Opinión
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- Como liberal y convencido demócrata estimo que el actual momento histórico requiere de posiciones coherentes y visionarias, que traduzcan ideales colectivos, no conveniencias individuales.
Colombia y su gobierno han asumido con coraje y determinación enfrentar la mayor amenaza a su futuro, el conflicto armado. Han decidido pagar el alto costo ético y político de sentarse a la mesa de negociación con los insurgentes y no sólo comprometerse para lograr un acuerdo, sino indagar lo que tenían en común y poder proyectar un país para ambos bandos, en uno solo.
Solamente ese esfuerzo titánico de los negociadores de la Paz, que rompió los paradigmas del conflicto, merece una ratificación contundente. De hecho, el Presidente Santos podía haber planteado un referéndum consultivo vinculante, una solución no traumática, pero exigió posiciones y el poder de la decisión del pueblo, se expresará a través de un Sí o un No, sin medias tintas.
Desde otra dimensión de los hechos, como Senador, creo que la Paz es ya una condición definitiva para construir un futuro mejor. No se podrá edificar un país sin diferencias teniendo la amenaza de la guerra, ni se podrán desarrollar las regiones sin su integración al mapa de los proyectos y programas de un estado social de derecho, como lo establece nuestra constitución.
Aun cuando hemos estado en conflicto, la energía de los colombianos nos ha llevado a ser la cuarta economía de América. La violencia es un ancla que nos detiene en un pasado de exclusión, inequidad e injusticia.
Cómo vamos a hacer sinergia si los departamentos tienen desigualdades y desequilibrios que los conducen a la miseria, si la debilidad institucional es uno de los factores de la inequidad, si no existe siquiera la vialidad requerida como ingrediente de inclusión y productividad.
El departamento que represento y donde nací, Santander, es uno de las regiones con más futuro, por su biodiversidad, capacidad productiva de sus habitantes y ubicación geopolítica. Pero tiene la gran debilidad, como otros departamentos y municipios del país, de carecer de vías, que no sólo intercomuniquen sus ciudades y pueblos de forma eficaz, con otras zonas del país, sino que sus campesinos no cuentan con el soporte de las vías terciarias, que articulen a los productores con los centros de consumo.
La Paz para Colombia es un activo. Una herramienta para superar las condiciones que la amarra a la desigualdad y la exclusión y la mejor estrategia para construir un futuro mejor.
Por ello digo Sí al Plebiscito de la Paz e invito a todos los colombianos sin distingo político, etnia, religión, credo, para que participen votando por el futuro: La Paz de Colombia.
Por José Gregorio Hernández.-Diariamente -y eso es lo que se sabe, pues no conocemos la mayoría de los casos- los medios de radio y televisión registran acontecimientos dolorosos, causados por la indolencia de las EPS e IPS, generalmente a raíz de la tendencia a no asumir los costos del servicio. Un servicio que no es gratuito. Que pagan los trabajadores y las empresas. Un servicio público esencial.
Los médicos se ven precisados a recetar lo más barato. Se niegan medicamentos e intervenciones y tratamientos urgentes y necesarios, alegando su excesivo costo, aunque estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud).
Veíamos asombrados -sirvan como ejemplo apenas- dos casos conmovedores:
- Una mujer con cáncer no atendido, cuyo diagnóstico fue equivocado, ya que, según los medios, lo confundieron con gastritis o embarazo, clama en un video pidiendo que se le brinde la atención médica especializada que necesita con urgencia, dado su evidente peligro de muerte. Las instituciones prestadoras de los servicios de salud no se conmueven, y la mujer fallece, dejando en el más absoluto abandono a dos niñas de cinco y siete años.
- Una niña de tres años, afectada por una enfermedad denominada "huesos de cristal" -el solo nombre ya nos indica de qué se trata-, afección que implica que la niña no puede caminar ni mantenerse en pie, y cuyos miembros son frágiles en extremo, requiere una intervención quirúrgica que la podría salvar. Se la niegan. No se la practican, por cuanto a los intermediarios de la salud les parece muy costosa.
Pero la Constitución, que consagra el Estado Social de Derecho, y uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, señala que los niños tienen derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal física y mental, a la seguridad social, a un desarrollo armónico e integral, a una vida digna, a tener una familia (a la supervivencia de su madre, diríamos en el caso mencionado)...Y señala que esos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. E inclusive, al hablar de la famosa "sostenibilidad fiscal", el artículo 334 de la Carta Política establece que no podrán ser desconocidos los derechos fundamentales.
