Opinión
Por Alberto Barrera Tyszka.- Los líderes del chavismo han declarado que jamás abandonarán el poder. Ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿Cómo pueden lograrlo si cada vez tienen menos popularidad? Dando un golpe de Estado desde el interior del Estado. Controlando la legalidad para usarla en contra de sus adversarios. Eso es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Venezuela.
Las elecciones que debieron realizarse el año pasado están suspendidas, ni siquiera tienen fecha. Todos los poderes públicos han sido tomados por el partido de gobierno. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han declarado, también, militantes del oficialismo. La inhabilitación política a Henrique Capriles Radonski, dictada ayer, es una última muestra de la desesperación de un gobierno que se ha quedado sin pueblo. En Venezuela hay una élite política que, antes que perder sus privilegios, está dispuesta a prohibir la democracia.
Hay una historia que es importante recordar. Ocurrió el 23 de diciembre del año 2015. Unos días antes, el chavismo había sufrido su primera derrota histórica en unas elecciones y la oposición había obtenido un contundente triunfo en los comicios parlamentarios. La nueva Asamblea Nacional, que debía empezar a sesionar el 5 de enero del año siguiente, tendría mayoría opositora. Pero faltaban dos semanas para esa fecha. Y el chavismo todavía dominaba el parlamento.
Un día antes de navidad, en una sesión fuera del calendario de sesiones parlamentarias, la mayoría del oficialismo designó 13 nuevos miembros y 21 nuevos suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia de la nación. De esto no habla la canciller Delcy Rodríguez cuando vocifera en la OEA denunciando satánicas conspiraciones.
Fue entonces cuando, en un acto lleno de irregularidades, donde incluso uno de los candidatos a juez también era diputado y —por tanto— votó por sí mismo, los chavistas dieron un golpe y empezaron a construir la crisis institucional que hoy vive el país. Fue una maniobra que terminó de consolidar su control absoluto sobre la justicia en Venezuela.
La gran mayoría de los miembros designados ese día no cumplen con los requisitos que establece la ley para formar parte del máximo tribunal. Pero todos cumplen con una exigencia fundamental: son devotamente leales al partido de gobierno. Esa fue la verdadera reacción tras el resultado electoral. Ante la simple posibilidad de la alternancia, el chavismo respondió manipulando la legalidad para desconocer el voto popular. Decidieron enfrentar la democracia con violencia institucional.
Sin separación de poderes y sin elecciones, la democracia en Venezuela es un espejismo muy frágil. El gobierno pretende ampararse en la constitución para violar la constitución. Detrás de su discurso de izquierda, invocando una supuesta “revolución”, actúa cada vez más como las antiguas dictaduras de derecha del continente.
Desde el inicio, la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, estuvo herida. Antes aun de ejercer el poder había sido despojada de su verdadero poder. Las estadísticas no pueden ser más evidentes: desde enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido más de 50 sentencias en contra del parlamento, cancelando o rechazando cualquiera de sus acuerdos o promulgaciones.
En el pasado mes de septiembre, el tribunal sentenció que todas las decisiones y acciones que se tomen o se produzcan en el parlamento son nulas. Esta pugna ha llevado, incluso, a que en estos momentos los diputados de la Asamblea Nacional tengan meses sin cobrar sus sueldos. Esto tampoco lo menciona Delcy Rodríguez cuando habla en la OEA.
La canciller venezolana denuncia un “linchamiento mediático diplomático” y asegura que todo el conflicto se debe los intentos del parlamento por “derrocar al gobierno”. Probablemente, al inicio, la oposición no haya actuado con inteligencia política. Su dirigencia creyó que con dominar el parlamento podría forzar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República mediante el referendo revocatorio.
Pero un error político no es un delito. Los diputados opositores tan solo se propusieron activar un mecanismo que está en la constitución. Antes que eso, posiblemente, debieron desactivar el secuestro que mantiene el chavismo sobre las instituciones. En ese momento, debieron plantearse —desde diferentes espacios de lucha— comenzar a recuperar la independencia de los poderes públicos en el país.
A través del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido que el efecto del éxito electoral de la oposición se evapore, que la mayoría no sea la mayoría, que la democracia sea tan solo una gimnasia retórica. Con el control institucional, el oficialismo mantiene la apariencia de legitimidad mientras actúa como una dictadura. Promueve el diálogo mientras suspende las elecciones. Acepta la mediación del Vaticano para aumentar la represión y el número de presos políticos.
Es, al mismo tiempo, el policía malo y el policía bueno. Invita a la oposición al diálogo, al camino de la democracia, y después asegura que la oposición jamás volverá al poder: “ni por las buenas ni por las malas”. Así ha logrado conseguir que la bipolaridad política tenga una aparente coherencia discursiva.
