Opinión

La salud en Colombia, es un desastre total

Por Gabriel Ortiz*. - El país quedó notificado: todos deben prepararse para morir. Es obligatorio. El gobierno no pagará los servicios de la salud. Se han montado tremolinas, falsedades y engaños, para justificar la mortandad que se nos viene encima.

Los consejos de ministros del no, no y no que han montado, dejan a los 50 millones de colombianos desamparados y en poder de un gobierno que solo busca esconder la plata del pueblo, para comprar votaciones y resultados de unas elecciones que impongan el M19 de Petro.

Nuevamente el presidente denunció golpe de estado, esta vez por parte del Congreso, quien en ejercicio de su función legislativa, desecha por inconveniente la reformitis aguda de Petro, Benedetti y sus jaurías.

Esta vez el gobernante, quiso sacar el espejo retrovisor, para endilgarle el desastre que hoy exhibe la salud de los colombianos, a los gobiernos que lo antecedieron. Nunca se habían registrado tantas reclamaciones por el desastre de la salud. Ni servicios médicos, hospitalarios y restricción de medicamentos amenazan de muerte a nuestro pueblo, y a toda nuestra comunidad. Todo es obra del actual gobierno. No hay un solo paciente que tenga hoy la totalidad de remedios que les ordenan los facultativos.

Y qué tal: el Supersalud, invadió los depósitos de almacenamiento de medicamentos y no pudo comprobar acaparamiento de medicinas. Simplemente se limitó a decir al presidente que el celular, con el que tomo fotos, fue bloqueado.

La realidad es, y así lo reiteró Petro, que el gobierno no pagará las deudas que tiene con las EPS para pagar servicios hospitalarios, que no habrá aportes suficientes para atender la Unidad de Pago por Capitación. Tampoco se cumplirá con las órdenes de la Corte para cancelar los dineros de la salud.

Petro escurrió la culpa que tiene, con los nombramientos de liquidadores de las EPS que expropió, y que hoy están en la ruina, agravando los servicios de la salud para el pueblo.

La salud en Colombia, es un desastre total, porque están desapareciendo y escondiendo presupuestos, sin que les importe la mortalidad del pueblo que Petro osó llamar “el gobierno de la vida.

Desde el 2023, estamos en poder de la corrupción, la guerrilla, el crimen y el desorden. La paz total de Petro desapareció. Aquí aumenta el narcotráfico y nos descertifican, se arruina la mayor empresa estatal: Ecopetrol. El gobierno no alcanza a comprar suficientes congresistas para imponer reformas orientadas a usufructuar beneficios propios. A diario se están cerrando hospitales y servicios de salud.

Presidente, primera dama y parentela, despilfarran y dilapidan los dineros del pueblo, en viajes no oficiales e innecesarios.

En su última inventiva, sobre golpes, atentados y demás, el presidente denunció la sacada del poder que según él, le están preparando, con la renuncia de la vicepresidenta y el alistamiento del presidente del Congreso para asumir el poder. No dio fecha ni calendario. A ello se agregan los insultos, amenazas y notificaciones para expedir decretos y normas que eliminan al legislativo y el judicial.

Así están las cosas en Colombia.

BLANCO: La Defensora del Pueblo, Iris Martín, desmintió a Petro: “no hay datos ciertos que sostengan acaparamiento de medicamentos”.

NEGRO: Petro acusa a la Fiscal Adriana Camargo por no investigar caso de Papá Pitufo, que aportó dinero a la campaña.

Bogotá, D. C, 27 de marzo 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.

Por José G. Hernández*. - Lo que está pasando en Colombia, en lo que respecta a servicios de salud, atención médica y suministro de medicamentos, es sencillamente inhumano. En lo que toca con las recetas médicas, el país ha podido ver por televisión y redes -y lo hemos comprobado de manera directa- filas interminables de personas -muchas de la tercera edad y enfermos graves, en peligro de muerte- citadas a turnos para la entrega de los medicamentos que requieren, finalmente devueltas -tras muchas horas de espera- sin recibir lo que necesitan para la atención de sus dolencias.

La situación -hay que decirlo- no es nueva. Se ha presentado en años anteriores, bajo distintos gobiernos, y el sistema vigente ha presentado fallas protuberantes desde su iniciación, a partir de la Ley 100 de 1993, como se advirtió en sentencias de la Corte Constitucional y como lo demuestra también el reiterado uso de la acción de tutela, que en multitud de ocasiones ha servido para la protección oportuna y eficaz del derecho a la salud. Los proyectos de ley sobre actualización y modificación del confuso sistema existente -elaborados por la actual administración- han sido “hundidos”, sin debate alguno, sin discusión, sin razones ni trámites, como también ocurrió con la reforma laboral. Todo, dentro de la polarización política existente.