Pura teoría. Ni siquiera habiendo obtenido protección mediante fallos de tutela -por supuesto desacatados- se conmueven quienes tienen a la salud como un negocio y no como un servicio público esencial por el cual los particulares que lo presten deben responder ante el Estado. Pero el Estado hace "mutis por el foro". Guarda silencio. Un silencio cómplice, aunque, como expresó la Defensoría del Pueblo, deberían ser ejercidas las pertinentes acciones penales.
A los intermediarios nada los sobresalta. Ni el dolor de muchas familias, ni las muertes, ni las condiciones indignas en que viven algunos pacientes. Nada les importa el interés colectivo ni los derechos. Su única meta empresarial es la ganancia. No gastar, salvo en aquellos lujos hacia los cuales se desviaron los recursos en el caso de Saludcoop.
De nada sirvió la Ley Estatutaria que tanto pregonó el Gobierno como el más alto logro en materia de salud. Y quieren desalentar la tutela, o hacerla ineficaz.
Las cosas en este campo siguen iguales, o peores. El sistema es inhumano.
Nos preguntamos: ¿Este es un Estado Social de Derecho, que así celebra los 25 años de una Constitución democrática?
Por Gabriel Ortiz.- Difícil la escogencia del nuevo Fiscal, de tan brillante terna presentada por el Presidente Santos. Finalmente salió elegido Néstor Humberto Martínez Neira, un valioso profesional que ha desempeñado cargos oficiales ministeriales, diplomáticos y financieros, amén del recorrido ético y sobresaliente en la rama del derecho.
Algunos círculos censuraron sus actuaciones, públicas y privadas, de pronto por sus éxitos en ambos sectores. Pero no puede ser válida esa tesis, ya que cuando se es bueno, se desempeña como tal en todas las áreas. Seguramente Néstor haya sido objeto de fustigaciones por el odio que está de moda en Colombia, introducido por el ex presidente-senador. Allá los críticos, porque la realidad es que el país ha conseguido un fiscal de lujo… ya lo veremos. Humberto, su padre y doña Aleida, su progenitora, le imprimieron lo mejor de sus cualidades a quien nos fiscalizará.
No caminará por lecho de rosas, en un país tan endemoniado, en el que reina el delito y florecen las mafias, el narco, la minería ilegal y en donde la justicia está desacreditada y corrupta, porque la dañaron, cuando la convirtieron en nominadora, electora, política.
En donde se ofrecen puestos para llegar a órganos de control, como es el caso de un Procurador, que dilata el proceso que se le sigue por haber violado la Constitución para hacerse reelegir –igual lo hizo su padrino Uribe- y, sin sonrojo alguno, adelanta campaña presidencial. Y qué decir del magistrado Pretelt, que permanece “atornillado” a la silla, pese a haber recibido dinero a cambio de un fallo.
Se enfrenta el nuevo fiscal a una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad colombiana, especialmente en la política. Ejemplo claro el paro de los camioneros, con el que atropellan a una población inerme. Que corrompen, chantajean y delinquen para mantener el país a sus pies. Que son los culpables de la inflación y la carestía que golpean a las clases populares y que con unas tarifas irracionales, impiden que Colombia pueda sostener y conseguir nuevos mercados internacionales.
Pero ahí está este nuevo fiscal que llega a aplicar justicia y a trabajar en procura de un saneamiento de la misma, en aplicar la ley, al tiempo que garantizar a los ciudadanos confianza, optimismo, esperanza y ánimo.
BLANCO: La Ley Barguil que pone bajo control a los bancos.
NEGRO: La división racial atizada por Trump en Estados Unidos.
Por Amylkar Acosta M.-Como lo acota la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas, “vemos que, en general, hay un estancamiento. Casi todas las economías se han ido desacelerando y aquellas dependientes de recursos naturales como el petróleo son las que más han sufrido”. Según el FMI, “América Latina no encuentra salida al túnel” y resalta el hecho de que este desplome “no se veía desde la crisis de la deuda de 1982 – 1983”. El lastre mayor que arrastra la economía regional lo constituyen Brasil, Venezuela y Ecuador, con sus economías deprimidas, las cuales entraron a formar parte del que ha dado en llamar el FMI el “club de la tristeza”.
