Opinión

La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Antes se llamaban Paraísos Fiscales, ahora se están empezando a llamar Guaridas o refugios fiscales, nombres que hace referencia a países o jurisdicciones con tasas impositivas bajas o nulas, secreto financiero, regulaciones laxas y poca cooperación internacional en materia fiscal, características que los hacen muy atractivos para las corporaciones multinacionales, los super millonarios y funcionarios públicos corruptos alrededor del mundo para pagar menos impuestos y esconder su riqueza de las autoridades tributarias.

La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.

Según la RJT las guaridas fiscales pueden ser de dos clases: las jurisdicciones sin transparencia y la guaridas corporativas. Las primeras permiten que las personas y sociedades oculten su riqueza y sus movimientos financieros de las autoridades, mientras que las segundas facilitan que las multinacionales registren sus ganancias en lugares diferentes a donde las produjeron para disminuir los impuestos pagados.

El ranking más reciente del GTHI lo encabezan las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermuda, tres jurisdicciones británicas que concentran del 20% del abuso fiscal. Junto con otros centros financieros, como Jersey, Bahamas o la Ile of Man, las guaridas fiscales ligadas a la City de Londres mueven la tercera parte del abuso fiscal corporativo.

Un documental que se puede ver en Prime Video (La Telaraña: el segundo imperio británico) explica cómo después de la desaparición del gran imperio colonia inglés, con el liderazgo de los banqueros londinenses, se crearon una red de jurisdicciones secretas offshore que capturaron gran parte de la riqueza de todo el mundo y la ocultaron en una red de pequeños países.

Es enorme el impacto de las guaridas fiscales. La RJT estima que en un solo año las pérdidas fiscales sufridas por todos los países pueden llegar a 480.000 millones de dólares, es decir casi 1.5 veces el PIB de Colombia. De estas USD 311.000 millones se perdieron por abuso del impuesto de sociedades y USD 169.000 millones por evasión fiscal en las guaridas. Son recursos que se pierden para la lucha mundial contra la pobreza y su desvío aumenta la desigualdad a nivel mundial.

¿Cuántos impuestos se dejan de recaudar en Colombia por la riqueza y los movimientos financieros que hacen en las guaridas fiscales las empresas nacionales o extranjeras instaladas en el país? No se sabe, pero un indicador significativo es que, de acuerdo con las cifras del Banco de la República, de los USD 2022.000 millones de dólares de inversión extranjera que han ingresado al país desde 2007, el 34.5% ha llegado de países que están en los primeros lugares del GTHI.

Cali, 6 de octubre de 2024

Filósofo y Economista. Consultor.

“Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha. Por eso la gestión de Gregorio Eljach será vigilada con lupa desde ambas orillas”.

Por Hubert Ariza*.- El Senado de la República eligió con 95 votos al ex secretario general de esa corporación por 12 años, Gregorio Eljach, como procurador general de la Nación, lo que en la práctica significó una derrota política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un triunfo del presidente Petro y la clase política tradicional.

Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha, y que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califique la decisión como una bandera blanca del Ejecutivo al Legislativo, después de dos años de intensa guerra fría. Qué tanto incidirá esta elección en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo estará por verse. En este caso hay que recordar la máxima de que en política las cosas no son en blanco y negro, cada día es diferente y lo único cierto es lo que ya pasó.

El próximo 17 de enero, entonces, comenzará una nueva era en la Procuraduría, fundada en abril de 1830, en la que su mayor reto será blindarse para seguir existiendo, ante los constantes ataques de sus detractores, entre quienes se encuentra el propio jefe de Estado y el derrotado Vargas Lleras.

En los pasillos del viejo edificio de la calle 15 de Bogotá, en consecuencia, comenzará a escucharse en 2025 el canto gregoriano del presidente Petro, que no puede ser otra cosa que una sinfonía de anhelos represados para modificar profundamente esa entidad, quizá como parte de una reforma a la justicia, dentro del acuerdo nacional que promueve el ministro del Interior. Una tarea bastante difícil si se tiene en cuenta que cada partido político defenderá su botín burocrático, en una nómina abultada que contiene miles de cargos bien remunerados, cientos de ellos equivalentes a los más altos del Estado. En tiempos de campaña electoral, además, poco futuro tiene cualquier iniciativa que signifique menoscabar el poder de la clase política.

