Opinión

“El presidente actúa desde ya como jefe de debate del candidato que surja del proceso de unidad de la izquierda, y ha trazado un escenario que le conviene: el de la polarización, que no dejaría campo al centro político”

Por Hubert Ariza*. - El presidente Petro es un monstruo político que se reinventa en cada escenario electoral. Un monstruo insaciable de poder que no se conforma con haber llegado a la Presidencia de la República, en una larga travesía desde la militancia juvenil en la guerrilla del M-19, la posterior reinserción a la vida civil, el impulso de la Constituyente del 91, el servicio exterior, el paso por la Cámara de Representantes, la Alcaldía de Bogotá y el Senado de la República. Lo suyo es, en sus propias palabras, una lucha permanente por el poder democrático para el pueblo.

Petro tiene claro que la democracia en Colombia se reinventa todos los días y que ninguna campaña es igual a la anterior. La que está en marcha para el 2026, por ejemplo, no tendrá punto de comparación con la del 2022. A menos de dos años de las elecciones, aún no hay claridad en quién realmente será el anti Petro, pero tampoco de quién será el candidato de Petro, siempre y cuando el presidente cumpla su palabra de que no buscará la reelección a través de ninguna aventura constituyente.

“Yo me iré del Gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos. No soy adicto al poder. Los adictos al poder matan”, dijo el jefe de Estado el pasado domingo en un intenso discurso de campaña, de más de una hora, durante la Segunda Asamblea de Colombia Humana, el partido mayoritario de la coalición que lo llevó a la Presidencia en 2022.

Tampoco asoma en el país un liderazgo deslumbrante del centro político que aglutine y rompa la dicotomía Uribe o Petro, que asfixia la democracia y cierra las posibilidades de una apertura política. Aún sigue sin conocerse cuál será el mecanismo para definir un candidato ganador, ni cuál sería la agenda de ese sector para desbloquear la política y frenar la desilusión en la democracia que se apodera del electorado y conduce a las naciones al populismo autoritario.

En la derecha, mientras tanto, las semanas pasan esperando que arranque el bus azul de la victoria de una candidatura que se sintonice con las nuevas realidades políticas, con un amplio sector de la ciudadanía hastiada del histérico discurso anti Petro, que convierte en comunistas a todos los que piensen diferente, y vislumbra la venezolanización de Colombia como el futuro inminente, como si este país no hubiera demostrado a lo largo de las últimas décadas estar vacunado contra el chavismo. No en vano, mientras América Latina sucumbió a las dictaduras, aquí había democracia; y cuando el continente era gobernado en su mayoría por el socialismo del Siglo XXI, en Colombia mandaban Álvaro Uribe y su seguridad democrática.

Cuando Chávez estaba en pleno apogeo y convirtió el petróleo en el arma política de seducción y conquista de lealtades en el continente, la democracia colombiana se aferraba a las instituciones y los sectores democráticos luchaban por contener no solo a las FARC, sino también el embrujo mediático de Uribe, frenar su fervor reeleccionista, defender los derechos humanos y detener la máquina de los falsos positivos que alcanzó a quitarle la vida a 6.402 jóvenes, que no estaban recogiendo café.

Hoy Colombia tiene en Petro el ímpetu de un líder que se vislumbra a si mismo como el gran reformista del siglo XXI, el sucesor de Alfonso López Pumarejo, el burgués liberal con alma socialista que hizo posible la Revolución en Marcha.

Petro es un reformista que firmó la paz con Virgilio Barco, en la década del noventa, que mantiene en alto la bandera del M-19 y se ejemplariza como eje de una narrativa de éxito político, y cuando habla, como el pasado domingo en la Segunda Asamblea de la Colombia Humana, revela la intensidad de un revolucionario sesentero con agenda futurista.

Dueño de un gran histrionismo, Petro suelta frases llenas de ira contenida por décadas contra la oligarquía, según él con manos manchadas de sangre, que se atraviesa a sus reformas y lo cuestiona permanente, y contra los medios de comunicación y los oportunistas de la propia izquierda, como si al pronunciarlas, fuera la reencarnación de Gaitán, y el pueblo entendiera el mensaje e inmediatamente se activara una multitud de militantes de una causa justa por la defensa de la democracia, la libertad y la vida. En realidad, las encuestas lo muestran con una favorabilidad de menos del 30%, lo que supone escaso margen para reelegir su ideario.

“Los proyectos políticos no son el objetivo, son un medio. Son solo un instrumento. El objetivo es el poder para el pueblo y el cambio de la historia y la transformación social. Se nos olvida y volvemos la organización el objetivo”, dijo Petro a la militancia de la Colombia Humana en un enérgico pronunciamiento exigiendo la unidad de la izquierda democrática, para, según él, no cometer la estupidez de echar a la caneca de la historia los avances alcanzados por el primer Gobierno de izquierda en los últimos cien años.