Durante la década 2003 – 2013 la economía Latinoamérica creció en promedio el 4% anual; en el caso de Colombia, el PIB creció por encima de su promedio histórico durante el largo ciclo de precios altos de sus materias primas. Pero, luego vino la destorcida de los precios, de los cuales el último en caer fue el petróleo, que se derrumbaron después de superar la barrera de los US $100 el barril en 2014 hasta bordear los US $30 a comienzos de este año, repuntando recientemente, pero sin rebasar los US $50. Y, según el Gerente del B de la R José Darío Uribe, una “caída del 40% en el precio del petróleo significa más de 2 puntos del PIB”, he allí una de las causas de la desaceleración del crecimiento del PIB, que se acentúa cada vez más.
Después de un crecimiento del PIB del 6.6% en 2011, este se vino en picada hasta el 4% de crecimiento en 2012, tuvo un ligero repunte en 2013 con el 4.9%, para seguir cayendo en el 2014 con el 4% nuevamente, el año anterior el 3.1% y la proyección del Gobierno para el 2016 es de un 3%, asaz difícil de alcanzar. Estamos más cerca del 2.5% que pronostican Fedesarrollo, ANIF y hasta el propio B de la R, que de la ansiada meta gubernamental.
No sólo la caída de los precios del petróleo y también de su producción contribuyen a la ralentización del crecimiento de la economía colombiana sino la de los demás commodities de los cuales depende, que tienen en China el principal destino de sus exportaciones. Según cálculos del BID, cada punto porcentual de menor crecimiento del PIB del gigante asiático impacta el crecimiento de la economía de América Latina y el Caribe en 0.6 puntos porcentuales. Con la caída de los precios de los commodities, decayó también la afluencia de la inversión extranjera directa, repercutiendo en una reducción del crecimiento potencial de la economía colombiana desde 4.5% anual hasta el rango 3.5% - 4%, situándose en el 3.7%, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que dio a conocer recientemente el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Dicho sea de paso, como lo afirma el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, al cotejarlo con el 4.3% del MFMP de hace apenas un año, “bajar en 0.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento potencial para siempre tiene consecuencias fiscales de enorme calado”.
Por lo pronto, el FMI prevé un anémico crecimiento de la economía global y luego de recortar su pronóstico anterior en 0.2 puntos porcentuales lo ubicó en 3.2%, similar al año anterior. Ello influirá en el comercio mundial que, según sus pronósticos, crecerá el 3.15, ligeramente superior al 2015 que fue del 2.8%. De allí que no sea dable esperar que el sector exportador impulse mayormente el crecimiento del PIB, máxime cuando no obstante que la tasa de cambio que se ha tornado más competitiva gracias a la maxidevaluación de los últimos dos años, no ha mejorado la competitividad de las exportaciones habida cuenta que las divisas de los competidores también se devaluaron. Además, los precios de los commodities siguen a la baja y por ello no es previsible en el corto ni en el mediano plazo mejoren los términos de intercambio.
Es difícil, entonces, que la economía colombiana crezca al 3%, como lo proyecta el Gobierno, toda vez que no cuenta con fuentes dinámicas de demanda que sirvan de galvanizador. Tanto la demanda externa como la interna se han debilitado tremendamente; tanto el consumo privado como el gasto público se han visto golpeados últimamente, el primero por el encarecimiento del crédito y por la pérdida del poder adquisitivo y la segunda por la sensible caída de sus ingresos a consecuencia de la crisis del sector minero – energético. Sectores como el agropecuario y el minero se contrajeron en el primer trimestre de este año en -3.1% y -0.9%, respectivamente; por su parte la industria creció en los primeros cinco meses del año 5.8%, pero cuando le sustraemos a REFICAR se reduce a sólo 2.8%.
Medellín, julio 16 de 2016
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Por Alexander Kudascheff. * Foto: DW.- Hace tiempo que el terrorismo, el terrorismo Islámico, se convirtió en una pesadilla. Ataca a las sociedades libres por todas partes: en restaurantes, aeropuertos, hoteles, estadios de fútbol, clubs, trenes, playas, escuelas y ahora también en la calle. El terrorismo está en todas partes y el miedo avanza en las sociedades libres, y también en otras. El peligro se intuye y se siente. La amenaza está en todas partes, en el día a día y en las vacaciones. El terrorismo reta a las democracias, sobre todo a Francia, que ha sufrido el tercer horrible atentado. Es una guerra asimétrica. De terroristas en solitario o pequeños grupos que, sin excesivos recursos logísticos, asesinan sin piedad mientras los demócratas tienen que temer por su libertad.