Con la elección de Eljach, la Procuraduría se sumará a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República como entidades cercanas a la Casa de Nariño. Nada diferente a lo que ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos anteriores, pero que en tiempos de enorme polarización alimenta la preocupación de la extrema derecha, angustiada por recuperar el poder en 2026 y huérfana de liderazgos capaces de cumplir esa tarea.

Muchos son los retos del nuevo jefe del ministerio público, en especial demostrar autonomía e independencia de la Presidencia de la República, defender la existencia de esa histórica institución bajo su mando, posicionarla en la agenda pública después de cuatro años de invisibilidad, recomponer la confianza con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, diseñar una agenda que la reconecte con las comunidades en los territorios, tener presencia en las regiones y ser decisiva en la lucha contra la corrupción. Una tarea pendiente en estos últimos cuatro años, en el que la procuradora saliente cierra su gestión con broche de oro al archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el sonado caso de los Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos. La exfuncionaria del Gobierno Duque es del mismo sector político de la disciplinadora saliente.

El ministerio público, asimismo, debe ser propositivo en la defensa de los derechos humanos y en la agenda de paz total, que lidera el Gobierno nacional, y que busca silenciar el conflicto armado interno que por décadas ha afectado a Colombia. Esa iniciativa vive en permanente crisis, ahondada por el rompimiento del proceso con el ELN. Es vox populi que las organizaciones sociales que habían recuperado la confianza en la Procuraduría, durante la gestión de Fernando Carrillo Flórez, le dieron nuevamente la espalda a la entidad, en el último cuatrienio, ante su pasividad frente a la agenda de derechos humanos. Primero, durante la segunda mitad de la gestión presidencial de Duque, en la que la muerte de líderes sociales se convirtió en una crisis permanente que convocó la solidaridad de la comunidad internacional.

Y, luego, durante la administración Petro, en la que la defensa de la vida es percibida como una bandera política para atacar al Gobierno del cambio, ante su ineficacia en la atención de ese fenómeno, que no deja de alimentar la máquina de la guerra en los territorios, golpeando en especial a los líderes ambientales que rechazan la minería criminal y a quienes se oponen a la suplantación de los liderazgos sociales por el ELN y las disidencias.

La gran expectativa hoy es qué va a pasar con el ente de control bajo el mando de Eljach, durante los 18 meses del período del presidente Petro, quien ha tenido con esa institución una pésima relación y busca su transformación total. Hay que recordar que, siendo alcalde de Bogotá, el 8 de diciembre de 2013, Petro fue destituido por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, un fanático religioso que cerró las puertas a las organizaciones sociales y la agenda de derechos humanos y atacó a los líderes de izquierda. Esa decisión fue revocada tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordenó medidas cautelares de protección a los derechos del alcalde Petro, lo que obligó la modificación de la legislación disciplinaria interna.

La victimización de Petro y la derrota de su fanatizado verdugo, lo catapultaron políticamente. A Petro lo empoderó aún más en su ascenso hacia la jefatura del Estado. Y, como presidente de la República, ha denunciado a la saliente jefa del ministerio público, Margarita Cabello, seguidora del expresidente Duque, como perseguidora de sus funcionarios y su agenda de cambio.

“En la Procuraduría yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo desde México, donde asistió a la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué significa no ser enemiga del Gobierno? Sin duda, ahí estará la lupa de la oposición y de los medios sobre la gestión del recién elegido procurador, que deberá cumplir a cabalidad el mandato legal de prevenir y disciplinar a los funcionarios públicos, contribuyendo a investigar y erradicar con eficacia cualquier denuncia de corrupción oficial, castigando a los agentes gubernamentales del presidente que se desvíen, como ya ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que ha sido el golpe más duro en la credibilidad del primer mandatario y su lucha contra la ilegalidad. Los casos abiertos por ese episodio tendrán especial interés para la opinión pública y, sin duda, serán elemento central en la campaña presidencial ya en marcha.

El presidente Petro ya le trazó una ruta de acción a Eljach: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de ‘lawfare’ y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de Colombia”. Aunque el 10 de abril de 2022, antes de ser elegido presidente, había trinado: “Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”.