¿Cuáles avances?, se preguntarán la oposición y los incrédulos. Petro responde: “En este Gobierno nadie se ha matado, a nadie se ha mandado a la cárcel por sus ideas políticas. En este Gobierno se ha demostrado cómo vivir en democracia, cosa a la cual no estaban acostumbrados los colombianos, porque no vivían en democracia”. Lo dijo con tal convencimiento, como si para vivir en democracia no bastara con haber sido elegido libremente y con plenas garantías por más de 11 millones y medio de personas.

Petro actúa desde ya como jefe de debate del candidato que surja del proceso de unidad de la izquierda, y ha trazado un escenario que le conviene: el de la polarización, que no dejaría campo al centro político. “Hay dos proyectos políticos en competencia, en la lucha”, dijo. “El de volver atrás, de exclusión de las mayorías, de la desigualdad social... y el de salir de ahí, para construir una sociedad democrática y justa”.

Petro, el presidente y jefe de debate de la campaña presidencial de 2026, ha lanzado a la militancia de la izquierda democrática a buscar la unidad, pero sobre todo a luchar en las calles, en las veredas, en los pueblos, por la defensa de su Gobierno y la organización de los sectores sociales, para que salgan a defender las reformas que el Congreso ha bloqueado o se han caído en el control constitucional, y que Petro, en estado delirante de campaña, condena como un acto de debida obediencia de los magistrados de las altas cortes a sus jefes políticos, poniendo en duda la independencia de la justicia.

El objetivo de Petro, el reformista y revolucionario, es contundente para ganar las elecciones en 2026: “Acumulación de poder popular, no disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia”, finalizó su intervención el pasado domingo.

Lo que viene, entonces, es la búsqueda del poder constituyente, la organización de las multitudes, para presionar la aprobación de las reformas, la unidad de la izquierda, la reelección del proyecto petrista y la obtención del poder para el pueblo, la obsesión del jefe del Estado. Petro el inconforme juega duro. Quiere más.

Bogotá, D. E, 26 de agosto 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

“Sí el Congreso no se muestra inclinado a respetar las normas que rigen el procedimiento del debate democrático en las comisiones y en las plenarias, pues podríamos decir que en el templo mismo de producción de las leyes -que debemos tratar con gran respeto y admiración- se pasan por alto, una y otra vez, aspectos fundamentales de la vida democrática. Absurdo...”

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Los asuntos electorales son una cuestión de máxima importancia en una democracia. Se supone que las regulaciones existentes son el resultado de un cuidadoso consenso político entre las fuerzas políticas y la sociedad. Entrar a modificar los temas electorales es un riesgo enorme a no ser que ello esté precedido de un consenso entre las fuerzas políticas y, naturalmente, fundamentado en un apoyo de la sociedad.

Es que las instituciones electorales, su legitimidad, su transparencia, su integración, y su funcionamiento exigen los más altos estándares de comportamiento político. Con respecto a ellos no puede haber dudas, suspicacias ni rumores de ninguna naturaleza. Solamente debe haber una confianza universal que es la que, finalmente, da legitimidad al proceso electoral. Y en democracias que tienen un Estado de Derecho fuerte, como la colombiana, el Consejo de Estado es el que dirime finalmente los desacuerdos que existan con respecto a una elección, a un proceso electoral, o a la adjudicación de sillas a una determinada fuerza política. Así lo hemos visto en varias ocasiones.

Por segunda vez la Corte se ha visto obligada a declarar inconstitucional la reforma del Código Electoral. Así ocurrió en el 2022 y, de la misma manera, ahora en el 2024. Nada más complejo y difícil para una Corte como la Constitucional en Colombia, porque se supone que el código una vez aprobado, lleva el sello de todas las fuerzas políticas y refleja un consenso nacional.

En dos ocasiones ha tenido que declarar inconstitucional la correspondiente ley estatutaria no tanto por desacuerdos con el contenido sustantivo de la ley, sino por fallas fundamentales que tienen que ver con el cumplimiento del debido procedimiento legislativo. Y lo que más sorprende es que en ambas ocasiones este tipo de fallas parecen haberse repetido, como si a los miembros del Congreso o a las fuerzas políticas a las que ellos pertenecen no les importara el respeto por el procedimiento legislativo, que es una garantía esencial del debate democrático. Si no existe ese respeto a los trámites que se han establecido y han sido aceptados por el propio Congreso, es más planteados por el mismo, si el Congreso no se muestra inclinado a respetar las normas que rigen el procedimiento del debate democrático en las comisiones y en las plenarias, pues podríamos decir que en el templo mismo de producción de las leyes -que debemos tratar con gran respeto y admiración- se pasan por alto, una y otra vez, aspectos fundamentales de la vida democrática. Absurdo...