Pero esto tampoco lo cuenta Delcy Rodríguez en la OEA. A la canciller le parece bien que el Tribunal Supremo de Justicia haya suspendido al parlamento. Piensa que se trata de un ejercicio correctivo ante una nueva conspiración. Aunque celebra las protestas contra Macri en Buenos Aires, cree que las protestas populares que se realizan en Caracas carecen de legitimidad, que solo buscan derrocar al gobierno y que deben ser reprimidas.
Delcy Rodríguez dice en la OEA que Venezuela tiene los mecanismos para resolver las “discrepancias” entre los poderes. Habla como si un golpe institucional fuera un impasse, un simple malentendido.
Después de las elecciones parlamentarias de 2015, el gobierno de Maduro realizó un enorme fraude poselectoral. Lo que perdió en las urnas lo recuperó con oscuras maniobras, controlando los poderes públicos. El oficialismo ha convertido la democracia en una gran estafa. Ha transformado a las instituciones en bandas de sicarios judiciales, destinadas a liquidar a sus adversarios políticos.
Por eso los venezolanos están en las calles. Reclamando que se les devuelva el poder de sus votos. Exigiendo que se cumpla la constitución. Mientras no se logre desactivar el control oficial sobre las instituciones; mientras no exista un poder electoral distinto, capaz de cumplir con el calendario establecido aunque no le convenga al gobierno; mientras no haya un nuevo Tribunal Supremo de Justicia independiente, no habrá posibilidad de diálogo y de futuro.
Seguirá sin haber democracia en Venezuela.
José Gregorio Hernández.-La Cámara de Representantes ha aprobado en último debate el texto del Acto Legislativo que incluirá en la Constitución un artículo transitorio mediante el cual se busca “blindar” los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc.
Se trata de impedir que durante los próximos tres períodos presidenciales puedan ser modificados los términos del Acuerdo Final de Paz firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, convirtiéndolos en obligatorio referente de constitucionalidad que, por tanto, debe tener en cuenta la Corte Constitucional cuando examine cualquiera de las normas que están siendo tramitadas por el procedimiento denominado “fast track”.
Así lo dice el Ejecutivo, por boca del señor Ministro del Interior, Dr. Juan Fernando Cristo: “Aquí de lo que se habla son (Sic) de los parámetros de interpretación que debe hacer (Sic) la Corte Constitucional de la legislación que expida el Congreso. En ese caso, cuando se trate de Derechos Humanos y de Derechos Fundamentales conexos, la Corte tendrá obviamente en cuenta el texto de los Acuerdos de Paz cuando se trate de valorar cualquier iniciativa que le llegue”.
Ante objeciones de la oposición, el mismo funcionario había expresado que, por medio de este acuerdo, los acuerdos de paz no se incorporaban al bloque de constitucionalidad.
No obstante, el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016, que está vigente y no ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, plasma un artículo transitorio en el que señala: “En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”.
En otras palabras, lo aprobado en la Cámara consagra el blindaje, y es cierto que no dice expresamente que el Acuerdo Final se incorpore al bloque de constitucionalidad. Pero no era necesario que lo dijese. Ya lo estableció un Acto Legislativo -el 1 de 2016- que, en criterio de la Corte Constitucional, está en pleno vigor -porque la Corte interpretó la refrendación popular, que condicionaba la entrada en vigencia de tal reforma, como “refrendación” del Congreso-. Esa norma incorporó el Acuerdo al bloque de constitucionalidad, y lo que se acaba de aprobar, que también hará parte de la Constitución, petrifica el Acuerdo, al menos durante un tiempo de tres períodos presidenciales –doce años, si el período sigue siendo de cuatro años-.
En síntesis: 1) El Acuerdo de Paz hace parte del bloque de constitucionalidad, en calidad de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949; 2) Es referente obligado de constitucionalidad; 3) Por tanto, hace parte de la Constitución; 4) Pero, además, es una cláusula pétrea, inmodificable por tres períodos presidenciales, y obliga al Gobierno, al Congreso y a la Corte Constitucional. 5) Es una cláusula pétrea introducida por el poder de reforma -es decir, por un órgano constituido, por fuera de su competencia-, no por el Constituyente, y en consecuencia, es ilegítima e inconstitucional, por sustituir la Carta Política en su esencia.
¿En qué quedó la Constitución de 1991? Ustedes dirán.
Por Jorge Gómez Pinilla.-En días recientes fui invitado por un grupo de estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) a hablar sobre el posconflicto, y hoy quiero recoger parte de las reflexiones que allí hice.