El canto gregoriano de Petro en la Procuraduría apenas comienza. Habrá que esperar a ver qué tanto se acopla el país a esa nueva tonada de nuestra macondiana historia. Eljach, un hombre sereno, que ha capoteado por décadas la clase política, tendrá que demostrar que llegó para hacer historia, no por cerrar la Procuraduría, sino por darle un nuevo impulso en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad respetuosa de la vida.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“Los delincuentes conservan la posibilidad de defenderse ante un juez, que se pretende negar a los propietarios legítimos de la tierra”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Dicen que “al desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, y así lo percibí siguiendo la audiencia pública convocada por la Comisión 1ª del Senado sobre la jurisdicción agraria, con asistencia plena de la Comisión y de otros parlamentarios, tres ministros y tantas personas, gremios y organizaciones registradas para participar, que fue necesaria una nueva convocatoria. Buen desayuno, que nos anuncia cómo serán los debates.

En dos columnas anteriores sobre “la tierra amenazada” me referí a varios aspectos de ese proyecto de “jurisdicción” que, paradójicamente, le entrega sus competencias a una instancia administrativa, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, al tiempo que avasalla competencias de otras jurisdicciones y despoja al propietario de tierras de recursos para su legítima defensa.

Hoy regreso al tema para referirme al fantasma de la extinción de dominio, es decir, de la pérdida del derecho a la propiedad privada de la tierra, que ronda nuestro sistema jurídico desde la Ley 200 de 1936, que creó esta figura para tierras inexplotadas durante tres años.

Posteriormente, la Ley 135 de 1961, primera de reforma agraria, conservó su orientación hacia la recuperación de “tierras incultas”, pero ya con el objetivo de redistribuirlas entre los campesinos sin tierra, que ha marcado los procesos de reforma agraria en el país, sin lograr su objetivo de disminuir la pobreza rural.

La extinción fue modificada luego en varias leyes; sin embargo, su gran transformación se produce en la Ley 160 de 1994, también de reforma agraria.

¿Qué cambió? Aunque conserva las causales de la Ley 136 sobre tierras inexplotadas, introduce dos causales nuevas para extinguir el dominio: la primera es el incumplimiento de la función ecológica de la tierra, que persigue actividades lícitas, la ganadería entre ellas, a partir de una legislación ambiental difusa y difícilmente aplicable en un campo agobiado por la violencia; y la segunda es “la explotación con cultivos ilícitos”, que persigue la actividad criminal que, precisamente, está detrás de la violencia rural.

Hasta aquí, las normas anteriores contemplaron recursos judiciales contra decisiones meramente administrativas, incluido el Decreto Ley 902 de 2017, expedido como resultado del Acuerdo con las Farc, el cual establece el llamado “Procedimiento Único”, que definió con claridad una fase administrativa a cargo de la ANT, con competencia de decidir en primera instancia, pero con posibilidad de oposición por parte del afectado, y una fase judicial con todas las garantías de un proceso ante un juez de la República.

En 2023 el fantasma reapareció, cuando el gobierno pretendió quitarle las garantías procesales a la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica y usarla como mecanismo extorsivo para presionar a los propietarios a la “venta voluntaria” de sus tierras. Fue el famoso mico del artículo 61 del Plan de Desarrollo que la Corte Constitucional declaró inexequible.

No obstante, hoy vuelve a aparecer en el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, y aunque los ministros digan lo contrario, representa una amenaza real a la propiedad privada de la tierra, al derogar de un plumazo la fase judicial del proceso de extinción administrativa de dominio, y también de expropiación, dejando al arbitrio de la ANT la decisión de cierre, con el único recurso del engorroso procedimiento de la acción de nulidad.

La Ley 160 creo la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra y también por su destinación a cultivos ilícitos, y en este mundo al revés del progresismo, los delincuentes conservan la posibilidad de defenderse ante un juez, que se pretende negar a los propietarios legítimos de la tierra.

Entonces me pregunto: ¿Acaso no somos iguales ante la Ley?

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2024

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Lo que denotan los registros en el resto del mundo, es una febril actividad de las empresas petroleras”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -Luego de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21) en 2015 y la firma del Acuerdo de París, el petróleo quedó en el lado equivocado de la historia, dado que su consumo y el de sus derivados constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del Cambio climático y el propósito fundamental para contrarrestarlo es la descarbonización de la economía.