Un terror omnipresente
Parece que el Estado ya no pudiese cumplir con su tarea más importantes. Pese a los organismos de investigación, los servicios secretos, el aumento de la vigilancia del ciudadano y el inmenso despliegue policial, el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. El terror es omnipresente porque procede de la misma sociedad. Fascinados por la fuerza del islamismo e impulsados por la yihad, jóvenes, en su mayoría hombres, parten para enfrentarse a nuestra sociedad que también es la suya. Masacran sin piedad y quieren cumplir un objetivo. Quieren perturbar la sociedad libre y lo están consiguiendo. Mientras las fuerzas de seguridad tradicionales no sean capaces de proteger al ciudadano, los propios ciudadanos irán perdiendo esa serenidad que hasta ahora fue ejemplar. Amenazan fenómenos sociales en los que triunfarán el odio, el rechazo y el racismo. Toda una pesadilla para una sociedad abierta.
Terminar con el Estado Islámico
Ahora está claro que hay que emprender una guerra, una guerra contra el Estado Islámico. Es políticamente necesario, pero también es un tema delicado porque habrá que estar al lado de los rusos y del asesino sirio Bashar al Assad. Pero no hay otro camino posible. Hay que conquistar Rakka, vencer al Estado Islámico, juzgar a los combatientes supervivientes y terminar con la pesadilla del Califato Islámico. Aunque no sea política ni diplomáticamente atractivo, habrá que colaborar con todas las potencias. Después habría que preguntarse por qué tantos jóvenes musulmanes son seducidos por un islam violento, no solo en la Europa secular, sino también en la América de la diversidad religiosa. ¿Qué quiebra con su identidad al punto de que sigan a los autodenominados califas de Rakka o enaltezcan a terroristas suicidas en la red como si fuesen héroes?
En cualquier caso, se trata de un proceso social más largo. Las sociedades libres tendrían que aprender antes a superar su indefensión. Hay que aumentar la presión sobre la escena de los simpatizantes. Hay que hacerlo con rigor. Los musulmanes tienen que deshacerse de secretas simpatías hacia los predicadores del odio y echarlos de las mezquitas. Es necesario acabar con la tolerancia pasiva para defender la libertad y nuestro estilo de vida libre. De lo contrario, las sociedades cambiarán y se irán distanciando de la democracia. El Frente Nacional de Francia se saldría con la suya.
*Redactor en Jefe de DW.
Por Iván Díaz Mateus.-Ninguna sorpresa ha causado el entierro de tercera que la Corte Constitucional le ha hecho a la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, la razón muy alarmante y cruda: La justicia en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las Altas Cortes es sencillamente irreformable e intangible, y lamentablemente la opinión ya está tan acostumbrada a ello que no se inmuta ni se preocupa porque esto suceda.
Uno de los pilares de esta Reforma Constitucional consistía en eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes encargada de investigar y pedir el llamamiento a juicio de determinados y específicos servidores públicos: Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Fiscal General. Sobre la inoperancia de la comisión no hay duda alguna y sobre la posibilidad de que una de las Cortes actuara contra sus propios jueces, si así lo deseaba o lo veía necesario o justo, tampoco había duda alguna. Durante su larga existencia la Comisión nunca llegó más allá de lo que hasta ahora ha llegado en el caso del Magistrado Jorge Prettel.
Con ese panorama se decidió crear un Tribunal de Aforados conformado por Magistrados independientes, con amplia formación jurídica, y elegidos por partes iguales entre el Congreso, el Presidente y la misma Judicatura. Con ello se buscaba, entre otras cosas, independencia y autonomía, solvencia para investigar a los aforados sin temor a retaliaciones o presiones políticas, solidez jurídica para que obrara más el derecho que la misma política, y valoración de hechos y circunstancias con mayor seriedad y cuidado. Sin embargo, eso no fue posible, la Corte Constitucional que es la encargada de velar por la primacía de la Carta Política, en lo relativo a los vicios de forma, acaba de anunciar que la creación del Tribunal de aforados no se ajustó a la norma superior por tanto su creación ha quedado invalidada.