Las Farc fueron derrotadas desde que el establecimiento logró sentarlas a negociar la paz –pues su objetivo había sido siempre la toma del poder por la vía armada-, pero la extrema derecha ansiosa de continuar la guerra las sigue tratando como si todavía estuvieran combatiendo. La prueba reina la dio el senador uribista Daniel Cabrales cuando las acusó de ser las responsables de la tragedia en Mocoa. Según Cabrales usaron “dinamita explosiva”, o sea explosivos que explotan. Es la dialéctica del agua mojada, que permite apreciar la erudición que acompaña a tan docta bancada. (Ver noticia).
No nos llamemos a engaños, después de haber superado el conflicto armado con las Farc nos ha surgido un nuevo conflicto, el de las plañideras agrupadas en torno a Álvaro Uribe y el neo-paisa Alejandro Ordóñez, máximos representantes de la caverna empeñados en atravesarse como vacas muertas en la rueda de la reconciliación, por dos razones básicas: porque la paz los aniquila (se quedan sin enemigo para asustar a la concurrencia) y porque deben impedir a toda costa que comience a operar el tribunal de justicia contemplado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuya implementación haría que se conozcan las escabrosas verdades de la guerra que aún permanecen ocultas.
De ningún modo puede pasar desapercibida la presencia en la marcha ‘contra la corrupción’ de alias Popeye, pues es reflejo del talante de las fuerzas que hoy se oponen a que se consoliden los acuerdos con las Farc. Popeye, lugarteniente del más grande asesino que ha habido en la historia de Colombia, fue recibido como héroe por el exvicepresidente Francisco Santos, quien afirmó que “tiene derecho a marchar porque ya pagó su deuda con la sociedad”, y aquel ni corto ni perezoso aprovechó el ser tratado como uno más entre los suyos para pedir “que el presidente de la República renuncie, porque es una rata”. (Ver noticia).
Una sanguijuela como Popeye acusando al presidente de ser una rata, hágame el favor… Es lo mismo que si en vida Pablo Escobar hubiera acusado al entonces presidente César Gaviria de ser un asesino, y es cuando uno se pregunta si tanta vitrina a tan redomado sicario será indicativo de que lo están capacitando para incluirlo en la próxima lista del Centro Democrático al Senado. Sea como fuere, esto es patética evidencia de que estamos tratando con ratas.
Hablando de roedores, tampoco se puede desconocer que a falta de sensatez y coherencia política, las fuerzas enemigas de la paz se han visto obligadas a recurrir a los sectores más ignorantes, incultos y maleables de la población. Hablo de lo que el mismo Alejandro Ordóñez definió como “la fuerza del voto religioso”, gente a la que se le puede movilizar con solo asustarlos diciéndoles que la familia está en peligro porque a los niños los quieren poner a leer cartillas que los vuelven homosexuales, y que la patria también está en peligro porque Santos resultó ser un marxista leninista que ‘autoengañó’ al candoroso Álvaro Uribe, y que así como vamos Colombia terminará convertida en otra Venezuela.
A continuación los pondrán a rezar para que Dios se apiade nuestra maltratada nación y restaure la moral perdida, y la recua de idiotas útiles quedará suficientemente ‘emberracada’ para votar por el que su pastor –evangélico o cristiano- les señale, no sin antes haberles recordado la sagrada obligación del divino diezmo…
El asunto de todos modos no se presta a chistes, porque llegado el caso pueden convertir a esas masas adocenadas en beligerante fuerza de choque, amoldable a sus propósitos desestabilizadores.
Pero si por los lados de la extrema derecha llueve, por los de la extrema izquierda no escampa. Sumado al reciente bombazo que perpetró el ELN cerca a la plaza de toros de Bogotá con saldo de un patrullero muerto y decenas de heridos, ahora han salido con un comunicado en el que señalan a la emisora araucana La Voz del Cinaruco de ser un medio “funcional” a los militares, a la vez que califican al portal La Silla Vacía como parte de “una matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Como dije en columna anterior, lo que hace el ELN en su insensatez es darle abundante munición a los enemigos de la paz, esa misma a la que los elenos están mostrando tan poca voluntad de acogerse.
Así las cosas, mientras la derecha anda muy juiciosa en la tarea de sembrar desesperación para luego aparecer como los salvadores del despiporre, a las fuerzas de centro e izquierda les conviene actuar con cabeza fría en busca de conformar la más amplia de todas las coaliciones posibles, como único recurso para enfrentar a tan poderosos enemigos.
O como dijera Luis Carlos Jacobsen en Facebook: “Nosotros acá jodiendo y ellos organizaditos en redes hace dos años, con cristianos enlazados en Whatsapp como profesionales. Sigan así y veremos cómo se llevan el proceso de paz en nuestras narices...”
DE REMATE: Si el candidato uribista pierde la elección presidencial en 2018 habrá un nuevo conflicto armado, solo que ahora con fuerzas neofascistas. En últimas, ya tienen su propia guerrilla. Y si ganan, preparémonos para el regreso de la guerrilla al monte. La caverna habrá logrado su objetivo.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por Jairo Gómez.-Una semana antes del dos de abril, el día de la famosa marcha uribista, discutíamos con un amigo sobre las consecuencias de la movilización si ésta lograba los siguientes resultados: si salen 500 mil, es buena; si son un millón, es para que Santos y su proceso de paz se lo tomen en serio; y si aparecen dos millones, Uribe pone presidente.
Y la verdad, ninguna de las anteriores ocurrió. No hubo respuesta abrumadora de la ciudadanía, ni siquiera uribista. Eso quiere decir que el mensaje no cuajó por varios motivos: por un lado, la abrupta llegada (¿o programada?) de “Popeye” hizo caer en un desprestigio incontestable la mentada convocatoria; y por el otro, que no convenció la idea de persuadir a los colombianos de que la protesta era contra la corrupción, idea que no tenía sustento alguno cuando el retrovisor evidentemente mostraba lo contrario: el núcleo, el anillo central del Gobierno Uribe, o está en la cárcel o huyendo de la justicia colombiana.
Ahora, la ambición delirante de exigir la renuncia del presidente Santos ya rayaba con el insípido argumento de señalar al Jefe del Estado de estar entregándole el país a las FARC, agrupación con la cual se negoció un acuerdo de paz.
En este último punto, en mi opinión, se equivocó el uribismo al convocar su marcha. Creyó que el éxito de la misma iba a ser comparable a la movilización de ahora un año cuando se llamó a las masas bajo la premisa de que en las negociaciones de La Habana el país terminaría en manos del “narcoterrorismo” de las FARC o del “CastroChavismo”. En ese momento, cuando aún no se había firmado el acuerdo y se diseñaba la Justicia Transicional, el Centro Democrático encendió el debate nacional en términos de que la impunidad para la guerrilla era una realidad y su elegibilidad política una afrenta contra el ciudadano. Este hecho provocó escozor en la opinión, el mensaje tuvo éxito y, naturalmente, la presencia de los paisanos fue masiva.
En esta línea, pretender recurrir al mismo argumento adulterando los hechos 365 días después dejó al uribismo fuera de foco, la asistencia fue precaria –comparada con la del año anterior, repito- porque la gente comprendió que las FARC ya no son guerrilla, el proceso de dejación de armas es una realidad y los más de siete mil de sus integrantes están en las Zonas Veredales a la espera de la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir, que la paz con esta agrupación, hoy desarmada, es verdad no una posverdad.
Maltrecho quedó el Centro Democrático después de la marcha del sábado a la cual, según los más sensatos, solo salieron cerca de 300 mil personas; es decir, sus cálculos creo que les fallaron y la insolvencia del mensaje degeneró en desespero, al punto que, por ejemplo, obligó al Pastor Arrázola en Cartagena a movilizar a su gente con un discurso homofóbico y a muchos empresarios en Cali a exigir a sus trabajadores salir a la marcha so pena de perder sus puestos. Actuar así es envilecer la política, es pervertir el sistema democrático que se dice defender.
@jairotevi
Por Amylkar D. Acosta M.-La consulta popular que tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el Municipio tolimense de Cajamarca avivó el debate en torno a la actividad minera en el país. Y no es para menos, toda vez que el escrutinio de la votación en la que participaron 6.296 ciudadanos, arrojó como resultado que un 97.9% de ellos se pronunciaron en desacuerdo con que en dicho Municipio “se ejecuten proyectos y actividades mineras”. El blanco principal de este rechazo a la minería en este caso tiene nombre propio, el proyecto de gran minería de La Colosa, ubicado en el cerro La guala y operado por la multinacional AngloGold Ashanti, con un potencial de 28 millones de onzas de oro troy.
En la medida que el Código de Minas (Ley 685 de 2001), además de darle a la actividad minera el carácter de “utilidad pública e interés social”, dispuso en su artículo 37 que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, dicha competencia le quedaba reservada a la Autoridad Nacional Minera. Ello dio pié a una colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la cual derivó en una proliferación de demandas contra dicha norma.
Como no sólo la política es dinámica sino también la jurisprudencia, pues la Corte Constitucional, después de reiterados fallos dejándola en firme, terminó declarando inexequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Sentencia T-445 de 2016), dándole con ello un espaldarazo a las entidades territoriales, que con ello adquieren un gran empoderamiento como autoridad minera. Resolvió la Corte Constitucional que las entidades territoriales poseen la “competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. Al respecto cabe decir que hay distintas interpretaciones entre los expertos.