Con razón la ex secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, sentenció: “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que es si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”. No cabe, entonces, la menor duda de que los hidrocarburos tendrán menos futuro que pasado.

Todos los países signatarios del Acuerdo de París contrajeron el compromiso de reducir sus emisiones en un porcentaje, en el caso de Colombia en un 51%, hacia el 2030, considerado como la meta volante para alcanzar la carbono-neutralidad en el 2050. Pero la COP 26 tuvo el cuidado de establecer que la responsabilidad adquirida por cada país aunque es común es diferenciada. Y, tal como quedó consignado en la Declaración final de la COP 28, que tuvo lugar el año anterior en Dubai, se le pide a las partes que contribuyan “con una lista de acciones climáticas, de acuerdo con sus circunstancias nacionales” y “acelerar la Transición energética sostenible, asequible y inclusiva, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y vías nacionales”. Esto, para significar que cada país se debe dar su propia Hoja de ruta para la Transición energética.

No obstante, el actual gobierno, que preside Gustavo Petro, se ha dejado llevar por el voluntarismo renunciando prematuramente a los hidrocarburos, dándole la espalda, cuando el resto del mundo se limita a tomar distancia, alejándose gradualmente de ellos. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el Ministro actual Andrés Camacho han sido categóricos y reiterativos al afirmar que durante este cuatrienio no se firmarán nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos.

En la COP 28, el Presidente Petro fue más lejos aún, al firmar el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles, paso este en falso que compromete a Colombia no sólo a no firmar nuevos contratos sino a frenar en seco tanto la actividad exploratoria como la producción de hidrocarburos. El mismo dispone, según lo remarcó el mismo Presidente Petro, “cero exploración nueva” y “cero proyecto de explotación nueva en el mundo”.

Declaraciones como estas han desalentado la actividad de las empresas petroleras en Colombia. Es así cómo, según la Cámara colombiana de bienes y servicios de petrolero, gas y energía (CAMPETROL), en el 2023 se perforaron sólo 51 pozos exploratorios, representando una caída del 45.2% con relación a los 93 perforados en 2022. También se vio afectado el número de pozos perforados en desarrollo, los cuales cayeron el 9.1%, al alcanzar no más de 597 pozos en 2023. Así mismo se contrajo la actividad sísmica 2D equivalente, limitándose a los 1.367 kilómetros, 28.2% menos que el año anterior. Finalmente, en diciembre de 2023 se reportaron, en todo el territorio nacional, 117 taladros activos en total, para una disminución del 23.5% respecto al mismo mes de 2022.

Mientras tanto lo que denotan los registros en el resto del mundo es una febril actividad de las empresas petroleras. Lo que informa la Agencia internacional de energía (AIE) es que en 2022 la producción mundial de crudo se incrementó el 5.4%, superando la tasa de crecimiento de 1.6% en 2021 y la media del intervalo 2010 – 2019, de la prepandemia, de 1.3%, jalonada por la reactivación de la economía global y en un contexto de ajuste progresivo de la oferta de crudo por parte de la OPEP+. Y, según su más reciente pronóstico la oferta de crudo subirá 1.5 millones de barriles más al día hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 103.5 MMBD en 2024, después de los 102 MMMBD en 2023.

A ello habrán de contribuir el récord de producción por parte de EEUU, que supera la de Arabia Saudita, ubicándose en el primer lugar entre los productores, Brasil que, según ha anunciado tiene entre sus planes pasar de producir 3.7 MMBD actualmente a 5.4 MMBD en 2028, para convertirse en el cuarto productor mundial de crudo, Canadá y la revelación en la que se ha convertido Guyana que ya produce 600.000 barriles y a poco andar, alcanzará la producción de 1 MMBD, del cual se ha venido alejando Colombia desde el año 2016. Dicho de otra manera, el petróleo que deje de producir Colombia no le hará falta al mundo y como lo afirmó Sergio Cabrales, experto de la Universidad de Los Andes, “dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción no tiene ningún efecto en la reducción de CO2 a nivel global”, como lo cree el Gobierno pensando con el deseo.

Barranquilla, octubre 5 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

“La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico”.

Por José G. Hernández* - Santiago de Cali será la sede de la COP16 a partir de este 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2024.