El Gobierno, por conducto del presidente de la República, del ministro de Salud y de la Superintendente de Salud, ha sostenido que ha habido corrupción y desvío de recursos hacia finalidades distintas a la salud, por parte de varias entidades prestadoras de tales servicios. Lo último que se ha descubierto, según informa la Superintendencia, es inconcebible: algunas entidades acaparan los medicamentos, citan a los usuarios, los hacen esperar por horas y no se los entregan.

El Gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y sus funcionarios, en ejercicio de sus cargos y de acuerdo con los mandatos constitucionales, deben actuar e impedir que estos dolorosos acontecimientos, que carecen de justificación, se sigan presentando. Si no lo hacen y permiten que la salud y la vida de muchas personas dependan de la caprichosa voluntad de las entidades privadas, incurren en inexplicable omisión y, contra los postulados del Estado Social de Derecho, están dejando desprotegida a la población.

El artículo 49 de la Constitución señala a la salud como derecho fundamental y como un servicio público a cargo del Estado. Y garantiza “a todas las personas” el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios, conforme a principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.

Dispone que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención, con participación de la comunidad. La atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Si la salud es derecho humano y servicio público, no es negocio, como algunos lo entienden. Y afectarla, como se viene afectando -según denuncia la Superintendencia- es una conducta criminal.

Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.

Bogotá, D. C, 26 de marzo 2025

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia

Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.

¿Cuál es el impacto del gasto público en el país? ¿Cuáles son los resultados de los múltiples planes, programas y proyectos de las entidades estatales? La rendición de cuentas que hoy se exige a muchos funcionarios públicos, ¿es suficiente para evaluar la relevancia, transparencia y eficacia de su gestión?

La medición más generalizada del impacto del gasto es de carácter cuantitativo y fiscal:a nivel macro lo que preocupa es el déficit fiscal; a nivel de entidades, es la ejecución presupuestal lo que se mira. Un funcionario eficiente es el que ejecuta todo el presupuesto que le asignaron, y un funcionario ejemplar es el que cumple todas las normas como ordenador del gasto; casi nunca se analiza en qué y para qué se gastó, ni mucho menos el impacto el impacto de los recursos utilizados.

En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.

No es que en Colombia no haya normas y procedimientos de evaluación. Por el contrario, el libro analiza 5 entidades que tienen obligación legal de hacer M&E del gasto público: el Departamento de la Función pública, Planeación Nacional, Minhacienda, la Contraloría y la Procuraduría. Entre todos tienen 15 sistemas de M&E, cada uno con extensos formularios y requerimientos de información a las entidades vigiladas. De poco han servido para mejorar los resultados del gasto.

El primer requisito para evaluar el impacto es tener total claridad sobre el Qué y el Cómo: saber qué se debe medir y cuáles son las métricas o los indicadores de esa medición. Sin esta claridad, ni los auditores saben que deben revisar, ni los funcionarios conocen la vara con que serán medidos.

Lo que debe definir que se mide en el sector público son los objetivos del Estado y la contribución de cada entidad a esos objetivos; la Constitución los establece claramente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2).

Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Con base en este objetivo se deben construir los indicadores de evaluación de todas las entidades públicas, que deben ser conocidos y apropiados por todos los funcionarios de cada entidad. El M&E del impacto debe empezar por la autoevaluación.

Importante que la sociedad civil sea parte activa en el M&E del impacto del gasto; para ello es necesario que haya centros de pensamiento que discutan las políticas públicas del gasto, y analicen la evaluaciones oficiales del impacto, así como universidades que preparen especialistas en esta novedosa disciplina.

Son muchas más las propuestas del libro, imposible de resumir en este espacio.

Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

Uno y otro van a terminar mal.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Aunque a primera vista puede pensarse que son como el agua y el aceite, resulta que cuando se mira con cuidado la personalidad de Trump resulta muy parecida a la de Petro.

Miremos algunas semejanzas que tienen.

Acaso la primera -y la más chocante- es el desprecio de ambos por el Estado de Derecho, por las instituciones, por los jueces, por todas aquellas barreras que pueden constituir un obstáculo democrático frente a sus caprichos.

