Logo Ecospoliticos
José G Hernández
José G Hernández

La CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho

Por José G. Hernández*. - El Premio Nobel de la Paz 2026 fue conferido a la abogada sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera magistrada de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Desde 2021 hasta 2025, Pillay presidió la Comisión Especial de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo propósito esencial consistió en examinar las causas del conflicto existente entre Israel y Palestina.

A juicio de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, hay un hilo conductor común que va desde el trabajo inicial de Pillay en defensa de Nelson Mandela y de los opositores al apartheid hasta su labor como juez en algunos de los casos internacionales clave de nuestro tiempo. Destacó que ella, en su gestión judicial, ha trabajado para que los Estados y sus dirigentes respondan por sus actos y ha ofrecido esperanza a las víctimas de los crímenes cometidos.

En criterio de Frydnes, el Derecho Internacional está sometido a una enorme presión, pues cada vez gana más terreno una "política de poder". Ante ello, afirmó: "Cuando la fuerza se impone a la razón, socava la estabilidad".

Téngase en cuenta que, en torno a lo que acontece en la Franja de Gaza, Pillay ha sostenido: “Está claro que existe una intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Las reacciones al mencionado reconocimiento han sido mayoritariamente favorables en el mundo, habida consideración de los grandes aportes de la jurista a la paz, a la justicia y a la eficaz defensa de los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres expresó: “Navi Pillay ha demostrado que la fuerza de la ley debe prevalecer sobre la ley de la fuerza”.

Desde luego, Benjamín Netanyahu ha rechazado la decisión del Comité noruego, y Donald Trump -quien reclamaba el Nobel para sí, aunque, en vez de la paz, ha impulsado la guerra- expresó: "Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras”.

Dentro de ese equivocado criterio -contrario a la paz y a los derechos fundamentales-, el gobierno de Estados Unidos anunció “sanciones” contra la Corte Penal Internacional (CPI) y sus magistrados. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, buscan "defender la soberanía de Estados Unidos". Se propone -dijo-"desmantelar" a una institución que considera "rebelde".

Por su parte, la CPI estima, con razón, que tales “sanciones” constituyen un ataque contra el Estado de Derecho y contra el orden jurídico internacional. La magistrada Tomoko Akane, su presidenta, declaró: “La Corte Penal Internacional continuará con su labor, sin dejarse intimidar, con la firme determinación de que la justicia debe prevalecer”. Un acertado criterio.

Bogotá, D. C, 14 de octubre de 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional