Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- Ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de electricidad, si esta llegara a fallar: en una 1 morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis. Así de importante es la seguridad energética para un país.

Es sumamente importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración todas las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no renovables. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.

En el corto plazo Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el Papa Francisco hizo pública su Encíclica Laudato sí´, sobre “el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por Colombia, a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia, que adquirió el compromiso de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el2030.

La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización la inteligencia artificial (IA) y la Big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.

La Transición energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la Matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicas Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.

Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al Cambio climático.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción  en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.

El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin, a guisa de ejemplo, debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.  

Cota, julio 11 de 2020

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Estados Unidos no negocia con terroristas, pero un presidente demócrata no tuvo reparos en instar al gobierno colombiano a que hiciera lo que ellos no hacen, designó enviado especial a las negociaciones, ¡en Cuba!, y permitió que su secretario de Estado se reuniera con las Farc –el hoy prófugo Márquez incluido–, un grupo que estaba en su lista de terroristas desde 1997 y reconocido por la DEA como narcotraficante.

Ese apoyo, solicitado por Santos para apuntalar su proceso y su Nobel, estrechó los lazos del centro-santismo y de la izquierda con el partido demócrata, al punto que hasta las Farc olvidaron su “antiimperialismo yanqui” y se desbordaron en gratitud.

Los demócratas sienten suyo el Acuerdo y, en consecuencia, el apoyo de ayer se transformó, al vaivén de sus intereses políticos locales, en intervención sistemática e indebida en los asuntos internos de nuestro país, rayando en posiciones irrespetuosas e insultantes al gobierno colombiano.

En la semana que termina, 94 de ellos le escribieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiéndole “presionar”, sí, presionar al presidente Duque para que “se comprometa a cumplir el acuerdo de paz” y proteja a los líderes sociales que, según ellos, son asesinados por “La lentitud del Gobierno en implementar los acuerdos, su fracaso en llevar el Estado a las zonas de conflicto, y su imposibilidad de detener y/o castigar los ataques…”.

No satisfechos, exigen “desmantelar los nuevos grupos paramilitares” –¿cuáles?–, “financiar de manera adecuada la justicia transicional” -¿más?- y, no podían faltar, “acciones contundentes” contra miembros del Ejército responsables de presuntos delitos.

De hecho, una semana antes, un comunicado del famoso Senador Leahy se sumaba a la tesis apátrida de los hermanos Samper, de que los abusos sexuales de algunos militares no son casos aislados sino “un claro patrón de una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que los tolera o ignora”.

Parece que el verano activa a los congresistas demócratas en su pretensión de “cogobernar” en Colombia. En mayo de 2019, el mismo Leahy, junto con otros dos colegas, le escribía al presidente Duque vetando los nombramientos de la cúpula militar a partir de un informe sesgado de Human Rights Watch, y poco después le exigía investigar a María Fernanda Cabal por su rechazo a las acusaciones infames de un periodista del NYT en contra del ejército y del gobierno, al que no bajaba de asesino.

En el mismo mes, 79 congresistas enviaron una carta a Pompeo muy parecida a la de los 94 de este año, en la que defienden el papel de la JEP y acusan al gobierno de debilitar o anular los compromisos del Acuerdo, de no desmantelar –otra vez– grupos sucesores del paramilitarismo, ni investigar sus nexos con elementos corruptos de la fuerza pública.

Al mes siguiente, en junio, doce más, en otra de sus cartas, acusaban al gobierno de no cumplir los compromisos del TLC en cuanto a empleo y protección al sindicalismo.

Y ahora…, ¿a qué juegan los demócratas? Cartas van, cartas vienen, acusaciones espurias, negacionismo del narcotráfico como causa de los asesinatos, la ilegalidad y la violencia, y exigencias insolentes al gobierno para que cumpla con lo que ya está cumpliendo. Pero claro; sus fuentes no son el diligente comisionado Archila, ni el comisionado Ceballos, ni los ministros ni el presidente Duque, sino sus amigos, los mismos interesados en desprestigiar al gobierno; es algo que se percibe en el “tono” de sus exigencias, que parece “libreteado” desde la oposición suicida, que busca abrirle paso al odio, a la desestabilización y a soluciones populistas que se asoman peligrosamente.

Bogotá, D. C, 11 de julio de 2020

*Presidente de Fedegan.

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Quería conocer el mundo y escalar al segundo pináculo. Esa meta le demandó titánicos sacrificios que fue superando aceleradamente. Se impuso esfuerzos sobrehumanos que le fueron devorando los mechones. Los libros que no leía los escribía. París fue su segundo deslumbre que no alcanzó a conocer por sus prioritarios estudios que empezaron con apuntes de Antonio Nariño. Quería dedicarse a los derechos humanos. Tras dos master, lo reclamo un doctorado, que al parecer lo apartó del hombre de los derechos. Dicen sus alumnos de muchas universidades a las que enalteció con su sabiduría, que si no fue el mejor, fue el segundo, profesor en distinguirse.

Cuando “ñeñe” hizo el milagro, encontró la manera de avanzar aceleradamente hacia un segundo lugar, en un gobierno que parecía apasionarse con la paz y los derechos humanos. Pero ante todo para conocer mundo. Cualquier viaje lo extasiaba. Conocer viaticando, era su pasión.  83 veces durante año y medio acarició las sillas aéreas; 15 al exterior, entre las cuales, una para recibir reparos por los asesinatos de líderes sociales. Prometió arreglar las cosas e invitar a un alto funcionario de los Derechos Humanos a corroborarlo, reunión que nunca se cumplió.

Luego estuvo muy ocupado en su campaña para la fiscalía –de bolsillo, dicen algunos-. Mostró nuevamente sus altísimas calidades que deslumbraron a sus electores. Era más preparado que un kumis y merecía el cargo.

Como quería conocer el mundo, ordenó como segunda gestión tras su posesión, preparar el jet de la fiscalía. Hasta entonces  solo Santodomingo, Ardila y De la Espriella, habían tenido jet ejecutivo, con sus propios recursos, no con dineros de los colombianos. Así nació “Fiscalía Airlines”.

Con jugosos viáticos se dedicó a conocer el mundo y lo hace con toda su familia.

Cuando volaba a 7.800 metros sobre el mar de los siete colores, descubrió su cenit: era el segundo hombre sobre ese mar. No se sabe si el primero era, Dios o Duque.

Este es el hombre que quiere conocer el mundo y dirigir el Anglosajón Sistema Penal Acusatorio que nos “clavó” la Constitución del 91. Este segundo de Colombia ha cometido tantos errores y desaciertos, que debería acudir a la letra “R” del diccionario. El mejor servicio a nuestra maltrecha justicia sería cambiar al derrochón.

BLANCO: El Espectador no desaparecerá, entrará a la era digital durante la semana e impresa los domingos.

NEGRO: Duque no quiere respetar a la “rebelión de las canas”. Dice que los viejos (abuelitos) deben estar encerrados.       

Bogotá, D. C, 10 de julio de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Jairo Gómez*.- ¿Qué es lo que ven? ¿Están viendo algo parecido a lo que veo yo? El video es como un sinfín, la historia se repite una y otra vez y el relato no cambia, es el mismo de siempre desde la década de los años setenta cuando no eran aún los dineros de la cocaína los que financiaban campañas sino los de la “Bonanza marimbera”, es decir la marihuana.

La política tradicional clientelista, corrupta y adicta al dinero fácil, encontró en los narcos una colosal fuente de financiación y embriagados en un nihilismo negacionista de valores morales y éticos, los han utilizado por décadas a tal punto que les permitieron adueñarse, por ejemplo, de un banco, el de Los Trabajadores, y poner presidente de la República en los años noventa.  

“Si a uno se le mete un elefante a la casa, pues tiene que verlo…En la campaña hubo dineros de un origen supremamente dudoso”, sentenció en su momento Monseñor Pedro Rubiano y hoy esa concluyente metáfora se repite en cabeza del presidente Iván Duque.

Los narcos de siempre y de hoy siguen presentes en la política, siguen siendo los proveedores de millones de dólares para financiar campañas presidenciales, comprar curules en el Senado y la Cámara de Representantes y, con cómplices poderosos, se camuflan en diversas actividades económicas del país. El narco ahí, parodiando al inolvidable Jaime Garzón, asesinado precisamente por el narcoparamilitarismo que también puso presidente.

Relatos que se repiten. A Santiago Medina, el tesorero de la campaña a la presidencia de Samper, lo responsabilizaron del ingreso de los miles de millones provenientes de los narcos de Cali y encontraron en el anticuario el perfecto chivo expiatorio; lo mismo hicieron con “Cayita” Daza (asesora UTL del Senador Álvaro Uribe), a quien también pillaron en unas narcograbaciones conversando con el Ñene Hernández, reconocido narco de la costa norte, consiguiendo dineros para financiar la campaña del presidente Duque; a ella le dijeron que asumiera su responsabilidad y para evitar el impacto del narcoescándalo la Fiscalía miró para otro lado y la dejó fugar para Estados Unidos. Todos se lavan las manos para ocultar una verdad impostergable: los narcos siempre, desde los años setenta, incidieron, y lo hacen hoy, en la política colombiana.

La supuesta gran diferencia en votos con que Duque derrotó a Petro en la segunda vuelta presidencial no tardó en establecerse porqué se había logrado. Apareció el dinero del narcotráfico comprando votos, además de financiar la campaña. El presidente calla pero a medida que se conocen más grabaciones más conocemos los colombianos de la verdadera importancia del narco Ñeñe Hernández, en la campaña; en la última grabación revelada por los periodistas Martínez y Guillén, el Ñeñe dice, embriagado de euforia etilica: “Tenemos presidente hijueputa”.  

No es el candidato de la Colombia Humana el engañado o estafado electoralmente, somos los colombianos que fuimos a la urnas a depositar nuestro voto libremente. El presidente Duque debe una explicación que aún no ha dado. Un solo voto comprado por los narcos, es una elección fraudulenta, es una estafa, es una burla, eso no tiene vuelta de hoja.

Sin duda, en el país se evidencia una supremacía del dinero del narcotráfico sobre la política; esa política clientelista que tiene capturada las regiones, que sustenta su deber ser en los terratenientes -muchos, testaferros de los narcos- y poderes sucios establecidos. No es posible ocultarlo. Por eso existen el extinto Ñeñe Hernández, Memo Fantasma y los más de 200 “cartelitos”; por eso no nos debe sorprender que funcionarios del actual gobierno sigan siendo requeridos por la justicia para que expliquen sus relaciones con el narcoparamilitarismo como es el caso de la exministra y hoy Consejera de los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez.

Por supuesto que en el oficio hay políticos decentes, pero un buen número de esos políticos han hecho del narcotráfico su propio partido, lo llevan a la vanguardia y, como tal, con ese delito dirigen y controlan el Estado.

Bogotá, D. C, 9 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi     

Por José G. Hernández*.- Más allá del debate acerca del viaje de algunos funcionarios a San Andrés durante un puente festivo y de las interminables explicaciones al respecto, desde el punto de vista constitucional conviene dejar consignadas algunas precisiones sobre la estructura del Estado colombiano.

El señor Fiscal General de la Nación afirmó en la isla desempeñar el segundo cargo de mayor importancia en la Nación. Como era de esperar, en mi siguiente clase virtual de Derecho Constitucional -relativa a la parte orgánica de la Constitución-, los estudiantes de postgrado me interrogaron acerca de si esa afirmación era correcta.

La respuesta, naturalmente, fue negativa. Manifesté sobre el punto que el Fiscal General de la Nación es el servidor público elegido por la Corte Suprema de Justicia, que dirige el organismo encargado de ejercer la acción penal y de adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de delitos, como lo dice el artículo 250 de la Carta; integrante, según el 116, de la rama judicial, no de la rama ejecutiva; no depende del presidente de la República, aunque él elabora la terna de candidatos para la elección; no tiene vocación presidencial, porque no está llamado a sustituir al presidente en sus faltas transitorias o definitivas, como sí ocurre con el  vicepresidente, aunque éste, mientras no sea llamado a desempeñar en cargo, permanece a la expectativa y no es tampoco la segunda autoridad del Ejecutivo.

El nivel de las funciones del Fiscal no es superior al de las que cumplen el Procurador, el Contralor o el Defensor del Pueblo, cabezas de órganos autónomos e independientes, como lo señala la Constitución. Y mucho menos prevalece sobre el Congreso o sobre las altas corporaciones judiciales -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral-. Más aún: no decide sobre la libertad de las personas, lo que corresponde hoy exclusivamente a los jueces; son los jueces quienes toman las decisiones acerca de las acusaciones formuladas por la Fiscalía; y sobre posibles impedimentos o recusaciones del Fiscal decide, en un nivel superior, la Corte Suprema.

La importancia del cargo es indudable, pero de ahí a sostener que es el segundo en una supuesta escala jerárquica a nivel nacional hay mucha distancia. Y ello, por cuanto el sistema plasmado en la Constitución no es monárquico. Aunque el presidente de la República es Jefe del Estado, ello no implica que sea titular de un poder absoluto. Esa jefatura tiene expresión en el ejercicio de sus funciones como representante del Estado colombiano en el plano internacional, si bien sujeto al control político del Congreso y jurídico de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

El Poder Público es uno solo y el titular de la soberanía no es un monarca sino el pueblo. Hay tres ramas del poder -legislativa, ejecutiva, y judicial-, independientes entre sí, y órganos autónomos. Según expresa la Carta, los diferentes órganos tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Apunte final: La Constitución de 1991 no fue promulgada el 4 sino el 7 de julio, mediante su publicación en la Gaceta Constitucional.

Bogotá, D. C, 8 de julio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Dice el himno del llano en, palabras del inolvidable Arnulfo Briceño, “Embrujo Verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía”. Estas son estrofas bellas pero con sentido oculto que pueden tomarse como que la magnitud de la naturaleza no sólo es embrujo sino suelo, quizá para recordar que hasta allí llega la maledicencia de actores y gobernantes que pasan y se van, dejando amarguras miserias y rastrojos de ese paisaje inolvidable, pero… ¿Por qué? ¿De dónde surge esta reflexión que más que reclamo es un gemido de impotencia? Impotencia ante lo que han significado, para ser breve, la historia de titulares como “Refinerías”, Chirajaras, Matapalos y dirigentes encarcelados sin condena, ni vergüenza, al amparo de electores amnésicos.

Pero hagamos un alto para otro título aterrador “Bioenergy”, una esperanza que llega a un municipio casi existente, solo vigente en la realidad de señores feudales que lo defendieron de la vecindad de un país, que no logró envolverlos en la realidad de la Colombia llanera. De la rapiña entre las armas y las falsas promesas, ni de la existencia de manos armadas de diferentes calibres y motivaciones, logró surgir Puerto López entre armas buenas y calibres perversos, entre cultivos de pastos para producir carne y otros para avivar la imaginación.

En plena crisis de angustia de un llano petrolero que inundo la llanura con esperanzas imposibles de cumplir, sembrando paraísos deleznables para luego huir sin dejar en su partida, más que el desasosiego del regreso a la pobreza, de los suelos estériles agravados por la contaminación del dinero fácil y los fenoles del aceite en su herencia maligna, sobre las aguas cristalinas.

Pero llegó la esperanza merecida, la transformación de las siembras ruinosas, en creación de materia prima requerida por la revolución energética de” Combustibles Amables”, en una labor que además enriquecería los suelos y tal vez haría posible el renacer del “Embrujo Verde” del juglar del Meta.

Lamentablemente, de la mano del despilfarro del petróleo estatal, se inflaron los precios de las tierras, se creó un comercio abusivo que entrego toda su codicia ante una demanda elástica, que nunca ha conocido el verdadero valor del dinero.

En una inversión inflada por la generosidad del dinero fácil del energético estatal, se invierten activos por más de US$ 760 millones de dólares en un Disney de la fantasía, a cuyo lado crecieron impuestos prediales impagables, con el patrocinio de alcaldes abusivos, y subieron los salarios a niveles imposible de absorber por otras actividades de menor brillantez.

Y eso, como todo paraíso sin sustento, se derrumba no sólo por la realidad que aquí presentamos, sino por la competencia del mismo Estado colombiano que permitió la importación de materiales sucedáneos a precios subsidiados por nuestros patrones del imperio norteño, para terminar en el epílogo con una frase conocida “Ahora quien podrá salvarnos” ante una quiebra que al valor de hoy puede alcanzar los US$ 512 millones.

Pobre Llanura.

Bogotá, D. C, 8 de julio de 2020

*Ex comisionado de Paz

Por Juan Camilo Restrepo*.- No sé si sea cierta la noticia que circuló hace algunos días según la cual Perú está gastando 11% de su PIB en combatir la pandemia. Lo que es cierto es que el Gobierno colombiano, como para no quedarse atrás de los peruanos, salió presuroso a decir que nosotros también estábamos gastando el 11% de nuestro PIB en el mismo propósito ($111 billones). Así Lo afirmó el Presidente Duque, quién para demostrarlo terminó sumando peras con manzanas: metiendo en un mismo canasto las inyecciones de liquidez del Banco de la República y los apoyos presupuestales propiamente dichos.

Pues bien: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (documento oficial del Ministerio de Hacienda de Colombia) divulgado la semana pasada, acaba de poner las cosas en su justa realidad: apenas estamos gastando en la pandemia 2,5% del PIB y en la capitalización del Fondo de Garantías 0,3%. Lo que significa un total de 28 billones (una parte ya se giró, la otra no).

Tiendo a creer que es más confiable la cifra del Ministerio de Hacienda que la de la Presidencia. Ésta última fue lanzada como para no “quedarnos atrás del Perú”. Pero para nada más. Y claro, lo importante no es tanto la cifra agregada de cuánto dinero se dispone en el papel sino que esas platas lleguen pronto y cumplidamente a los propósitos esperados.

Este episodio de las cifras contradictorias pone de presente una protuberante opacidad en la manera como se vienen haciendo anuncios sobre las finanzas públicas del país.

Por ejemplo: se desliza la noticia -aunque no se reafirma paladinamente- que se venderán activos públicos para complementar los fondos requeridos en la lucha contra el coronavirus. Pero no se dice claramente en cuáles activos se está pensando ni cuándo se espera venderlos. Se hacen anuncios en puntillas, sigilosamente. Queda la impresión que el Ministerio de Hacienda habla de manera elusiva para que la opinión pública y los sindicatos se le vayan a venir encima. Y no enfrenta asuntos difíciles rotundamente. Además: debe recordarse que la venta de un activo público toma por lo menos tres años, con lo cual el producido de su venta es improbable que llegue a tiempo.

Igual sucede con la indispensable reforma tributaria que se anuncia habrá de venir inexorablemente. Se dice por boca de los viceministros que presentaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo que ella sólo se presentará cuando pase la pandemia. ¿Cuándo? ¿Ya se está preparando dicha reforma?

Otro tanto sucede con la comisión de expertos que se creó para revisar las gabelas y privilegios tributarios. Sus recomendaciones sólo estarán disponibles en 18 meses. Muy tarde. Para ese momento el gobierno Duque ya estará con el sol a las espaldas. Y la reforma tributaria (una de cuyas piezas esenciales es la poda del frondoso ramaje de los privilegios tributarios que se han venido otorgando) quedará para el próximo gobierno.

Como van las cosas, el gobierno Duque no alcanzará a sacar ni la reforma pensional, ni la laboral, ni la tributaria. El día a día de la gestión de la pandemia le está imponiendo el menesteroso destino de pasar en blanco en cuanto a las grandes reformas que el país requiere con apremio.

En España están ensayando un experimento al que vale la pena seguirle la pista. En plena pandemia el gobierno Sánchez está tratando de construir un gran pacto político con todos los partidos políticos, o al menos con gran parte de ellos, sobre las reformas estructurales que deberán implementarse en España una vez pase la pandemia. Un nuevo “pacto de la Moncloa”. Acá deberíamos ir pensando en algo parecido.

Bogotá, D. C, 5 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por: Guillermo García Realpe*.- En días pasados junto a un grupo de congresistas presentamos una acción de tutela para que se declarara el estado inconstitucional de la presencia de tropas norteamericanas en suelo colombiano. 

Esta acción jurídica fue fallada recientemente por el Tribunal de Cundinamarca que nos dio la razón en las pretensiones jurídicas ahí interpuestas y fue así como un juez de la República declaró la ilegalidad de la presencia de militares sin la debida autorización o consulta del Senado. 

El Tribunal de Cundinamarca tuteló el derecho fundamental a la participación política, al debido proceso establecido en el artículo 173 de la Constitución Nacional, restableció el equilibrio de poderes de nuestro estado social de derecho obligando al control político, la autorización del Senado de la República y el concepto previo del Consejo de Estado para el tránsito o paso de tropas extranjeras por el país, ¡es un triunfo de la democracia! 

Recordemos que desde el pasado primero de junio arribó a Colombia un grupo de militares norteamericanos pertenecientes a una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que vendría  para supuestamente ayudar a nuestro país en su lucha contra el narcotráfico en estratégicas zonas de la geografía nacional. 

Sin embargo este hecho, el de la circulación de tropa extranjera en el país, debió ser autorizado por el Congreso de la República, hecho que se pasó por alto por el propio Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, vulnerando el artículo 173-4 de nuestra carta magna. 

No obstante, a pesar del quebramiento normativo, el Gobierno Duque avanzó y dio vía libre  para que las tropas gringas aterrizarán en suelo del departamento de Norte de Santander, donde inicialmente apoyadas por la Fuerza de Tarea Vulcano realizarían en conjunto actividades de lucha antinarcóticos en la vasta región del Catatumbo. 

Éste gravísimo hecho, no sólo alteró el equilibrio de poderes y la independencia de la rama legislativa, sino que puso en evidencia la ruptura de uno de los elementos fundamentales consagrados en la Constitución Política: la soberanía nacional. El órgano legislativo no es una rueda suelta, sino que sobre éste recae el poder popular, porque en el Congreso están los representantes del pueblo, elegidos democráticamente para representar sus intereses legítimos. Entonces surge la pregunta ¿estamos dispuestos a ceder nuestra soberanía, a ceder lo que es nuestro?, porque cuando el Presidente de la República omite preguntarle al Congreso sobre el asunto que nos convoca, está omitiendo automáticamente preguntarle  a todos los colombianos ahí representados. 

Ahora bien, el Gobierno es consciente de que esas tropas norteamericanas entraron sin permiso del Congreso y del mismo Consejo de Estado, cuando se omite esto, el Ministro de Defensa está yendo  en contra de la Constitución Nacional y más grave, que siendo avisado, siendo notificado por todos los órganos con poder de decisión, hizo caso omiso y avanzó en su propósito. Y esa decisión del jefe de la cartera de Defensa es una disposición contraria  a la Constitución y por ende vulnera la soberanía nacional, lo que en la práctica configuraría un prevaricato. 

Surge entonces un defraudamiento  institucional que rompe la debida colaboración armónica, por consiguiente se rompe el sistema de pesos y contrapesos y no sólo eso, se está rompiendo el Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1º de nuestra Constitución, lo que nos lleva a un Estado absolutista y dictatorial que le entrega la soberanía nacional a unas tropas extranjeras. 

El país aún no conoce la verdad y los detalles de este nuevo episodio binacional de colaboración en temas militares y de inteligencia, aspectos por ejemplo como la totalidad de los convenios administrativos, la Carta de Acuerdo o el rango de acción de las tropas son elementos desconocidos hoy por el Congreso de la República y por la opinión pública nacional. 

Fue así como recientemente el Tribunal de Cundinamarca falló tutelar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso constitucional de los accionantes y ordena al Presidente de la República suspender los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional mientras el Senado de la República asume su función privativa de control político que puede ejercer  en todo tiempo de conformidad con los artículos 138 y 173-4 de la Constitución política. 

El fallo del Tribunal de Cundinamarca hace justicia y sin duda ¡Es un triunfo de nuestra soberanía nacional! 

Bogotá, D. C, 6 de julio de 2020

*Senador Liberal.

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Todos queremos que acabe la cuarentena. A nivel personal porque queremos volver a encontrarnos con los amigos, al trabajo normal, al deporte, la diversión y demás actividades cotidianas. En lo económico porque se necesita reactivar la producción, el comercio y los servicios para salir de esta recesión y recuperar los millones de empleos perdidos.

La gran pregunta es cómo y cuándo hacerlo para que no se acelere la expansión del virus ni se ponga en peligro la salud y la vida de la población. Lo complicado del asunto es que nadie tiene una respuesta cierta porque no se ha logrado descifrar el comportamiento del Covid-19, aunque la experiencia de otros países debe dar algunas pautas de la estrategia a seguir.

Entre los modelos de reapertura de la economía se destacan por sus diferencias, y los resultados obtenidos, el de los países europeos más afectados por la pandemia –Italia, Francia o España-, y el de los Estados Unidos.

En Italia el confinamiento total duró unos tres meses en la región norte del país. Ese país fue el primero que impuso una cuarentena total desde finales de febrero. A pesar de las medidas tempranas la expansión del contagio fue acelerada y solo un mes después, a finales de marzo, se llegó a tener en un día más de 6.000 casos y 900 muertos, que colapsaron el sistema de salud.

Con la cuarentena, la masificación de los test y el control epidemiológico, el número de casos nuevos empezó a descender y desde mediados de abril el número diario de recuperados empezó a ser superior al de los contagiados, de manera que los casos activos empezaron a disminuir. Sin embargo, el levantamiento paulatino de la cuarentena solo se hizo un mes más tarde cuando el promedio de nuevos casos era de unos 600 diarios, y cada día se recuperaban más de 2.000 pacientes. La reapertura continúa sin problemas.

En Estados Unidos aparecieron los primeros casos en enero, pero el gobierno se demoró unos dos meses para adoptar medidas de aislamiento y restricciones. Así llegaron a principios de abril a un primer pico de unos 30.000 casos diarios, que se fue bajando lentamente hasta unos 20.000 al comenzar el mes de junio. Sin embargo, el número de recuperados se mantuvo en promedio por debajo de 15.000 diarios, de manera que los casos activos siguieron aumentando, aunque si se redujo a la mitad la cantidad de muertos.

Los afanes electorales de los gobernadores republicanos llevaron a levantar las medidas de aislamiento desde finales de mayo, cuando no estaba controlado el contagio, y el resultado ha sido un nuevo pico de infectados que supera los 50.000 casos diarios, con gran presión sobre los sistemas de salud. Como resultado varios estados han impuesto una segunda cuarentena cerrando playas y sitios públicos, con el consiguiente impacto sobre el empleo.

¿Cuál modelo debemos seguir en Colombia? ¿Apertura temprana o cuando esté controlada la expansión del virus?

Cali, 5 de julio de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 4 de julio se cumplen 29 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual vino a reemplazar la centenaria Constitución de 1886. Entre otras cosas, estas dos constituciones han sido las únicas, de las tantas que han regido en Colombia desde los albores de su independencia hace doscientos años, cuya vigencia ha perdurado más de veinte años.

Fue tanta la premura en su trámite, aprobación y proclamación que a sus 380 artículos iniciales hubo que añadirles 59 transitorios y hasta fe de erratas, amén de que la rúbrica del triunvirato que presidió la Constituyente (Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro)  se estampó en unas hojas en blanco virginal, pues su texto definitivo sólo estuvo a punto en la penumbra de la madrugada del 7 de julio, según hizo constar el Secretario General de la Constituyente Jacobo Pérez Escobar, quien además fungió como Notario de lo actuado en la misma.

La Constituyente que le dio vida a la nueva Carta tuvo como antecedentes los frustráneos intentos de reformar la Constitución por parte del ex presidente Alfonso López Michelsen primero, quien propuso en 1976 integrar para tal efecto una “pequeña constituyente” y luego sería el ex presidente Virgilio Barco Vargas quien propuso en 1988 la convocatoria de una consulta popular con el fin de derogar el artículo 218 de la Constitución de 1886, que reservaba la facultad de reformar la Constitución al Congreso de la República como constituyente derivado. 

Ante el bloqueo, que impedía la reforma a la Constitución y la urgencia de sintonizarla con las nuevas realidades, surgió un movimiento espontáneo de la sociedad civil tendiente a remover dicho obstáculo, el cual se encarnó en la “séptima papeleta” promovida desde el claustro de la Universidad del Rosario y acaudillada por el actual Procurador General de la Nación Fernando Carrillo. Se trataba de sumar una “papeleta” más en las urnas habilitadas para la llamada elección de “mitaca”.

A renglón seguido el ex presidente Cesar Gaviria, previo acuerdo político protocolizado el 2 de agosto de 1990 con las principales fuerzas políticas del país, apelando una vez más a la declaratoria del Estado de sitio, expidió el Decreto 1.926 del 24 de agosto del mismo año convocando la elección de la Asamblea constitucional, la cual tuvo lugar el 9 de diciembre. En efecto se dio la elección de los delegados que integrarían la Asamblea constitucional, la cual una vez instalada y a poco andar se declara omnímoda, contando para ello con el espaldarazo de la alta Corte. Y fue así como la Asamblea Constitucional elegida para reformar la Constitución de 1886 se transmutó y erigió en Asamblea constituyente y terminó dándole al país una nueva Carta Política. 

La Constitución Política de 1991 consagró en Colombia el Estado social de derecho y se caracteriza por ser garantista y por promover la participación ciudadana. A este propósito y en el entendido que los derechos ciudadanos conllevan también deberes, bien vale la pena traer a colación lo dicho por Mahatma Gandhi: “si descuidando nuestros deberes corremos tras nuestros derechos, estos se nos escaparán como un fuego fatuo”. Conviene también, cuando se dice en la Constitución que “todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley”, recordar al caudillo Jorge Eliecer Gaitán cuando afirmó que “el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la Ley, sino la igualdad real ante la vida”. La igualdad, la no discriminación racial y la equidad de género siguen siendo una asignatura pendiente en el país.  

La Constitución de 1991, además, dejó claramente establecido que Colombia es un país de regiones, multiétnico y multicultural, pero no por ello se ha avanzado más allá de este reconocimiento. No obstante que la Constituyente de 1991 fue más allá del principio de la descentralización, reconocida en la Constitución de 1886, para consagrar el de la autonomía territorial, en estos 29 años no sólo no se ha avanzado en lo que respecta a la autonomía territorial sino que se ha venido dando un acelerado proceso de recentralización, ahondando de paso aún más las brechas interregionales. 

En materia de estabilidad jurídica hay un marcado contraste entre la Constitución de 1886 y la de 1991, mientras aquella fue objeto de 70 reformas en sus 104 años de vigencia, esta última, en lo corrido desde su entrada en vigor, ha experimentado ya 53 enmiendas (¡!), batiendo record los años 2011 y 2019 con 6 y 5 reformas a la Carta Magna, respectivamente. El contraste es mayor cuando se hace la comparación con otros países, empezando por EEUU cuya Constitución data desde 1787 y 230 años después, sólo había registrado 27 enmiendas hasta el 2017. Le han terminado dando la razón al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inmolado en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz, cuando dijo premonitoriamente que abrigaba el temor de que la Constitución Política se tornara en una Carta a la carta. 

El ex senador y ex ministro Carlos Holguín Sardi, a este propósito, no dudó en señalar que “es evidente que se ha convertido en una especie de deporte de los parlamentarios, manosear la Constitución y eso es un símbolo de nuestro subdesarrollo cultural y político”. Cabe acotar al respecto que esta reformitis aguda le inflige un grave daño a la institucionalidad democrática, sometida a los vaivenes y veleidades del fetichismo normativo, como lo llama el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez, que practican quienes creen resolver todos los problemas del país cambiando la Constitución y la Ley. A juicio del premio Nobel de Economía Douglas North, si hay algo que conspira contra las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la economía en un país, junto con los costos de transacción, es la inseguridad jurídica.

Cota, julio 5 de 2020

*Economista. Ex presidente del Congreso y Ex ministro de Estado.

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