Ya Trump y su cuadrilla- encabezada por Musk- está empezando a chocar con las instancias judiciales; todos los días es más frecuente leer que los jueces o los tribunales suspenden, anulan o aplazan las decisiones febriles que va despachando el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo sucede con Petro: ya se volvió paisaje leer sus trinos calenturientos contra los jueces, contra las cortes, contra todo aquel que individual o colectivamente se atreva a contradecirlo. Y su cuadrilla -encabezada por Bolívar- no duda en invitar a que se hagan cercos y asonadas contra cualquier corte que se apreste a tomar una decisión importante que la Casa de Nariño sospeche que vaya a salir contraria a sus caprichos.

Otra característica común es la desenvoltura con la que agravian a sus contradictores. Trump no baja a su antecesor Biden de corrupto y bandido. Y Petro utiliza un lenguaje degradado similar para con quienes lo antecedieron en el palacio de los presidentes de Colombia.

También se asemejan Petro y Trump en la manera “sobradita” como dogmatizan sobre lo divino y lo humano. Parece que siempre hablan -o al menos dan esa sensación- excátedra, ya sean cosas profundas o estupideces como sucede a menudo.

Petro, con su infaltable lápiz que más parece una batuta para dirigir el coro de sus aduladores; y el de los Estados Unidos arrellanado en el salón oval firmando las famosas órdenes ejecutivas con las que pretende dirigir los EE.UU. y el mundo entero.

Ambos desprecian al resto de los jefes de Estado con los que se reúnen, y solo parecen tener palabras amigables con quienes creen que van a secundar sus caprichos o terquedades: Trump con Putin y Petro con Maduro.

Ambos traslucen un ego monumental que se les va derrumbando estrepitosamente a medida que pasa el tiempo. El deshielo del ego de Trump está comenzando; el de Petro ya está derretido a su mínima expresión cuando empieza a tener el sol a la espalda.

Ambos son tercos -hay que reconocerlo- hasta niveles delirantes. Creen que la terquedad -así no sea para persistir en buenas causas- es una virtud del buen gobernante. Cuando sucede precisamente lo contrario. La terquedad, o sea la incapacidad total para escuchar al otro, se convierte en una piedra de molino al cuello para el buen gobierno.

Ambos creen poseer la verdad absoluta sobre todo tema que tratan y la manía de utilizar el insulto como arma argumentativa, lo que muestra es una inmensa ignorancia que los obliga a vivir en una constante corrección de las cosas prácticas cuando la fuerza de los hechos -no ellos- les impone una rectificación.

Petro que no tiene, ni nunca ha tenido, más el 25% de los votos parlamentarios considera que el otro 75% está en la obligación ética y política de plegarse a todos sus caprichos. Trump, así sea el presidente de la nación más rica del mundo, considera que el resto del planeta le debe pleitesía y obediencia ciega. Y que tiene títulos para humillar al resto de la comunidad internacional.

Uno y otro van a terminar mal. Petro ya está concluyendo un periplo de anuncios que no se han concretado en nada y de insultos que han degradado como nunca la vida política colombiana. Trump va comenzando su segundo mandato: tampoco parece que vaya a terminar bien.

Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Para Petro, el país está en modo consulta. Para el resto de los mortales, está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado

Por Hubert Ariza*. Colombia vivió durante más de 100 años buscando el camino para derribar la muralla de la Constitución de 1886 que mantuvo al país bajo la permanente declaratoria del estado de sitio. Era una situación de excepcionalidad que cerraba los espacios democráticos, podaba los liderazgos políticos, marchitaba la sociedad civil, era tierra fértil para la violencia y daba excusas a los grupos armados ilegales para izar las banderas de la insurrección ante un régimen autoritario incapaz de contener la violación de los derechos humanos y defender la vida.

Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo son los mártires más reconocidos de ese período de dolor y desangre colectivo, en el que las mafias políticas de extrema derecha enquistadas en el Estado, muchas veces en alianza con sectores descompuestos de la Fuerza Pública, sembraron de dolor el país y dejaron más de 500.000 muertos, miles de fosas comunes, millares de masacres y millones de desplazados internos.

En la década de los noventa del siglo pasado, la tenacidad de los jóvenes universitarios, hastiados de la guerra fratricida y la demencia del narcotráfico que avasallaba el futuro, decidieron convocarse para impulsar la idea revolucionaria de una Asamblea Nacional Constituyente. Fernando Carrillo Flórez, un joven profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, fue el gran impulsor de esa gesta histórica, que redimió los espacios de participación ciudadana como el escenario para destrabar la democracia y sembrar en la consciencia colectiva el concepto del poder de la soberanía popular.