La lectura de los informes de prensa muestra que en 2022 como ahora, el Congreso incurrió en vicios de procedimiento notorios que hacían inevitable que la Corte se viera obligada a declarar la inconstitucionalidad de estas propuestas. En el caso más reciente, por unanimidad, la Corte declaró inconstitucional el proyecto de ley estatutaria 111 de 2022. ¿Cómo es posible que el Registrador, el Consejo Nacional Electoral y los congresistas incurran en errores obvios como, por ejemplo, la inexistencia de un estudio del impacto fiscal, que no hubo la consulta previa en relación algunas circunscripciones indígenas y que además el trámite fue tan rápido que no hubo una discusión real en el legislativo? Asombroso porque lo que se está diciendo es que había un consenso para aprobar esa ley estatutaria y ¿entonces por qué no cumplir con los mínimos requisitos para su correcta aprobación? Inexplicable. Como ya se dijo, la reforma aprobada a finales del 2020 había sido declarada inconstitucional por vicios de procedimiento en abril de 2022. Y se dice que en ésta como en la ocasión anterior hubo voces del Congreso que denunciaron las fallas de procedimiento sin que se tomaran en cuenta.

Bogotá, D. C, 19 de agosto 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

“Que el gas natural -que ya empieza a faltar y que escaseará dramáticamente a partir del 2025- cuando se proyecta que perderemos la auto suficiencia gasífera teniéndola que suplir con importaciones de gas natural explotado en otras latitudes que utilizan también el malhadado fracking: No importa”.

Por Juan Camilo Restrepo*. - A medida que pasan las semanas -ya transcurrieron dos años- se va llegando a una conclusión simple pero inquietante sobre el estilo de gobierno de Gustavo Petro: cree tener más facultades que las que la Constitución y la Ley le otorgan.

Lo que conduce a que al ejercer esas facultades chapuceramente termina haciéndole más mal al país de lo que se sospecha.

Un campo en el que se ha engolosinado en imponer arbitrariamente atribuciones que no tiene, es en Ecopetrol. Petro considera que, porque el Estado tiene un poco más del 80% de las acciones de la petrolera colombiana, le permite imponer su acalorado criterio en asuntos que son del resorte de la junta directiva de la petrolera. La cual debe responderle no solo al accionista mayoritario sino a los más de 200.000 accionistas privados que tiene la empresa.

Hace algunos meses escribí desde estas columnas lo siguiente, que es bueno refrescar en esta ocasión: “atención: el Gobierno, a pesar de tener el 88.5% de las acciones de Ecopetrol, no puede imponer a los accionistas minoritarios lo que le venga en gana”.

El estatuto jurídico que transformó a Ecopetrol en empresa de economía mixta en 2006 es muy claro al respecto cuando en su artículo sexto dispone: "Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarios para para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol, una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa".

Con esta norma se quiso revestir a Ecopetrol de un estatuto regido por las normas del derecho privado y evitar así simplemente por disponer de una mayoría accionaria, pudiera actuar de manera arbitraria imponiendo sus puntos de vista sin otro argumento que el de la fuerza de su participación en el capital de Ecopetrol.

Respetar lo dispuesto en el artículo sexto de la ley 1118 de 2006 debe ser regla de conducta no solo de obligatoria observancia sino de buen juicio, para que Ecopetrol goce de credibilidad en los mercados nacionales e internacionales”.

Las ideas anteriores las he recordado al saber que el presidente Petro, sin tener facultades, repito, para ello, vetó la participación de Ecopetrol en el proyecto Oslo que buscaba adelantar en compañía de OXI un atractivo programa de explotación de hidrocarburos en el Permian norteamericano. Proyecto que había sido estudiado y aprobado por la junta directiva de Ecopetrol y que le hubiera   representaba a la empresa amplios beneficios como los de aumentar su proyección de utilidades en un 15%, contrarrestar la caída inquietante de reservas que trae, y aumentar los índices de producción.

Solo tenía este proyecto un problema: se iba a realizar en territorio norteamericano, pero utilizando en sistema de fracturación hidráulica que no se lo pueden tragar ni Petro ni sus asesores ambientalistas.

Que el tracking se iba a hacer en Estados Unidos y no en Colombia: no importa

Que el fracking le ha permitido a los Estados Unidos convertirse en el primer productor y exportador de hidrocarburos del mundo, principalmente de gas, y que íbamos entonces a participar en esa estupenda aventura participando como socios de OXI en una promisoria asociación: no importa.

Que el gas natural -que ya empieza a faltar y que escaseará dramáticamente a partir del 2025- cuando se proyecta que perderemos la auto suficiencia gasífera teniéndola que suplir con importaciones de gas natural explotado en otras latitudes que utilizan también el malhadado fracking: No importa.

Al inquilino de la Casa de Nariño le importan un bledo todas estas razones, como también lo tiene sin cuidado que el proyecto hubiera sido estudiado y aprobado por una mayoría de 7 a 9 por la junta directiva de Ecopetrol.

El capricho de la presidencia -sin tener facultades para ello repito- era vetar el proyecto OSLO y así lo hizo. Hasta la misma junta directiva que hacía pocos días había aprobado con entusiasmo el proyecto se quedó muda como una ostra ante tan brusca orden presidencial.

Uno pensaría que su dogmatismo energético está acompañado de profundos conocimientos sobre la materia. Pues resulta que no es así. No es más que la expresión soberbia de un empecinamiento pando y equivocado de la situación energética, sobre la cual impone más caprichos que evidencias científicas.