Ahora que, merced a los fallos de las altas cortes, las entidades territoriales están llamadas a asumir nuevas competencias, las mismas no están preparadas para ejercerlas, por lo que es menester desarrollar capacidades y competencias técnicas para que de esta manera cuenten con mayores y mejores elementos de juicio en la toma de decisiones atinentes a la actividad extractiva. No todo se puede reducir a la convocatoria de consultas populares sin que medie siquiera la deliberación y el debate por parte de sus órganos colegiados (asambleas y concejos), amén de las organizaciones sociales y gremiales. Para ello se requiere un replanteamiento de la gobernanza de los recursos naturales, que pasa por un fortalecimiento de su arquitectura institucional y funcional.
Después de estas providencias de las altas cortes el escenario es otro, pues dejan sin piso las demandas reiteradas contra los actos administrativos proferidos por los alcaldes para convocar las consultas populares, los cuales dieron lugar incluso a investigaciones disciplinarias a varios alcaldes. Detrás de Cajamarca vienen en camino una docena de consultas similares más, amén de las que están en ciernes contra la industria petrolera y el sector eléctrico, con los mismos argumentos.
Ahora la discusión se centra, no en la competencia para excluir la actividad minera en todo o parte de su territorio, sino en dos aspectos primordiales, el alcance de la decisión que se toma a través de dichas consultas y la conveniencia de que la política pública en materia minera se defina a través de las urnas. Y, desde luego, la gran preocupación que invade a la industria minera y no sólo a esta sino también a los demás sectores es que con esos cambios súbitos de jurisprudencia, que atentan contra la seguridad jurídica, sumados a la incertidumbre que comportan dichas consultas, pueden conducir a la parálisis de la actividad productiva y a ahuyentar la inversión.
Es a todas luces inconveniente supeditar la actividad minera o cualquier otra a consultas cuyos resultados no admiten término medio ni matices, o es blanco o es negro. De allí que compartamos con El Espectador su consideración en el sentido que “la consulta niega cualquier minería, incluso la que pueda elaborarse de manera sostenible”. Ello lleva a posiciones extremas que no le hacen bien al país, porque no permiten el discernimiento. Mientras la minería formal debe cumplir con las estipulaciones de Ley y se ha de ceñir a las normas legales, particularmente aquellas que protegen el medioambiente, la extracción ilícita del mineral está fuera de control, empezando porque al no tener un título que la ampare escapa al radar de la autoridad minera.
No se puede perder de vista lo que representa el sector minero para la economía nacional, 2.1% del PIB, que le ha reportado a las finanzas públicas en el último lustro ingresos por $8 billones, que emplea directamente 350 mil personas, pero que si se suman los puestos de trabajo generados en toda la cadena estamos hablando de más de un millón de personas las que dependen de esta actividad. Esta actividad ocupa sólo 4.4 millones de hectáreas, el 3.8% de las 114 millones de hectáreas con las que cuenta Colombia, de las cuales sólo 2.2 millones están en explotación y a duras penas 500 mil hectáreas están siendo intervenidas. Es de anotar que el 50% de la totalidad de los títulos otorgados por la autoridad minera corresponden a materiales de construcción, los cuales son extraídos por la pequeña y mediana minería.
Bogotá, marzo 31 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Horacio Serpa.-Unos lo hacen por costumbre de criticar todo y a todos; muchos por interés político; otros porque quieren estar a la moda; aquellos porque desean destacarse; el Centro Democrático porque tiene el vicio de despotricar a diestra y siniestra, a toda hora, por cualquier razón o sin razón, del Presidente Juan Manuel Santos.
Cumplidos como son, lo que no dudo en alabar, los veinte voceros de CD ante el Senado se refieren al Presidente de la República en cada una de las sesiones, todos para criticarlo por todo, como si el mandatario tuviera el arte de manejar cada cosa o el don de la ubicuidad para estar en todas partes al mismo tiempo, ordenando, disponiendo y solucionando. Pase lo que pase en Colombia, siempre y cuando sea malo y bochornoso, el responsable es el doctor Santos, con una notable excepción. Uno de ellos, por cierto un Senador serio y juicioso, le echó la culpa de la desgracia de Mocoa a las Farc. De buenas estuvo el señor Presidente.