Gracias a la gesta constituyente, cinco grupos armados ilegales dejaron las armas, participaron en la elaboración de la Carta Política y han cumplido su palabra. Un hijo de esa paz de los años noventa es hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmante de la paz con el M-19 y quien ha promovido de manera consistente una profunda reforma constitucional, sea a través de una Constituyente o del llamado poder constituyente. Esas iniciativas reformadoras de la Carta Política no han encontrado eco en una opinión pública prevenida, en alerta, temerosa de que un nuevo articulado concrete la amenaza de una supuesta venezolanización de Colombia, o abra las compuertas a la eventual reelección presidencial inmediata y a la incertidumbre que ello conllevaría.

Ante el bloqueo legislativo y la decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima de archivar el proyecto de ley de reforma laboral ―que el Gobierno considera vital en su estrategia modernizadora―, el presidente Petro ha invocado el espíritu participativo de la Constitución de 1991, la misma que siente estrecha para avanzar en la concreción de su modelo de sociedad marcada por la justicia social, la equidad, la paz y el cambio de paradigmas.

La convocatoria de una consulta popular, que se realizaría en octubre de 2025 de ser aprobada por el Congreso, es un enorme reto para la derecha, pero también para la izquierda democrática, que tendrá que despabilarse para lograr los objetivos planteados por el Ejecutivo. La consulta pretende destrabar la agenda reformista y movilizar a la base electoral del petrismo, sacándola de las peleas internas, el fraccionamiento y la polarización, de cara al 2026, dando vía libre a una dinámica popular que posicione nuevos liderazgos regionales y obligue a los congresistas, dirigentes sociales y formadores de opinión leales al Gobierno a ganar espacios, promover la esencia de las reformas bloqueadas, a la salud y laboral, y, ante todo, impulsar un modelo de sociedad que cambie el status quo. Por supuesto, la estrategia busca posicionar en el partidor a los líderes que integrarán la lista al Congreso de la República por el Pacto Histórico. Es claro que quien no movilice al electorado ni haga pedagogía, no estará en el tarjetón. Así de sencillo.

Convencido de que una sociedad enferma de odio y polarización necesita una cura democrática, Petro ha mandado al país a consulta, teniendo como vademécum la Constitución de 1991, para liberar las fuerzas de la izquierda democrática del anquilosamiento burocrático y el empalagamiento con el poder transitorio, y, de paso, convocar a los ciudadanos de otros partidos y movimientos sociales a una reflexión sobre el modelo económico y político, las debilidades de la democracia y la necesidad de actuar para impedir que la propuesta del cambio se asfixie en el pozo profundo de la polarización y la revancha política. La consulta, entonces, es una enorme atarraya que lanza el presidente al mar de la opinión pública para pescar adeptos, superar divisiones internas y ganar espacios de cara al 2026.

La primera prueba de su convocatoria fue la marcha del pasado 18 de marzo, que convocó en varias ciudades del país a miles de simpatizantes de esa iniciativa gubernamental. Contrario a los anuncios de la oposición y a pesar de las decisiones del alcalde de Bogotá, que rechazó la declaratoria de día cívico hecha por el Gobierno nacional, la Plaza de Bolívar se llenó durante varias horas, y miles de personas acudieron a la cita para escuchar uno de los discursos más fuertes del primer mandatario en los últimos meses, en lo que radicalizó su postura contra la clase política que obstruyó su propuesta del cambio, la oligarquía y el modelo económico.

Petro, quien se crece en la plaza pública, atacó con fiereza a sus adversarios y trazó una ruta de acción política a sus seguidores. Empoderado en su papel de caudillo, usa la palabra como detonante e invisibiliza a su gabinete en la arremetida contra los adversarios a sus tesis y visiones de futuro. El pasado 18 de marzo, atacó por igual a las senadoras cristianas de la Comisión Séptima, como a los demás congresistas que archivaron el proyecto de ley de reforma laboral. El llamado al Congreso a aprobar la convocatoria de consulta popular fue una declaratoria de guerra, con una clara advertencia: “si no, el pueblo los sacará del Congreso. No estoy hablando carreta. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta”.

Para Petro, Colombia está en modo consulta. Para el resto de los mortales, Colombia está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado. Lo evidente es que Petro ha levantado la bandera del M-19, se enfrenta contra los clanes políticos en el Congreso, repudia el modelo económico y a los empresarios abusivos de los derechos de los trabajadores, ataca las fallas estructurales del modelo de salud y convoca al pueblo a manifestarse y declararse en rebeldía contra la clase política, los alcaldes y gobernadores que desconocen los mandatos presidenciales, y contra Vicky Dávila, la candidata que aspira a ser la Milei colombina, de quien dijo tiene “el alma podrida”.