Como se acaba de manifestar en Nueva York, durante las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el deterioro ambiental y las crisis sanitarias que hoy afectan al planeta hacen urgente que los países -en el plano interno- y la cooperación internacional busquen mecanismos, procedimientos y acciones, con miras a garantizar la biodiversidad y la protección ambiental.

De conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de 1991, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud y la seguridad de consumidores y usuarios.

A su vez, el artículo 79 estipula: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Añade, como deber del Estado colombiano, “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

El artículo 80 de la Carta establece que el Estado “planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” y le exige “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Según ha reiterado la Corte Constitucional, “si bien la protección  jurídica del derecho a gozar de un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general”.  Ha reconocido que “Colombia es uno de los países que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad”. (Sentencia C-519 de 1994).

La reunión de la COP16 en Cali es uno de los más importantes eventos, a nivel mundial, en procura de la coordinación y los acuerdos internacionales para promover la diversidad ambiental y buscar el equilibrio ecológico. Congregará a delegados de 196 países firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica, que entró en vigor en 1995, sobre la base de la cooperación entre las partes, con el objeto de preservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la más eficaz utilización de los recursos genéticos. La COP es la Conferencia de las Partes, órgano rector del Convenio.

Que una de nuestras más importantes ciudades capitales sea sede de COP16 honra al país. Muchos serán los aportes de los países concurrentes y de Colombia en materia de biodiversidad y protección ambiental.

Bogotá, D. C, 2 de octubre 2024.

*Expresidente de la Corte Constitucional.

“El Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra”.

Por Amylkar Acosta*. -Se está configurando una especie de tormenta perfecta que acecha al sistema eléctrico, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento suyo. Su advertencia es clara: “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios”.

Se refirió él fundamentalmente a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía en el sentido de que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda, aunque sólo la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2.8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.

Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional les adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra. El Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire.

Lo grave está en que la liquidación no da liquidez a las empresas sino el giro, que no se hace efectivo. La solicitud de parte de AIR-E para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.

Y más recientemente, la firma XM, responsable de la operación del Sistema interconectado nacional (SIN), en una alerta temprana, con base en una modelación realizada para el verano 2025 - 2026, según la cual la demanda proyectada por la UPME (junio/2024) la demanda de energía será superior a la oferta de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, que apenas alcanzará los 85.803 GWH/año. De tal suerte que, de presentarse un Niño, el que está a la vuelta de la esquina, “habría desembalsamientos hasta el 47% durante la próxima temporada de verano, valor superior al presentado en los últimos fenómenos de El Niño. Con ello, “tendríamos valores mínimos de embalse al final de la estación de verano, cercanos al 25.3%, nivel nunca visto en la operación durante los últimos 30 años”. Estamos, entonces, ante una situación de alto riesgo.

Por ello, recomienda XM que desde ya se debe ser prudentes por parte de los operadores de las centrales hidroeléctricas a la hora de utilizar los embalses que le sirven a las mismas, en previsión de la baja de los aportes hídricos, que pueden llegar a poner en riesgo la generación. Ello obligará a una mayor participación en la generación para atender la demanda del parque térmico de generación. Por ello preocupa aún más que, según lo ha anunciado el Presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega pronto pasaremos de la escasez del gas natural que demandan las térmicas a un déficit de suministro para el mes de diciembre, anticipándose a la previsión de Naturgas, que lo proyectaba para el 2025.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

“Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.

Por José Felix Lafaurie Rivera*. - La Comisión V de la Cámara se ocupó finalmente de la crisis lechera, aunque le dio a la ministra Carvajalino solo 15 minutos para exponer la dura realidad de 350.000 colombianos, en su mayoría pequeños ganaderos.

La crisis se agravó por una difícil coyuntura climática, pero los problemas de la cadena son estructurales y de todos los eslabones, aunque el hilo se rompa por lo más delgado, pues en las grandes cuencas lecheras -Nariño, altiplano cundiboyacense y Antioquia-, la mayoría de la leche proviene de campesinos minifundistas en condición de pobreza.