Cada quien tiene su propia forma de hacer oposición, en este caso, persistente, irreflexiva, sistemática, irreverente y sin límites de ninguna especie. Hasta el punto de que el insulto es una forma que han adoptado para desacreditar al gobernante y ponerlo a los ojos de los colombianos como lo peor que ha ocurrido en materia de mal gobierno y corrupción. Aquí cabe el cuento del que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Por más que digan, que tergiversen y que insulten, no le podrán quitar al doctor Juan Manuel Santos que es el hombre de la paz, del cese al fuego bilateral que tantos beneficios ha brindado a los colombianos, que logró Acuerdos de reconciliación con las Farc como ninguno otro en medio siglo, que tuvo el coraje de aceptar la realidad de la guerra y la necesidad de acabarla. Por más que lo insulten, por más groserías que digan, por más rabia que tengan, no podrán echarle tierra a una realidad tan maravillosa como la paz que está logrando el Presidente. Tiene en su haber un título extraordinario, sin igual, logrado en su propia tierra: el de ser la persona que ha evitado más muertes humanas en toda la historia del País. ¿Podrá existir condición más loable?
Por eso, principalmente, fue que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que no podrán manchar con vocablos sucios e inmerecidos.
Los Presidentes Constitucionales no renuncian. Pedir la renuncia es un cuento que la oposición saca de cuando en cuando para llamar la atención de los medios de comunicación alborotadores, de los envenenados con la cicuta de los agravios a la primera figura nacional y de los incautos que no saben ni donde están parados. “Gústele al que le guste, cuéstele al que le cueste”, Juan Manuel Santos será Presidente hasta el 7 de Agosto del año entrante. Así de claro y así de fácil.
Por Juan Manuel Galán.-La seguridad de los pasajeros debe ser prioridad de la operación aérea en Colombia. En días pasados instalamos la Comisión de Seguridad Aérea en el Senado de la República.
Se trata de un equipo de diez senadores que durante los próximos 3 meses hará un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando con el tráfico aéreo, infraestructura aeroportuaria, gestión en los equipajes de los usuarios, retrasos en sus vuelos, radares, pistas de aterrizaje, y demás eventos cotidianos que impactan la seguridad operacional en el país.
Nos referimos a un tema que afecta a una cifra igual al 70% de la población nacional, número que va creciendo cada día de manera exponencial. Por eso, esta subcomisión pretende no solamente hacer un diagnóstico sino presentar propuestas de cambios legislativos o recomendaciones que debe implementar el Gobierno para hacer de los pasajeros, el centro de la operación aérea nacional.
Los insumos que servirán de base para este trabajo partirán de fuentes documentales, así como de sesiones públicas con instituciones y organizaciones relevantes. Estarán organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, y la Superintendencia de Puertos y Transportes, que ya han avanzado en la construcción de un panorama sobre la situación actual y una serie de cambios que deben ser adelantados.
Tendremos una sesión dedicada a los representantes de la industria aérea; queremos conocer la visión de las aerolíneas sobre regulación de la industria en Colombia, competitividad, administración de las concesiones aeroportuarias, entre otros. Una tercera para los trabajadores del sector aéreo con organizaciones y grupos sindicales. Y finalmente, una sesión exclusiva para la Aeronáutica Civil. Nos preocupa, que la oficina que conoce las deficiencias de la operación aérea y atiende las quejas de los pasajeros, haga parte de la misma entidad, restándole transparencia e independencia a la regulación, control y sanción del sector aéreo.
Por Ariel Ávila.-El sentimiento es encontrado, no sé si reírme o indignarme, tal vez los dos sentimientos no se contraponen ante una misma situación. Pero escuchar al uribismo convocar una manifestación contra la corrupción es realmente increíble. Durante las dos administraciones de Uribe los miembros de su círculo cercano y familiares estuvieron metidos en escándalos de narcotráfico y corrupción. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico, de hecho, el más cercano, Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con carteles de la droga. Santoyo fue cercano a Uribe desde cuando este fue gobernador de Antioquia, en la década de los 90 del siglo pasado, fue su protegido. Todo tipo de desmanes se cometieron contra defensores de derechos humanos y población civil, esa era la época de la famosa neutralidad activa y las Convivir.
Además, su cuñada Dolly Cifuentes Villa ya aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos por relaciones con el cartel de Sinaloa. También, recibieron a Pedro López o alias Job, miembro de la Oficina de Envigado, en múltiples ocasiones por la puerta de atrás del palacio de Nariño. Miembros del gobierno Uribe y la Oficina de Envigado en representación de Job planearon y ejecutaron conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia.
Pero tal vez el hecho que demostró la cercanía del gobierno Uribe con la mafia y el crimen colombiano se evidenció con el nombramiento de Jorge Noguera director del entonces DAS. Si se analiza la votación de Uribe para el año 2002 y las zonas que dominaba Jorge 40, jefe paramilitar del Bloque Norte, así como las votaciones a Congreso, queda claro que el paramilitarismo votó masivamente por Uribe. Todo parece indicar que a cambio del apoyo del Bloque Norte de las AUC, Uribe le habría nombrado a Jorge 40 una cuota en el gobierno nacional. Ni más ni menos que a Jorge Noguera, quien además había sido el jefe de campaña de la primera elección de Uribe en el departamento de Magdalena.