Esa decisión tiene una gran trascendencia Jurídica y política, tal vez la más grave es que al Congreso de Colombia no le quedó claro -cuando actúa como constituyente delegado reformando la carta, cosa que ha hecho muchas veces-, que puede y que no puede tocar ya que la Corte ha dicho que en ciertas decisiones sustituye la Constitución, es decir la cambia en lo sustancial y que eso no se puede hacer. ¡Se ha podido pero en este caso no se puede!
Una segunda consecuencia es que, muerta la reforma, las cosas vuelven a su statu quo, es decir sigue vigente la muy desprestigiada e ineficaz Comisión de Acusaciones, y esto favorece claramente a quienes están bajo su órbita judicial que saben a ciencia cierta, porque la experiencia se lo ha demostrado, que allá no pasa nada con las denuncias que se presenten en su contra. En otras palabras son y seguirán siendo un minúsculo grupo de colombianos a quienes es casi imposible aplicarles justicia, y lo que es más singular, cuando se trata de crear un organismo que lo haga, ellos mismos deciden que eso no es válido con argumentos un tanto traídos de los cabellos. Solo para que permanezca en su cabeza un privilegio que envidiaría cualquier gobernante o ciudadano: no tener juez.
Sigue consolidada una élite muy reducida de colombianos que se saben, Jurídicamente intocables y están habilitados para impedir que eso cambie.
Twitter:@idiazmateus
Por Jorge Enrique Robledo.- Luego de décadas de estar siendo aplicada, es obvio que la globalización neoliberal consiste en crear un mercado de envergadura global, para que los capitales trasnacionales de esa misma talla, localizados en cada país, hagan negocios entre ellos mismos. En ese mundo pueden moverse libremente los capitales y las mercancías, mas no las personas del común, condenadas a quedar presas en los países satélites de la potencias, y el poder del Estado se pone al servicio de los monopolios para que puedan arruinar, anquilosar o expoliar en sociedades leoninas a todos los capitalismos nacionales, empezando por los medianos y menores, pero sin excluir a los mayores. Como el concepto de clase media es relativo, ahí pueden caber incluso los de arriba a quienes les entre a competir algún King Kong extranjero.
Aurelio Suárez explica que la línea es imponer en todos los sectores lo que él llama el Modelo Transmilenio (http://bit.ly/2a4gplc), consistente en entregarle a un puñado de magnates –subsidiados y protegidos por un Estado a su servicio–, el monopolio del gran negocio que antes compartían miles de pequeños y medianos empresarios. La razón última del paro camionero reside en el rechazo de esta clase media empresarial a la exigencia de Estados Unidos para que se tomen medidas que monopolicen el transporte de carga (http://bit.ly/29CpAoI). Y crecen los reclamos de los pequeños propietarios de estaciones de servicio de combustibles porque la trasnacional Terpel está usando el poder de la gran ganancia de la distribución mayorista de los combustibles para desplazarlos y tomarse también el comercio minorista (http://bit.ly/29OVbWW).
La ultra concentración del comercio al detal, que desplaza a los pequeños y medianos empresarios, avanza a toda máquina, bajo el libertinaje de poder instalar grandes superficies en cualquier parte, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Europa, donde les ponen límites (http://bit.ly/29JFAox). Los hipermercados además incursionan en el negocio de las bombas de gasolina, las agencias de viajes, el corretaje de seguros y en lo que se les antoje, desplazando también a quienes no son de su talla monopolística, tamaño que igualmente usan para imponerles condiciones leoninas a sus proveedores agrícolas e industriales. Estas trasnacionales, más otras especializadas en el formato de los supermercados de escala reducida, con toda agresividad arruinan, persiguiéndolos de barrio en barrio y de pueblo en pueblo, a los tenderos y a los comerciantes menores. Y es notorio que las multinacionales de las ferreterías y las farmacias desplazan a la clase media que por décadas vivió de ese sector.
Abierta o solapadamente, crece la retórica que de manera falaz sostiene que entraban el progreso del país las explotaciones agropecuarias inferiores a las de decenas de miles de hectáreas, discurso anti campesino e indígena, por supuesto, pero que también se dirige contra el empresariado rural de clase media, víctima como los que más del libre comercio que lo empuja hacia la ruina y la pérdida de sus tierras.
Como otro ejemplo de lo que ocurre, cada día le entregan más la contratación pública de infraestructura a unas cuantas trasnacionales y banqueros, que sacan del negocio a las firmas de ingeniería menores, y hasta a algunas mayores, sin siquiera aportar capitales de riesgo dignos de ese nombre. Y se probó que Vargas Lleras cambió la ley para poder concentrar la construcción de las cien mil casitas entre unas pocas grandes empresas y entregarle al mayor banquero del país la intermediación de cuatro billones de pesos.