Me llamó por ejemplo la atención que en el foro sobre la reactivación económica que tuvo lugar en Manizales, el presidente dijo enfática y doctoralmente (y sin que se le despeinara uno solo pelo de sus recientes implantes) que en los mercados internacionales los crudos ligeros (como el de Arabia Saudita) eran más baratos que los crudos pesados (como los de la franja venezolana del Orinoco) que se cotizaban más caros, dijo. Cuando es todo lo contrario.

Esta ligereza podría pasársele como una pasajera imprecisión de quien no pretenda imponerle una política energética a Colombia. Pero no a quien está todos los días dogmatizando sobre materias energéticas. Con más abuso de sus atribuciones que con conocimientos serios sobre la materia. Y con más prepotencia que razón.

Bogotá, D. C, 18 de agosto 2024

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el Ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El sector de los hidrocarburos no pasa por su mejor momento. Tanto la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez como el actual Ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del Presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de expertos integrada por el anterior Gobierno, tomaron la determinación de apagar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en el país. El país se quedó sin saberlo, a sabiendas del enorme potencial de recursos que posee en el país en yacimientos no convencionales, cuyo desarrollo podría llegar a duplicar sus actuales reservas de hidrocarburos.

Y la Ministra de Ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por quinta vez lo radicará nuevamente. Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta el 7.1, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta el 6.1%.

No obstante, aunque a regañadientes, se ha mantenido la Inversión con la que se asoció ECOPETROL y OXY para explotar un yacimiento no convencional (YNC), el PERMIAN, en los EEUU, utilizando la técnica del fracking, que hoy por hoy es el negocio más rentable con que cuenta la estatal petrolera. Su producción es de 100 mil barriles/día, de los cuales 49% corresponden a ECOPETROL. Al respecto manifestó el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que “es satisfactorio reportar estos logros operativos en el marco de actividades seguras, apoyada en procesos innovadores, con tecnologías confiables, tanto técnico como ambiental y dentro de los más altos estándares”. Cabe preguntarse si ello es posible en el territorio estadounidense por qué no lo es en territorio colombiano.

Llama poderosamente la atención que mientras el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla proyecta llevar la producción de petróleo hasta un millón de barriles al día, cuando cada día que pasa Colombia se aleja más y más de dicha meta, la que alcanzó en los años 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800.000 barriles/día. Y no es para menos, porque no se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se le incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del Gobierno. Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el Ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento.

Siempre se ha dicho por parte de los dos titulares de la cartera de Minas y Energía, para justificar la posición del Gobierno, que con los contratos ya firmados se garantizaba el autoabastecimiento del país, que no se requería más. Sin embargo, el Presidente Gustavo Petro en el marco de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la COP28, fue más lejos y firmó el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, mediante el cual comprometió a Colombia a frenar en seco la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en el país.

Y más recientemente el Ministro Camacho, frente a la opción de retomar la firma de nuevos contratos, manifestó, como disculpa, que hay “espacio suficiente para explorar en los contratos vigentes y por tanto, hacer más eficiente la exploración y explotación, por lo que contemplar extender la frontera exploratoria no es necesario”. Es muy diciente los pasos que se han venido dando, distrayendo a la ANH, que hasta el nombre le cambiaron, de sus fines misionales y a su Director encargado como Experto comisionado de la CREG.

Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Como afirmó el Vicepresidente de Estrategia y asuntos regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Andrés Bitar, “muchos de los inversionistas son internacionales y es difícil explicarles que todo está transcurriendo como venía transcurriendo en los años anteriores, cuando cada vez que puede, el Presidente Petro vuelve y replica el mensaje de que no quiere hidrocarburos”.

Las cifras son elocuentes: según la Cámara Colombiana de petróleo, gas y energía (CAMPETROL) venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó 30.3%. Este mes de julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. De allí que, como afirma Andrés Bitar, “si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo caiga a mediano y largo plazo, incluso mayor que el reportado tras la pandemia, del cual el país no se ha recuperado”. Ello explica también el mediocre desempeño del sector de minas y canteras, el cual, según el más reciente reporte del DANE cayó – 3.3% en el segundo trimestre de este año, el peor de todos. Definitivamente, en este Gobierno la suerte está echada!

Riohacha, agosto 16 de 2024

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“En realidad las vigencias futuras son una operación de maquillaje fiscal pues son una deuda escondida de las finanzas públicas”.

Las Vigencias Futuras (VF) han sido objeto de intenso debate y de críticas por dos razones principales: porque comprometen por anticipado recursos del presupuesto nacional quitando capacidad de gasto al gobierno actual; y ,en el caso de las VF para carreteras, porque están muy mal distribuidas entre las distintas regiones del país, llevándose Antioquia la mayor tajada. Las dos críticas son correctas.

Es evidente que las VF son decisiones que toma un gobierno y que comprometen los gastos de gobiernos futuros, los cuales no tienen alternativa distinta a honrar esos compromisos. En ese sentido son un factor importante que contribuye a la inflexibilidad del gasto público, tal como lo hacen los compromisos de servicio de la deuda.