La caída del consumo se explica en la tendencia creciente del precio al consumidor desde 2021, que le restó al consumo 18 litros por persona hasta mediados de 2024, mientras el precio al ganadero, que venía cayendo y debía repuntar en verano, no lo hizo y bajó un 16%. Aunque la ministra habló del bajo nivel de acopio de la industria, de solo el 47% del total de litros producidos, no aludió a un factor estructural de la crisis: la asimetría del mercado formal, en el que 10 empresas compran el 50% del acopio y 50 compran el 85%, con 350.000 ganaderos tratando de venderles.

Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.

Entre las acciones que mencionó está la destinación de 7.600 millones de pesos para fomentar exportaciones de leche en polvo y movilizar inventarios, 4.000 más para promover, a través de la Bolsa Mercantil, la compra de leche por la industria alimenticia y compras públicas, y 3.000 para acopiar volúmenes adicionales; un total de 14.600 millones aportados por el Fondo de Estabilización del sector.

El tiempo no le dio a la ministra para mayores precisiones, pero a mí sí me corresponde aclararle a la opinión pública que los recursos del Fondo de Estabilización son aportados por los ganaderos cuando venden un novillo gordo o un litro de leche.

Somos los ganaderos aportando a la solución de nuestros problemas, aunque sea un aporte “invisible”, como el que hacemos, desde hace 28 años, para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, no solo por la salud de nuestros animales, sino para acceder a los mercados internacionales, a los que hoy, precisamente, tratamos de llevar más leche para que más leche sea comprada a nuestros campesinos.

Mencionó la ministra otras acciones con recursos de la Nación, y entonces me pregunto por la gran ausente en esa mesa de aportantes: la industria, a la que proveemos su insumo básico y es por ello nuestro aliado natural.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2024

*Presidente FEDEGÁN.

“La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Dos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones de Venezuela, disminuye cada vez más la ilusión de una transición democrática en ese país, y aumenta la posibilidad de que Maduro se quede, consumando el fraude electoral.

Maduro no ha podido demostrar que ganó las elecciones, ni va a mostrar la actas electorales como lo exigieron hasta los presidentes de México, Brasil y Colombia. Pero a pesar de estar deslegitimado ante la opinión internacional y las sanciones económicas, está utilizando todas las formas de lucha para aferrarse al poder, y lo puede lograr.

Ha tratado de dar apariencia de legalidad al fraude con las certificaciones sin pruebas del Consejo electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Ha enfrentado a la oposición con violencia y represión, que ha dejado muertos y miles de presos políticos. “Todos los que estuvieron directamente involucrados en la organización de las elecciones están ahora escondidos, en prisión o en el exilio”, declaró María Corina Machado en entrevista reciente.

Además todavía cuenta con tres factores importantes a su favor: uno, el respaldo de los militares que no quieren perder sus prebendas; dos el apoyo de países como Rusia, China e Irán, y tres, el respaldo de alrededor del 30% de la población junto con colectivos armados dispuestos a defenderlo.

Por todos estos factores la misma María Corina, que resiste con coraje desde la clandestinidad, reconoce que todavía Maduro no caerá: “El punto aquí es que Maduro esté dispuesto a sentarse a negociar y creo que eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí”.

Si Maduro se queda Colombia debe prepararse para enfrentar por lo menos tres consecuencias muy complicadas: La primera, una nueva crisis migratoria pues se espera que, ante la continuación de la dictadura, millones de venezolanos se sumen a los que ya han salido de su país, y Colombia es el primer destino para la gran mayoría.

La segunda es en el frente económico. La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones colombianas -sobre todo las no tradicionales, a este mercado. Además, se complicaría la importación de gas venezolano, que es la mejor alternativa para suplir la escasez que se prevé para los próximos años.

Finalmente, el colapso definitivo de las posibilidades de negociar la paz con el ELN. Con Maduro este grupo armado seguirá teniendo amparo y cobijo en la frontera del vecino país para desde allí continuar sus incursiones violentas y en su discurso guerrerista ya comienzan a presentarse como guardianes de la revolución bolivariana. No es coincidencia que la reactivación de sus atentados terroristas, así como la voladura de los oleoductos, se haya dado después de la autoproclamación de Maduro como presidente.

Bogotá, D. C. 1 de octubre de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana”.