De esta manera, cabe la pregunta del título de este artículo, al igual que plantear el debate sobre el tipo de capitalismo que debe darse en Colombia: si uno absolutamente monopolizado, y ojalá por los extranjeros y su capital financiero, como el que impone Juan Manuel Santos, o si otro en el que también quepan y prosperen las empresas y el empresariado nacional no monopolista, es decir, la que puede llamarse clase media empresarial –y la asalariada, por supuesto, también maltratada de tantas maneras–, sector que le ofrece al interés nacional una ventaja principalísima: que no actúa con el principal objetivo de las trasnacionales, el de montarle a cada negocio un dolarducto, un tubo por el que les exportan a sus casas matrices los dólares de la riqueza que se crea en el país.
Santos y Vargas Lleras pusieron de Fiscal al representante en el país de la mayor trasnacional de abogados del mundo, selección que no tiene nada que ver con lo democrático y sí todo con lo plutocrático. “Es que ustedes no saben quiénes somos”, expresan con cinismo.
Por David Luna Sánchez*.- Ante la inminente digitalización de la economía, las empresas adaptaron sus esquemas de producción, comercialización y portafolio de servicios y productos basados en la tecnología. Entre 2003 y 2014, el mercado de software creció cinco veces, lo que indica su potencial para ser motor de desarrollo económico. Quedan muchos retos y desafíos, pero creemos que con mejorar el talento TI (Tecnologías de la Información) seguiremos potenciando este renglón de nuestra economía a instancias de talla mundial.
De acuerdo con el Observatorio TI (Tecnologías de la Información), iniciativa del MinTIC y Fedesoft, en 2012 la industria TI tenía 0,6% del PIB, mientras que en 2014 representó el 1,19%; un aumento significativo que avala las grandes oportunidades para digitalizar diferentes sectores productivos.
La industria TI de Colombia tiene cerca de 4.016 empresas, con ventas de 8,9 billones de pesos en 2014 y crecieron 51% en el último periodo; 90% son Mipymes (pequeñas y medianas empresas). Desde el MinTIC fortalecemos la industria TI nacional con acciones en diferentes frentes para contribuir a fortalecerlas.
La industria TI nacional emplea más de 70.318 personas, en su mayoría nacionales, contribuyendo al desarrollo de tecnologías "made in Colombia". Siendo ésta una "industria de conocimiento" requiere talento humano idóneo, pero según los estudios del Observatorio TI, la oferta de profesionales TI es poca: el déficit sería de 53.042 personas en el 2018. Hay necesidad de fortalecer los programas académicos de TI para que los profesionales tengan mejores competencias para aportar al desarrollo de la industria TI colombiana.
Esto muestra importantes desafíos para formar talento humano para la industria TI, para contribuir al crecimiento del sector, aumentar el empleo y la generación de emprendimientos como start-ups, que tomaron fuerza en Chile, México y Colombia.
Se requiere talento humano competente en todas las regiones del país, con perfiles diversos y que fomenten la transformación digital de todos los sectores económicos. Así, la productividad y la competitividad de la industria nacional será viable, y ayudará a reducir las brechas sociales.
Para lograr este cometido hay que agrupar a instituciones del Gobierno, academia, emprendedores y de empresarios para promover el desarrollo del sector TI, generar sinergias estratégicas para cofinanciar proyectos para agro, salud, turismo y gobierno. Desde MinTIC lideramos la red de clústeres TI del país, desde ocho regiones: Centro, Oriente, Llanos, Pacífico, Centro-Sur, Eje Cafetero, Antioquia y Caribe.
Queremos transformar a nuestra industria TI en un sector altamente productivo y competitivo. Quedan muchos retos y desafíos, pero creemos que con mejorar el talento TI seguiremos potenciando este renglón de nuestra economía a instancias de talla mundial.
*Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Por Jorge Gómez Pinilla.- Es lo que ocurre con Leszli Kálli, una mujer de rostro cautivador que se hizo célebre por el libro que escribió tras el secuestro del que fue víctima en 1999, cuando el Eln se apoderó del avión de Avianca donde viajaba. Leszli es de esas personas que al principio pintan bien y con su sola presencia generan una inmensa expectativa, pero con el paso de los días flaquean y terminan en el légamo del desprestigio por un manejo equivocado de su inteligencia emocional.