En realidad las VF son una operación de maquillaje fiscal pues son una deuda escondida de las finanzas públicas que no se contabilizan como tal, pero que muchas veces son tan exigibles como un pagaré.

Las cifras son aterradoras. El gobierno nacional tiene compromisos de VF hasta el año 2053 por valor de $185 billones. Como la deuda pública a finales del año pasado ascendía a $816 billones, si las VF se contabilizaran como debe ser, la deuda crecería un 23% y habría llegado al 66% del PIB, rompiendo todos los límites de la regla fiscal.

La limitación al gobierno de turno es enorme. Para el período 2023-2026 los gobiernos anteriores aprobaron VF por valor de $72 billones que representan cerca de la cuarta parte del gasto de más de la mitad del presupuesto de inversión pública para esos años. Con razón el presidente se queja de que no tiene plata para sus programas de inversión.

En cuanto a la distribución regional de las VF, en materia de carreteras si hay una clara concentración en Antioquia, mientras que si se miran todos los sectores Bogotá es la más favorecida. En efecto, las VF aprobadas para las 19 carreteras 4G en ejecución asciende a $50.2 billones de los cuales los 7 proyectos construidos en Antioquia se llevaron $22 billones, es decir el 43.6%.

Además, no se puede decir que se trata de un esfuerzo regional pagado con peajes. En esas 7 concesiones el presupuesto nacional va a pagar el 70% de la inversión, mientras que los peajes solo el 30%. Es mayor el esfuerzo local en las otras 12 concesiones donde las VF aportan el 58% y los peajes el 42%.

La situación es diferente al mirar el total de VF comprometidas para inversión ($175 billones), pues Bogotá va a recibir $62.7 billones para las dos líneas del Metro y la troncal de la calle 13. Esto es más plata que toda la plata asignada a las carreteras 4G, y equivale al 36% del total.

¿Que podrán decir el Valle del Cauca y el suroccidente del país que para la conexión a Buenaventura y a todo el sur del continente solo tienen 3 proyectos financiados con VF por un valor de $12 billones (el 7% del total)?

Cali 18 de agosto 2024

Filósofo y Economista. Consultor.

“El futuro de Venezuela y, quizás, la paz en los dos países está en manos de los hermanos venezolanos. No los dejemos solos”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El desenlace de la crisis venezolana tiene evidentes repercusiones en Colombia, no solo económicas y sociales –la migración es una de ellas–, sino sobre el narcotráfico y la violencia en los territorios, pues Venezuela es “escampadero” para los grupos ilegales, principalmente el ELN, hoy con negociaciones congeladas y cese al fuego en entredicho.

De ahí la importancia de evaluar las reacciones frente al fraude en las elecciones venezolanas, “políticamente correctas”, pero, aun así, contribuyen a cerrar el cerco al dictador arrinconado en su laberinto.

The Wall Street Journal informó sobre una presunta amnistía ofrecida por Estados Unidos a Maduro y su círculo cercano, chiva que lanzó también Jaime Bayly, con “fuentes altamente confiables”. La administración Biden, que reconoció el triunfo de González, negó la amnistía, pero se sumó a la exigencia de publicación de las actas, que ya la oposición publicó en un porcentaje que no deja dudas sobre la derrota de Maduro.

La Unión Europea, a la que Maduro “desinvitó” como observadora, asumió también la corrección política. Borrel, progresista español y responsable para asuntos exteriores, consideró que Edmundo González “parece ser el ganador de las elecciones” y, cómodamente, apoyó la gestión mediadora de sus aliados socialistas, Brasil, México y Colombia.

Los españoles del PSOE, al que pertenece Borrel, mandaron como observador a Zapatero, quien, al parecer, nada observó, porque nada dijo, mientras que el silencio de Pedro Sánchez es “ruidoso” y su ministro de exteriores, para atenuarlo, se suma al coro sobre la publicación de las actas y el apoyo a los tres mediadores.

Los progresistas Lula, AMLO y Petro son hoy los mediadores y, a pesar de su amistad con Maduro, de su membrecía al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y de que la abstención de Brasil y Colombia y la ausencia de México bloquearon una resolución de la OEA exigiendo la publicación de las actas, prefiero creer que honrarán su condición de “progresistas democráticos” y no se inclinarán hacia la consolidación de la dictadura. Sin embargo, hablan de “repetir” las elecciones, algo sin precedentes y aún más desestabilizador.

La ONU condena la represión y exige publicación de actas, pero no dudó en dejarse invitar por Maduro, mas no como Misión de Observación Electoral, sino como “panel de expertos” sin capacidad de pronunciarse públicamente, con lo cual se dejó callar…y “el que calla otorga”.

Más contundente fue el Centro Carter, demócrata, progresista y, quizás por ello, invitado como observador internacional. Jennie Lincoln, jefa de la misión, fue tajante en que no hay indicio del presunto hackeo denunciado por Maduro; en que González ganó con más del 60% de votos; y en que la elección no se adecuó a estándares internacionales de integridad electoral y no puede "ser considerada democrática".