Por Héctor Geager*. -Desde el punto de vista que tendría en su contra el ser mujer, y los votantes que en su mayoría son protestantes, no están listos para elegir a una mujer como presidente; ya fuese Kamala Harris o la misma Michelle Obama. (Sería interesante si conocieran como los protestantes ven el rol de la mujer). Además de ser mujer, Kamala es parte de una minoría racial, lo cual tampoco le sienta bien a los blancos estadounidenses.

Esta es una realidad que muchos no aceptan. Trump ha logrado unir a los blancos en un bloque importante de votantes, casi nadie menciona este hecho. Este bloque se le opondría a Kamala, como también muchos votantes negros de las iglesias protestantes.

Las encuestas dan un 43% a Trump y un 42 % a Kamala, con un 1% de diferencia.

Escriban esto que les voy a decir, “Trump le ganará las elecciones a Kamala por más del 1%”. A Michelle Obama le hubiese ganado las elecciones presidenciales también por un porcentaje sobre el 5%.

En lo referente a los votantes latinos; ellos están divididos. Muchos favorecen al partido demócrata, pero una mayoría substancial votaría por Trump. Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana. Los mexicanos-americanos y cubanos-americanos son los votantes más experimentados en el sistema, seguido de cerca por los puertorriqueños y los dominicanos.

Este es solo un breve análisis de la situación eleccionaria en los Estados Unidos.

New York, 7 de septiembre 2024

*Catedrático, analista político, conferencista.

“De comprobarse la existencia del software espía en el país, sería un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil”.

Por Hubert Ariza*. -En Colombia, Pegasus no es un mito griego, ni Petro un escuálido mandatario dispuesto a dejarse tumbar por la derecha, como él lo ha denunciado. Cuando la tormenta política arrecia por el paro del empresariado camionero, que mantuvo paralizado a más de medio país esta semana, el jefe de Estado contraataca a la oposición, en una alocución nacional, con un arma de alto poder: la denuncia pública de la supuesta compra, en 2021, por parte de la Policía Nacional, por 11 millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron, de Pegasus, un software espía israelí que, como Dios, dicen que existe pero nadie ha visto, ni sabe quién lo opera, ni desde dónde está chuzando a grupos de interés. Tampoco quién se beneficiaría de la información obtenida, ni cuáles son los blancos de interés de quienes manejarían esa poderosa arma de inteligencia.

Petro, experto en el arte de la guerra, se ha sacudido de la ofensiva en su contra de los últimos días, que ha tenido varios componentes, algunos originados en su propio delirio ideológico, como calificar como tres veces más dictador a su antecesor, Iván Duque, en comparación con el dictador venezolano Nicolás Maduro, o llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas, que reaccionaron airadas en defensa de su dignidad, profesionalismo e incluso su vida.

Petro buscaba cambiar la agenda política, como lo ha hecho otras veces, poniendo al país a hablar de otro tema, mientras las carreteras nacionales permanecían bloqueadas, al igual que las entradas de las grandes ciudades. Pegasus no es un elefante alado, pero es un tema muy notorio para pasarlo inadvertido y descartarlo como una locura presidencial por exceso de café. Ignorarlo sería una enorme irresponsabilidad.

La alocución presidencial del pasado miércoles 4 de septiembre no es la noche septembrina de la derecha, pero sí será recordada como un fenómeno de la era petrista en la que un presidente utilizó su poder comunicacional para denunciar un asunto que, más allá de la coyuntura, sí debe investigarse hasta las últimas consecuencias en busca de la verdad. No puede quedar en el ambiente una acusación tan grave contra la seguridad nacional, que, de ser cierta, tiene inmerso un complejo entramado de corrupción, en el que estarían involucradas altas dignidades del Estado y del Gobierno anterior, comenzado por el expresidente Duque.

Petro ha sacado de las sombras ese software espía que, como un caballo de Troya, posiblemente entró a Colombia por los laberintos oscuros de la ilegalidad desde hace tres años y puede que esté carcomiendo la confianza en la democracia, la justicia y la seguridad. Hay que recordar que desde hace varios años, antes de que se hablará de ese caballo alado, el país ya padecía el fenómeno de las chuzadas.