Colombia está en el diván: la política ha entrado en una nueva dinámica de mayor radicalización del presidente, polarización y desafío a la cordura, mientras del Gabinete sale el ministro de Hacienda, quien apenas estuvo en el cargo tres meses, y el Congreso se convierte en teatro de operaciones de una oposición sin límites que usará todos los medios para frenar a Petro en su lucha por reelegir su ideario en 2026.

Bogotá, 24 de marzo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso

Por José F. Lafaurie*. -Mi preocupación de la semana anterior en este mismo espacio fue sobre la condición de riesgo que enfrenta nuestra democracia; y lejos de ceder, se acrecienta con esa combinación de insulto, acusación  y amenaza a la que el presidente nos tiene acostumbrados,  que llegó, a una expresión realmente “peligrosa” en su última perorata  para  exacerbar el odio y el enfrentamiento social en una muchedumbre de funcionarios públicos y de las infaltables “minorías indígenas”, muchedumbre que no se movilizó, sino que fue movilizada  en el tal “día cívico”.

El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.

Ahí fue Troya: En un solo mensaje del presidente que gobierna por X, acusó de traidores a los firmantes y los expuso en la picota pública: “Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que lo han traicionado”. Días después tildaría de “nazis”, su ofensa favorita, a los que denunciaron el peligro de semejante acusación para ellos y sus familias, como hoy tilda de nazis y criminales al periódico El Colombiano, a Bruce Mac Master, a la ANDI y al uribismo. Al final, puso también a Jesús de por medio, acusó de traición a los parlamentarios cristianos y amenazó con que el pueblo sería llevado a la violencia si no se reversaba la decisión.

Pero la más peligrosa amenaza, a mi juicio, fue la declaratoria de ruptura de relaciones entre el Gobierno y el Congreso, que repitió con insistencia hasta el clímax de su discurso, o mejor, de su arenga incendiaria en la Plaza de Bolívar, donde las amenazas tomaron un tono desafiante. De hecho, la convocatoria de la manifestación mientras la Comisión VII debatía la proposición de archivo, fue un acto de indebida presión al Congreso, no por parte del pueblo, como pretende Petro, sino del Gobierno que la convocó, la organizó y la financió; un inadmisible desafío a la democracia.

En la agresiva arenga, convertida en alocución presidencial para el país en horario triple A, el presidente no solo llamó a la insurrección: - “El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible” -, sino que arreció sus ataques al Legislativo, pero ya no habló de “ruptura”, sino de expulsar a los parlamentarios del Congreso, ¿Acaso una velada alusión a la eventual disolución del Congreso?

Juzguen ustedes. “Cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Si no es así, (…), entonces el pueblo lo sacará del Congreso, como tiene que ser".

“El Congreso le está dando la espalda al pueblo. Y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo (…) hay que sacarlos de ahí, porque no nos sirven, no le sirven al pueblo. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia…”.

“Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, (…). Primero se va la clase política del Congreso que acallar al pueblo…".

No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso, pero, sin duda, hace hasta lo imposible para deslegitimarlo ante la sociedad, más de lo que ya está, diría yo, generando una fractura entre los dos poderes que flaco favor le hace a la estabilidad de nuestra democracia y a la gobernabilidad que necesitaría para sacar adelante sus reformas. ¿O acaso será que el caos, la revuelta callejera y la inestabilidad son la verdadera intención? Ya le funcionó una vez…

Bogotá, 22 de marzo de 2025

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.

¿Por qué la animadversión de Trump contra Canadá? ¿Por qué se le iluminan los ojos cuando afirma que va aconvertirlo en el Estado 51?,¿Por qué la cara de satisfacción al referirse al primer ministro Trudeau como “gobernador”?, ¿Por qué el empeño de agredirla económicamente con aranceles, así cause más daño en su propio país?

Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.

La República de Gilead es el país distópico creado por Margaret Atwood en sus novelas “El cuento de la criada” y “Los Testamentos”. En estos relatos, paramilitares de extrema derecha han convertido a Estados Unidos en un estado totalitario, después de derrocar al gobierno democrático, tomándose a la fuerza el Congreso y la Casa Blanca.