Luego de la dolorosa experiencia del secuestro –que al parecer le dejó secuelas psicológicas- Kálli viajó a Canadá, donde estudió cuatro años de Diseño Gráfico, y a su regreso comenzó a ser conocida como diseñadora y defensora de animales. Por cosas de la vida terminó trabajando en la revista Soho, donde además se desnudó para su edición 150 con una única foto retadora en topless y cucos rojos para el Procurador General de la Nación, a quien por ser un redomado taurófilo le dijo esto: “Señor Alejandro Ordóñez: vida es vida, venga de donde venga, una gota de sangre es una gota de sangre de un ser viviente. La vida se respeta, sea de un feto o sea de un toro. No queremos doble moral”.
Leszli Kálli y Gustavo Petro se conocieron por Twitter, y la empatía entre ambos se habría dado por el tema animal. Ella misma le confesó a El Espectador que en enero de 2012 le envió un DM a Petro diciéndole que quería acompañarlo en su Alcaldía, y unos días después fue vinculada con una asignación mensual de $5’100.000.
Luego vino el escándalo que ya se conoce, cuando por supuestos celos de la esposa de Petro la fueron relegando y trasladando de una entidad a otra, hasta que en diciembre de ese año fue desvinculada, y a ello contribuyó que “su personalidad era difícil”, sumado a que se tomaba atribuciones que no le correspondían. Sea como fuere, lo llamativo es que el escándalo estalló casi un año después, y la pregunta del millón es por qué guardó silencio tanto tiempo y por qué conservó durante meses la grabación de una charla privada que sostuvo con el asesor de Comunicaciones, Daniel Winograd, la cual al final no tuvo ningún peso probatorio porque había sido editada.
Tras su regreso a Bucaramanga, Leszli Kálli fue contratada por la campaña de Carlos Fernando Sánchez, el candidato del coronel Hugo Aguilar a la Gobernación de Santander, y se dedicó a atacar desde su cuenta de Twitter a los oponentes de este, diciéndole a Holger Díaz que era “LADRÓN de la Salud” y a Didier Tavera que “usted no me intimida”. Pero tras el triunfo de este último recapacita, se le acerca a Iván Aguilar y publica un trino donde dice que “una de las cosas positivas del gobierno de @DidierTavera es @ivanfaguilar. Lo defendí y lo defiendo. ¡PUNTO!” (ver trino).
Hablando de recapacitar, está un artículo suyo titulado “Lo acepto, fui mamerta pero recapacité”, donde se esperaba una exposición coherente de por qué cayó en brazos del uribismo, pero aparece una sarta de insultos mal redactada contra Petro y su esposa, que culmina en una entrega desvergonzada a la nueva causa que acababa de abrazar: “¡Que gire el país a la derecha ya!”.
Como Leszli no sabe escoger a sus enemigos y le dispara a lo que se mueva, terminó metiéndose con la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, a raíz de que esta se sorprendió al verla pidiéndole puesto al secretario de Desarrollo de Bucaramanga, Jorge Figueroa, pese a que durante la campaña había arremetido contra él y contra Manolo Azuero, hoy Jefe de Gobernanza (ver trino). Pero apenas salió elegido Rodolfo Hernández corrió a publicar un trino a favor de Figueroa, y no habían pasado 15 días de la posesión del nuevo alcalde cuando le lanzó otro flechazo en el mismo tono (ver trino), y como Diana Giraldo se sorprendió ante semejante incoherencia, descargó contra ella su artillería verbal tildándola de “diva intocable de tres pesos”.
Lo cierto es que al final no le dieron el puesto que le lagarteó a Figueroa, y unos meses después pasamos de la extrañeza al asombro al verla disculpándose con el zar de las basuras de Santander, Fredy Anaya (ver disculpa), por unos trinos donde lo atacó, pero cuyo contenido corrió a borrar para evitar que lo agregaran a su rosario de incoherencias, como la de alegrarse por la muerte de un torero al que tildó de “asesino”, o la de ponerse a favor de Paloma Valencia en lo del ‘oso’ que protagonizó cuando quiso pasarle cuenta de cobro al plantígrado.