Durante los ocho años de mandato de Álvaro Uribe, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue blanco de ataques a su seguridad, según se denunció, por orden de altos funcionarios de esa administración. El DAS, en ese período, se convirtió, asimismo, en una cloaca bajo el dominio paramilitar, que persiguió incluso en el exterior a lideres de oposición y defensores de derechos humanos. Todos esos delitos están debidamente documentados y forman parte de la historia de violencia estatal en Colombia.

Es cierto que las órdenes de asesinato de varios líderes sociales pasaron por los escritorios del DAS, en cuyo interior se conformó un grupo criminal llamado el G-3, asesorado por José Miguel Narváez, exsubdirector de esa desaparecida policía política, condenado por la justicia por determinar el crimen del humorista Jaime Garzón, que se cumplió por mandato del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, pagó, además, una condena, precisamente, por estar al servicio de las autodefensas.

Colombia es tierra de realismo mágico y de realismo terrorífico. Los más de nueve millones de víctimas de la violencia, como desplazados forzados, desaparecidos, exiliados, las miles de fosas comunes, los hornos crematorios descubiertos y los métodos sádicos de asesinato de líderes de la oposición, no son mitos ni leyendas, sino la cruda realidad de un país que a pesar de intentar la paz por todos los caminos, durante los últimos 40 años, no ha logrado detener la máquina de la guerra. Y muchas de esas víctimas son el resultado de una errada política de Estado de alianza criminal de la fuerza pública con los grupos armados ilegales de extrema derecha, como lo ha demostrado la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

De comprobarse la existencia de Pegasus en Colombia, entonces, no sería una tecnología pacífica en gentes sanas al servicio de la democracia. Sino un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil, siempre señalada por la extrema derecha o agentes descompuestos del Estado, en un país en permanente guerra, como aliada o al servicio de la guerrilla. Ese software, en manos de quienes se niegan a aceptar el surgimiento de nuevas fuerzas democráticas capaces de llegar al poder para intentar hacer las cosas de otra manera, sencillamente sería una amenaza a la democracia, al derecho al disenso, a la intimidad de las personas, a la renovación de los liderazgos.

El presidente Petro ha hecho una serie de preguntas que deben ser resueltas por la fiscal de manera rápida, con absoluta transparencia, para esclarecer los hechos y darle un parte de tranquilidad a los colombianos. Nadie puede sentirse seguro en Colombia mientras gravite la acusación del propio presidente de la República de que un grupo de particulares o funcionarios públicos no identificados administran un software supuestamente comprado con dineros del Estado, que no están registrados en las cuentas de la nación, que usan la información recopilada con fines desconocidos.

Vistas así las cosas, Pegasus es, sin duda, un arma letal contra la democracia, sin control del Estado. Ni el propio presidente sabe a quiénes se vigilaría con ese software, quién procesaría la información, a quién se le enviaría, quién beneficiaría. No es realismo mágico, sería guerra híbrida al máximo nivel contra la sociedad civil y la democracia, pagada con dineros de los contribuyentes y para beneficio de una cofradía invisible que tiene objetivos desconocidos para la opinión pública.

La información compartida por las agencias internacionales de inteligencia financiera ha encendido las alarmas con movimientos no claros de millones de dólares en compra de tecnología maliciosa. Es información muy sensible que Petro ha utilizado en defensa de su Gobierno y para contraatacar a la derecha. La Cancillería, seguramente, tendrá que dar explicaciones a los aliados sobre el manejo público de esa información reservada. Pero el daño de Pegasus en Colombia podría ser de tal dimensión que el primer mandatario ha preferido saltarse los protocolos y atacar a quienes supuestamente están montados en Pegasus, espiando la vida de los colombianos y tomando decisiones con información ilegal para dañar reputaciones y cambiar el rumbo de la opinión.

La denuncia significa un enorme reto para la inteligencia colombiana, la Policía Nacional, el sistema judicial, y los medios de comunicación, que deben contribuir a esclarecer esta denuncia, que en un país desarrollado significaría una hecatombe política, pero en Colombia se busca meter en la licuadora de la polarización para minimizar los hechos.

¿En cuánto tiempo sabremos sobre la real existencia de Pegasus y sus alcances? Ojalá sea pronto. Ese caballo alado, de actuar en el país, podría estar en manos de algún Dios de la guerra anónimo, que, como Marte, quiera que Colombia arda en llamas y la derecha liquide el nuevo olimpo radical que lidera Petro.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País