Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Vistas las cosas desde fuera, sin manipulación informativa, con libertad de pensamiento y creyendo que lo único que nos agobia es la coronavirus, los colombianos abandonados en el exterior creen que su tierra aún tiene aroma de café, las más bellas esmeraldas del mundo, que su Bogotá es la Atenas Suramericana, que se habla el mejor español y que la paz existe y sigue atrayendo el turismo internacional.
Esa percepción, solo apreciable a través de una fotografía satelital, nos emboba, deslumbra y seduce. Pero en la medida en que empieza a funcionar el zoom, no el que aplican durante la pandemia los ejecutivos y teletrabajadores, sino el que dibuja la realidad, otra es la película.
Aparecen los medios ¨penetrados¨ de los que habla Juan Gossain, o la dictadura Duquista que denuncia Gustavo Castro en acertada columna, cuando se refiere a la obligada hora diaria de televisión, que nunca osó tomarse Rojas Pinilla. Los escandalosos saqueos de las ayudas para las víctimas del covid-19. La desviación de los fondos para la paz, dedicados a fabricar imagen presidencial y compra de camionetas blindadas. Es asombrosa la utilización de coronavirus para tapar cosas y encerrar viejos. Día y noche bombardean una sociedad con pánico-19.
¡A la Alcaldesa se le fueron las luces! Cuando vuelva el rio a su cauce, el caos de la Atenas, será descomunal. Las pocas vías que se le escaparon a Peñalosa, las taponó Claudia, que cree ganar el Tour de France, sin necesidad de haber nacido en Zipaquirá. Claudia no resistió la embestida de las encuestas, que pusieron de segundón a Duque. Su rodilla nos dejó sin respiración y nadie ha salido a protestar, porque la alcaldesa como ¨nueva derechista¨, no permite marchas y mucho menos con gente con gente ¨encapuchada¨ con tapabocas.
¨No Justicia, No Paz¨, dicen los gringos durante las manifestaciones contra el racismo. En Colombia hace rato agoniza la justicia… El pánico-19 en que han enfrascado Duque y Claudia a casi 50 millones de habitantes, cambiaron la imagen de un país. Nadie volvió a usar corbata, saco y chaleco. Los tenis jubilaron el cuero. Las casas están llenas, las oficinas vacías, por las calles de las ciudades solo deambulan arlequines y fantasmas en calzoncillos o pijamas. Así han ¨perfilado¨ a los habitantes de una ciudad y una patria enpanicadas, encerradas, desempleadas, empobrecidas y hambrientas. Pánico-19.
BLANCO: La cadena perpetua para violadores de niños.
NEGRO: Si no se reabren vuelos internacionales se acaba el turismo, dicen aerolíneas.
Bogotá, D. C, 12 de junio de 2020
*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por Jairo Gómez*.- Alguna vez un amigo muy inquieto con los temas de justicia, me dijo: “ojo, cuídese de caer es manos de la Fiscalía, ese es un antro muy peligroso, te empapelan, te encierran y después recobrar la libertad es toda una odisea porque hay que desvirtuar los montajes, las tales pruebas que no existen y, lo peor, a los supuestos testigos, casi siempre falsos; es más, te invierten la carga de la prueba y eres tú el que debes demostrar tú inocencia y eso te llevará años”. Y la verdad, ese amigo creo que no se equivocó.
Y ni hablar de su órgano de investigación: el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- una brigada temible. Funciona como policía política en muchos casos y como mecanismo de chantaje y presión (pregúntenle, por ejemplo, a Néstor Humberto y otros fiscales del pasado) y está compuesta por gente dogmática de la maldad, violentos e incautos que responden como robots sin convicciones y que solo hacen caso a su jefe de turno y este, a su vez, al establecimiento.
No hay compasión cuando se trata de investigar e imputar al puro pueblo; las cárceles están atiborradas de personas apenas con investigaciones o sindicaciones; personas que nunca serán condenadas porque las pruebas que regularmente aporta la Fiscalía son fraudulentas y fabricadas. Lo digo mejor y de otra manera, esa institución no es seria, como no lo es la justicia en general, es un remedo; claro, funciona si eres poderoso.
No hay que ser abogado para identificar el doble rasero con que se imputa la justicia en Colombia. El prestigio de la fiscalía, si es que lo tiene, está erosionado; es una entidad mediocre manipulada por una pandilla de penalistas, políticos y poderosos intocables a quienes responde el fiscal con indulgencia a sus amigos, contertulios y socios del pasado. La Fiscalía para ellos (el establecimiento) no es un lastre, es una ventaja.
Esa es la narrativa en torno a una institución que el constituyente, cuando la creó, lo hizo para hacer más efectiva y expedita la justicia, pero como era de esperar cayó en manos del establecimiento que la pervirtió e hizo de ella su instrumento: ahí reina la sensación de que hay una justicia para quienes están en lo alto, y otra para todos los demás. Hoy la Fiscalía es el foco rojo de la injusticia, que paradoja.
Pues bien, esa Fiscalía que les acabo de describir es la que gobierna el amigo y exconsejero del presidente Duque, Francisco Barbosa. ¡Qué inseguridad! Temible para cualquier ciudadano, pero más temible aún para la oposición política si cae en las garras de un funcionario, no la institución, que a leguas representa un proyecto político que lo puso ahí, el Centro Democrático. O sino, cómo explica Barbosa abrir una investigación a Petro por supuestos nexos con la ñeñepolítica; cómo justifica la captura a los investigadores que destaparon el escándalo de la financiación de la campaña de su jefe Duque con dineros del narcotraficante José Hernández; porque miró para otro lado y dejó escapar del país a la principal responsable de esa financiación, Caya Daza, amiga personal del Ñeñe y asesora de confianza del senador Uribe (esperamos que por lo menos llame a indagatoria a su contertulia Priscila Cabrales, otra atenida de la administración pública. Se ha paseado por todos los gobiernos habidos y por haber).
Duque lo ternó y lo hizo elegir fiscal, pero Uribe, el portavoz de los temores, resentimientos y prejuicios contra la izquierda, ejerce una atracción hipnótica sobre Barbosa, un frívolo e inexperto funcionario al cual le entregaron una institución podrida y peligrosa, demasiado funcional a unos intereses que se quieren perpetuar en el poder, los intereses de la extrema derecha.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
@jairotevi
Por José G. Hernández*.-Ha sorprendido que el Fiscal General, por hechos relacionados con una delegación de funciones en materia contractual de hace quince años, haya ordenado la privación de la libertad del gobernador de Antioquia, Dr. Gaviria. Algo arbitrario, pero todo un éxito mediático, en tiempos de la justicia espectáculo.
Sin entrar en el campo penal -porque no conocemos el proceso, ni los pormenores de la contratación de la que se trata-, conviene tener en cuenta la perspectiva del Derecho Constitucional, en lo que respecta a la libertad -se derecho esencial por el cual lucharon nuestros próceres, y que está garantizado en la Constitución y en los Tratados sobre Derechos Humanos-. Precioso valor del sistema democrático, con el que no se juega, aunque el juego produzca dividendos políticos o publicitarios. Es inherente a la dignidad de la persona, y su privación debe ser extraordinaria y sujeta al principio de legalidad y a la estricta competencia de quienes, a nombre del Estado, pueden restringirla.
Decía el artículo 250 de la Constitución en su versión original que la Fiscalía General debía asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando -ella- las medidas de aseguramiento. Pero esa norma fue modificada mediante Acto Legislativo 3 de 2002, que introdujo el sistema penal acusatorio.
Según la nueva norma, a la Fiscalía solamente corresponde “solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”. Estipuló que la ley podría facultar a la Fiscalía “para realizar excepcionalmente capturas” y para señalar los límites y eventos correspondientes. Según el artículo 114-7 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía puede “ordenar capturas, de manera excepcional” en los casos allí previstos, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”. He subrayado.
El artículo 533 de la Ley 906 dispuso: “El presente Código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005”. Y “los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
Si, según lo informado, en el caso del Gobernador los posibles delitos se pudieron cometer en 2005 -es decir, después del 1° de enero de ese año-, la norma aplicable a dicho funcionario -cuyo fuero está previsto en el numeral 5, no en el 3, del artículo 235 de la Carta-, era la Ley 906, no la 600.
Pero, aunque fuera la Ley 600 y la norma constitucional original, el principio de favorabilidad llevaría a que lo ordenado por el Fiscal fuera revisado por un juez, en este caso la Corte Suprema, en razón del fuero del que Gaviria era titular hace 15 años y es titular hoy. Además, si hay dudas, debió resolverse según los principios pro homine y pro libertate, bien conocidos en la jurisprudencia. Y tener en cuenta que el Gobernador ni se quería, ni se podía fugar -en cuarentena-, ni es un peligro para la sociedad.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Soy de la opinión que últimamente, en el marco de la actual pandemia por el Covid-19, han ocurrido tres hechos que no tienen perdón ni justificación alguna.
El primero de ellos radica en los actos de corrupción que en algunas alcaldías, gobernaciones y entidades, personas han cometido con los auxilios otorgados a las personas necesitadas y pobres con motivo del coronavirus. Es realmente increíble y llevado al último extremo de corrupción y de la pérdida de valores, que haya personas que ante la tragedia de muchos como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, aprovechen para comprar mercados por precios superiores a los reales, sacando tajada para ellos o comprando productos de mala calidad o simplemente robándose en dinero, pues aparentan comprar un número de mercados superiores a los que realmente después se entregan. Estos corruptos deberán recibir el mayor castigo posible por delincuentes y miserables.
El segundo hecho repudiable es la actitud de la mayoría de los bancos en estos críticos momentos que hemos vivido, al tener que cerrar negocios y empresas por las cuarentenas decretadas, que aprovechándose de las líneas de crédito a intereses especiales o blandos y que a largo plazo ha establecido el Gobierno nacional, lo que han hecho es cambiar los créditos que las o empresas tenían y que ahora presentan algún riesgo, a los créditos de las líneas establecidas por Bancóldex para no correr ellos ningún riesgo, es decir pasándole todo el riesgo a las entidades del Estado y no llevando plata nueva y necesaria para salvar las empresas.
Ahora bien, en el caso de aquellas empresas o negocios que no vean los bancos que tengan riesgos mayores les otorgan créditos, pero a tasas de interés bastante altas, aduciendo que los riesgos han crecido y además con garantías reales. Claro que no estoy diciendo que no deban cuidar sus recursos, pero al menos se esperaba que apoyaran un poco más la economía en momentos tan difíciles para nuestro país. No se la ha visto al sector bancario solidaridad de país a pesar que cuando ellos han estado en dificúltales los gobiernos los han salvado de la quiebra.
La Superintendencia Financiera debe mandar sus grupos de inspección a verificar que las líneas de crédito establecidas por el gobierno realmente hayan sido manejadas como lo dispuso el Estado y cumplido el objetivo para lo cual fueron creedlas.
Por último, el tercer hecho es el de ‘empresas muy importantes’, que no han sufrido en forma grave la crisis vivida por la mayoría, porque han seguido funcionando y vendido, que sin ningún sentido de solidaridad han aprovechado las circunstancias que vivimos, para llamar a los propietarios de locales por ellos arrendados, a solicitarles rebaja en los contratos de arriendo e incluso por otra parte han llamado a sus empleados a rebajarles sus sueldos. Esta clase de empresarios absolutamente materialista, la sociedad debería registrarlos, para que también reciban el castigo social por insolidarios y aprovechadores al no pensar sino en sus utilidades.
Colombia requiere de hechos ejemplarizantes que le devuelvan sus valores y el sentido de apoyo y solidaridad, pues sin estas condiciones es difícil construir un país sobre bases sólidas.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
*Excomisionado de Paz
Por: Guillermo García Realpe*.- En medio de esta crisis de salud pública, pero también social y económica, florece paralelamente la industria del cannabis en Colombia, una alternativa que le podría dejar al país enormes dividendos y adicional a ello, generar miles de empleos que ayudarían a la reactivación de la vida productiva del país. Es un sector que está en condiciones de apalancar la reactivación socioeconómica que hoy requiere Colombia en medio de esta contingencia.
El cannabis medicinal además de generar empleo, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de la nación, amplia el espectro exportador, es clave en la sustitución de cultivos y contribuye al desarrollo de zonas aisladas del centralismo. Aunque persisten varias talanqueras en materia de regulación y trámites para que el sector definitivamente logre su fin y en eso ya países como Brasil y Perú empiezan a tomar la delantera, ante la lentitud de Colombia en asignar los cupos de exportación.
En el caso colombiano, regiones como Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Tolima y Antioquia ya producen y cultivan semillas, flores o aceites de cannabis medicinal de muy buena calidad, productos muy apetecidos en mercados de Europa y Estados Unidos. Pues como no, si es que ya está comprobado que el cannabis tiene múltiples bondades para tratar enfermedades tan complejas como la epilepsia, la esclerosis, el Parkinson, también el dolor crónico, entre otras más. Pero también debe convertirse en una gran oportunidad para departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y el Sur de Colombia.
Incluso, se estima que en nuestro país, según datos de un estudio muy serio, existen 5,6 millones de pacientes que padecen alguna patología de las descritas anteriormente. Lo que se convertiría, sin duda, en una gran oportunidad para su tratamiento y en un alivio efectivo al dolor que hoy sufren millones de colombianos.
El sector del cannabis tiene pendiente varias modificaciones legales, entre ellas al decreto 613 de 2017 y a la resolución 1478 de 2006, las cuales permitirían un mejor aprovechamiento de las actuales licencias y fijaría a sus titulares compromisos mínimos de cultivos y exportaciones. Lo que ya de por sí se convierte en un enorme desafío para esta industria.
Precisamente sobre este particular, haré llegar una carta a los Ministros de Salud, Agricultura y Justicia para que se revisen los alcances del Decreto 613 de 2017 y que el mismo tenga una más amplia cobertura, que beneficie a otros sectores importantes que también contribuyen al desarrollo del país, pero que hoy están rezagados y por fuera de cualquier posibilidad de crecimiento.
Ese Decreto es muy limitado y solo privilegia a unos pocos, se necesita por ende, dada la actual coyuntura social y económica abrir ese abanico. Debe convertirse entonces en una iniciativa de los colombianos para los colombianos, para los campesinos, para los desmovilizados, para los indígenas, los afros descendientes y para los profesionales del sector agropecuario que también tienen derecho a tener oportunidades. Esto no debe ser para los empresarios, ni para las multinacionales, ni para los laboratorios farmacéuticos, ni para el gran empresariado que siempre ha usufructuado el campo y a la gente pobre del campo, la que siempre ha afectado las políticas públicas, ahora una vez más las desechan.
La situación actual amérita que seamos solidarios y generosos, por ende debe ser la oportunidad, para que los sectores anunciados anteriormente se incluyan, para que produzcan y den empleo, hoy necesitamos mucho del sector productivo en defensa del empleo nacional y la industria del cannabis se puede convertir en una extraordinaria oportunidad para el renacer también de nuestro campo, tan golpeado hoy por la situación a la que nos ha conllevado la expansión de la covid-19 y finalmente que, el gremio profesional de ingenieros agrónomos sea consultado para ayudar a armonizar el Decreto en su parte técnica, política y social a modo de apoyo a la institucionalidad responsable de otorgar licencias y registros.
Es momento de cambiar la historia, ya Colombia ha puesto miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico, incluso, grandes líderes políticos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, y personajes de la vida nacional como Guillermo Cano, ex director de El espectador o el ex procurador Carlos Mauro Hoyos, perdieron su vida en la lucha contra ese penoso flagelo que solo ha dejado muerte y una estela de violencia a lo largo y ancho del país. Ahora, surgen nuevas oportunidades que pueden revertir ese oscuro pasado y transportarnos a un horizonte claro, lleno de oportunidades y de una gran transformación social.
Necesitamos que Colombia vuelva a florecer y que renazca la esperanza, que la vida se sobre ponga a la muerte y que de la exclusión afloren las mejores oportunidades.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Horacio Serpa*.- NADIE imagina lo desgraciada que ha sido, para los integrantes de la campaña presidencial que eligió a Ernesto Samper en 1994, la etapa política que siguió al día en que se conocieron los narcocasetes. Especialmente para mí, que abracé de fondo la lucha electoral.
A partir de ahí nunca he tenido reposo. No me refiero sólo a los 4 años de gobierno. Tampoco al tiempo que transcurrió hasta que una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación penal, declarando mi inocencia. Hablo del lapso comprendido entre junio de 1994, hasta el momento en que escribí este artículo: casi 13 años después.
El proceso 8.000 ha sido un fantasma malévolo y perturbador que aparece en el momento menos pensado, a la vuelta de cualquier esquina, por los motivos más fútiles o perversos, la mayoría de veces sin ninguna razón. Siempre el 8.000, la financiación del narcotráfico, la amistad con Samper, la deshonra pública, el daño al país, el mal ejemplo a la juventud, el raponazo a la democracia y mil argumentos más que se utilizan para descalificar cualquiera de mis proyectos políticos, una propuesta pública o una simple opinión.
Me refiero, claro, a los argumentos de los adversarios políticos, muchos y poderosos, y a las opiniones de quienes no se dan tiempo para estudiar lo que ha pasado en el país y se dejan llevar por apreciaciones ajenas. Para ellos todos somos bandidos, responsables y debemos ser condenados al suplicio eterno o la lapidación pública.
Nada vale que la justicia hubiera investigado, procesado y condenado a varias personas. Para ellos reinó la impunidad, pues los sancionados merecían mucho más y los declarados inocentes lo fuimos por influencias, prevaricato o benevolencia.
El último episodio corrió por cuenta de Fernando Botero Zea, ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia, once años después de la entrevista que le dio a Yamid Amat. ¡Increíble! Enredando el cuento, fue tan eficaz en el propósito tratando de amortiguar los efectos políticos de la detención de los senadores uribistas, que mi Partido, en cambio de salir a denunciar el fraude en las elecciones de 2002, desestimó el fallo que me exoneró de responsabilidad y me echó a los tiburones. Como decimos en Santander: “que joda tan arrecha”.
No busco olvido ni conmiseración. Sólo un poco de reflexión, para que finalmente se conozcan la verdad y los responsables. Quienes somos inocentes merecemos respeto ciudadano. Para contribuir a que desaparezca el fantasma, hoy estoy renunciando ante el señor Fiscal General a la preclusión que me exoneró y a la prescripción de la acción penal, si ya hubiere operado.
Muchos amigos me han expresado amistad y solidaridad. Se los agradezco. Les garantizo que esa confianza no será defraudada y que lucharé hasta el último minuto de vida, para que nadie nunca le pueda decir a Sebastián que su abuelo fue un bandido.
Apretadito: arrecho en Santander es sinónimo de enojo, dificultad, bravura. No se confundan por favor.
Bucaramanga, Febrero del 2007
*Abogado, Ex Congresista, Ex Ministro, Presidente Asamblea Nacional Constituyente, Ex procurador, Ex Gobernador, Ex Comisionado de Paz, Ex Diplomático, Ex Candidato Presidencial.
Por Jairo Gómez*.- Quién no anhelaba los viernes para irse a un bar a atrincherarse detrás de una copa como válvula de escape del aturdimiento laboral de la semana; sumergirse en la complicidad de la rumba para ahogar las penas producto de una tusa amorosa; o, por supuesto, pringarse del mejor perfume para ir de conquista o a encontrarse con sus amigas y amigos.
Tres meses después esos bares, adornados con luces de neón apagadas, están silenciados porque el virus así lo quiso. Hoy, esos tertuliaderos libidinosos permanecen vacíos, ausentes de las almas salseras, reguetoneras o románticas. Son sepulcros musicales y quién sabe por cuánto tiempo más.
El maldito coronavirus acabó con las citas pactadas o a ciegas; también con los encantos de la seducción en una pista de baile y los encuentros fortuitos en las incómodas sillas que rodean la barra de los bares atiborradas de licor; igual le cerró el espacio al hedonismo de los contertulios políticos que de copa en copa arreglaban el país.
Tras la clausura de esos bares, rumbiaderos, clubs de jazz o desfogues de frustraciones personales hoy son 11.000 sitios fantasma que han dejado de facturar cientos de miles de millones de pesos en estos casi tres meses de pandemia. Pero además de las abultadas pérdidas económicas, dejó sin trabajo a más 500.000 empleados directos e indirectos que dependen de la industria de la rumba en el país.
Como en cualquier sector de la economía urbana, los empresarios no tienen certidumbre sobre el futuro de sus negocios, saben que además de las decisiones y respuestas del Gobierno, tienen un enemigo en común que les carcome cualquier esperanza: el coronavirus, que, como una tormenta perfecta, les impuso sus reglas.
“En los tres meses sin operación, cerca de 2 billones 200 mil millones de pesos han dejado de facturar las empresas”, dijo Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares -Asobares-, quien reclama del Gobierno una ayuda expresa para evitar la bancarrota, dado que de llegar a esta situación implicaría el cierre definitivo de 11.000 bares en todos el país.
“Esta pandemia sacó a la luz el interés mínimo que tiene el Gobierno y el Estado por financiar los espacios culturales”, reflexionó al actor Álvaro Rodríguez, tras criticar la poca solidaridad oficial con un sector que también pone su grano de arena en la actividad cultural.
Desde el sector, es decir, los empresarios agrupados en Asobares, aseguran que el Gobierno poco o nada hace por una industria que, además de entretener y proporcionar esparcimiento a la sociedad colombiana, es un vehículo de desarrollo cultural que aporta decididamente al turismo y son espacios para que el visitante extranjero se compenetre con la identidad nacional.
¿Diagnóstico futuro? Dramático e incierto. Además de la situación laboral por la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, lo cierto es que es muy probable que la realidad de los bares no sea la misma a la de antes de la llegada de la pandemia, las condiciones que impone la presencia del coronavirus y su agresivo contagio los clasifica para hacer parte del laberinto de la incertidumbre; les tocará a los empresarios del gremio ser más creativos y ojalá el plantón de este viernes les abra las puertas para que el Gobierno los escuche.
Bogotá, D. C, 4 de junio de 2020
Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Gabriel Ortiz*.- La funesta polarización se ha apoderado de todo en Colombia y con ella, esta nación ha regresado a épocas en las cuales liberales y conservadores eran obligados a ¨tragarse¨ la corbata, si era azul o roja. Las familias se dividían, los amigos se distanciaban, los matrimonios se rompían y no se diga de la absoluta supremacía del que agarra el poder. Esa actitud nos ha mantenido en guerra permanente. En nuestro ADN predomina el conflicto, la hostilidad, el pleito y el exterminio. La tierra, la riqueza y el poder son objetivo de los poderosos. Nunca han querido tener paz, pero la reclaman. Quienes aspiran a tenerlo todo a costa de lo que sea, posan de pacificadores mientras siembran torpedos a diestra y siniestra. La venganza es moneda común.
Las nuevas generaciones, han asistido a un proceso repleto de enemigos, de la mesa que buscaba la reconciliación. Hasta un plebiscito se promovió para malograr más de 5 años de arduas negociaciones. Por ello hay que olvidar cualquier asomo de paz con el ELN. Igualmente existen enemigos de diálogos con paramilitares. Colombia en paz es una utopía, una quimera. Nuestro destino es abonar el odio para fortalecer una polarización, muy productiva para pocos, pero ruinosa para el resto.
Una leve brizna que moleste al expresidente Uribe, acciona el cordón de fuego lento, que nos lleva a la hecatombe. Es intocable -innombrable, dicen algunos-. Su arrogancia y sus apariciones son guerreras, desafiantes, provocadoras. Lo encegueció la furia, cuando su antecesor le notificó que él era el elegido. Bodegas con maldiciones llovieron sobre Santos.
Iván, con la mayor prudencia lo soporta y traga entero sus intromisiones, por temor a ese desbordado poder que hasta a la justicia intimida, amenaza y asusta. No siempre la tolerancia permite poner puntos sobre las íes, menos cuando existen ¨asesores desatinados¨. El exmandatario, ni corto ni perezoso, provechó la pandemia para ejercer. Introdujo la polarización y las prácticas de ¨Casa de Nari¨, que fueron tan efectivas en su gobierno. Nada se mueve sin la gracia del Jefe del CD, ahora observado de cerca por la justicia, a la que tanto ¨vigiló¨. Hasta las asociaciones gremiales, deben solicitar permiso a la Casa de Nari, para designar a sus dignatarios, como ocurrió con Frank Pearl, cuyo inri, es haber trabajado por la paz. Así funcionan Uribe y su Centro Democrático.
BLANCO: Consejo de Estado pide explicaciones por ingreso de tropa norteamericana.
NEGRO: La invasión de venezolanos a la autopista norte.
Bogotá, D. C, 4 de junio de 2020
Por Luis Eduardo Castellanos Ávila*.- La pandemia que azota al mundo ha generado un grave traumatismo, no solo en lo que respecta a las condiciones de salud de la población; sino igualmente, de los sistemas económicos que han colapsado ante la cuarentena por el aislamiento obligatorio y la suspensión de los sistemas productivos no solo en Colombia, sino en todas las naciones del mundo.
En el caso nuestro, no puede pretender el poder Ejecutivo bajo amparo de Estado de excepción, adoptar medidas que atenten contra principios y valores que axiológicamente estructuran a Colombia como un Estado Social de Derecho bajo el criterio antropocéntrico del respecto y reconocimiento a la dignidad humana y la consagración del derecho constitucional al trabajo, máxime cuando como consecuencia de la cuarentena o aislamiento obligatorio, el país se encuentra sin un control político efectivo por parte del Congreso y la actuación tardía de la jurisdicción constitucional ante la parálisis del poder judicial, lo cual constituye grave amenaza contra la institucionalidad democrática.
El Gobierno junto con los sectores económicos de manera inconsulta frente a los trabajadores y sus organizaciones representativas, viene planteando iniciativas de reforma al sistema laboral, bajo la justificación que para combatir la recesión económica ocasionada por la pandemia, preservar la salud y la vida de la población, se hace necesario “flexibilizar” nuevamente las condiciones laborales para reducir costos y de esta manera dar impulso y crecimiento a la economía, lo cual resulta un despropósito jurídico, teniendo en cuenta que lo planteado implica una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, tanto en materia individual como colectiva.
Esas reformas en materia laboral decretadas por el Gobierno, están vetadas al Ejecutivo teniendo en cuenta que ni siquiera bajo autorización pro tempore por parte del Congreso al Presidente otorgándole precisas facultades extraordinarias, no le es dable pretender expedir, reformar Códigos, Leyes Estatutarias como lo establece la Constitución Política en su artículo 150 numeral 10; así mismo, se prohíbe la suspensión de los derechos humanos y la libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional (artículo 214 C.P), de igual manera el artículo 215 constitucional en su inciso final dispone que el gobierno no puede desmejorar los derechos de los trabajadores mediante los Decretos establecidos bajo el Estado de Emergencia Económica y Social.
Alude el Gobierno que para implementar entonces la reactivación de la economía es necesario cercenar parte de las mínimas garantía legales que en materia laboral están consagradas en la disposición sustantiva del trabajo, sin tener en cuenta que esos mínimos de derecho protectivos establecidos en la Carta Política de 1991, persiguen justamente el fortalecimiento de la democracia, consolidación del tejido social, la participación de los actores en los sistemas productivos bajo una política de concertación, como lo establece la máxima norma en su artículo 56.
Así las cosas, establecer una modificación como la señalada en el Decreto Legislativo No. 770 del 3 de junio de 2020, en la forma de pago de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y el pago de la prima de servicios, se constituye en una reforma al Código Sustantivo de Trabajo y por consiguiente en una precarización de las condiciones del empleo que va en contra inclusive de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se desconoce que el artículo 25 de la Constitución Política estableció como una garantía fundamental el derecho al trabajo bajo tres aspectos importantes: en primer lugar, el trabajo como un derecho y una obligación social; en segundo lugar, tenemos que el trabajo debe gozar en todas sus modalidades de una especial protección del Estado y por último el trabajo se caracteriza por ser un derecho que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, disposición que guarda armonía con el Convenio 095 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la protección del salario, tratado integrado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 52 de 1962. A su vez, la Corte Constitucional le reconoció jerarquía dentro del bloque de constitucionalidad en la Sentencia SU-995 del 2009.
Además, desde el punto de vista de la teoría económica, resulta contradictorio pensar que podría generarse una reactivación económica procurando una mayor pérdida adquisitiva de los trabajadores respecto de sus salarios y demás prestaciones económicas, cuando uno de los componentes debe ser la capacidad de consumo de los hogares para que a través del aumento de la demanda agregada, se aumente entonces el volumen de la oferta de bienes y servicios.
A través de una mayor demanda de bienes, se procura la generación de empleos productivos porque se estimula más la obtención de bienes y servicios que se ofertan al mercado, para lo cual necesariamente se requiere de impulso por parte del Estado, o sea facilitando la inversión de capital a las empresas y estimulando la creación de campos de trabajo a través de la obras publicas ejecutadas de manera objetiva y bajo veedurías que permitan la materialización final de las mismas en cuanto a su terminación, es decir, aquí cobra vigencia las teorías de Jhon Mynard Keynes frente a la manera de enfrentar la crisis económica logrando el equilibrio de los factores productivos.
Los decretos en materia laboral expedidos bajo el amparo de la Emergencia Económica y Social, no sólo están atentando contra el Estado Social de Derecho, sino que pronostican que el Gobierno está rajado, en ese tema, en el análisis y examen de la Corte Constitucional.
Bucaramanga, 4 de junio de 2020
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Por José G. Hernández*.- Por varios días se han extendido las protestas y los actos violentos en 170 ciudades y localidades de los Estados Unidos -incluida la capital, Washington-, mediante las cuales verdaderas multitudes han expresado la ira y el dolor que estallaron tras la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, quien fue vilmente asesinado por un policía en Minneapolis, al parecer por haber pagado algo en un supermercado con un billete de veinte dólares que se consideró -sin haberlo demostrado- falso.
El crimen fue registrado en un video que no deja lugar a dudas sobre la crueldad y la sevicia del uniformado, y que fue ampliamente difundido en redes sociales. El policía blanco, quien ya había dominado a Floyd -en el suelo y boca abajo-, mantuvo su rodilla durante casi nueve minutos sobre el cuello de la víctima -totalmente indefensa y sin posibilidad de respirar-, hasta que se produjo el deceso, ante la impotencia de varias personas que no tuvieron alternativa distinta a filmar la escena, pues aunque reclamaban por el abuso, eran neutralizadas por tres agentes policiales más, quienes custodiaban y protegían al asesino.
El impacto del video fue inmediato y se extendió como pólvora en todo el país y en el mundo, probando una vez más el inmenso poder de las redes, que algunos, pese a la evidencia, se niegan a reconocer.
Las protestas comenzaron en Minneapolis y se extendieron rápidamente hasta llegar inclusive a la Casa Blanca, cuyas luces se apagaron el pasado domingo en la noche mientras el presidente Trump era protegido en el búnker de la misma. Según las agencias internacionales de noticias, durante la madrugada del lunes la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes enfurecidos, que atacaron pese al toque de queda, prendieron hogueras en las zonas adyacentes a la Casa Blanca, incendiaron comercios y hasta un baño público adyacente, y apedrearon las fachadas de numerosos establecimientos.
La violencia policial y el racismo han tenido allá muchos antecedentes, con una generalizada impunidad que ha colmado la paciencia de las comunidades, integradas no solamente por negros. Son muchos los blancos que participan del descontento y la rabia. La muerte de Floyd fue la gota que llenó el vaso, y las protestas son las más graves desde el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968.
Sobre todo esto cabe reflexionar. El abuso de autoridad y el uso excesivo y desmedido de la fuerza por quienes, ejerciendo autoridad, deberían ser razonables y respetuosos de la dignidad, las garantías y los derechos de las personas, no tienen justificación alguna.
Y, por otro lado, la justificada reacción de las comunidades no debería ser violenta, pues como dijera el líder espiritual del budismo tibetano, el Dalai Lama, “La violencia sólo trae violencia”. También lo dijeron Juan Pablo II y Francisco: “La violencia no se resuelve con violencia”.
Lo dicho es válido para Colombia, en donde también hay abusos de autoridad, en donde el respeto a la vida ya no existe y la violencia campea, como seguimos viendo con horror ante la campaña de exterminio de líderes sociales.
Bogotá, D. C, 3 de junio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional.