Noguera fue condenado por el asesinato del profesor y académico Alfredo Correa de Andreis, quien junto a otras 2.500 personas fue asesinado durante el tiempo en que el gobierno de Uribe se reunía con los paramilitares en Ralito. Tiempo en el que, vale la pena recordar, regía un cese unilateral y lo que era casi un cese bilateral del fuego. Se masacraron 2.500 personas y Uribe nunca dijo nada, nunca convocó a marchar. No dijo nada cuando los paramilitares para las elecciones locales del 2003 y luego en el 2006 se aliaron con candidatos al Congreso, a alcaldías y gobernaciones. No hubo marchas, no hubo críticas. Nada de nada. La agenda de negociación con los paramilitares nunca fue pública, tampoco los acuerdos. No hubo ni el 5 % de la trasparencia que sí tuvieron las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.
Pero las administraciones de Uribe no sólo se aliaron con la mafia, sino que además utilizaron el Estado para todo tipo de corrupción institucional. Por ejemplo, hay investigaciones por más de 4.000 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Se habrían asesinado más 4.000 civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y así inflar cifras de eficiencia militar y con ello mejorar la imagen del presidente. Esto fue una verdadera masacre. La reelección de Uribe fue comprada, es decir, fue ilegal. Las condenas a Yidis Medina y a los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt así lo demuestran. Agro Ingreso Seguro y el enriquecimiento de los hijos de Uribe son otros ejemplos.
Pero incluso en la actualidad, el partido de Uribe, el Centro Democrático, no ha hecho más que proteger bandidos y criminales. Por ejemplo, pelearon y se rasgaron las vestiduras para que de la JEP se excluyeran los financiadores de Grupos Armados Ilegales, todos esos empresarios rurales que despojaron tierra a campesinos y colonos. Además la senadora Nohora Tovar presentó un proyecto de ley para beneficiar a despojadores y criminales que se apoderaron de los siete millones de hectáreas arrebatadas a campesinos. El proyecto de ley 157 de 2016 en su artículo 2 decía:
“Artículo 2: Los ocupantes, explotadores ancestrales, poseedores de buena fe de predios rurales, que los hayan poseído por un período de tiempo igual o mayor al de la prescripción extraordinaria, y los que derivan legítimamente sus derechos de los anteriores, tendrán derecho a obtener el reconocimiento de la propiedad sobre dichas tierras”.
Y en el artículo 6 del mismo proyecto de ley se señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”. Es decir, hasta los baldíos se los iban a entregar a los despojadores.
En fin, corrupción, crimen, persecución a la oposición y sangre marcaron las dos administraciones de Uribe. Aun así se atreven a convocar una marcha contra la paz y la corrupción, cínicos y sinvergüenzas, deberían estar presos. Pero bueno, esto es Colombia.
Por Jairo Gómez.-Los cien días del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC revelan que el camino para consolidarlo aún está minado y lleno de obstáculos que hacen prever un desenlace hacia un nuevo conflicto (ojalá no, si se actúa a tiempo) y una implementación a medias de lo pactado en el Teatro Colón.
Son varios los flancos desde donde se le disparan dardos al proceso de paz que apenas comienza y que lo amenazan. Estas amenazas van más allá de la patología del odio que el expresidente y senador Uribe y su partido profesan contra las FARC. Cuando hablo de la paz amenazada no es porque vea que los signos de progreso se vean interrumpidos por una ruptura de la negociación por parte de los exguerrilleros, cuyo compromiso con el proceso es a todas luces transparente, sino por las consecuencias que pueden significar para el país los sistemáticos asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos.
Quienes experimentamos como periodistas los crímenes en los años 1980 –Gobierno Barco– de líderes políticos de izquierda y sociedad civil comprometida con los cambios sociales y económicos del país, recordamos que los pronunciamientos oficiales se circunscribían a achacárselos a “FUERZAS OSCURAS que buscaban desestabilizar la democracia”, y nunca que se preguntaban por el origen de la sombra. Con el tiempo el país se enteró, luego del genocidio de la Unión Patriótica, de que esta premeditada acción obedecía a una estrategia regional liderada por políticos relacionados con grupos paramilitares que actuaban en complicidad con fuerzas del Estado para erradicar todo lo que “oliera a comunismo”.
Actualmente, insisten el Gobierno y la Fiscalía en desconocer la presencia de grupos paramilitares, cuando en regiones como en el departamento de Cesar los campesinos reclamantes de tierras advierten que nunca se han ido de la región; y así ocurre en Cauca y en el departamento de Meta, en donde labriegos, afrodescendientes e indígenas denuncian a diario amenazas de grupos que llegaron a ocupar las zonas que las FARC abandonaron tras su desmovilización. Hoy Chocó, el mísero departamento de la olvidada costa pacífica, está en mitad de la ráfaga paramilitar, de la guerrilla del ELN y de las mafias que controlan la minería ilegal. Así lo reportan organismos internacionales como Naciones Unidas.
