todo es obra del actual gobierno. No hay un solo paciente que tenga hoy la totalidad de remedios que les ordenan los facultativos.
Y qué tal: el Supersalud, invadió los depósitos de almacenamiento de medicamentos y no pudo comprobar acaparamiento de medicinas. Simplemente se limitó a decir al presidente que el celular, con el que tomo fotos, fue bloqueado.
La realidad es, y así lo reiteró Petro, que el gobierno no pagará las deudas que tiene con las EPS para pagar servicios hospitalarios, que no habrá aportes suficientes para atender la Unidad de Pago por Capitación. Tampoco se cumplirá con las órdenes de la Corte para cancelar los dineros de la salud.
Petro escurrió la culpa que tiene, con los nombramientos de liquidadores de las EPS que expropió, y que hoy están en la ruina, agravando los servicios de la salud para el pueblo.
La salud en Colombia, es un desastre total, porque están desapareciendo y escondiendo presupuestos, sin que les importe la mortalidad del pueblo que Petro osó llamar “el gobierno de la vida.
Desde el 2023, estamos en poder de la corrupción, la guerrilla, el crimen y el desorden. La paz total de Petro desapareció. Aquí aumenta el narcotráfico y nos descertifican, se arruina la mayor empresa estatal: Ecopetrol. El gobierno no alcanza a comprar suficientes congresistas para imponer reformas orientadas a usufructuar beneficios propios. A diario se están cerrando hospitales y servicios de salud.
Presidente, primera dama y parentela, despilfarran y dilapidan los dineros del pueblo, en viajes no oficiales e innecesarios.
En su última inventiva, sobre golpes, atentados y demás, el presidente denunció la sacada del poder que según él, le están preparando, con la renuncia de la vicepresidenta y el alistamiento del presidente del Congreso para asumir el poder. No dio fecha ni calendario. A ello se agregan los insultos, amenazas y notificaciones para expedir decretos y normas que eliminan al legislativo y el judicial.
Así están las cosas en Colombia.
BLANCO: La Defensora del Pueblo, Iris Martín, desmintió a Petro: “no hay datos ciertos que sostengan acaparamiento de medicamentos”.
NEGRO: Petro acusa a la Fiscal Adriana Camargo por no investigar caso de Papá Pitufo, que aportó dinero a la campaña.
Bogotá, D. C, 27 de marzo 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.
Por José G. Hernández*. - Lo que está pasando en Colombia, en lo que respecta a servicios de salud, atención médica y suministro de medicamentos, es sencillamente inhumano. En lo que toca con las recetas médicas, el país ha podido ver por televisión y redes -y lo hemos comprobado de manera directa- filas interminables de personas -muchas de la tercera edad y enfermos graves, en peligro de muerte- citadas a turnos para la entrega de los medicamentos que requieren, finalmente devueltas -tras muchas horas de espera- sin recibir lo que necesitan para la atención de sus dolencias.
La situación -hay que decirlo- no es nueva. Se ha presentado en años anteriores, bajo distintos gobiernos, y el sistema vigente ha presentado fallas protuberantes desde su iniciación, a partir de la Ley 100 de 1993, como se advirtió en sentencias de la Corte Constitucional y como lo demuestra también el reiterado uso de la acción de tutela, que en multitud de ocasiones ha servido para la protección oportuna y eficaz del derecho a la salud. Los proyectos de ley sobre actualización y modificación del confuso sistema existente -elaborados por la actual administración- han sido “hundidos”, sin debate alguno, sin discusión, sin razones ni trámites, como también ocurrió con la reforma laboral. Todo, dentro de la polarización política existente.
El Gobierno, por conducto del presidente de la República, del ministro de Salud y de la Superintendente de Salud, ha sostenido que ha habido corrupción y desvío de recursos hacia finalidades distintas a la salud, por parte de varias entidades prestadoras de tales servicios. Lo último que se ha descubierto, según informa la Superintendencia, es inconcebible: algunas entidades acaparan los medicamentos, citan a los usuarios, los hacen esperar por horas y no se los entregan.
El Gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y sus funcionarios, en ejercicio de sus cargos y de acuerdo con los mandatos constitucionales, deben actuar e impedir que estos dolorosos acontecimientos, que carecen de justificación, se sigan presentando. Si no lo hacen y permiten que la salud y la vida de muchas personas dependan de la caprichosa voluntad de las entidades privadas, incurren en inexplicable omisión y, contra los postulados del Estado Social de Derecho, están dejando desprotegida a la población.
El artículo 49 de la Constitución señala a la salud como derecho fundamental y como un servicio público a cargo del Estado. Y garantiza “a todas las personas” el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios, conforme a principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.
Dispone que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención, con participación de la comunidad. La atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Si la salud es derecho humano y servicio público, no es negocio, como algunos lo entienden. Y afectarla, como se viene afectando -según denuncia la Superintendencia- es una conducta criminal.
Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.
Bogotá, D. C, 26 de marzo 2025
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia
Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.
¿Cuál es el impacto del gasto público en el país? ¿Cuáles son los resultados de los múltiples planes, programas y proyectos de las entidades estatales? La rendición de cuentas que hoy se exige a muchos funcionarios públicos, ¿es suficiente para evaluar la relevancia, transparencia y eficacia de su gestión?
La medición más generalizada del impacto del gasto es de carácter cuantitativo y fiscal:a nivel macro lo que preocupa es el déficit fiscal; a nivel de entidades, es la ejecución presupuestal lo que se mira. Un funcionario eficiente es el que ejecuta todo el presupuesto que le asignaron, y un funcionario ejemplar es el que cumple todas las normas como ordenador del gasto; casi nunca se analiza en qué y para qué se gastó, ni mucho menos el impacto el impacto de los recursos utilizados.
En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.
No es que en Colombia no haya normas y procedimientos de evaluación. Por el contrario, el libro analiza 5 entidades que tienen obligación legal de hacer M&E del gasto público: el Departamento de la Función pública, Planeación Nacional, Minhacienda, la Contraloría y la Procuraduría. Entre todos tienen 15 sistemas de M&E, cada uno con extensos formularios y requerimientos de información a las entidades vigiladas. De poco han servido para mejorar los resultados del gasto.
El primer requisito para evaluar el impacto es tener total claridad sobre el Qué y el Cómo: saber qué se debe medir y cuáles son las métricas o los indicadores de esa medición. Sin esta claridad, ni los auditores saben que deben revisar, ni los funcionarios conocen la vara con que serán medidos.
Lo que debe definir que se mide en el sector público son los objetivos del Estado y la contribución de cada entidad a esos objetivos; la Constitución los establece claramente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2).
Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Con base en este objetivo se deben construir los indicadores de evaluación de todas las entidades públicas, que deben ser conocidos y apropiados por todos los funcionarios de cada entidad. El M&E del impacto debe empezar por la autoevaluación.
Importante que la sociedad civil sea parte activa en el M&E del impacto del gasto; para ello es necesario que haya centros de pensamiento que discutan las políticas públicas del gasto, y analicen la evaluaciones oficiales del impacto, así como universidades que preparen especialistas en esta novedosa disciplina.
Son muchas más las propuestas del libro, imposible de resumir en este espacio.
Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025
*Filósofo y Economista. Consultor.
Uno y otro van a terminar mal.
Por Juan Camilo Restrepo*. - Aunque a primera vista puede pensarse que son como el agua y el aceite, resulta que cuando se mira con cuidado la personalidad de Trump resulta muy parecida a la de Petro.
Miremos algunas semejanzas que tienen.
Acaso la primera -y la más chocante- es el desprecio de ambos por el Estado de Derecho, por las instituciones, por los jueces, por todas aquellas barreras que pueden constituir un obstáculo democrático frente a sus caprichos.
Ya Trump y su cuadrilla- encabezada por Musk- está empezando a chocar con las instancias judiciales; todos los días es más frecuente leer que los jueces o los tribunales suspenden, anulan o aplazan las decisiones febriles que va despachando el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo sucede con Petro: ya se volvió paisaje leer sus trinos calenturientos contra los jueces, contra las cortes, contra todo aquel que individual o colectivamente se atreva a contradecirlo. Y su cuadrilla -encabezada por Bolívar- no duda en invitar a que se hagan cercos y asonadas contra cualquier corte que se apreste a tomar una decisión importante que la Casa de Nariño sospeche que vaya a salir contraria a sus caprichos.
Otra característica común es la desenvoltura con la que agravian a sus contradictores. Trump no baja a su antecesor Biden de corrupto y bandido. Y Petro utiliza un lenguaje degradado similar para con quienes lo antecedieron en el palacio de los presidentes de Colombia.
También se asemejan Petro y Trump en la manera “sobradita” como dogmatizan sobre lo divino y lo humano. Parece que siempre hablan -o al menos dan esa sensación- excátedra, ya sean cosas profundas o estupideces como sucede a menudo.
Petro, con su infaltable lápiz que más parece una batuta para dirigir el coro de sus aduladores; y el de los Estados Unidos arrellanado en el salón oval firmando las famosas órdenes ejecutivas con las que pretende dirigir los EE.UU. y el mundo entero.
Ambos desprecian al resto de los jefes de Estado con los que se reúnen, y solo parecen tener palabras amigables con quienes creen que van a secundar sus caprichos o terquedades: Trump con Putin y Petro con Maduro.
Ambos traslucen un ego monumental que se les va derrumbando estrepitosamente a medida que pasa el tiempo. El deshielo del ego de Trump está comenzando; el de Petro ya está derretido a su mínima expresión cuando empieza a tener el sol a la espalda.
Ambos son tercos -hay que reconocerlo- hasta niveles delirantes. Creen que la terquedad -así no sea para persistir en buenas causas- es una virtud del buen gobernante. Cuando sucede precisamente lo contrario. La terquedad, o sea la incapacidad total para escuchar al otro, se convierte en una piedra de molino al cuello para el buen gobierno.
Ambos creen poseer la verdad absoluta sobre todo tema que tratan y la manía de utilizar el insulto como arma argumentativa, lo que muestra es una inmensa ignorancia que los obliga a vivir en una constante corrección de las cosas prácticas cuando la fuerza de los hechos -no ellos- les impone una rectificación.
Petro que no tiene, ni nunca ha tenido, más el 25% de los votos parlamentarios considera que el otro 75% está en la obligación ética y política de plegarse a todos sus caprichos. Trump, así sea el presidente de la nación más rica del mundo, considera que el resto del planeta le debe pleitesía y obediencia ciega. Y que tiene títulos para humillar al resto de la comunidad internacional.
Uno y otro van a terminar mal. Petro ya está concluyendo un periplo de anuncios que no se han concretado en nada y de insultos que han degradado como nunca la vida política colombiana. Trump va comenzando su segundo mandato: tampoco parece que vaya a terminar bien.
Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