En este análisis faltan, sin embargo, tres actores importantes, dos por su peso geopolítico y uno esencial para la superación de la crisis.

El primero es Rusia, afanoso en reconocer la victoria de Maduro, proveedor de armamento a cambio de apoyo en sus tropelías internacionales y, sobre todo, interesado en otra Cuba en el “patio trasero” de Estados Unidos. El segundo es China, gran prestamista, al que Venezuela le debe todo, le vende todo y le compra todo. Dos aliados comunistas que hacen sentir su peso en el Consejo de Seguridad de la veleidosa ONU.

El tercero es esencial, es el “bravo pueblo” que puede cerrar el cerco, más allá de intereses geopolíticos, porque el apoyo internacional es importante, pero el futuro de Venezuela y, quizás, la paz en los dos países está en manos de los hermanos venezolanos. No los dejemos solos.

Bogotá, D. C, 17 de agosto 2024

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

"La guerrilla maneja a su antojo las operaciones en pueblos, veredas, municipios y hasta en los barrios de la capital del país”.

Por Gabriel Ortiz. -Antes de empezar el tercer año del gobierno Petro, Colombia está en poder del hampa, el crimen, el desespero, la corrupción y la incertidumbre.

Para los electores de quien hoy gobierna, todo lo prometido se ha logrado, mas desacreditado por la acción de una insensata oposición que quiere derrocarlo con golpes blandos o lo califican incapaz de manejar un país tan difícil.

El mandatario que, llegó con espíritu y vigor de camaradería para rodearse de gente experta y calificada, no pudo escapar a la consejería de sus camaradas y aspirantes a las más altas posiciones de la gobernanza.

Excelentes ministros y funcionarios se le entregaron con las mejores y desinteresadas maneras de alcanzar un mandato claro, bueno y progresista, como lo esperaban los electores.

Antes de la posesión, se escuchaban críticas sobre desenfrenos del nuevo gobernante, pero se aspiraba a que sus cambios no fueran tan bruscos y contraproducente. La economía requería una fortaleza que superara los rigores de la pandemia que tanto nos golpeó. Todo había que manejarlo con los dedos de cirujano que tenían las manos de quienes lo acompañan con toda solidaridad. Sus amigos y amigas de compañía, se desesperaban en la medida en que transcurría el tiempo. Querían con afán, ver sus nombres en el computador de palacio.

Creyó Petro que las cosas marcharían como si aún fuera el fogoso parlamentario, o el dudoso alcalde de capital, experto en comprar deteriorados camiones o carros repletos de basura Neoyorkina.

Consideró que su paz total, le daría liderazgo internacional, para lo cual continúa actuando sin dar tregua al avión presidencial y, pausa a los fondos públicos para sufragar los viáticos de sus acompañantes.

La marca mundial que posee en retraso, gestión e incumplimiento, empezó a reflejarse en desgobierno, violencia, equivocación, corrupción y toda esa suerte de aparatosas decisiones.

La inseguridad ronda por todos los lugares del país, ensañada por los innumerables grupos guerrilleros que a diario lo engañan con supuestos diálogos y lo obligan a decretar ceses al fuego para poder actuar a sus anchas en el negocio del narcotráfico. Hoy grupos campesinos presionados y amenazados, secuestran piquetes de militares de hasta 100 hombres. La guerrilla maneja a su antojo las operaciones en pueblos, veredas, municipios y hasta en los barrios de la capital del país. La extorsión aflora a lo largo y ancho de una Colombia resquebrajada e inerme. Hay cierres de numerosas escuelas y universidades para reclutar jóvenes que viven en la pobreza. No hay empleo, la inflación empobrece y aumenta la informalidad.

Petro quiere llevar a la ruina a la Ecopetrol, “la joya de la corona”, con impuestos, pésimas inversiones para beneficio de Venezuela y la eliminación de un negocio sobre fraking en Estados Unidos. Como si fuera poco, anuncia el establecimiento de un sistema de inversión forzosa, que arruinará a los ahorradores ricos y pobres, y al sistema financiero. Expertos economistas califican esto como el inicio de la expropiación de los “Maduros”, que han sido sus consejeros.

La inversión extranjera cae, al igual que nuestras exportaciones, mientras la deuda se eleva y el gasto público y el dólar, arañan el cielo.

Hoy nos invade el desespero, al ver nuestro país, al borde del desastre. Y… Petro ahí.

BLANCO: El avance de Kamala Harris, que sube en las encuestas, mientras su adversario Trump es calificado como viejo gruñón que quiso endilgarle a Biden.

NEGRO: El fracaso del llamado de Petro a la clase empresarial en Manizales.     

Bogotá, D. C, 16 de agosto 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“La Constitución -es verdad- no es irreformable, pero su modificación no debe obedecer únicamente al vaivén de las coyunturas ni a la conveniencia política del momento, como ha venido aconteciendo”.