El desconcierto crece y es necesario que el Gobierno asuma con seriedad el asunto y averigüe el origen de esa sombra, no es un asunto baladí y menos cuando, al no existir protección del Estado, se puede estar incubando la aparición de otros “ejércitos” dispuestos a generar un nuevo y más atroz conflicto que el que estamos dejando atrás. No se nos puede olvidar el pasado reciente que indica que esa ausencia estatal es el caldo de cultivo para los traficantes de armas, las organizaciones de narcotraficantes, mafias que controlan la minería ilegal, paramilitares y terratenientes dispuestos a desencadenar una nueva era violenta y peligrosa.
Otro componente que arriesga el acuerdo de paz es la insolvencia con la que el Congreso está asumiendo la responsabilidad legislativa para darle sustento jurídico y constitucional a la implementación de los acuerdos. Preocupa igualmente que, como ocurrió con la Justicia Especial para la Paz (JEP), se ventile otra batalla más compleja como es la selección de los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz. Querrán los sectores más recalcitrantes meterle la mano sobre todo ahora cuando, por ejemplo, exgenerales como Rito Alejo del Río y Jaime Uscátegui, según Noticias Uno, decidieron postularse para buscar un acuerdo con la Justicia Transicional.
Estos hechos ilustran el intrincado camino de la consolidación del proceso que está poniendo en riesgo no sólo la paz sino el neurálgico eje del acuerdo pactado: abrirle el espacio a la verdad en el contexto de lo ocurrido en estos 52 años de guerra.
@jairotevi
Por José Gregorio Hernández.-La crisis institucional, política y jurídica que vive Colombia es muy grave, no solamente por cuanto el propio Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha sustituido la Constitución de 1991 -sin que la Corte Constitucional haya hecho nada en defensa de dicho Estatuto- sino porque se ha perdido por completo la independencia entre las ramas y órganos del poder público; el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, y el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero, además, la corrupción se ha adueñado del país, de las instituciones y de los partidos, como lo demuestra el cada día más grande escándalo generado por los sobornos y las "coimas" de la firma brasileña Odebrecht a servidores públicos y a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y lo vemos también en el caso Reficar, entre otros.
Va a ser necesaria una Asamblea Constituyente para rehacer la Constitución, reafirmando sus postulados esenciales y tomando en cuenta los nuevos hechos, pero entre tanto, hay que cumplir sus mandatos.
Lo cierto es que se expiden reformas que no se cumplen, o que no se desarrollan, o que los organismos encargados de aplicar no lo hacen, con cualquier pretexto, o con ladinas interpretaciones.
Por ejemplo, hay una norma constitucional introducida hace casi catorce años en relación con los topes de financiación a las campañas políticas, y ni en un solo caso ha sido aplicada.
Se trata del artículo 109, inciso 7, de la Constitución, proveniente de la reforma política consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 y reiterado en el Acto Legislativo 1 de 2009, que está en pleno vigor y que dice:
“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.
El precepto constitucional remite a la ley, pero no se ha dictado una ley específica con miras a desarrollarlo. Por tanto, debemos acudir a la propia Constitución.
En el caso de la pérdida de investidura, que es aplicable a senadores, representantes, diputados y concejales, comprobada que haya sido la violación de los topes máximos -lo que corresponde dictaminar al Consejo Nacional Electoral-, deberían compulsar copias con destino a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, con base en esta causal constitucional, ya debidamente comprobada -como exige la norma-, se impusiera la sanción.
Si se tratara de la elección de un alcalde o de un gobernador, la sanción debería ser impuesta por quien tiene la facultad de destituirlos, es decir, correspondería a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, el Presidente de la República, y a los alcaldes el respectivo Gobernador. Si se llagara a concluir que esa competencia no está claramente definida -en mi concepto sí lo está en la ley-, cabría entender que el competente sería el Procurador General de la Nación, a quien, según el artículo 277, numeral 1, de la Constitución, compete “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.
Cuando se trate del Presidente de la República, una vez debidamente comprobada la violación de los topes, se tendría que aplicar el fuero constitucional. En consecuencia, por causas constitucionales, como dice el artículo 138, numeral 3, de la Carta Política -y esta es una causal de esa índole-, iniciaría el trámite la Comisión de Acusaciones de la Cámara; acusaría la Cámara de Representantes en pleno, y el Senado decidiría sobre la sanción de pérdida del cargo, que es lo que señala el precepto citado.