En el régimen de Gilead, controlado por fundamentalistas religiosos, machistas y patriarcales, las mujeres, no pueden trabajar, ni tener ninguna propiedad, ni dinero; no pueden leer so pena de que les amputen las manos; no tienen ningún derecho y deben estar sometidas a sus maridos porque así lo dice San Pablo en su epístola a los Corintios. Las mujeres fértiles son convertidas en esclavas sexuales de los poderosos comandantes que tienen el poder y los homosexuales son ejecutados o mandados a campos de concentración.

En Gilead no hay derechos humanos ni libertades individuales; el control sobre la población, la vigilancia y la represión es total. las universidades han sido clausuradas, lo mismo que los medios de comunicación independientes; la única fuente de información es la propaganda oficial.

Todo esto no es imaginación de la escritora, quien dice que todas las atrocidades que describe han ocurrido alguna vez en la historia. En el prólogo de la edición de 2017 confiesa su temor de que con la elección de Trump puedan empezar a darse estos excesos totalitarios en EUA. Y era solo el primer período de Trump.

Y Canadá? es la antítesis de Gilead y su enemigo: una sociedad democrática y abierta que se convierte en el refugio de los miles que quieren escapar del totalitarismo, y en la base para los que luchan contra el régimen totalitario. Por eso los comandantes de Gilead la odian.

No se si Trump haya leído la novela, o se la contaron, pero es claro que para su MAGA oligárquica, machista, racista y sexista, Canadá ofrece un contraste radical con su apertura democrática, y su estado de bienestar. Además su sistema de salud es parecido al Obamacare que tanto detestan los republicanos.

No hay mal que por bien no venga: las amenazas de Trump han resucitado las esperanzas de los liberales de ganar las próximas elecciones con el nuevo primer ministro Mark Carney, cuando hace un mes el favorito era el candidato conservador admirador de Trump. En la novela Gilead desaparece y resurge la democracia.

Cali, 16 de marzo 2025

*Folósofo y Economista. Consultor

“Suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. 

Por Amylkar D. Acosta M*. -La Superintendencia de servicios públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de disipar y conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave está extralimitándose en sus funciones. Como se recordará, el pasado 13 de diciembre emitió una ircular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo. Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de servicios públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución de la CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma.

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air – e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo de paso la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores.

Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air – e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de los corrientes, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo  6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora. Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tan requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de la energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero, resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´ para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, le hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, ISAGEN e ISA INTERCOLOMBIA, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”. Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en sus artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y comercio como la de servicios públicos, para que en ejercicio de su función de vigilancia y control, que les caiga todo el peso de la Ley y el condigno castigo.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos. Esta, entonces, es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

Cota, marzo 15 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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La consulta popular corre el riesgo de contribuir a la polarización, ahondar la desconfianza en el Gobierno y ratificar la voracidad política del presidente

Por Hubert Ariza*. -La democracia en el mundo vive tiempos de crisis. El regreso al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aupado los discursos de extremismo en lo económico, lo político y lo social, arrinconando a las minorías, persiguiendo a sus socios históricos, queriendo imponer nuevas fronteras y determinando el futuro de la humanidad bajo la lámpara del oscurantismo.

La democracia es el último bastión que le queda a la humanidad para defenderse del caos. Trump, sin embargo, ha llegado a la Casa Blanca para desmoronar la democracia por dentro, como hacen Milei en Argentina con su motosierra depredadora de derechos, o Bukele, en El Salvador, con sus megas cárceles y recortes de derechos y espacios democráticos.

En Colombia la democracia no es más fuerte hoy que hace solo unos meses. Por el contrario, la percepción es que bajo la Administración de Gustavo Petro se ha retrocedido en el apoyo ciudadano a la democracia y hay una tendencia creciente de aceptación a regímenes autoritarios. Más allá de las apelaciones a la narrativa de democracia popular y llamado a la movilización ciudadana, lo que se percibe es el aumento de la desconfianza en la institucionalidad, la Justicia, la división de poderes, la transparencia en los manejos del Estado. Los escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios cercanos al Gobierno del cambio no cesan, y lo que se evidencia no es una revolución transformadora de la sociedad, sino un revolcón de funcionarios estatales en el lodazal de la corrupción.

Colombia vive la toma del poder por una alianza de un sector de la clase política tradicional y líderes de la izquierda democrática, con el apoyo explícito de cientos de organizaciones sociales, que han fracaso en las reformas profundas al Estado, y se han estrellado contra la oposición de un Congreso de la República en el que los partidos políticos históricos disfrutan de la burocracia y el presupuesto estatal, al tiempo que ejercen oposición abierta o soterrada a la agenda de reformas gubernamentales, sobre todo en el Senado.