Por José G. Hernández*.- El presidente Gustavo Petro ha expresado en todos los tonos que no aspira a ser reelegido, que no le interesa. Hay que creerle. Pero ello no ha impedido que algunos congresistas partidarios suyos hayan resuelto presentar un proyecto de acto legislativo orientado a restablecer la figura de la reelección -hoy prohibida en la Constitución- para que, en 2026, el actual mandatario pueda someter de nuevo su nombre a consideración del pueblo.

Sin adoptar una posición política en el caso concreto, cabe subrayar algunos elementos y antecedentes constitucionales en la materia, que son ejemplo de inestabilidad y ambivalencia.

La reelección presidencial -que era posible a la luz de la Constitución anterior- fue prohibida por la Asamblea de 1991, para evitar, según los ponentes, “la incidencia del presidente en el proceso de elección a este cargo y la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático”. En 2004, un irregular proceso político culminó con la expedición del Acto Legislativo 2, que restableció la figura, inclusive para el período inmediato. Dos presidentes en ejercicio (Uribe y Santos) fueron reelegidos. La convocatoria a un referendo con miras a la segunda reelección de Uribe fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. 

El Acto Legislativo 02 de 2015 volvió a prohibir la reelección y, además, dispuso: “La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”.

Lo que ahora se propone, en cuanto pretende modificar otra vez la Constitución por acto legislativo del Congreso, implicaría desconocer lo dispuesto en la aludida norma, aunque se dirá que un acto legislativo puede modificar o derogar otro acto legislativo.

Siempre hemos pensado que la reelección de presidentes en ejercicio no solamente estimula la febril ambición de poder -llevando en muchos casos a la corrupción y al abuso- sino que lo concentra y prolonga en cabeza de una persona, impide la necesaria renovación en los cuadros directivos del Estado y rompe todo equilibrio e igualdad entre los candidatos, toda vez que uno de ellos aventaja ostensiblemente a los demás, dadas sus amplísimas atribuciones de orden presupuestal, burocrático, contractual y político, según lo hemos visto en Colombia y en otros países como Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Nicaragua o El Salvador.

Obsérvese que, entonces, con este tipo de enmiendas se ha buscado y se busca acomodar la norma constitucional a una determinada coyuntura política, en vez de ajustar la situación política concreta al precepto vigente, como debería ser. Se modifica la Constitución para el caso, generando inestabilidad y se juega con la Constitución. Se la convierte -contra su esencia- en estatuto frágil y maleable.

Más allá del caso de la reelección, en Colombia es preocupante la tendencia del Congreso a reformar por reformar, sin que las reformas respondan a las verdaderas necesidades del sistema jurídico fundamental. Se ha debilitado el Estatuto Fundamental de 1991, al que ya se han introducido sesenta reformas -muchas de ellas innecesarias- y se proyectan muchas otras.

La Constitución -es verdad- no es irreformable, pero su modificación no debe obedecer únicamente al vaivén de las coyunturas ni a la conveniencia política del momento, como ha venido aconteciendo.

Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Hubert Ariza*.  - Con el estallido del escándalo de la UNGRD, el incendio político en el vecindario, los índices de popularidad en rojo y el crecimiento del pesimismo colectivo, no hubo mucho que celebrar en Colombia el pasado 7 de agosto, cuando se cumplieron dos años de la posesión del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario firmante de un proceso de paz exitoso.

Esta vez no ondeó, como en 2022, la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar, no se escuchó un discurso inspirador o desafiante del statu quo, ni el país renovó las ilusiones del éxito en ese proyecto político de izquierda. Tampoco expresó optimismo en que ahora sí llegará el anhelado acuerdo nacional que impulse las grandes reformas que transformen la vida de la nación.

“Pero sí hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan”, dijo Petro al hacer la lista de logros de su Gobierno, muchos de los cuales el país ignora o se niega a creer por la ausencia de una exitosa política de comunicación gubernamental y el desafiante estilo de gobierno del mandatario.

Ese balance ha sido nublado, sin embargo, por el eco del estallido del escándalo de corrupción protagonizado por funcionarios petristas deshonestos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que pusieron un billonario presupuesto al servicio de un entramado para enriquecerse ilegalmente y, al mismo tiempo, impulsar las reformas gubernamentales en el Congreso de la República. Un escándalo que involucra a los máximos exdirectivos de esa entidad, a cuatro ministros y dos ex altos funcionarios del Gobierno, y a nueve congresistas, incluidos los expresidentes de Senado y Cámara.

Justo ese día de conmemoración, la Fiscalía realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los principales acusados en el expediente de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que fue transmitida en directo por varios medios de comunicación, copando la agenda mediática e impactando a la opinión pública, mientras en el histórico Puente de Boyacá el presidente pronunció un discurso sobre las fuerzas militares, con el sol a las espaldas y rodeado de funcionarios con caras largas. Al mismo tiempo que el mandatario hablaba del futuro, la Fiscalía demostraba la capacidad de daño de unos funcionarios deshonestos que demolieron la esperanza.

Por ello, la euforia de hace dos años fue reemplazada por un sentimiento generalizado de frustración. Fue un día de decepción para los más de once millones de electores del presidente, porque ningún logro, de los resaltados por Petro y sus funcionarios, es tan fuerte como para impedir que la corrupción sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración. Una etiqueta que borró la promesa de valor de un mandatario que llegó al poder con la bandera del cambio, después de décadas de lucha en el Congreso contra la podredumbre política y sus alianzas criminales con el paramilitarismo, que sembraron de sangre la geografía nacional.

Consciente de ello, el jefe de Estado reconoció que ese fenómeno afectó su gestión. “Ese flagelo ha logrado permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones. A nosotros en el Gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el Gobierno del cambio”, dijo en su alocución televisada de balance de dos años de mandato.

Unas horas antes, había enfilado baterías en la red social X, antes Twitter, contra la periodista Diana Saray, tratando de poner el espejo retrovisor en otros escándalos en administraciones anteriores, como el supuesto saqueo de las EPS durante la pandemia, y de ratificar su compromiso contra la corrupción, al tiempo que descalificaba la labor de los medios, siempre críticos con una administración que ha atacado su credibilidad e independencia. “Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre”, escribió Petro.

Precisamente por esos permanentes ataques, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha emitido constantes comunicados condenando los excesos gubernamentales en ese campo.

Del 7 de agosto de 2024 queda el mea culpa del presidente por el caso de la UNGRD, su recuento de quince logros en su gestión, y el llamado insistente a un acuerdo nacional, en el que pocos creen, excepto él mismo y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “He hecho un llamado a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción”, dijo.

Esta vez no habló de las reformas agraria, política y a la justicia, ni del reordenamiento territorial, un tema vital para los gobernadores, hastiados del exceso de centralismo y presidencialismo. Tampoco mencionó la convocatoria de una Constituyente, ni insistió en su tesis del poder constituyente. Tal vez ya entendió que el palo no está para cucharas y que debe conformarse con entregar el poder pacíficamente el 7 de agosto de 2026.

En 2020, Colombia hablaba del estallido social, lo que impulsó el ascenso al poder de Petro en 2022. En 2024 se habla del estallido de la corrupción como el detonante de la narrativa de una derecha que busca demoler cualquier logro del Gobierno del cambio e impactar la campaña presidencial de 2026. Con el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía está recuperando el protagonismo, el respeto y la independencia perdida, y la Justicia tiene una dura prueba para demostrar eficiencia y compromiso en defensa del Estado social de derecho y la democracia, que se debilita con cada hecho de corrupción e impunidad, que alimenta los discursos de odio y el deseo de venganza de los electores.

El tercer año del Gobierno del cambio ha comenzado, entonces, con el propósito de allanar el camino hacia un acuerdo nacional, que debe demostrarse con hechos y no con palabras. En tiempos de escepticismo y baja popularidad del presidente, con las heridas abiertas por la corrupción y el anhelo de justicia colectivo, la narrativa de venezolanización del país tomando fuerza, el fuego amigo al interior del Pacto Histórico, y la campaña presidencial avanzando con fuerza, hay poco optimismo en que se logre ese objetivo.

Quizá el primer paso debería darse desde la Casa de Nariño, bajándole el volumen de agresividad en X contra la prensa y la oposición, y apoyando la justicia para que se castigue ejemplarmente a los involucrados en los hechos de la UNGRD. Corrupción e impunidad no pueden ser sellos del cambio. También impulsando una audaz política pública anticorrupción, que se traduzca en el fortalecimiento de la Justicia y los órganos de control, despolitizándolos y sacándolos de la órbita de la politiquería enquistada en sus organigramas.

La campaña del 2026 comenzó con fuerza. La derecha aplaude la crisis permanente de la izquierda, pero no ha logrado posicionar un candidato que supere el desastre de la campaña de 2022 y su falta de liderazgo cuando vendió como alternativa a un candidato condenado hoy por corrupción. Por ahora, su narrativa no pasa de escaramuzas mediáticas de corta duración.

Aunque Petro goza de impopularidad, la derecha no parece ser la alternativa ante su falta de imaginación y líderes cualificados. El centro tiene hoy una enorme oportunidad de construir un relato que saque a Colombia de la dicotomía Petro o Uribe, y encarrile a Colombia hacia un verdadero acuerdo nacional en defensa de la Constitución de 1991, para impedir que el populismo autoritario se empodere con las banderas de la lucha contra la corrupción.

Bogotá, D. C, 11 de agosto 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

“La Política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -En el Programa de gobierno del Presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos no convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el Departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo. En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCOR le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). Esta decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su Presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”.

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas. El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado Piloto Distrito minero especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.

Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.

Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2.45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos del Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones!

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad extractiva en el Departamento del Cesar y la portuaria en el Departamento del Magdalena, el Presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado “lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”. Qué tal esto!

La hostilidad hacia la actividad extractiva, se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al Departamento de Antioquia, que se revirtió. Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector. La Política minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo.

Barranquilla, agosto 10 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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