¿Y a dónde va todo esto?, se preguntará el escandalizado lector. Va a que con motivo de mi última columna, donde conté algo que percibí luego de una experiencia profesional de cuatro meses con la Gobernación de Santander, Leszli Kálli arremetió contra mí en compañía del ‘periodista’ Laureano Tirado mediante una andanada de acusaciones bajas (“contratos suscritos en cañerías”) con las que pretendieron poner en entredicho mi solvencia profesional. Yo expliqué hasta la saciedad que había escrito sobre lo que conocí “después” de una muy corta vinculación, no “durante”, y que estando libre de cualquier atadura puedo escribir sobre lo que me venga en gana, pero eso les entraba por un ojo y les salía por el otro.
Por Amylkar D. Acosta M[1].- El pasado 4 de julio se conmemoraron en la emblemática ciudad de Rionegro (Antioquia), cuna de la Constitución de 1863 prohijada por el Radicalismo liberal, los primeros veinticinco años de la Constitución que nos rige desde 1991. Su expedición se originó en una “séptima papeleta” que nunca se escrutó, pero que la Sala Plena de la otrora Corte Suprema de Justicia validó y consintió, mediante la cual se convocó, a través del Decreto de Estado de Sitio 1826 de 1990, una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución de 1886.
Ya reunida y a poco andar dicha Asamblea se declaró omnímoda y se trastocó en Asamblea Nacional Constituyente y en lugar de reformar la Constitución, que fue su cometido primigenio, una vez más con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, la cambió de cuajo, dándole al país una nueva Constitución. A ello se llegó después de varios intentos fallidos en años anteriores de reformar la Carta y de los acuerdos que hicieron posible la desmovilización y reincorporación a la sociedad civil de varios grupos insurgentes, encabezados por el M- 19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT.
Es de anotar que con esta nueva Constitución se completaron 9 en el decurso de nuestra era republicana, de las cuales sólo tres, la de 1863, la de 1886 y la de 1991 perduraron más de 20 años de vigencia. Las demás sólo fueron flor de un día. Se volvió un lugar común decir que la partera de todas las constituciones que nos han regido fueron las constantes guerras civiles que en número de nueve a escala nacional padeció nuestro país en el siglo XIX. Sin embargo, según el autorizado concepto del historiador Eduardo Posada Carbó, sólo las de 1863 y 1863 tuvieron ese origen, “hubo otras fruto de acuerdos, como las de 1853, las reformas sustanciales de 1910 y, claro, la de 1991”.
Y el anunciado “revolcón” institucional anunciado por el Presidente Cesar Gaviria al instalar las sesiones de la Asamblea se hizo realidad. La nueva Carta de navegación que esta Constituyente le dio al país resultó ser de carácter garantista, amparando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que ahora son iguales ante la Ley y significó el paso de la democracia representativa de enantes a otra de participación. Fueron varios los mecanismos de participación que se crearon, tales como la Consulta popular, el Referendo, el Plebiscito, ahora tan en boga, Cabildos abiertos y hasta iniciativa popular legislativa.
Del Estado confesional entronizado por Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, en la Constitución de 1886 se pasó, sin vísperas, a un Estado social y de derecho, pluralista, que reconoce a las minorías nacionales, que salvaguarda sus derechos. Además, se les dotó de unos valiosos instrumentos para hacerlos valer, tales como la Acción de Tutela, la Acción Popular y de Grupo, la Acción de Cumplimiento, así como la posibilidad de la revocatoria del mandato a los mandatarios seccionales que son elegidos popularmente. Los alcaldes y los gobernadores, estos últimos también elegidos a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, son depositarios del voto programático y su incumplimiento les puede acarrear su revocatoria.
La Constitución de 1991 ya ha tenido 41 reformas, que han modificado 127 artículos. Y ahora se espera que para poner a tono la Constitución con los acuerdos de La Habana se prevé por parte de los expertos que puede conllevar unas 35 reformas más.
El fetichismo normativo alienta esta fiebre reformista, al creer que todos los problemas se resuelven expidiendo una nueva Ley o reformando la Constitución. Ello pone de manifiesto la gran inestabilidad jurídica de nuestro ordenamiento constitucional, a lo cual vienen a sumarse los recurrentes cambios de jurisprudencia de parte de la Corte Constitucional, creada para servir de guardiana de la Constitución. Los temores del inmolado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona cruz de que la Constitución Política de Colombia devendría en una Carta a la Carta no eran infundados.
Tegucigalpa, julio 12 de 2016
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[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
