Esa estrategia debe definir con claridad cómo fortalecer a la Fuerza Pública, cómo debilitar las economías ilegales, cómo recuperar el control del sistema penitenciario y cómo generar las condiciones sociales
Bogotá, D. C, 21 de noviembre 2026
Por Juan Camilo Restrepo*. -Como lo hemos hecho en otras ocasiones, publicamos el VI manifiesto del grupo del centro político.
“Las múltiples violencias que han afectado a Colombia durante décadas destruyen vidas humanas, fracturan las comunidades, generan desplazamientos, desalientan la inversión, degradan el medio ambiente y obligan al Estado a destinar enormes recursos a combatir organizaciones criminales. Colombia gasta en defensa y seguridad interna significativamente más que cualquiera otro país de la región. En condiciones distintas, parte de esos recursos podrían destinarse a inversiones que impulsen el crecimiento y mejoren la equidad social.
Ante la expansión de múltiples actores armados no estatales, el país necesita una política de seguridad y defensa profundamente renovada. Esta no debe fundarse en negociaciones de naturaleza política, sino en mecanismos judiciales que ofrezcan beneficios penales y penitenciarios sujetos a condiciones estrictas definidas por la ley. El mensaje es claro: Colombia es una democracia consolidada que enfrenta una grave crisis de criminalidad, no una sociedad atrapada en un conflicto político insoluble.
Mantener vigente la adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional, así como exigirle a la Justicia Especial para la Paz (JEP) mayor celeridad y eficacia en sus labores, son dos condiciones necesarias para que el modelo de sometimiento a la justicia funcione.
1. Diseño de una estrategia de seguridad y defensa de naturaleza estructural: Colombia carece todavía de una comprensión suficiente de las implicaciones de su contexto geopolítico, su compleja geografía y de las ventajas comparativas que han favorecido la producción y exportación de narcóticos. La presencia estatal sigue siendo profundamente desigual, circunstancia que ha permitido la consolidación de enclaves criminales en zonas fronterizas y territorios periféricos.
La realidad es evidente: tenemos más territorio que capacidad estatal para ocuparlo y gobernarlo. En algunas regiones, incluso, instituciones públicas han sido capturadas o condicionadas por estructuras criminales.
En política exterior, Colombia debe reafirmar una tradición basada en la defensa de sus propios intereses nacionales, la cooperación internacional contra las drogas ilícitas y la integración económica mediante el comercio y la inversión.
Desde la perspectiva de la seguridad nacional, no existe hoy una amenaza militar externa que justifique orientar la mayor parte de nuestros recursos hacia ese escenario. Por el contrario, las amenazas más graves provienen de organizaciones criminales que operan dentro del territorio nacional. La nueva estrategia deberá incorporar, además, la protección frente a ataques cibernéticos capaces de afectar infraestructuras críticas, sistemas de pagos, telecomunicaciones o transporte. Esas amenazas pueden provenir de actores puramente delincuenciales.
Por estas razones es urgente la expedición de un documento integral de Defensa y Seguridad Nacional que establezca prioridades, objetivos y recursos.
2. Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Actualmente una parte considerable de la capacidad operacional de la Fuerza Pública no está disponible para enfrentar a las organizaciones criminales. Persisten limitaciones en movilidad aérea, inteligencia tecnológica, sistemas no tripulados y control territorial.
Recuperar la superioridad operativa exige inversiones significativas, pero también una redefinición de prioridades. Debe descartarse la adquisición de capacidades concebidas para una guerra convencional internacional altamente improbable y concentrar los recursos en transporte estratégico, inteligencia digital, utilización de drones, formación de personal, reentrenamiento de cuadros y fortalecimiento de la articulación entre la Policía y la Fiscalía.
Estos asuntos deben ser el objeto de una discusión pública transparente. La definición de la política de seguridad nacional no puede quedar exclusivamente en manos del presidente. El Congreso y la sociedad civil mucho tenemos que decir.
3. Debilitamiento de las rentas ilegales. Es indispensable una política orientada a reducir las rentas ilegales provenientes de las drogas ilícitas, la minería ilegal y la extorsión, principales fuentes de financiación de los grupos criminales. La economía de la coca involucra entre 150.000 y 250.000 productores directos y sostiene, de manera directa o indirecta, a una población cercana al millón de personas. Esta realidad obliga a reconocer que una política exitosa de reducción de cultivos y rentas ilegales generará importantes desafíos sociales y económicos.
Por ello, las estrategias de seguridad deben estar acompañadas de alternativas de ingreso y desarrollo productivo para las comunidades afectadas. Quien no dispone de medios legítimos de subsistencia dará su vida por conservar los que tiene.
4. Recuperación del control sobre el sistema carcelario. El sistema penitenciario se ha convertido, en muchos casos, en un centro de operaciones desde el cual continúan desarrollándose actividades criminales mediante el uso ilegal de dispositivos de comunicación. Extorsiones, secuestros y otras conductas delictivas son coordinadas desde los establecimientos de reclusión.
Resulta indispensable una profunda transformación del modelo penitenciario, que incluya el fortalecimiento de la guardia carcelaria, mecanismos eficaces para impedir comunicaciones ilícitas y mejores sistemas de control interno. La recuperación efectiva de las cárceles ha sido definida por el gobierno como una pieza esencial de la estrategia contra el crimen organizado. Respaldamos esa posición.
5. Hacia una sociedad más equitativa. Colombia necesita avanzar hacia una sociedad menos desigual, con una distribución más equilibrada de oportunidades y un desarrollo regional más armónico. La precariedad económica, la ausencia estatal y la falta de perspectivas para amplios sectores de la población facilitan el reclutamiento por parte de organizaciones armadas y criminales.
La pobreza no explica por sí sola la violencia que afecta al país, pero sí contribuye a perpetuarla. Por esta razón, las políticas de seguridad deben complementarse con esfuerzos sostenidos en educación, justicia, infraestructura, generación de empleo y fortalecimiento institucional en las regiones más vulnerables.
En síntesis:
Colombia necesita una estrategia integral para recuperar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Esa estrategia debe definir con claridad cómo fortalecer a la Fuerza Pública, cómo debilitar las economías ilegales, cómo recuperar el control del sistema penitenciario y cómo generar las condiciones sociales que reduzcan la capacidad de reclutamiento de las organizaciones criminales.
Como ciudadanos, esperamos que el país conozca pronto una hoja de ruta clara, rigurosa y financieramente viable para alcanzar estos objetivos.”
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.