Todo ello en un país sumido en el caos: grandes reformas aplazadas, la paz total fracasada, la lucha contra la corrupción convertida en una falacia, la defensa de la naturaleza es un discurso polarizante, la protección de los territorios es una narrativa no creíble. Colombia cada día toma la forma de un Macondo sometido por la peste del oportunismo y gobernado por el último Aureliano, como se autodenomina el presidente Petro.

En la recta final de su Gobierno, el primero de la izquierda democrática en 200 años, el presidente Petro ha decidido arriesgar su capital político y convocar al país a una consulta popular con la pretensión de que el voto de las mayorías apruebe dos de las reformas negadas por el Congreso, que son vitales en la agenda gubernamental para consolidar su propuesta del cambio: a la salud y laboral.

La iniciativa presidencial solo puede entenderse como un salto hacia adelante de un mandatario acorralado por la incapacidad de su equipo de gobierno de impulsar la agenda oficial, a pesar de los excesos de mermelada y la bondad presidencial a la hora de repartir la nómina oficial a una clase política insaciable. Tras el último recambio de gabinete y el ingreso al mismo de una mezcla de lobos políticos experimentados y anónimos aprendices, se hace más evidente la falta de gobernabilidad del presidente, lo que hace más visible el incumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento generó altísimas expectativas de modernización institucional, cierre de las brechas sociales y afianzamiento de la democracia y la convivencia.

La consulta popular convocada por el jefe de Estado es, ante todo, una oportunidad y un riesgo para el Gobierno.

Una oportunidad para declararse abiertamente en campaña presidencial y poner al país a girar alrededor de la agenda gubernamental. De lo que se trata, en últimas, es de ambientar la reelección de la agenda petrista en 2026, teniendo al presidente como jefe de debate, usando todo el andamiaje institucional y el presupuesto nacional para tratar de obtener un resultado favorable.

Pero nada garantiza que esté asegurado el éxito de esa estrategia de toma del escenario político para imponer resultados saltándose el Congreso. Los colombianos han demostrado que son elocuentes para hablar de participación ciudadana, pero tímidos a la hora de profundizar la democracia y consolidar el espíritu de la Constitución Política de 1991.

Hay que mirar atrás y recordar el referendo constitucional de 2003 que impulsó el entonces presidente Álvaro Uribe, cuando estaba en lo más alto de su popularidad y fracasó. Debido a la poca participación ciudadana, solo se aprobó uno de los 15 puntos presentados a consideración del pueblo, específicamente el que decretó la muerte política a los condenados por corrupción.

Otro ejemplo de poca participación ciudadana en ese tipo de iniciativas fue la consulta anticorrupción de agosto de 2018, que impulsó la entonces senadora Claudia López, que sirvió para visibilizarla y allanarle el camino a la Alcaldía de Bogotá.

No hay en el horizonte ningún elemento que permita vislumbrar que esta vez sí pueda el Gobierno pasar el referendo, que corre el riesgo de contribuir a profundizar la polarización política, ahondar la desconfianza en el Gobierno, ratificar la voracidad política del presidente, su desmedido voluntarismo y su desafío permanente al status quo.

En efecto, la propuesta podría ahondar, como en el fracasado plebiscito por la paz del presidente Santos, de octubre de 2016, la división de los colombianos. De hecho, Colombia no ha podido superar la fragmentación que generó esa votación y contaminó gravemente la euforia por la paz y el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

Debido al triunfo del no, se desvaneció, en el período 2018-2022, el rigor estatal en el cumplimiento de lo pactado. El rechazo de la mitad del país a su implementación, y el recrudecimiento del conflicto armado interno, que se ha reciclado y reconvertido en un monstruo de mil cabezas, son saldos palpables del fracaso del plebiscito por la paz. Por el fracaso de la política pública de paz total, además, Colombia, por desgracia, vive nuevamente en un permanente estado de violencia en las regiones, donde se constata la incapacidad estatal de copar grandes extensiones del territorio en poder la ilegalidad, como El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, o El Plateado, en el departamento del Cauca, por solo citar dos ejemplos.

Hoy, con la propuesta de la consulta popular, el presidente Petro le está entregando a la derecha las banderas para organizarse e intentar repetir la dosis del plebiscito por la paz, quizá con una campaña sin linderos éticos, inspirada en el odio y la mentira —como en 2016— y recrear las doctrinas de extremismo, garrote y autoritarismo que irradian desde Washington el presidente Trump y su equipo.

Más allá del debate constitucional sobre si es posible o no la convocatoria de la consulta popular petrista, lo real es que la campaña presidencial tomará forma con esta consulta que, por primera vez, lidera un presidente de izquierda con escasa gobernabilidad.

Como buen jugador, Petro sabe que esta es una apuesta dura: la consulta podría convertirse en un voto de castigo al Gobierno y en una derrota anticipada a un candidato de izquierda en 2026. Y esa posibilidad será, precisamente, la que inspirará a la derecha para penetrar capas de opinión e intentar dejar al último Aureliano, en lo que quede de mandato, atado a un castaño, lamentando su arrojo. Hay que recordar que el expresidente Santos aún hoy se lamenta haber convocado el plebiscito por la paz.

Bogotá, D. C, 16 de marzo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Colombia necesita recuperar su soberanía energética.

Por Paloma Valencia Laserna*. - Colombia empezó a importar el 30% de la demanda de gas residencial. Por primera vez en 17 años, en la Invamer POLL el 69% de los colombianos considera que la calidad y cubrimiento de los servicios públicos va por mal camino. La decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, la falta de seguridad en zonas de inversión y la reforma tributaria del 2022 acabaron con nuestra soberanía energética.

Un hogar de estrato 3, que consume 15 metros cúbicos al mes, el año pasado pagaba 37.500 pesos; ahora va a pasar a pagar 51.000 pesos. Colombia tenía suficiencia energética para abastecer el gas residencial hasta el año pasado. El sector venía alertando que la política de no exploración de nuevos contratos acabaría con la producción nacional. Hoy tenemos 40 pozos en exploración, pero llegaremos a 0 en el 2030. Aunque el nuevo gobierno del 2026 inicie nuevos contratos de exploración se requieren seis años entre la firma de un contrato y la producción de un barril.

El gas producido nacional nos cuesta 6 dólares. Con el importado nos costará 25 dólares. La razón es que la compra de gas en el exterior nos vale 13 dólares, a esto se le suma 1 dólar que vale traerlo, 5 dólares que nos cuesta regasificarlo en Cartagena, y 6 dólares que cuesta transportarlo al centro del país. Además, la regasificadora de Cartagena está en su límite por lo que no podrá regasificar todo el gas importado.

Según la UPME, el país llegará a un déficit de gas del 50% en el 2027. En 2013, las reservas de gas eran de 5.508 GPC, generando 12,1 años de reservas, mientras que en 2023 contamos con 2.373 GPC, equivalente a 6,1 años de reservas. Una caída del 57% en 10 años.

La reforma tributaria del 2022 estuvo enfocada en asfixiar al sector hidrocarburos. La tasa efectiva de tributación de Ecopetrol pasó del 33% en 2022 al 52% en 2024. El costo de producir un barril de petróleo pasó de 9,1 dólares a 12,1 dólares. Ahora, el gobierno busca con la conmoción interior seguir aumentando más impuestos a un sector que está asfixiado y que toca la vida de todos los colombianos.

A este tema hay que sumarle que la inseguridad en las regiones está alejando a los inversionistas. Este es el caso de Emerald Energy que tuvo que irse del país. Según Corficolombiana, el aumento de la inseguridad en el país ha resultado en una caída del 4% en la inversión en exploración y en una disminución del 45% en la perforación de pozos exploratorios.

La falta de pagos de los subsidios al sector también está deteriorando a las empresas privadas. En el caso del sector del gas, por ejemplo, hay más de 700 mil hogares beneficiarios de estratos 1 y 2 en siete departamentos del subsidio de gas GLP, el de las pipetas. Este subsidio ayuda a personas de bajos recursos para un consumo de subsistencia de 14,6 kg al mes para el consumo de gas en cilindros. El gobierno ha venido incumpliendo los pagos de estos subsidios. Los privados han intentado seguir facturando con los subsidios a pesar de que el gobierno no los pague. No obstante, ya están asfixiados y esto no podrá durar mucho tiempo. Como lo advertí en una columna de finales del año pasado la situación es más grave en el sector eléctrico.

12,5 millones de hogares les aumentará las tarifas en sus facturas de gas. El gobierno, en su incompetencia, amenaza a las empresas comercializadoras de hacerles inspección. Colombia necesita recuperar su soberanía energética.

Bogotá, D. C, 14 de marzo 2025

*Senadora del Partido Centro Democrático